Covid-19: ¢17 millones diarios en cuidados intensivos

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La semana pasada leímos en prensa, como una noticia destacada de primera plana, que el “sector privado aportará camas de cuidados intensivos ante coronavirus”, comunicando a la opinión pública que varias empresas privadas del negocio con la salud de las personas dejaron ver su intención de “ponerse a las órdenes” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de que la pandemia del coronavirus Covid-19 desbordara las capacidades de atención de la medicina pública, especialmente en las denominadas UCI: unidades de cuidados intensivos; punto este más que neurálgico y estratégico para atender a las personas gravemente enfermas producto del nuevo mal.

Sinceramente no deja uno de pensar en cuál podría haber sido el destino de la salud de los y las costarricenses, de la abrumadora mayoría de la población del país, si no hubiésemos tenido estos últimos 30 años esa férrea resistencia popular y cívica ante las diversas intentonas de distinto carácter y a lo largo de las administraciones gubernativas nacionales luego de la Caída del Muro de Berlín, las cuales de un modo u otro han estado cuestionando el modelo de salud pública representado por la CCSS, básicamente, para privatizarlo mediante iniciativas de índole multiforme.

Sin discusión alguna se puede afirmar ya categóricamente que, estando en medio de tal pandemia, la existencia de la CCSS como bien patrimonial público es un asunto de seguridad nacional; como gusta definir los gringos a aquellos aspectos de su institucionalidad que estiman imprescindibles para su supervivencia y su supremacía como nación.

Pero bien, la historia de la resistencia cívico-popular en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social está por escribirse, pese a que, también hay que decirlo, desde su propio seno han salido intentonas privatizadoras perversas, pues paradójicamente cuenta con enemigos internos colocados en posiciones de poder.

Volvamos ahora al eje central de nuestro comentario semanal en esta importante sección de opinión de El Periódico de más Venta en Costa Rica. 

$30.000 diarios es el costo de atención, por día, que representa el internamiento de una persona enferma en la unidad de cuidados intensivos de esas empresas privadas de salud que funcionan en Costa Rica. 

Es decir, poco más de ¢17 millones diarios viene a ser el costo de permanencia en una UCI; y, un internamiento, mínimo, de unos 10 días pensando en la gravedad de la persona contagiada con Covid-19, estamos hablando de ¢170 millones; subiendo esta cifra hasta un 50% más si tal internamiento llegare a ser necesario por 15 días.

Prácticamente solo una cantidad reducida de costarricenses que tienen altísimos ingresos podría pagar tan calificada atención médica como la que implica el internamiento en cuidados intensivos en caso de sufrir Covid-19, o cualquier otro padecimiento que requiera ser ingresado en una UCI privada.

Dimensionemos ahora lo que significa tener acceso a los servicios de una UCI brindados por la Caja para el pueblo trabajador, mismo que jamás podría tener acceso a medicina privada en cuidados intensivos en el caso de la pandemia que nos afecta. 

Para este lunes 13 de abril de 2020, según el reporte gubernamental diario de las personas que presentaban síntomas del coronavirus Covid-19, 14 de ellas estaban internadas en varias UCI de hospitales de la Caja.

Eso significa que al precio de cotización de mercado de la medicina privada que se ofreció para atender en sus propias UCI personas contagiadas de Covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría erogando unos ¢240 millones por día, que es el importe de inversión en salud por tener esas 14 personas en sus propias unidades de cuidado intensivo.

Si esas 14 personas internadas en las UCI de la CCSS tuvieran que permanecer, en promedio y cada una unos 10 días de internamiento, estamos hablando de ¢2.400 millones: una cifra demasiado atractiva para colegir que la salud sí es un negocio cuando fuese privatizada. Esperemos que ello nunca suceda.

Solamente pensemos, a partir de estos datos, el significado de la Caja Costarricense de Seguro Social para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente de su clase trabajadora; clase trabajadora que en un ciento por ciento nació cuando ya existía la Caja y que por tanto no tiene la menor idea de lo que es vivir sin ella.

Por cierto, la información de prensa que venimos comentando también indicó que un día de internamiento por cuestiones de salud en esas empresas privadas, y que no sea en una UCI, implica erogar al menos $1.000, o sea casi ¢600.000. 

No hay discusión: la Caja representa la vida misma y ahora eso ya no amerita discusión alguna. Debe seguir en manos públicas y bajo nuevas formas y sistemas de cuido ciudadano para matarle los virus privatizadores que siempre están esperando oportunidades para atacarla.

Covid-19: quienes menos tienen son los que más sufren

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidas todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50% de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares estarán mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren.

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

El Papa a los movimientos populares: salario universal para los excluidos

-«Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento», escribe Francisco en una carta.

Por: Vativano News

Lo define «un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras». Dice que son «un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo».

En el Día de Pascua, mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia causada por el Covid-19 y crece la preocupación por las consecuencias que tendrá especialmente para los más pobres, el Papa Francisco envía un mensaje a los «hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares» con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo.

Es cierto que el virus afecta a todos, sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales, pero, observa Francisco, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos.

Francesco dirige sus pensamientos a los muchos que, a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación, siguen sirviendo. «Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción”.

Luego el Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren: “Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón”.

El Santo Padre habla también del modelo económico-financiero actual en relación con la emergencia: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”.

“Sé que ustedes – agrega el Papa – han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento … y las cuarentenas se les hacen insoportables”.

“Tal vez sea tiempo de pensar – es la conclusión de Francisco –  en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Adjuntamos el mensaje completo del Papa Francisco a los Movimientos Sociales

Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Sociales Pascua 6 Abr 2020 (1).PDF by EugenioGuerrero on Scribd

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Por: Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos.  En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados.   En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente.   El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil.  Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo.   Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado.  Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor.   Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad.   Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local.  Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes.  Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto.  Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir.   Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país.  Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.   Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país.   Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable.  Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor.  Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.  

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero.   Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas.  De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan.  No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso).  Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público.   Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés).  Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical.  El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo.  Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público.  Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC.   No obstante, esos días quedaron atrás.   El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo.  Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.   

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público.   El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales.  Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”. 

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario  al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire.    Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas.  Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria.   Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc.  Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal.   En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores.  Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es critica para miles de personas.  Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.  

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura. 

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público.   Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.  

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades.   Pero esto no alcanza.  Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades.  Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes.    La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento.    O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Covid-19 municipalidades: emplazamiento público al presidente Alvarado Quesada

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus covid-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a la misma.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocido como del combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que la misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que la misma golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es algo ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia covid-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia covid-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494, ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal. La misma representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del covid-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la Republica.

Covid 19: todos y todas tenemos que caber en Costa Rica

Una vez más tenemos que insistir que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus Covid-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicas más relevantes y de mayor credibilidad según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12.4%  de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido y considerando los efectos de la pandemia del covid-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del covid-19.

Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que ésta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del covid-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia covid-19. A los que ésta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es ésta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.

Bono “Proteger” protege a medias, incrementa la miseria y deja a miles desprotegidos

Tarifas de agua, de luz y de teléfono deben ser condonadas a los hogares en desgracia

Sí hay alternativas para el “quedarse en casa” con dignidad: ANEP las propuso

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidos todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50 % de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares están mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren. 

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

ANEP propone 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19

San José, lunes 13 de abril de 2020.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP