Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pésimo momento escogió el Gobierno para poner en la Asamblea Legislativa a discutir su propia versión de un proyecto de empleo público, en momentos en los cuales el país está conmovido por la crisis de salud, social y económica que representa la pandemia del coronavirus Covid-19 en suelo nacional.

Evidentemente los entretelones palaciegos mediante comunicaciones entre Casa Presidencial, Cuesta de Moras y las vocerías del sindicalismo empresaurial están mediando en todo esto; de suerte que, de entrada, el proyecto y su propio proceso de gestación adolece de un gran problema: ausencia de transparencia.

Hay demasiados aspectos para abordar y destacar en torno a esta nueva fase del retorno del tema del empleo público a titulares de primera plana. Y, precisamente, es ese tema de la transparencia, más bien, de la ausencia de transparencia, lo que queremos resaltar en esta oportunidad. 

Para empezar, la propia jerarca política máxima de Mideplan no está diciendo toda la verdad en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública, en conferencia de prensa gubernamental, este pasado lunes 18 de mayo.

Hace un año la emplazamos, mediando documentación oficial que canalizamos por los medios de rigor, para que nos diera copia de las minutas elaboradas a partir de reuniones con personas que, presuntamente, eran dirigentes sindicales, de unas “conversaciones” sobre el tema del empleo público. Nos respondió que no existían, aunque esos encuentros se habían dado. En una segunda comunicación ante tal respuesta, le pedimos que, al menos, nos diera la lista, el registro de asistencia, de esas personas representantes sindicales y, ¡oh sorpresa!, tampoco se llevaron registros. Tenemos los documentos que respaldan lo anterior y que pueden localizarse en www.anep.cr.

Es decir, aquí pudieron pasar una de las dos siguientes situaciones: a) que la ministra Pilar Garrido Gonzalo se reunió con “fantasmas” y/o ella se inventó que hubo negociaciones-conversaciones sobre el proyecto de empleo público con personas dirigentes sindicales. b) Que ella se “complotó” con esas presuntas representaciones sindicales para que no quedara registro alguno de sus encuentros que definirían, de manera clandestinamente compartida, la suerte de miles de personas trabajadoras del sector público de aquí a la eternidad.

Como vemos, hay aquí, de entrada, un grave problema de transparencia que se subsanaría, aunque fuera de manera torpe, si la ministra Garrido Gonzalo se atreviera a dar una declaración pública indicando que ella se reunió con fulano y con zutana, quienes le habrían “bendecido”, desde el plano laboral-sindical, el proyecto gubernativo de empleo público. Evidentemente, no lo hará.

Un segundo problema de transparencia en este delicado asunto tiene que ver con lo que en corrillos legislativos se está afirmando, en secreto a voces, de que hay negociaciones subterráneas y oscuras en el intercambio de votos diputadiles: se le da al gobierno de Alvarado Quesada la aprobación de los créditos internacionales que hacen fila en la agenda la legislativa a cambio de que este enviara el ya contaminado proyecto de empleo público que fue lo que hizo este pasado lunes 18. 

El dedo acusador se dirige, especialmente, a las figuras neoliberales más prominentes de la fracción parlamentaria liberacionista, especialmente a su “cerebro intelectual”, Carlos Ricardo Benavides Jiménez. El PLN neoliberal se siente gobierno a partir del 2022 y desea que le limpien la cancha: librarse de la brasa caliente del empleo público, al que tanto ha golpeado en los últimos años; y, además, jugar con un supuesto control del problema fiscal del país a costa del hoy también neoliberal PAC. “En medio”, la Unidad, “agazapada” cree que saldría bien librada del calamitoso crecimiento del descrédito ciudadano ante la inconsecuencia filosófica-ideológica de sus principios fundacionales; algo en lo que compite con el PLN y con PAC. Seguiremos con el tema la próxima semana.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Imposible es aceptar que el tema del empleo público se aborde sin conectarlo con las cuestiones relativas al sistema tributario y el endeudamiento público del país.

Hasta la saciedad nos hemos encargado de demostrar que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y empleo público. Pero sí hay relación estratégica entre el déficit fiscal, el sistema tributario y la deuda pública.

Ni los más fanáticos y extremistas ideológicos, del neoliberalismo fiscalista tienen cómo justificar que este país tenga 8.5 puntos PIB de evasión-elusión tributaria; como tampoco resulta defendible, 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones.

Estas dos situaciones son suficientes para explicarnos las razones por las cuales hay grandes capitales depositados en la banca comercial del país, en moneda extranjera (dólares), capitales cercanos a una cifra tan gigantesca como los 35.000.000.000 de dólares.

Esto lo sabe muy bien el gobierno de Alvarado Quesada. También lo tuvieron siempre claro los gobiernos Solís Rivera, Chinchilla Miranda y los otros que les antecedieron.

De la misma manera, el endeudamiento público del país, creciente, insostenible y “catastrófico”, tiene los mismos orígenes: un sistema tributario perversamente injusto, una acumulación de capital realmente obscena y una clase empresaurial que ha hecho clavos de oro a través de sus negocios con la Administración Pública.

La cuestión del empleo público no ha podido ser debatida de cara a la sociedad con total libertad, necesaria trasparencia y total integralidad. La campaña ideológico-mediática de los últimos tiempos en contra del empleo público durante los últimos años, así lo ha impedido. Consta para la historia nuestra denuncia sistemática y multifacética en tal sentido.

Pero un nuevo factor entró en el escenario de la cuestión del empleo público, que es la respuesta de las instituciones estatales, al desafío de salud que está presentando la pandemia; reto mayúsculo que está pasando a los ámbitos social y económico, con consecuencias desastrosas cuya magnitud están por verse a plenitud. Entonces, nos preguntamos: ¿Queremos seguir como sociedad precarizando el empleo público todavía más de lo que se ha venido haciendo por parte del sistema gobernante inter-partidos? ¿Queremos tener técnicos y profesionales en el empleo público con una cualificación salarial que desconozca los años de fuerte esfuerzo educativo individual universitario y parauniversitario?

Adicionalmente, ¿cuál es la valoración que ya debería estarse haciendo de los roces constitucionales, de las inobservancias jurisprudenciales e incluso, de normativa jurídica internacional para justificar la existencia, de dos personas empleadas públicas, ubicadas ambas en la misma unidad laboral y realizando las dos idénticas laborales; pero, con regímenes jurídico-laborales radicalmente diferentes?

Definitivamente, no cuenten con nosotros ni con nosotras para abordar el tema del empleo público, sino es bajo una integralidad como la que aquí hemos desarrollado.