Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La doble moral de Costa Rica en materia de Derechos Humanos ha quedado completamente al desnudo con las revelaciones públicas de las precarias y pésimas condiciones de trabajo a que son sometidas cientos de personas trabajadoras, básicamente nicaragüenses en situación migratoria irregular dentro de nuestras fronteras, en algunas plantaciones de producción piñera en la Zona Norte del país, especialmente en los cantones de San Carlos y de Los Chiles.
Y ha tenido que ser a propósito de la explosión de casos sanitarios de contagio del Covid-19 para que las máximas autoridades políticas del país tomaran nota y dejaran de hacerse de la vista gorda (aunque fuera por apariencia), de que esas condiciones de trabajo esclavo han estado por mucho tiempo en la Zona Norte del país; contándose con la complicidad de algunas autoridades de las diversas entidades públicas que, de un modo u otro y en función de sus respectivas responsabilidades legales, debieron de haber sido tajantes, desde un inicio, en cuanto a fiscalizar las regulaciones de seguridad social, obrero-laborales, de salud de las personas y de protección ambiental.
Nada de eso venía ocurriendo y no se puede descartar de que, en no pocos casos, la compra de conciencias y el pago de sobornos haya mediado para que el Estado estuviese mirando para otro lado, mientras la explotación laboral piñera de carácter esclavo producía ganancias excesivas a cierto empresariado inescrupuloso que venía haciendo clavos de oro con ello, perjudicando a aquella actividad productiva que sí se ha venido haciendo de manera legal.
Efectivamente, sabemos de la existencia de un importante grupo de empresarios honestos que en esa misma región han venido sufriendo las consecuencias de una competencia desleal debido a que sí han venido observando las estipulaciones jurídico-legales del propio Código de Trabajo y de responsabilidad patronal para con la Seguridad Social del país (particularmente, lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS-); conciencias productivas limpias que, hoy, sienten que sus propias actividades podrían desaparecer, es decir, arruinarles, si la producción piñera con base en el trabajo esclavo no se extermina.
No creemos en que deba darse ningún tipo de amnistía, de perdón, de tregua, de borrón y cuenta nueva, a esos empresaurios (concepto este acuñado para distinguir del empresario que juega limpio), que, sorprendidos en la ilegalidad y en la inmoralidad de la explotación piñera en condiciones de trabajo, prácticamente, esclavo, ahora están derramando lágrimas de cocodrilo, planteándole al Gobierno y a las autoridades locales (algunas de ellas con su transparencia en todo esto bastante cuestionada), “bola al centro”.
Gente de la comunidad todavía no contaminada, fuerzas vivas productivas y cívicas sanas de esa región, se muestran sumamente desconfiadas del veredicto gubernamental emitido con ocasión de la gira de inspección de representantes institucionales que se efectuó en estos días, acerca de que el 80% de la producción piñera y agrícola de estas regiones “observan” las condiciones sanitarias obligadas en materia de combate al Covid-19.
Y es que, según tenemos entendido, las cantidades de dinero que se juegan en todo esto pesan muchísimo a la hora de imponer una fuerte política pública de saneamiento total para que el ciento por ciento de la producción piñera en la Zona Norte del país sea laboral, social y ambientalmente sostenible; condiciones estas que parecen observar algunas conciencias empresariales limpias que, precisamente, saben que el país requiere de que en los mercados estadounidense y europeo se tenga plena certeza de que la piña costarricense es generada por una producción también limpia.
No menos preocupante es empezar a tomar conciencia de que en ciertos ámbitos de esa producción piñera que ha venido empleando trabajo esclavo, podría haber capitales productivos de dudosa procedencia; secreto a voces en los ámbitos político-económicos de la zona (en los que todavía están limpios y en los que ya no lo están); de suerte que ante las debilidades de inspección y control estatales (algunas muy sospechosas), pudiéramos estar presenciando la entronización de un Estado fallido en el plano regional; estado fallido que, poco a poco, pareciera que también empieza a tomar fuerte cuerpo y poder en la zona portuaria atlántica de nuestro país desde la cual salen hacia Europa, cada vez con más frecuencia, cargamentos ilegales de drogas no menos ilegales, potenciando un comercio ilícito casi imposible de controlar por el Estado.
