REVISTA ENCUENTRO 5 by Yariela Novo on Scribd
Autor: ANEP
“¡Oh!… ¿Y ahora quién podrá defendernos?”
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Utilizo esta frase ya histórica en el ambiente cultural latinoamericano, creación del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, para abrir este comentario con relación al papel que la Defensoría de los Habitantes de la República debería estar jugando en la sociedad costarricense de la actualidad; misma que, para el caso costarricense, presenta tres características imposibles de ignorar: a) la gente vota, pero no elige a sus gobernantes; b) la desigualdad en cuanto al ingreso y la concentración de la riqueza minan la confianza de la gente en su clase gobernante; c) la sociedad civil, aunque con buenos niveles organizativos en lo gremial-corporativo, muestra una espantosa desarticulación que abre el espacio para la facilitación de la acumulación y el fomento de la exclusión.
De manera ilusa, quizás, uno esperaría que la Defensoría de los Habitantes de la República se hubiese convertido en la figura de la institucionalidad pública destinada a la defensa de los y de las habitantes de la República quienes, en su abrumadora mayoría, están en alta vulnerabilidad de cara a los efectos negativos en el plano económico y social que se derivan de las tres características apuntadas en el párrafo anterior que perfilan la Costa Rica de estos días; apuntados los mismos desde nuestra perspectiva de la lucha social (lucha social de legitimidad democrática incuestionable). En tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, estas circunstancias han de empeorar.
Ha sido un duro golpe la admisión de culpa por parte de la actual titular de la Defensoría, doña Catalina Crespo Sancho en cuanto a que dentro de la institución hubo una “pérdida” de parte de una grabación proveniente de la intervención de dicha jerarca en Casa Presidencial, con ocasión del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAS); grabación que contenía datos de la interpelación que ella le hizo al propio mandatario de la República, Carlos Alvarado Quesada.
Si consideramos el gran impacto en la ciudadanía que generó la posibilidad real de sentirse espiada desde la misma sede del Poder Ejecutivo, espionaje que habría sido ideado con la venia del propio Alvarado Quesada, el “extravío” de dicha grabación, aparte de la sospechosa conveniencia que eso representa para la parte de la oficialidad gubernativa involucrada en esta delicada cuestión; se le ha dado un golpe muy duro a la credibilidad y a la transparencia de la Defensoría de los Habitantes de la República; entidad que, la verdad sea dicha, ya venía jugando un rol tan desteñido y tan “invisible” para grandes segmentos de la ciudadanía que ésta se percata de que todavía existe al aflorar una lamentable circunstancia como la comentada.
Y es que la Defensoría de los Habitantes de la República se convirtió en un botín politiquero, en un trueque de votos diputadiles que negocian el nombramiento de su titular según conveniencias partidarias. Además, destacados cuadros profesionales de su equipo pasan a ser jerarcas de esos gobiernos cuyos partidos participan de ese trueque y luego vuelven, como si nada, a ocupar sus puestos en la Defensoría, cuando han sido partícipes, de un modo u otro, del deterioro del estado de la cosa pública que afecta la calidad de vida de los habitantes; precisamente habitantes que deben defender cuando retornan a la institución.
Ahora resulta que, dentro de la propia Defensoría, a juzgar por el carácter de la denuncia que se presentó su titular ante el Ministerio Público por dicha “pérdida”, se puede colegir que a nivel interno institucional las lealtades partidarias pesan más que las lealtades para con los y las habitantes que se deben defender.
Seguramente peco de ignorante, pero no conozco cómo pueden hacer los y las habitantes de la República para evaluar cómo les defiende la Defensoría. Pareciera más que urgente una beligerante acción civil de esta entidad en defensa de los derechos de la gente y en defensa de la institucionalidad pública diseñada y heredada por parte de las generaciones anteriores para el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común. No veo que esté en condiciones de asumir semejante desafío histórico.
Nunca como antes el fomento de la inclusión social y de la promoción del bien común están intrínsecamente ligados al bienestar de los y de las habitantes de la República. La Defensoría de los Habitantes de la República no parece estar ya a la altura de tan urgente necesidad y de tan grande desafío.
La entidad sufre de una especie de neutralización política. Está en zona de confort. Está pagando, además, el costo de que la convirtieran en botín politiquero y en cuna de jerarcas ministeriales al servicio del tripartidismo neoliberal hoy dominante. Apelo al legado de Chespirito y por eso pregunto: “¡Oh!… ¿y ahora quién podrá defendernos?
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BCCR e IVA
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Parece ser que el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey, vive en otro planeta; en realidad, actúa como viene funcionando esta entidad en los tiempos del neoliberalismo: como república independiente. Proponer que el impuesto al valor agregado (IVA) suba al 15% es una gran desconsideración (para decirlo de manera de manera elegante), para con la gran mayoría del pueblo costarricense hoy más agobiado en el plano económico y en plano social, por la crisis sanitaria de la pandemia.
Es sumamente conocido que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más injusto de los impuestos que puede tener un sistema tributario, dado que se le aplica a todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso de las personas, de manera tal que el IVA empobrece más a quienes menos tienen. Eso es tan cierto como lo que nos ha venido pasando luego de la imposición de la ley del combo fiscal, especialmente para el caso de las personas trabajadoras asalariadas, por una parte; y por otra, la afectación negativa que han sufrido las micro-pequeñas y medianas empresas. El covid-19 no ha hecho más que agravar las penurias de ambos segmentos de la comunidad nacional.
Lo que nos propone don Rodrigo en consecuencia es echarle leña a la hoguera de las desigualdades; dándole la razón, nada menos y nada más que a la “bendita” OCDE que desde el 2018 había advertido que Costa Rica era ya muy desigual tanto o más que México y que Chile, que habían ingresado a esta organización y que todo el mundo sabe en América Latina de las desigualdades de ambos países. Costa Rica parece que hará el ridículo, sentándose en la mesa del “club de los países ricos”, quedando como el más pobre y el más desigual de los mismos.
“Gran favor” le está haciendo al país el jerarca bancario-fondomonetarista con su propuesta de trepada del IVA.
Pero nuestra indignación no termina ahí, decir que hay que subir el IVA al 15% para salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la quiebra y al propio IVM de un destino igual de desafortunado, es creer que los y las costarricenses tenemos una inteligencia disminuida; o bien que no estamos a la altura de la mente brillante de don Rodrigo. Aparte de mostrar con esta propuesta una gran manipulación emocional de los sentimientos de la población costarricense para con la CCSS no deja de representar un gran irrespeto a una conquista social enraizada en el alma nacional, que debemos censurar. Seguramente don Rodrigo, al igual que su tocayo hacendario, si se enfermase iría a un hospital privado porque su ingreso le permite pagar ese tipo de atención, “olvidando” el señor presidente del BCCR que más del 90% del pueblo tico no podría financiarse un endeudamiento en la medicina privada.
A tales desventuras tenemos que enfrentarnos los viles mortales que dependemos de la CCSS, pues la república independiente del BCCR parece estar por encima del bien y del mal. Resulta imprescindible acabar con este modelo económico excluyente que puso al BCCR a impulsar concepciones económicas contrarias al bien común; cual es más grave en tiempos de pandemia, las personas entendidas, especialmente las versadas en economía que creen que ésta debe estar al servicio de las personas y no al revés, esperarían de un Banco Central volcado hacia la reactivación económica, utilizando sus reservas monetarias en tal sentido y preocupado por atacar las causas estructurales del déficit fiscal y del alto endeudamiento público que precisamente están en la base de los problemas de la CCSS, como lo es la alta evasión tributario-fiscal, y el abusivo y dispendioso sistema de exenciones-exoneraciones.
Si hubiera congruencia con una afiliación consecuente a la OCDE, tal y como lo pregona esta entidad, el BCCR debería estar ya diseñando modificaciones estructurales tributarias y tomando medidas para atajar el crecimiento de la desigualdad. Además, impulsando las reformas legales del caso para que interviniera en la política pública de generación de empleo. Sin embargo, a don Rodrigo lo único que se le ocurrió es recetarnos más impuestos indirectos, como el IVA o sea más evasión fiscal. Hay que acabar con esa república independiente, lo cual constituye una gran tarea de enorme necesidad ciudadana.
Una sociedad con menos enemigos
Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud ANEP
Una sociedad con menos enemigos es posible, no porque pueda constituir la idea de un anciano trasnochado o la utopía de un joven desprovisto de realismo. Es que verdaderamente existe esa posibilidad y las personas como seres racionales estamos en el deber de trabajar por alcanzarla.
Si los seres humanos “nacemos buenos y la sociedad nos corrompe” hay que procurar una sociedad distinta. Si “las personas somos por naturaleza eminentemente malas y sólo la voluntad podría hacernos diferente” hay que unir buenas voluntades. Si, por el contrario, tanto la naturaleza como las circunstancias sociales nos niegan la oportunidad de ser cien por ciento buenos o cien por ciento malos, podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos.
En una sociedad con menos enemigos es posible el auge respetuoso del ejercicio de prensa. Si logramos tomar distancia del populismo y del morbo que gira en torno al “otro como enemigo”, estaremos obligando a la industria periodística a decidirse por informar. Es decir, si dejamos de consumir las noticias sensacionalistas, cargadas de violencia y de promoción de odio, el profesional en periodismo es provocado a informar con mayor grado de objetividad, respetando su audiencia y en última instancia, la propia dignidad humana.
En una sociedad con menos enemigos se desarrolla con mayor eficacia el hábito y el sentido de escucha, el sentimiento de inseguridad y el temor de ser traicionado pasa a un segundo plano, y los proyectos políticos fructifican. Como parte del grupo social, nos sentiríamos tentados a apoyar a quien democráticamente fuera elegido, con el valor para confrontarlo cuando se requiera, pero con la suficiente decencia para procurar el bien común.
El problema que atravesamos en Costa Rica es que, el único momento en el que los políticos escuchan a las mayorías es cuando piden su voto, toman partido -el que les garantice la tranquilidad ante sus intereses personales- y luego, dividen la sociedad entre “buenos y malos”, entre oficialismo y oposición. El escenario político se vuelve en un campo de batalla y por eso se sobredimensionan los mínimos consensuados. Cuando en realidad el oportuno consenso y el rápido entendimiento entre los distintos actores sociales debería ser parte poco novedosa de un Estado moderno que apunta al pleno desarrollo.
El discurso que promueve al otro como enemigo casi siempre inicia con epítetos y con estrategias que socaban el honor, la vida privada y sin reparar en ello, la propia institucionalidad del país. La clase política olvida que una mejor idea, en público como en privado, con promoción o sin ella, siempre genera buenos resultados.
El país debe reparar sobre la realidad que vivimos, si nos vemos como enemigos la desconfianza, la confrontación y el odio nos va a cegar. Cuando los gobiernos muestren debilidad estratégica o intelectual, el pueblo debe ser culto para pasar el mal momento. La mejor alternativa que tenemos como democracia es saber elegir, no podemos ser reiterativos en los errores.
Concluyo indicando que la base de una democracia no son los partidos políticos, es el pueblo. La división que vivimos como costarricenses es la que nos permite tener la calidad de políticos del momento, buenos o malos han sido nuestra elección. La cobardía disfrazada de exceso de prudencia en las personas estadistas e intelectuales que verdaderamente tienen capacidad para gobernar, tampoco ha ayudado. Y las juventudes pensantes y progresistas, que siempre fueron parte importante de las transformaciones sociales de nuestro país, hoy como única guía de acción se muestran encantadas con los conceptos superficiales y sesgados del pseudo-progresismo.
Empleo público, autoritarismo y orden constitucional
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Desde antes de la llegada oficial de la pandemia el país mostraba ya peligrosos signos del avance de conductas autoritarias, más allá de la prepotencia, como forma fundamental del ejercicio de la acción gubernativa; autoritarismo que bajo la formalidad democrática pareciera haber contaminado la toma de decisiones en temas de altísimo calibre en los diferentes poderes fundamentales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pareciera que, lejos de amainar, el autoritarismo en tiempos del coronavirus tiende a incrementarse.
La gestión gubernativa desde los ámbitos del real poder hegemónico dominante que tira línea a los indicados tres poderes acude al autoritarismo ante el descrédito constante de la clase político-ejecutiva que da la cara a nombre de esa gestión gubernativa, dado que la legitimidad de muchas de sus decisiones, por su carácter contrario al bien común, ha venido decayendo notablemente en los últimos tiempos. Por supuesto que en el camino se han venido dando excepciones, pero no tienen mayor impacto en el viajar del autoritarismo por el tejido institucional-republicano en la toma de decisiones de potencial conflictivo en lo económico y en lo social.
Precisamente hemos venido notando que transitar la ruta del autoritarismo está encontrando un fuerte valladar, un gran obstáculo, un impensado escudo democrático: la Constitución Política todavía vigente, también conocida como Carta Magna, que entró a regir en 1949, teniendo ya 70 años de vida política activa.
La imposición de la reelección presidencial en 2003 (precisamente para facilitarle a Óscar Arias Sánchez una segunda presidencia de la República -lo cual se dio, finalmente-) abrió ese camino del autoritarismo; camino que ha tenido varios episodios de descalificación constitucional impresionantes y que, con ocasión de la tramitación-imposición-aprobación parlamentaria de la hoy Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635), refrendó que el autoritarismo se impuso a la construcción democrática de las relaciones político-sociales (hubo un fallo constitucional de compadre hablado, se torció el reglamento legislativo para obtener los votos diputadiles suficientes a fin de imponer tal legislación, y el propio tribunal guardián de la Carta Magna dijo que lo fiscal está por encima de lo constitucional). Luego vino la ley mordaza y la eliminación del derecho constitucional de huelga, que por cierto ha iniciado ya su proceso de litigio en el plano internacional.
Cuando creíamos haberlo visto todo nos llega el proyecto Ley Marco de Empleo Público, cargado con tales niveles de autoritarismo que sus promotores ideológico-políticos y sus redactores concretos dejan en evidencia, prácticamente en cada uno de sus articulados, un desprecio profundo por los valores que impregnaron la Constitución Política de 1949, especialmente aquellos que validaron la descentralización institucional del poder público.
Prácticamente pretenden imponernos un todopoderoso Estado central, de corte autoritario y antidemocrático, con el cuentito de regular las relaciones de empleo público; con su superministerio, el Mideplan, ya no “rector”, sino con un rango de comisario político-institucional para definir, diszque a futuro, las relaciones obrero-laborales en el seno de la Administración Pública, de toda la Administración Pública del país.
No se trata del salario único; no se trata de eliminar un plus en particular ni de las anualidades; no se trata, incluso, de derogar uno de los derechos humanos fundamentalmente reconocido, como es el de la negociación colectiva; ¡qué va! Es más profundo que todo eso junto.
Mideplan es el parlante ideológico y el megáfono político de esos sectores antidemocráticos que, bajo ese modelo del ejercicio del poder político con formas autoritarias cada vez más densas y descaradas, desean una derogatoria de facto de la Constitución Política de 1949 porque ya ésta les es evidentemente molesta e incómoda para la instauración final de la desigualdad social total y del mercado como único mecanismo de legitimación de la vida en sociedad. Es demasiado grave lo que está ocurriendo.
¡No más impuestos! Transformemos el sistema tributario
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Si antes de la aparición oficial en el país, con el primer caso reportado el 6 de marzo de 2020, de la pandemia del coronavirus covid-19, la urgencia de una profunda transformación tributaria estructural era ya imposible de eludir, ¡ahora lo es más!
Creemos que no existe en los actuales momentos un desafío político-histórico y económico-social más relevante que, de una vez por todas, asumir una beligerante y militante acción cívica en tal sentido: la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense.
Las fuerzas sindicales y sociales, así como político-partidistas que todavía están sanas, tienen una obligación moral ineludible para crear nuevas bases de sustentación sólida con la finalidad de que las generaciones venideras pueden tener acceso a las diferentes ofertas de política pública diseñadas para la inclusión social en materia de salud, de educación, de asistencia y promoción social, entre otras.
La pandemia y sus efectos perversos para la integración y para la movilidad sociales, sólo nos están mostrando que todavía podemos caer más bajo en los respectivos indicadores económico-sociales como los del desempleo (especialmente, el juvenil), de la informalidad, de la criminalidad, de la violencia, entre otros.
Prácticamente, la mayoría de la población costarricense sentimos que gracias a las herencias institucionales del mejor patrimonio de lo que, por lo general, es asumido como el Estado Social de Derecho, el país está enfrentando la pandemia en mejores condiciones que otras naciones cercanas e, incluso, supuestamente superiores en cuanto a desarrollo.
Si tales herencias institucionales del patrimonio público destinado a la promoción del bien común y de la inclusión social nos están permitiendo, como sociedad, sentirnos un poco más seguros de que el covid-19 puede ser “vencido” en suelo nacional; con más razón el reto cívico-popular y patriótico para la preservación de tales herencias institucionales ha adquirido una nueva dimensión.
Esa nueva dimensión tiene dos perspectivas que conviene precisar. Una es la de la hegemonía ideológica y político-económica dominante que se siente frustrada pues su tesis de privatización-venta de tales herencias institucionales del patrimonio público, al menos, lo mejor de la misma, no están contando ya en estos tiempos de pandemia con el mejor ambiente, si es que antes del covid-19 tenían esperanzas al respecto.
Sin embargo, no renuncian a esta parte del catecismo ideológico en tal sentido y nos recetan préstamos internacionales con cláusulas de venta de activos que debemos rechazar radicalmente; y, ponen al país contra la pared forzándole a endeudarse a niveles que podrían ser tan inmanejables como para llevarnos a las puertas del default (cesación de pagos), antesala de una declaratoria de quiebra estatal de consecuencias demoledoras para las mayorías. Uno no deja de pensar que, efectivamente, ciertas maquinaciones políticas en el averno del poder, consideran eso como una “salida” a la crisis.
La otra dimensión es la más responsable, la más sensata y la más segura: debemos actuar con base en las cuantificaciones estructurales ya oficialmente aceptadas en materia de evasión y elusión tributarias, así como en materia de exenciones y exoneraciones (incluyendo las de las zonas francas que muestras casos de “prostitución” de los objetivos macro-económicos con las cuales se promovieron en el país).
A la llegada al país de la pandemia, casi 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), están en espera de un abordaje integral por parte de ese gobierno que aún no ha llegado: el gobierno de nuevo tipo que se necesita para retar a esos poderes detrás de esos 15 puntos; poderes que, incluso, son los que han acumulado la más grande parte de los 35 mil millones de dólares que, al último día de febrero 2020, están depositados en los bancos del país y en otras entidades del sistema financiero nacional.
Esta tarea cívica de tanta trascendencia no empezará de cero. Al contrario, estudios y propuestas están a la orden del día; incluso, hasta han salido de informes de la propia Asamblea Legislativa, sin hablar de experiencias de corte sindical-social tanto en el plano interno como en el internacional. Paradójicamente y con todo el dolor que la circunstancia representa, la pandemia nos da un nuevo aire, nos aporta renovados bríos y, lo más importante, le da a la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema fiscal-impositivo costarricense un contenido ético-moral imposible de confrontar y/o de descalificar. Somos optimistas: ¡El tiempo está de nuestro lado!
Reformar el FMI y el Banco Mundial para una mejor reconstrucción después de la COVID-19
Por: CSI
Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.
En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.
“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.
Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.
De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.
“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.
