Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Grave error sindical, de carácter antiobrero, es hablar de la sostenibilidad futura, en el corto, largo y mediano plazo del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado desde siempre por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin explicarle a la población trabajadora del país, especialmente la joven, qué fue lo que pasó para que ahora se hable de que el IVM tiene “problemas financieros”.

Según se nos ha explicado por personas expertas con gran trayectoria de análisis en cuanto a las finanzas de IVM a lo largo de los últimos tiempos, la gran tragedia que afectó al mismo fue la de su transformación paulatina, al margen de la ley y de la Constitución, de su carácter de régimen pensional de capitalización a uno de reparto.

Se empezó bien y fue tan grande la cantidad capitalizada que se volvió atractivo y tentador utilizar la plata para financiar diversos programas de política social para poblaciones vulnerables al punto de que, finalmente, el IVM fue alejado de su naturaleza, de su esencia, la capitalización, para convertirlo, de facto, en un régimen de reparto.

Eso fue un proceso paulatino a lo largo de las últimas administraciones gubernativas, al menos durante los últimos 30 años; es tan enorme la cantidad de plata que fue “saqueada” del IVM-CCSS como la de hablar de, prácticamente, 50 billones de colones; o, 50 millones de millones de colones. En cifras así: 50.000.000.000.000.

Este “faltante” se lo vienen cobrando a las personas que menos responsabilidad tienen en el descalabro de IVM y, eso explica, por ejemplo, la última reforma anti-obrera del IVM que entró a regir en enero pasado cuando la edad para pensionarse quedó en 65 años. Ahora van por los 67 y, no se saciarán, van por los 70 en el mediano plazo.

El “faltante” ocurrió en los gobiernos liberacionistas, los de la Unidad y los dos del PAC. Con la llegada al Ejecutivo de Rodrigo Chaves Robles, la situación se agrava pues están planteando el retiro total del Estado de su obligación de aportar, como Estado, al fondo de pensión de cada persona trabajadora afiliada al IVM. Sin hablar, de que en este gobierno la deuda del Estado con la Caja está llegando a los 4 billones de colones.

El “menú” anti-obrero que está en preparación es aterrador: a) Elevar la edad para pensionarse a los 67 años. b) Reducir el monto-cantidad mensual a recibir una vez esté la persona trabajadora jubilada: podría llegar hasta un 40% o menos de su salario. c) Se tiene previsto un aumento en la cuota obrera mensual que le es deducida, por planilla, al sueldo de cada persona trabajadora, pública o privada. d) Está en el tintero la propuesta de poner a pagar seguro de salud y de pensiones a las actuales personas trabajadoras pensionadas por IVM. e) Eliminar-retirar el aporte del Estado al fondo de pensión de cada persona trabajadora activa. f) Considerar elevar el monto actual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar al IMV.

Habrá notado usted que son las espaldas de la clase trabajadora las únicas que tendrán la responsabilidad de darle sostenibilidad financiera futura al IVM-CCSS. Al Estado pretenden retirarlo de esa responsabilidad. A la clase patronal, al menos de manera pública, no le están pidiendo aportes extra.

Si ya de por sí es grave que la clase trabajadora tenga que pagar las consecuencias de que el IVM fuera descapitalizado; igual de grave resulta que el Estado “se lave las manos” y anuncie su retiro del aporte a cada persona cotizante de IVM. Sin duda, esto es una decisión de fuerte contenido ideológico-neoliberal y representan un avance muy serio en contra de los postulados sociales contenidos en la Carta Magna, la Constitución, de 1949. Volveremos sobre el tema.

La corriente político-ideológica que domina la política costarricense, cuya esencia es la acumulación abusiva de la concentración de la riqueza, se dispone a dar un nuevo zarpazo a la misma Democracia con el impulso al proyecto de ley que pretende privatizar el exitoso modelo eléctrico solidario que, durante los últimos 75, años ha gestionado, exitosamente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Con el timo, no menos ideológico de la “apertura”, buscan mercantilizar para beneficio del lucro privado, un servicio de electricidad que ha sido pensado para el bien común desde que se fundara el ICE, allá, en el año 1949.

Por estos días hemos escuchado un pensamiento de corte popular que dice: “Donde Dios puso una estrella, el ICE puso un bombillo”. Nada mejor que esta frase para resumir el impacto que tuvo el ICE, llevando luz eléctrica a todos los lugares de la república, de costa a costa y de frontera a frontera; y, a la vez, generando la posibilidad de un sistema de distribución de corte solidario, como ha sido el de las cooperativas de electrificación rural.

El “Todo mercado, nada estado” procura hacer avanzar su proyecto-país en el cual solamente una minoría va a disfrutar de los beneficios del crecimiento económico, por ende, considera que las rentas posibles derivadas de la actividad de las empresas públicas, representa un objetivo estratégico para incrementar muy sensiblemente, sus ya descomunales ganancias.

Este dilema entre la perpetuación del modelo solidario del ICE en el campo de la electricidad, versus, la privatización de este servicio, golpeará a los amplios sectores de la actual población costarricense que sufren fuertes restricciones de ingresos, o no los tienen del todo; como sucede en este caso con los sectores pobres de nuestra sociedad que necesitan de las diversas políticas públicas asistencia vital.

Y es que, nosotros concebimos el proyecto privatizador de la electricidad como parte de esa especie de “guerra contra los pobres” a los cuales se les viene agrediendo, de manera inmisericorde, con los brutales recortes presupuestarios a diversos programas de asistencia social, tales como las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, los subsidios para la construcción de vivienda de bienestar social, los comedores escolares del MEP, la Red de Cuido, las becas Avancemos y otros programas a cargo del PANI

Estupefactos quedamos con el cínico reconocimiento que hace el Ministerio de Hacienda al admitir que los dineros destinados a este tipo de políticas sociales y otras similares tienen una importancia secundaria en la acción del actual gobierno, por cuanto la prioridad es la deuda publica y su vulgar pago de intereses.

Entonces, tenemos que, por una parte, el “Todo Mercado, Nada estado” pretende apropiarse de las rentables empresas públicas que todavía conserva el pueblo costarricense, bajo la inspiración de la promoción del bien común y de la inclusión social y cristiana, por una parte; por la otra, impulsando una política de exterminio de los programas sociales reduciendo al mínimo la inversión estatal en los mismos. Es por esto que decimos que hay una relación perversa entre los objetivos del “Todo mercado, Nada estado” y la especie de “guerra contra los pobres”, actualmente en desarrollo.

Desde nuestra perspectiva, el concepto de los “pobres” comprende también una alta gama de la clase media del país, misma que se encuentra en extinción, ahogada en deudas, con salarios precarizados y congelados, victima de un sistema tributario que es doblemente perverso porque es injusto y corrupto; además, con un costo de vida que golpea sus alicaídas finanzas.

Sin duda alguna la defensa del exitoso modelo eléctrico que ha gestionado el ICE es una tarea que debemos asumir todos los sectores sociales que, de un modo u otro, somos objetivo de ataque del “todo mercado-nada estado” en su “guerra contra los pobres”, lo cual nos dice de la importancia de la movilización bajo los postulados de la Democracia de la Calle.

El espectáculo circense que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, el pasado miércoles 1 de mayo, con ocasión de la presentación del informe presidencial fue, sencillamente, deprimente, desalentador y nada beneficioso para la misma democracia; la representativa, por supuesto, la cual, ya de por sí, está sumamente deteriorada. Siguen echándole leña al fuego… 

El matonismo político del mandatario Rodrigo Chaves Robles no parece generar una respuesta política contundente de parte de las señoras diputadas y de los señores diputados, más que los discursos de respuesta que pronuncian en días siguientes, los cuales, solamente, critican la diatriba de Zapote contra el sistema republicano-institucional.

Nosotros pensamos que las verdaderas necesidades de la clase trabajadora costarricense son las grandes olvidadas, tanto en la perorata presidencial como en las débiles respuestas de la oposición.

La clase trabajadora, integralmente conceptuada, no la está pasando bien. En el caso del sector Público ajusta ya 5 años de congelamiento salarial total, violatorio de derechos constitucionales y de derechos humanos. 

En el caso del sector Privado, el actual nivel del salario mínimo sigue siendo factor de empobrecimiento y de impulso a la exclusión social; situación que ni a unos ni a otros, actores y actrices del espectáculo circense del 1 de mayo, parece importarles. 

En esto de los salarios bien es sabido que una política salarial de corte integral y justo, es aquella que permite un ingreso tal que impulse expansión del poder adquisitivo del salario, dinamizando el mercado interno y potenciando la producción nacional para el desarrollo del mismo. 

Otros dos segmentos de la clase trabajadora están, aún más, en condición crítica: quienes están en el trabajo informal; quienes sufren el cruel desempleo abierto; quienes desistieron de buscar trabajo y se trasladaron a la actividad delicuencial, del crimen organizado y del narcotráfico… para sobrevivir. En este caso, el drama se nos estrella en la cara, cotidianamente, cuando vemos las notas rojas de la prensa comercial (la del negocio de las noticias), que nos da cuenta de todos esos jóvenes que caídos producto de las balas.

Por supuesto que hay excepciones decorosas en las actuales diputaciones que sí se muestran sensibles a lo que está pasando en el afuera de la caja de leche. Sin embargo, la tónica mayoritaria en el parlamento actual es mirar para otro lado; o, cuando abordan temas de exclusión social y económica, tan sólo vierten lágrimas de cocodrilo.

Y ni qué decir de la perpetuación del injusto sistema tributario que nos azota, doblemente perverso: injusto y corrupto. ¿Qué tal si esa oposición decide desempolvar el informe legislativo sobre Los papeles de Panamá, cuyo informe final es el Expediente 19.973, de 29 de marzo de 2017?

Dicho documento contiene impresionantes conclusiones y propuestas de reforma tributaria por el lado correcto: es decir, de quienes tienen mayores posibilidades de ingreso que, cada vez, son menos pero que, cada vez, acumulan más. 

Como bien se sabe y los expertos en el tema lo vienen planteando-denunciando, un sistema tributario realmente justo y progresivo, es vital para que una sociedad desigual (como ya lo es Costa Rica), recupere la senda de la inclusión social y económica. 

Como país, seguimos alejándonos de la misma y la polarización por cuestiones de distribución del ingreso y de la riqueza se sigue concentrando, abusivamente, 

Como vimos, el espectáculo circense del 1 de mayo en el parlamento costarricense, avergonzó y manchó el significado histórico de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora.