Autor: ANEP
Mensaje presidencial: lágrimas de cocodrilo
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
“Hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso. Esto hace técnicamente posible eliminar la pobreza en Costa Rica, mediante el adecuado direccionamiento de los recursos”. “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”.
Las palabras y frases entrecomilladas fueron pronunciadas por Carlos Alvarado Quesada cuando este lunes 4 de mayo se apersonó ante el plenario de la Asamblea Legislativa para cumplir el requisito constitucional de dar un informe de labores de su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo, al cumplirse el segundo año de su mandato. Para nosotros eso fue “lo más interesante” de la perorata presidencial que escuchamos y que pasamos a comentar.
Por una parte podríamos afirmar que Alvarado Quesada mandó un aviso de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero del 2022: “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso”, ya están plenamente identificadas. Es decir, con la extraordinaria rapidez y velocidad tecnológico-digital para usar y mover toda clase de datos que existe actualmente no hay nada que garantice que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” ya esté fuera de las instituciones estatales encargadas de la atención de estas miles de personas, votantes potenciales que, como sabemos, pueden hacer ganar una elección; es más, así lo han demostrado.
Alvarado Quesada se ufana y hace alarde de que hoy poseen “la capacidad técnica y de análisis de datos”, tanto como pueden ser requeridos en una estrategia de campaña electoral y considerando lo que pasó con la UPAD, políticamente muy “olvidada” por estos días de pandemia, hay que pensar en que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” podría ya estar en manos del partido gobiernista y/o de la coalición partidista de facto que acompaña la actual gestión gubernativa.
No es cualquier cantidad de votantes en perspectiva: al menos 2 millones de personas la podrían estar pasando ya mal en este país, que antes de la pandemia ya mostraba una alta concentración de riqueza y de desigualdad.
“Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”, es el otro dicho presidencial que más nos llamó la atención. Se trata del decir más indignante y demagógico de la retórica pronunciado por Alvarado Quesada el 4 de mayo. Legítimas lágrimas de cocodrilo. Imposible calificarlas de otra forma.
Es totalmente falso que no haya hoy en día espacio fiscal para combatir la pobreza, ahora duplicada con la llegada de la pandemia del Covid-19. Realmente es repudiable que la máxima autoridad político-ejecutiva del país diga semejante ignominia en contra de los miles y miles de compatriotas que vienen sufriendo las consecuencias directas de unas políticas económicas macrofiscales y tributarias impuestas deliberadamente para propiciar la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, la exclusión económica pura y dura.
Alvarado Quesada sí sabe que hay espacio fiscal de sobra para aliviar el sufrimiento, la angustia, la ansiedad y el dolor que se sufre en los hogares de los y las de abajo y en hogares de los y las de en medio; porque hay que ser enfáticos en que el gobierno del tripartidismo PAC y el turequismo afín golpearon durísimo a las capas medias con el combo fiscal-Ley 9635, impuesto con triquiñuelas mediático-constitucionales, especialmente con el impuesto al valor agregado (IVA).
Alvarado Quesada y su política económica hicieron más grande el espacio fiscal para los que ya de por sí lo tenían en demasía con ese 8% del PIB en evasión-elusión fiscal-tributaria y con ese 6% del PIB en las escandalosas exenciones-exoneraciones, sin hablar de las fortunas que gravitan por la política nacional producto del negocio sucio del crimen organizado y el narcotráfico.
¡Lágrimas de cocodrilo! exhibió Alvarado Quesada en la Asamblea Legislativa, puesto que él bien sabe, no es un ignorante, tiene a su disposición el insumo profesional adecuado para abrir un real espacio fiscal a fin de aminorar, aunque sea un poco, el real dolor de esos miles de compatriotas hoy duramente castigados, doblemente castigados, por las consecuencias económico-sociales de la pandemia del coronavirus Covid-19; pero que ya la estaban pasando muy feo gracias al espacio fiscal del que disfrutan los sectores económicamente poderosos, a los cuales Alvarado Quesada se entregó cuando traicionó a los miles de votantes, especialmente de los sectores medios, que le creyeron su perorata de campaña electoral.
Realmente indigna y enoja el cinismo político de una frase hueca, tan sarcásticamente vil como “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”. ¡Legítimas lágrimas de cocodrilo!
ANEP logra reinstalación de trabajadora municipal de Goicoechea tras despido injustificado
La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), logró la reinstalación de una trabajadora municipal de Goicoechea de apellido Herrera, luego de que fuese despedida de forma injustificada. Incluso su jefatura habría pasado por encima del reglamento interno de la institución para realizar el cese de funciones.
Así lo explicó Priscilla Castro, abogada de la UAJ de la ANEP, quien indicó que a la funcionaria se le abrió un Proceso Disciplinario producto de unas supuestas ausencias en el mes de octubre del 2019. El acto final de parte de la Alcaldía encabezada por Ana Lucía Madrigal, decidió desproporcionadamente aplicar el despido sin responsabilidad patronal.
Ante este acto, la abogada Castro presentó la apelación correspondiente ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito del San José, en su modalidad de Jerarquía Impropia.
En la apelación, la abogada indicó que la municipalidad había pasado por encima a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo, impidiéndolo a la funcionaria justificar su ausencia al trabajo los días 1 y 2 de octubre del año 2019. Ausencias que, incluso obedecían a una incapacidad por acoso laboral por parte de su jefatura directa.
Debido a los argumentos utilizados por la ANEP, el Juzgado de Trabajo falló en favor de la trabajadora y ordenó su reinstalación inmediata.
«De conformidad con lo expuesto, y normativa citada, SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO interpuesto por la servidora HERRERA CARPIO, se ANULA la resuelto por resolución administrativa MG-00765-2020 de las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del siete de febrero del año 2020 se ordena a la Municipalidad de Goicoechea proceder a justificar la ausencia de la señora Daniela Herrera Carpio de los días 01 y 02 de octubre del año 2019, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo. Se da por agotada la vía administrativa. Tome nota la parte recurrente de lo indicado en el último párrafo del considerando. Es todo. Notifíquese. Msc. Patricia Quesada Alpizar, Jueza de Trabajo del II Circuito Judicial de San José en funciones de Jerarca Superior Impropio», indica el por tanto.
Municipio negó reinstalación
El 9 de marzo del 2020, la afectada en compañía de la abogada, Priscilla Castro y el vicepresidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, Melvin Montero se apersonaron ante la oficina de Recursos Humanos para realizar la debida reinstalación tal y como lo dispuso el Juzgado de Trabajo, sin embargo, se negaron a realizar la reinstalación; aduciendo que requerían necesitaban un oficio de la Alcaldía para ejecutar.
“Al no recibir ningún oficio por parte de la Alcaldía, se procedió a realizar el reporte al Juzgado sobre el incumplimiento. Esto evidenció otro error que cometió la Municipalidad, ya que cuando presentaron la apelación, no pusieron un medio de notificación. Así que la Alcaldía no ejecutaba porque no habían sido notificados, por un error de ellos mismos”, explicó Castro.
Pese a que esta omisión fue evidenciada ante el Juzgado de Trabajo, no hubo respuesta rápida, por lo que la ANEP recurrió a presentar una queja en la Contraloría de Servicios y múltiples llamadas por el atraso.
Poco más de un mes de haberse presentado para ser reinstalada, precisamente el 16 de abril del año en curso, el Juzgado notificó de forma personal a la Municipalidad de Goicoechea para que la trabajadora fuese instalada nuevamente en su puesto.
El tren eléctrico puede esperar… ¡la Caja no!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!
Salvar a la Caja, garantizarle su sostenibilidad financiera futura, tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo, debe convertirse en la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin dejar de lado la urgencia fundamental de que tengamos en el país otro sistema tributario.
Se debe atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense; deuda cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de 1 billón 900 mil millones de colones… hasta este momento. En cifras así: 1.900.000.000.000.
Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará 703 mil 950 millones de colones (703.950.000.000), por los 73 kilómetros que, en un inicio, se dijo que era el valor de construirlos. Prácticamente, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es un promedio de 9 mil 643 millones de colones por km. (9.643.000.000).
Se indica, ahora, que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a 855 mil millones de colones (885.000.000.000).
Pasar de un costo total de 703 mil 950 millones por 74 km. a 855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de 151 mil 050 millones de colones por esos 11 km. adicionales (151.050.000.000); es decir, 13.731 millones de colones por cada uno de esos 11 km. adicionales (13.731.000.000). Algo no nos calza aquí…
Nótese que los 73 km iniciales salían a un promedio de 9.643 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?
Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de 1 billón 900 mil millones de colones, los 855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50% de esa deuda; para ser exactos, un 45%.
Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que prestará al Estado los 550 millones de dólares para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja, bajándola significativamente.
Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad (tren eléctrico y un buen abono a la deuda del Gobierno con la CCSS), considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central de Costa Rica (BCCR); reservas que superan los 8 mil millones de dólares. Apenas un 6.8% representan esos 550 millones de dólares que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que golpeaban la Democracia misma antes de la llegada del covid-19.
Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie profesional o técnica que ya han entrado en escena cuando suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario denunciar si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, esto del tren eléctrico para construirse desde ahora ya una plataforma personal. En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. La vehemencia con que ya empezó a ser defendido este proyecto por parte de la prensa oligárquica, es motivo más que suficiente para desconfiar la naturaleza del negocio que se pretende imponer a la gente.
Asesor Legal de ANEP logra exoneración de dos oficiales de la Fuerza Pública de procedimiento disciplinario
El abogado David Estrada, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP logró ganar un procedimiento disciplinario que se le había establecido a dos afiliados de apellidos Castro y Céspedes, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.
“Los policías Castro y Céspedes se encontraban en su tiempo libre, caminaban por San José centro, cuando fueron abordados por un grupo de 2 mujeres y 2 hombres, quienes trataron de asaltarlos y le sustrajeron una batería externa a uno de ellos. Los oficiales intentaron resistirse al asalto, lo que dio lugar a una discusión entre las personas presentes y el evento ocasionó la llegada de agentes de policía que estaban patrullando por la zona”, indicó el abogado.
Las mujeres sospechosas del asalto trataron de acusar a los señores Castro y Céspedes de haberlas agredido, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública les abrió un procedimiento disciplinario en su contra.
“No obstante, la UAJ-ANEP les brindó el acompañamiento legal a los dos afiliados y eventualmente, se demostró la inocencia de los dos policías por lo que se les estaba acusando y resultaron exonerados de toda responsabilidad disciplinaria” agregó.
El tren eléctrico puede esperar…¡La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no!
- Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
- Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
- Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario
El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!
El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.
Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.
Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.
Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…
Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?
Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.
Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.
Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.
Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.
En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!
Objetivo oculto, maltratar al trabajador del sector privado
Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de ANEP
En ANEP estamos acostumbrados a enfrentar a diario el constante, siniestro, e inescrupuloso ataque contra el empleo público, emprendido por los neoliberales, a través de algunos grupos de poder empresarial, político y de medios de comunicación (últimamente también valoramos si estructuras de crimen organizado son parte de estas alianzas). Por ello, nuestra ideología está más que clara, nuestras posiciones son reflejo del sentimiento de defensa de los derechos laborales que han costado siglos alcanzar, y por supuesto, cuando el tópico a abordar trata de salarios, ya nos sabemos de memoria las venenosas aseveraciones utilizadas por la contraparte, para desvencijar la clase obrera del sector público ante la opinión pública.
Una de las más gastadas afirmaciones es aquella que apunta a que el funcionario gubernamental ostenta remuneraciones salariales millonarias. Lamentablemente, existen algunas plazas con salarios de seis, ocho, nueve millones y hasta más (como en este momento Rocío Aguilar), Lo curioso es que los titulares de esos puestos se caracterizan por tener una cercanía con importantes figuras políticas, colocadas allí por los mismos grupos de poder que pegan el grito al cielo por los salarios del sector público.
Por eso, desde ANEP, siempre hemos dicho: ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque si, existen dos realidades distintas, creadas y sostenidas por los mismos que atacan a las personas que laboran en el sector público. Por un lado, tenemos a los burócratas amigos de políticos y empresarios, con altos puestos y salarios mayores a lo que merecen, y por otro, a la aplastante mayoría de trabajadores, esos que apenas les alcanza la quincena para comer, y que se ahogan en deudas. Salarios como los de los obreros de campo de las municipalidades, cocineras de los CEN-CINAI o del MEP, oficinistas del gobierno central y policías, son solo algunos de cientos de ejemplos de personal que gana una miseria.
Las repudiables líneas argumentales de los repetidos discursos de ataque contra el empleo público (que hoy por hoy siguen recitando en UCCAEP como loros), nunca habían alcanzado a materializarse con tanta claridad como con la presente Administración. Fuerzas que se anulaban a sí mismas fueron liberadas con la llegada al poder del actual presidente de la república, quien junto con su equipo de trabajo ha dejado en claro los intereses que defiende, y que no son justamente los de la clase trabajadora, ni del sector público, ni menos del sector privado. Así fue como nuestra sociedad testificó el mayor golpe de regresividad laboral de la historia, con la aprobación de la fatídica “ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635” (combo fiscal). Esta asquerosa normativa no solo es el fiel retrato la actual clase política al poder, incapaz de establecer medidas progresivas o equitativas, y tomar decisiones que favorezcan al más necesitado; sino que también arrebató de las manos de los trabajadores una gran porción del poder adquisitivo económico e incrementó el costo de la vida.
Ahora bien, quienes se desempeñan en el ámbito privado pensarán que todo lo anterior no les afecta en nada, total ya las condiciones laborales en que se desenvuelven son malas. Justamente esa es parte de la génesis del ataque de los neoliberales al sector público, son las violaciones diarias a los derechos laborales del sector privado motivaciones para que el contubernio entre UCCAEP, con ciertos medios de comunicación, se encuentren buscando un constante enfrentamiento entre trabajadores de públicos y privados.
Es por ello que la trifecta empresarios-políticos-medios se empeña en manipular la opinión pública, para que los trabajadores rechacen la figura de los sindicatos y que no consigan organizarse para exigir el cumplimiento de las garantías laborales que a diario les son infringidas. Desdichadamente, amigos y amigas que trabajan en el sector privado, muchos de ustedes han mordido el anzuelo, cayeron en el juego de los que les oprimen, y cual víctima con síndrome de Estocolmo hasta les defienden.
Este servidor de ustedes, en su momento formó parte de la población trabajadora del sector privado, supe lo que fue comer mi almuerzo frío en la orilla de un caño, mientras cuestionaba la razón de que el jefe dijera que no aplicaría el aumento de ley, trabajaba como “polaco”. Experimenté las amenazas de los supervisores de una fábrica de lo que podría pasar si tardaba más de diez minutos en el sanitario, si me incapacitaba por más de una semana, o si me quejaba de mis funciones. Estoy seguro que hay miles de personas aún son víctimas de abusos como estos, de parte de patronales privados, muchos de ellos representantes de grandes marcas comerciales o poderosas compañías transnacionales.
Entonces, permítanme preguntarles: ¿Les parece que el pago de horas extraordinarias, el aguinaldo, el salario escolar, jornada laboral de ocho horas, condiciones saludables para trabajar, estabilidad laboral y garantía de permisos bajo situaciones personales apremiantes, como la muerte de un familiar, son gollerías? ¿En serio?
Ya es momento de que el trabajador privado despierte de su letargo y comience a exigir el respeto a la ley, a sus derechos, a su salud y la de los suyos. Nuestra institución sindical ha visto con ojos de orgullo como agrupaciones de piñeros, bananeros, guardas de seguridad y choferes de autobús se están organizando, ganando terreno paulatinamente, y logrando cambios en su relación laboral, con las que hace un par de años solo hubieran fantaseado.
En medio de la pandemia por el covid-19, hemos visto como el ataque contra el sector público se ha intensificado, buscan mancillar aún más las condiciones laborales, disminuir los salarios, amedrentar a los trabajadores. Hemos de admitir que están ganando. Pero el objetivo principal es permitirse a sí mismos (neoliberales) seguir llenándose los bolsillos a costas de la explotación laboral, del abuso, las amenazas, la agresión y el irrespeto a la ley. Ojo que ya algunas “figuras” políticas como Otto Guevara brindan la “idea” de eliminar el salario mínimo, si, eso quiere decir que la gente sería contratada por, literalmente una limosna. ¿Cuál sería el siguiente paso para formalizar la esclavitud?
La clase trabajadora no se divide en pública y privada, somos una sola, la fuerza que mueve la sociedad, quienes con sudor y sangre llevamos sustento a nuestras familias. Buscamos lo mismo, que nuestro estudio, trabajo y esfuerzo nos permita a nosotros, y nuestros seres queridos, vivir con dignidad. No dejemos que nos separen, luchemos juntos por nuestros derechos laborales, que no nos arrebaten lo que es nuestro y exijamos respeto a lo ya establecido.
La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis
Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
Por: Grupo Economía Pluralista
Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.
Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.
En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.
Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.
Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.
El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.
No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.
Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.
Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.
La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con
máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.
Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.
Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.
i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
