Autor: ANEP

Albino Vargas Bartantes, Secretario General ANEP

Con dolor y con indignación constatamos que la clase política tradicional, básicamente integrada por los partidos del actual tripartidismo neoliberal, está más preocupada en sobrevivir ella misma que en atender lo que debería ser la más grande preocupación de la Costa Rica actual: la desigualdad y cómo esta parece aumentar su fortaleza sistémica al punto de ir arriesgando la misma institucionalidad democrática del país.

Que un millón de compatriotas deba arreglárselas para sobrevivir en el día a día en medio de la más grande incertidumbre, en la informalidad, en la lucha por el bocado cotidiano sin pensar en el del día siguiente, y que más de 300 mil costarricenses sufran terriblemente por no tener trabajo no son asuntos de Estado, pues ahora lo más relevante es el allanamiento a Casa Presidencial y el escándalo del espionaje UPAD.

Que grandes segmentos de la clase trabajadora esté altamente endeudada y expoliada al máximo por las abusivas tasas de usura en los créditos; y que los precios de los medicamentos sean abultadísimos, no son cuestiones relevantes; como sí lo son si la señora Defensora de los Habitantes, o si la señora Fiscal General de la República, escenificaron, o no, un show mediático con el tema de la tal Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Que el proceso de empobrecimiento y la precarización salarial avanzarán más, tanto por el lado del ya casi oficial congelamiento salarial para el sector Público, por una parte; y, por otro, dado el deterioro del poder de compra en cuanto al salario mínimo en el sector Privado, son cuestiones de nulo interés mediático; pues lo más relevante es la moción de censura al Presidente y si el Ministro de la Presidencia tiene que renunciar por sus pésimas decisiones en el caso de la UPAD.

La clase política tradicional ya se metió a la carrera electoral del 2022 para la cacería de puestos políticos que le asegure su propia supervivencia en medio de la crisis social más fuerte desde la fundación de lo que denominan Segunda República; y deja que la agenda económica nacional siga su propia ruta y dinámica por la lógica de la acumulación desenfrenada, el caos tributario, la deuda pública en continuo ascenso y el pago de intereses sin control.

El decomiso del celular presidencial, la “torpeza” política de un desacreditado Ministro de la Presidencia que no lee los decretos que firma, las “travesuras” cibernéticas pero de hondo contenido ilegal del imberbe equipo asesor de Alvarado Quesada; más los malabares mediáticos de la prensa afín para sostenerle y tratar de evitar su caída libre hacia la deslegitimación total; resultan acontecimientos políticos de primerísimo orden que opacan el dolor del sufrimiento cotidiano de miles de personas trabajadoras costarricenses olvidadas por esa clase política tradicional cuyo principal desvelo es ella misma.

En estos momentos está a la cabeza del Poder Ejecutivo la persona en ese cargo que exhibe la más grande pérdida de credibilidad que presidente alguno desde que se hacen encuestas; el funcionamiento del Gobierno es casi que por generación espontánea sostenido por el funcionariado medio de la institucionalidad heredada; junto a un parlamento cuya centralidad legisladora no es el estímulo al bien común ni a la inclusión social, cuando debería ser la desigualdad la gran preocupación; entonces parece que lo peor está por venir.

El pueblo costarricense ha sido el gran “olvidado” por sus tradicionales gobernantes y de él solamente se recuerdan con ocasión de los procesos electorales de cada cuatro años, a los cuales se le lleva a votar, pero no a elegir. 

He aquí el reto mayúsculo para ayudar a que emerja la otra hegemonía, la del bien común y la de la inclusión social; la vieja, “magistralmente” retratada en el episodio del espionaje presidencial UPAD, la de la clase política tradicional, es la que necesita ser sustituida y la gente espera, con ansias, su llegada. 

Sin embargo, esa otra hegemonía emergerá cuando quienes están llamados y llamadas a hacerle emerger lo comprendan a cabalidad, y estén en gran disposición de desprendimientos personales, superación de celos egoístas y de exclusivismos autoproclamadores de ser propietarios de la verdad. En el entretanto, ese pueblo por el cual todo el mundo se corta las venas, seguirá sufriendo…. Y del pueblo, ¿quién se acuerda?

El allanamiento a la Casa Presidencial, tardíamente efectuado, pero allanamiento al fin, efectuado por la Fiscalía General de la República en la mañana de este viernes 28 de febrero de 2020, debe ser interpretado como un duro golpe para los grupos de gran poderío económico-financiero que adoptaron a Carlos Alvarado Quesada como su “gerente político”, a partir del resultado de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2018.

Pretendieron que él impulsase (como efectivamente ocurrió), medidas de ajuste macroeconómico fiscal de corte neoliberal, en contra del bien común y de la inclusión social, como el paquetazo del IVA, la perversa regla fiscal y el virulento ataque al empleo público.

¡Así ocurrió! Alvarado está pagando (por tal razón y por otras similares de su errática gestión), un altísimo costo al punto de que su propia credibilidad y su propia legitimidad sufren el más grave deterioro que presidente alguno mostró desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949.

Estafar políticamente al electorado como él lo hizo al aliarse con esos grupos del megacorporativismo empresarial, básicamente aglutinados en el sindicato patronal UCCAEP; enfrentarse, ya como gobierno, a las organizaciones laborales y sindicales en el 2018 con ocasión del trámite de la hoy fracasada ley del combo fiscal; la constatación popular, hoy muy extendida, de que tal legislación ha venido perjudicar a las grandes mayorías ciudadanas que son las menos responsables del déficit fiscal; y, compartir la gestión presidencial íntima con arribistas del bipartidismo tradicional PLUSC,  así como con el inexperto “kindergarden” político-asesor PAC en su círculo cerrado, le tienen contra las cuerdas; y si no fuera por las muletas mediáticas del gran negocio de las noticias editorializadas que lo están sosteniendo, Alvarado estaría más políticamente liquidado de lo que ya lo está.

La operación encubierta de la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales (UPAD), destapada, al inicio, “curiosamente” por una de las apoyaturas mediáticas más ligadas al capital financiero del país, misma que al principio de la gestión Alvarado actuó como su “club porrista” más entusiasta en el mundo del periodismo digital (específicamente en cuanto al inmisericorde e infame ataque al personal asalariado del empleo público); abre enormes interrogantes no solamente a lo que pareciera ser el fin de tal apoyo a Alvarado; sino en cuanto a las verdaderas razones que se gestaron en el seno del despacho presidencial mismo, para el impulso de gran opacidad a la hoy cuestionada UPAD y todo lo conexo que con ella está apareciendo.

Ahora bien, es innegable que Alvarado y su equipo más cercano se ha adherido al conjunto de grupos y sectores de lo que conocemos como la clase política tradicional, misma que -como bien sabemos-, originalmente ha estado comandada por los partidos Liberación y Unidad (que la gente asumió originalmente como el PLUSC); y ahora PLUSC-PAC, por la ampliación al Partido Acción Ciudadana; de forma tal que comandadas las tres agrupaciones partidarias desde el punto de vista ideológico por el neoliberalismo, con su característico odio a la participación estatal en el desarrollo socioeconómico; empieza Alvarado a convertirse en un “problema” por los yerros de su estilo de gestión presidencial, su soberbia y su vanidad, así como por esta extraordinaria habilidad para ganarse las antipatías de la gente, al punto de que las demandas para que renuncie a su cargo siguen aumentando día con día.

Pareciera que han decidido dejarlo sólo sus aliados partidarios de ideología macroeconómico fiscal de corte neoliberal, principalmente las voces político-gerenciales más connotadas de la actual Asamblea Legislativa, pertenecientes a Liberación y a la Unidad (más el turequismo oportunista y rentista de la deuda político-electoral); pues, luego del escándalo de la UPAD y del espectacular allanamiento de la Fiscalía a la Casa Presidencial, seguir al lado de él es un suicidio político.

A fin de cuentas, como lo que interesa es la plata y la acumulación de capital (incluida la venta de los jugosos activos de propiedad pública que todavía quedan), tienen los votos para hacer avanzar la agenda legislativa contraria al bien común (hasta los de la propia fracción gobiernista); así que, si Alvarado debe hundirse, que lo haga enterrándose solo.

La circunstancia política en desarrollo, de gran sensibilidad para la propia estabilidad institucional de la República, no se corresponde con una buena capacidad articulada que pueda emerger desde ese amplio abanico de la resistencia potencial de carácter estratégico, que no encuentra el punto clave de la convergencia como para mostrarse en contraposición desafiante a esos grupos del alto corporativismo empresarial de los macro-negocios que parece han decidido jalar la cadena y que Alvarado se haga su propio harakiri político con sus experimentos de laboratorio político de control social mediando agencias de inteligencia.