Covid-19: ANEP propone el Subsidio Social Solidario de ₡250 mil mensuales para personas sin empleo y en la informalidad

Hasta 660 mil personas trabajadoras sin empleo y/o en la informalidad estarían con condiciones dignas de enfrentar las duras circunstancias derivadas de la pandemia Covid-19, con el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), mismo que se fijaría en la cantidad mensual de 250 mil colones, durante los tres meses siguientes a su establecimiento, inicialmente, pero que podría prolongarse ante la extensión de la emergencia.

Hablamos de aquellas personas compatriotas que ya estaban sin empleo antes del estallido de la pandemia, por ejemplo; como también, estamos pensando en quienes producto de la misma, están ya perdiendo el suyo.

La acertada recomendación de las autoridades nacionales de quedarse en casa para reducir al mínimo los riesgos de contagio del Covid-19, resultaría un infierno para personas sin trabajo, sin ingreso alguno, en altísima vulnerabilidad total, con graves riesgos de que la convivencia intrafamiliar se deteriore todavía más.

La propuesta para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS), se puede financiar si el Gobierno toma la trascendental decisión de decretar una moratoria del pago de los intereses, reconocidos como obscenos, de la deuda pública; calculados para el presente año 2020 en unos 2 billones de colones, así consignados en el Presupuesto de la República actualmente en ejecución.

Estamos hablando de una cantidad mensual de poco más de 165 mil millones de colones; cantidad ésta que dividida entre 250.000, arroja la posibilidad de que tal cantidad de colones lo reciban 660 mil personas-familias.

Adicionalmente, esos 165 mil millones de colones cumplirán otro objetivo, adicional al humanitario social: potencian la reactivación económica del mercado interno que, como se constata ya, está entrando en un período más severo de deterioro y hasta recesivo.

Es imposible que el país supere la crisis que vivimos si seguimos, por una parte, con esquemas macro-fiscales ortodoxos, carentes de humanismo e insensibles al dolor de los que menos tienen que son los que más sufren.

Esta propuesta del establecimiento de un Subsidio Social Solidario (SSS), está incluida dentro de las 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19; propuestas con contenido solidario, con inclusión social y en pro del bien común; pensadas, a la vez, para la reactivación económica y para el fomento productivo. Tal documento, dado a conocer este lunes 23 de marzo del 2020, será entregado al Gobierno de la República en próximas horas.

San José, martes 24 de marzo de 2020

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Diferencias entre el Subsidio Social Solidario propuesto por la ANEP con respecto al del Gobierno by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP propone 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, desarrolló una propuesta ante la emergencia nacional que atraviesa el país; propuesta denominada “15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19”.

Esta propuesta tiene como objetivo enfrentar la pandemia del Covid-19 con solidaridad, con inclusión social y en pro del bien común; para la reactivación económica y el fomento productivo.

A continuación, presentamos la propuesta formulada por la ANEP con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial.  

I- MEDIDAS PARA LLEVAR DINERO AL BOLSILLO DE QUIENES MÁS SUFREN LA CRISIS

01-Emitir legislación para otorgar un subsidio social solidario para la emergencia, de 250 mil colones mensuales, para personas trabajadoras desempleadas (antes de la crisis y después de ella). Los dineros saldrán de la moratoria de, al menos por tres meses, en el pago de intereses de la deuda pública. Este pago, en la actualidad, es de 5.500 millones de colones diarios, cada 24 horas, que da un total mensual de 165 mil millones de colones. Esto permitirá cubrir hasta unas 660 mil personas; dentro de las cuales estarían las 309 mil que no tenían trabajo antes de la crisis del covid-19. La legislación debe incluir ambos aspectos: moratoria de la deuda y subsidio social solidario. Legislación que debe complementarse con otra para el levantamiento de la regla fiscal, que es contraria al desarrollo de programas sociales en situaciones de emergencia; particularmente para habilitar a las municipalidades a complementar una política de solidaridad con las personas vulnerables.    

02-Acceso a dinero ahorrado pensiones individuales. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.309, ley para entregar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

03-Acceso a dinero ahorrado fondos de capitalización laboral. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.856, para la entrega de los fondos de capitalización laboral (FCL), inicialmente previsto para los casos de reducción de jornada laboral por la crisis; sin embargo, debe ampliarse y generalizarlo para toda la clase trabajadora, pública y privada, que haya acumulado fondos al momento de la emisión de esta legislación, con el fin de relanzar la reactivación económica para el mercado interno.

II- MEDIDAS PARA REDUCIR COSTO DE LA VIDA

04-Regulación precios de medicamentos. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.368, que regula el alto y abusivo precio de los medicamentos en Costa Rica.

05-Moratoria de créditos. Aprobación del Expediente Legislativo No. 21.852, para declarar moratoria en el pago de créditos de 100 millones de colones o menos, durante la emergencia y hasta el mes de agosto (o más allá); aunque, en realidad, lo que corresponde es plantear la condonación total de créditos de micro, de pequeños y de medianos emprendimientos, directamente golpeados por la crisis del covid-19, que sean iguales o menores a dicha cantidad.

06-Condonación de deudas sector agropecuario. Aprobación del Expediente Legislativo 21.798 para condonación de deudas del sector agropecuario (ya firmado por 35 personas diputadas), con miras a garantizar soberanía seguridad alimentaria al pueblo costarricense en la emergencia y más allá de ella.

07-Techo a tasas de interés. Aprobación del Expediente Legislativo No. 20.861, que regula el cobro excesivo en las tasas de usura, que las deja en un máximo de 39 %, pero que aún es insuficiente comparado con los grandes capitales ya acumulados por esta vía del cobro excesivo de intereses.

08-Moratoria de servicios públicos a población que perdió ingresos. Emitir moratoria, durante el período que dure la crisis en el pago de los recibos de agua, de luz, de teléfono y de internet, para todos aquellos hogares de personas desempleadas, subempleadas o recientemente despedidas por la crisis del covid-19, especialmente; aunque debe generalizarse para que quien tenga salario fijo pueda disponer de recursos para la solidaridad activa con los que menos tienen o no tienen nada, especialmente sus familiares más cercanos en condición de franca desventaja social.

09-Precios de artículos de primera necesidad. Establecimiento de un severo control de precios de los artículos imprescindibles para la emergencia sanitaria actualmente en desarrollo, con su correspondiente inclusión en la canasta básica; así como para los artículos necesarios de la canasta básica a fin de garantizar la sobrevivencia humana mediando alimentación fundamental y nutritiva.

III. MEDIDAS PARA CONTAR CON DINERO PÚBLICO PARA FINANCIAR LA EMERGENCIA; ESPECÍFICAMENTE POR EL DEBILITAMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA CAJA Y POR LA MORATORIA EN PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS

10-Impuesto temporario solidario a la riqueza. Emitir legislación para un impuesto transitorio de un 10 % al patrimonio de las grandes fortunas (personales-familiares), y riquezas corporativas; por ejemplo, aquellas firmas empresariales de renombre que han venido declarando “cero” ganancias y/o “pérdidas” durante los últimos 5 años, al menos.

11-Impuesto temporario solidario a las transacciones financieras grandes. Emitir legislación para establecer un impuesto, también transitorio, a las transacciones financiero-bancarias superiores a los 30 mil dólares (impuesto vigente ya en algunos países de la Unión Europea -UE-); considerando que los bancos (públicos y privados) acumulaban al estallido de la crisis del covid-19, una cantidad por encima de los 30 mil millones de dólares, según el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR).

12-Impuesto temporario solidario a los altos salarios y pensiones. Todo salario superior a la cantidad de 5 millones de colones debe contribuir, obligatoriamente, con un impuesto solidario del 25 % sobre el exceso de tal cantidad y durante el tiempo que dure esta crisis; impuesto que debe pagar tanto la alta tecnocracia política del Estado, como la alta gerencia del corporativismo privado-empresarial del país.

13-Secreto bancario. Emitir legislación para la eliminación del secreto bancario propuesto desde la Asamblea Legislativa anterior, en el informe de Los papeles de Panamá;y, asunto retomado por el actual Ministro de Hacienda.

14-Gestión internacional de la deuda pública: Costa Rica, mediante su actual gobierno, debe alzar la voz ante la comunidad internacional y plantear la condonación de la deuda pública de todos los países como los nuestros; deuda que ha sido contraída con los diversos organismos financieros internacionales y que ahora será más impagable que nunca antes.

IVMEDIDAS PARA APOYAR LA ACCIÓN FRENTE A LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19

15-Compra de medicamentos que se han estado produciendo para aumentar las defensas del sistema inmunológico ante la pandemia del covid-19, como el Interferón Alfa 2B, producido en Cuba; así como otros fármacos que con la misma finalidad ya está ofreciendo China.

¿A patadas es el juego?

Por: Oscar Aguilar Bulgarelli

Es increíble el egoísmo, cuando la solidaridad se mira de un solo lado. Hoy la jefa editorial de La Nazi-On, a la primera orden de sus “malas compañías” tocó a rebato y se alinearon en primera fila los coyotes en la loma, para decir: ¡si hay patadas, hay pa’todos!

Pobre de mí, empecé a leer el artículo creyendo que el Corona Virus había calado en el alma de estos insensatos, ocultos en la decadente cueva del neoliberalismo; ¡pero no!, me equivoqué, por el contrario Mora, Feinzag, Meléndez, Mesalles y Thelmo (para variar), lanzaban los aullidos de coyotes al cielo (o más elegante…campanas al vuelo) en favor de la sacrosanta empresa privada y contra el sector público, hacia el cual han logrado orientar el odio de la opinión pública, producto de la opinión publicada en sus banales medios de comunicación.

Aclaro que no tengo nada en contra de la ayuda, pronta y cumplida, a la empresa privada en estos aciagos días; pero no por ello convetir la tragedia en el trampolín para obtener beneficios más allá de la lógica y el tiempo requerido para enfrentar el problema. Igualmente, creo que los funcionarios públicos deben poner de su parte, para ser solidarios, y dejar de lado algunas situaciones de su beneficio: algunos pluses, horas extras, exclusividades, pero de eso a pedir cierre de instituciones y paralización de la acción de Gobierno, es otra cosa.

Para ello, por ejemplo, alegan que en los Estados Unidos, la Meca de su dios el dinero, 19 veces el Gobierno Federal ha quedado solo con los servicios esenciales. Y el país no colapsó. Esa falaz comparación es típica de estos vendedores de falsedades, pues son situaciones absolutamente incomparables, solo dos cosas: los Estados seguían funcionando y el tiempo fue corto, no varios meses y por algo todos corrieron a buscar un arreglo en pocos días, siempre.

Para ellos los trabajadores públicos que están LABORANDO A DISTANCIA, entre ellos los profesores y universitarios, especialmente, podrían renunciar a medio salario pues no están haciendo nada. Pero primero reconocer que LABORAN A DISTANCIA, luego les dicen vagos…y los profesores que tienen que enviar tareas y dar lecciones por internet, ¿no trabajan? Y los hay…¡y miles!

Solo un tercer caso más. Dice que hay 450 GRANDES CONTRIBUYENTES, cuyos negocios saldrán perjudicados porque las familias DEJARÁN DE CONSUMIR sus productor. Entonces, para que los cientos de miles de funcionarios consuman, ¡deben tener salario! Y se los quieren quitar. Pero además, cientos de esos esos 450 GRANDES CONTRIBUYENTES, son GRANDES DEFRAUDADORES que, de acuerdo a las listas que el Ministerio de Hacienda se vio obligado a publicar, deben miles de millones en impuestos, entre ellos el Grupo Nación, la Florida Ice and Farm Co, la Cervecería Costa Rica, el Hotel Four Season, todas empresas ligadas familiar y empresarialmente a LA NAZI-ON.

Casi termino de leer el libro de Alain Deneault MEDIOCRACIA, CUANDO LOS MEDIOCRES TOMAN EL PODER, y en dos subcapítulos “Escribir Hacia el Desastre” y “Los Pequeños Intelectuales” hay dos frases fantásticas que define a los alineados en la loma: “ …son responsables como colectivo de la producción de una parte de la prosa más abtusa e impenetrable… Les asegura que nadie pueda saber de verdad si sus ideas son brillantes, malas o simplemente mediocres – además, porque- quienes se someten – los vincularán más eficazmente a un gran mecanismo económico y burocrático, dedicando sus mejores años y facultades a esclavizarse. Están aprovechando todas las oportunidades que se les presentan para obtener los medios económicos que les permitan ser EXACTAMENTE IGUALES A TODOS LOS DEMAS…”

Esa mediocridad llega al extremo que ni siquiera pudieron parafrasear bien al célebre tico GW Villalobos, pues la frase correcta es: “SI NO HAY PA’TODOS…HAY PATADAS…” y si anuncian patadas, con gusto y a pesar de la prohibición, yo les llevo las mías a domicilio, prometo embetunar el zapato en cada caso, para que sea individualizado.

Opinión: Los silencios del artículo “Si hay patadas, hay pa´ todos”

Por: Hugo Vargas González

El periódico La Nación publicó un artículo titulado «Si hay patadas, hay pa’ todos». Recomiendo su lectura como un manifiesto de la histórica línea ideológica de ese medio de comunicación.

Por eso, nada extraña su énfasis en atacar al empleo público, impulsando indistintamente, en estos tiempos de crisis, la reducción temporal de los salarios públicos hasta en un 50% o el cierre temporal de «instituciones que no satisfagan un fin social».

Como contribución al debate sobre lo que, desde el neoliberalismo, se entiende como «solidaridad» o como «fin social», es necesario identificar los silencios en el articulo en cuestión. Nada se indica sobre el aporte que podría dar el sector financiero en rubros como disminución de tasas de interés, ampliación del plazo de vencimiento o condonación de deudas a PYMES, o sobre la reducción de las comisiones por el uso de datáfonos o la disminución de tasas de usura según los estándares en otros países. ¡Pero nada dicen!

Y ante una crisis de salud tan seria, ¿no es el momento propicio para impulsar medidas excepcionales que abaraten el precio de los medicamentos? Qué decepción, en ese artículo nada se dice al respecto. Y eso que nos encontramos en una coyuntura donde este tema es, sin duda, central.

Pero si de sacrificios se trata, impulsar una reducción de un 50% del salario, y que para muchos es su único patrimonio, obliga también a considerar que los más ricos podrían hacer un aporte solidario en la misma línea. ¿Qué tal pedir que los 85 millonarios que La Nación nos informó, en 2012, acumulaban en conjunto 12 mil millones de dólares, aportaran un 10% de su capital? ¡Soló el 10%! Porque pareciera coherente, en ese genuino espíritu de solidaridad que impulsa el medio de comunicación, que si un concerje o una oficinista deba sacrificar el 50% de su salario, siendo éste a veces su único patrimonio, a quienes les sobra demasiado hagan algo similar.

Sin duda esta crisis llama a tomar medidas. Pero que no sean los más vulnerables quienes deban asumir el mayor peso.

Ni patadas ni ideología, solidaridad e inteligencia ante la emergencia

Por: Dr. Leiner Vargas Alfaro

En una muy reciente columna publicada por el periódico “La Nación” se demanda a gritos medidas para salvar el empleo y proteger al sector privado ante la crisis económica del Coronavirus, que compartimos será un antes y un después de la realidad económica y social de muchos países, incluyendo por supuesto, Costa Rica. La inteligencia de las propuestas no superó el hígado y sus claros prejuicios ideológicos, aunque ha tenido mucho eco entre los fieles de dicha parroquia. Para estos economistas que dirigen los editoriales el mencionado periódico, comúnmente en debate por sus faltas a la hacienda pública, la solución a la crisis del empleo es ponerse parejo, agarrando a patadas al Estado y sus instituciones, ni que decir de sus empleados, de antemano culpables de las atrocidades situaciones que vivimos, incluso parece aludir que del propio coronavirus.

Pero claro, si por alguna razón estos distinguidos señores o sus estimables familiares fueran presa del coronavirus, seguro estoy, que estarían en la fila de ingreso a nuestros hospitales públicos, atendidos mejor que en casi cualquier parte del planeta, tomando “una sopa de su propio chocolate”. Pidiendo a los médicos, enfermeras, internistas y por supuesto, a todos los trabajadores de la salud que hoy se juegan la vida y se parten el alma trabajando por Costa Rica, compromiso y solidaridad. Parece que se les olvida a tan destacado grupo de profesionales de la ciencia económica, la experiencia de Chile o la reciente y muy clara derrota del sistema americano de salud pública, puesta en evidencia en esta epidemia global. Pero claro, cuando la ideología priva a sus ideas de lucidez, la inteligencia de sus propuestas  pierde todo sentido común.

La solidaridad que proponen deberían recetársela a los banqueros que comúnmente les pagan por sus conferencias y consultorías, solicitando bajar de inmediato las tasas de interés de sus créditos usureros, mismos que tienen a casi un millón de costarricenses al borde de la quiebra. También deberían de recordar sus constantes influencias y lobby para condonar deudas de bancos y grandes empresas deudoras de impuestos, incluyendo el medio de comunicación al que representan. La misma solidaridad que reclaman deberían proponerla para cuando por casi 35 años eximen de impuestos a las grandes empresas exportadoras o los conglomerados que se dedican a vender a zonas francas, incluyendo a las grandes cooperativas, por sus puesto estos no son los causantes del gran hueco en las finanzas públicas para los connotados profesionales que firman ese artículo.  Dado que veo les encanta los dichos populares, déjenme decirles uno que también les cae muy bien a ustedes y su artículo, “el burro hablando de orejas”. Parece que se les olvida que tienen el techo de vidrio, cuando en materia de solidaridad se dejan proponer los señores editorialistas de “La Nación”.

Una propuesta solidaria debería de pensarse rescatando al empleo, impulsando un salvamento de empresas y no de bancos, como han propuesto y quieren imponer ustedes. Se debería sustentar en instrumentos que propicien mayor equidad y una mejora en la estructura de la propiedad del capital de las empresas, para democratizar la propiedad y no concentrarlas como se proponen quienes quisieran dejar a la libre el proceso. Es por eso que el fondo de solidaridad para salvar empresas debería contar con dos condicionalidades, que las empresas se abran al capital, generando una capitalización directa y no un crédito, pero al mismo tiempo que se comprometan a no despedir sus trabajadores. Este último elemento es vital para sostener la demanda interna en la economía en tiempos de crisis, evitar una catástrofe social y prevenir un desastre de magnitud impensable en la seguridad ciudadana en tiempos por venir.

Empero, empezamos por la MIPYMES, luego las medianas y de último, las grandes empresas. Es claro que no todos están en las mismas condiciones o podrían ser objeto de tan importante fondo de salvamento. Empezamos por las empresas más lejanas del valle central y que necesariamente requerirán de una inyección del capital mayor, dado el problema de facturación que tendrán y que históricamente han quedado en el olvido. En tiempos de crisis, capitalizar a los banqueros y dejarles salvar a su criterio, sólo permitirá limpiar sus carteras sucias, dejando a las MIPYME´s productivas fuera de sus intereses, empresas que nunca han estado en la agenda de los bancos en tiempos recientes y que no lo estarán en un marco de salvamento.

Limitar o reducir los salarios o el empleo público en tiempos de crisis de demanda es la mejor receta para la recesión económica, medida que agrava el desempleo y provocaría otro desastre adicional, tan o más grande que el que proponen resolver, los iluminados referidos. Las patadas que proponen tan destacados profesionales, parecen más una rabieta ideológica que un plan para salvar a nadie, son claramente inaceptables. Por el contrario a su propuesta, urge un fondo de solidaridad para las personas, seres humanos que producto de la crisis, deberán generar mayores gastos en cuido, salud y sobre todo, atender la nueva situación de especulación de precios que algunos comercios empiezan a crear en nuestro sistema económico para aprovecharse de la pandemia. Dicha solidaridad debería venir de los bancos, no aumentando la deuda con intereses usureros, sino bajando en serio la tasa de interés, o es que ustedes banqueros están inmunes al virus.

Dejar el hígado y la ideología al lado señores de “La Nación” y proponer cosas inteligentes debería ser el fundamento de las propuestas de todos, para lo cual deberían ver 360 y no a los 45 que han venido mirando en los últimos años.  Mirar al norte, al sur, al este y al oeste y veremos que en momentos de crisis priva la inteligencia y la solidaridad, no la ideología y la improvisación. Las medidas ante la crisis son pragmáticas no ideológicas, protegiendo y no eliminando empleos y salarios que en esencia son la sabia que provoca el consumo y que mueve la economía.

Deberían ustedes agradecer que tenemos al ICE poniendo banda ancha en nuestros hospitales y asegurando la electricidad en todo el país, a RECOPE distribuyendo combustible con seguridad y a precios no especulativos, a FANAL produciendo alcohol para des-infectarnos sin cobrar exageraciones, a las Universidades Públicas produciendo ciencia y profesionales de las ciencias médicas para atender la emergencia, a la CCSS que da la cara ante la crisis a pesar de tantas patadas anteriores que ese mismo medio han propiciado y difundido, al CNP que asegura la provisión de alimentos a los costarricenses, etc. Podría seguir la lista de nuestro estado social pero supongo que para ustedes todo eso es un gasto, nunca una inversión.  Más y mejor Estado para mejorar los resultados del imperfecto mercado, esa debería ser la verdadera medida ante la crisis.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

Economista y profesor universitario.

Opinión: Ciegos que aun viendo… no ven

Por: Claudio Alpizar Otoya

En estos días críticos, varios amigos me enviaron para mi lectura un artículo titulado “Si hay patadas, hay pa´todos” (La Nación, pág. 27), firmado por Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas. Una línea con la visión economista más pura y auténtica que se pueda tener en momentos de una fuerte crisis social, con un reduccionismo total a los aspectos económicos, donde los factores económicos priman sobre cualquiera otros.

Los analizo desde mi sesgo que prioriza la visión social, la cual me ha hecho seguidor del economista más reconocido e icónico del Siglo XX, John M. Keynes, aún vigente y no muy amigo de los articulistas mencionados, sobre todo cada vez que aparece una crisis económica en la que intentan ignorarlo, pero en la práctica, irónicamente también terminan siendo keynesianos.

John M. Keynes no creía que el sector privado pudiera ser el que resuelva los problemas más determinantes del sistema económico, como por ejemplo el desempleo. Era menos partidario de la autorregulación del mercado, pues este con frecuencia demuestra su incapacidad, más en las crisis, cuando hasta quienes endiosan al mercado imploran la acción estatal para influir en la actividad económica y lo ven como factor clave para reactivación económica.

Los mencionados articulistas inician su escrito solicitándole al Gobierno que tome medidas más fuertes para ayudar a las empresas privadas. Esa es la premisa inicial y clave de todo su planteamiento y el ciudadano en este caso pasa a ser secundario, pues es medio y no fin.

Luego continúan pidiendo que el Estado disminuya sus gastos, pero a la vez le piden más acciones. ¡Cuán contradictorio! Tratan de disimular el ventajismo que pretenden de la actual crisis hablando de “cerrar instituciones que no satisfagan un fin social”.

Yo pregunto: ¿Quién define entonces cuáles son sociales; acaso ellos? Una generalidad pasmosa que les permitiría meter en ese paquete de cierre a CNP, FANAL, EBAIS, RECOPE, ICE y otras tantas muy debilitadas en las últimas décadas. Porque es algo que siempre han soñado y que hoy, en la crisis, ante el papel protagónico y la eficacia que demuestran las instituciones públicas sienten que se les frustra.

Ellos prácticamente -si pudieran hacerlo- reducirían el Estado con fin social a la CCSS. Claro no sin antes afectarla en sus finanzas y dejarla funcionando al mínimo, pues desde su sesgo economicista el mercado de salud supliría todo lo demás y a “mejores” precios.

Dicen estar complacidos con la reducción unilateral de jornadas laborales en el sector privado como medida para no despedir personas mientras duren las calamidades, a la cuales le sacarán ventaja para perpetuarlas, pues en río revuelto ganancia de pescadores. Ese es su objetivo: aprovechar la crisis para precarizar salarios y beneficios.

Pero olvidan, miento, obvian, que será el Estado quien deberá brindar auxilio a esas personas con subsidios que irán desde el efectivo hasta abaratar o donar los servicios públicos, y eso no lo dicen porque se sentirían muy keynesianos, pero en el fondo lo esperan, no sin antes promover la precarización estatal, la cual disimulan con una falsa solidaridad en sus propuestas. Nadie duda que el Estado debe en esta crisis racionalizar sus gastos e inversiones y que de ello deberíamos aprender para el futuro, pero cuidado con quienes intentan disminuir su papel a futuro, pues esta no será la última crisis de nuestra historia y ocupamos un Estado cada vez más solidario.

Está claro que dichos articulistas no alaban en una sola línea el papel fundamental que muchas instituciones del Estado Solidario costarricense están y estarán desarrollando por días, semanas y meses, tal vez hasta por años, ahora y posterior a la crisis del COVID-19. Ellos saben muy bien que el mundo será otro y que sus premisas economicistas, que por años promovieron, han quedado desnudadas hoy y que se caen no por culpa de una Guerra Mundial o por la avaricia y la usura del sector financiero y bancario (Crisis del 2008), sino por algo que jamás imaginaron; por eso que tanto han alabado siempre: por una “mano invisible”.

Empero, una “mano invisible” que vino de una pandemia, la cual no se solucionará con bajar o subir el dólar, con más dinero circulando, con más o menos impuestos, sino que se soluciona con atención médica y prevenciones para la salud y la alimentación de todos. Que, por dicha de Dios, para el caso de Costa Rica, está en su mayoría en manos del Estado, el que dará sus servicios con equidad e igualdad a todos los costarricenses. No será el mercado quien defina quienes pueden disfrutar de los servicios requeridos: será la solidaridad.

El Estado costarricense no tiene problemas por su tamaño, y esa es la premisa más falsa promovida por quienes hablan de 330 instituciones estatales para asustar a los costarricenses, sumatoria que incluye a las 82 municipalidades, a 50 colegios profesionales y otras más que están en ámbitos diferentes.

El problema de nuestro Estado es la carencia de mayor eficacia y eficiencia. No es un asunto de tamaño o de despedidos, pues apenas representa el 13% de la mano de obra del país, y disminuye año con año.

Costa Rica no requiere de un estado lleno de “grasa”, pero tampoco de uno precarizado que muestre sus “costillas”; lo que requiere es un Estado fuerte y “tonificado”. Por ello, esta crisis que vivimos nos debería hacer coincidir y reclamar aún más su importancia. El Gobierno tendrá sus necesidades, y no deberá permitir el gasto indiscriminado, sino que deberá asegurarlo pues lo que viene estará lejos del alcance del sector financiero.

Estos “adalides” del mercado deshumanizado piden que el Estado costarricense se reduzca a la mitad; piden la reducción del salario de funcionarios públicos a 50%, igual que lo que se pretende hacer por ley con los funcionarios privados que son el 87% de los empleados.

Aquí lo que predican es “mal de muchos, consuelo de tontos”. Insisten en la guerra entre empleados públicos y privados que han promovido por años, pero ni por asomo solicitan una disminución de los compromisos y deudas adquiridas por los funcionarios públicos o privados, o de las utilidades en las empresas de productos de primera necesidad, pues pretenden mantener las utilidades abaratando solamente el empleo.

El empleado privado es tan importante como en empleado público. Se necesitan unos a otros, y ciertamente “si hay patadas hay pa’todos”, pero esta premisa también debe ser implementa en los momentos de bonanza, pero les aseguro que estos economicistas nunca encontrarán ese momento.

No dicen los articulistas que el Estado también tendrá una caída fuerte en sus ingresos, que ya venía con problemas, pero se le seguirá exigiendo servicios y atención oportuna. Pero siguen insistiendo en que todo es culpa del empleo público. Además, desde el Estado se deberá promover y reactivar la economía, y recuérdenme, estos mismos economicistas estarán pidiendo pronto suspender la famosa y vilipendiada regla fiscal que amarra a todo el Estado costarricense y serán ellos mismos quienes lo pedirán a gritos para la reactivación económica.

He sido pequeñito empresario toda mi vida, y estoy de acuerdo que se deben revisar con detalle las cargas sociales impositivas a los empresarios; pero no estaría nunca de acuerdo en que se aprovechen coyunturas de crisis para acabar y debilitar la solidaridad y la justicia social, pues siempre habrá hienas y tiburones esperando su oportunidad para hacerlo por beneficio particular.

El problema de nuestro Estado es la necesidad de promover mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Los servicios públicos tienen que mejorar en tiempo y calidad, y aquí la culpa es repartida entre gobernantes, sindicatos y empleados públicos, que hoy ante la crisis del COVID-19 tienen la gran oportunidad de mostrarse solidarios con sus mejores tareas para retomar credibilidad.También soy fiel creyente de la iniciativa privada, lo soy, pero nunca bajo el sustento de la desigualdad de oportunidades, porque ese no fue el país que forjamos y que debemos recuperar.

Los autores del artículo que critico aprueban las medidas que está tomando el gobierno para debilitar la seguridad de trabajo y los ingresosde los empleados privados, apuntando que si las mismas se hubiesen tomado con anticipación, la crisis por COVID-19 no nos habría tomado en una precaria coyuntura económica.

Al contrario, pienso que por dicha no se adoptaron cuando ellos las propusieron pues hoy la situación sería peor para todos los costarricenses. Por ejemplo, cuántas veces han querido debilitar nuestro sistema de salud por esa visión economicista? ¡Muchas!

En el artículo hablan de “vivir hoy para pelear otro día”. Por dicha estaba con vida nuestro Estado Solidario y gracias a ello hoy en día podemos seguir peleando.

Urgen, pues, medidas de auxilio para los pequeños y medianos productores en todas las áreas; urge ayuda para los asalariados en general, y saben ustedes quien las proporcionará: por supuesto que el Estado, ese mismo que tiene enemigos adentro y afuera; que siempre lo verán grande e ineficiente, y son precisamente esos ciegos que aun viendo… no ven.

Esta crisis pone la atención sobre la importancia del Estado, repito por tercera vez, eficiente y eficaz. Un Estado para los que lo necesitan, no para los que abusan de él, y de él abusan tanto actores públicos como actores privados.

Esta crisis pone a Costa Rica en una posición inmejorable para retomar el control del destino de nuestro país por los propios costarricenses, y será una manera de reafirmar nuestra soberanía nacional, por lo que tendremos obligatoriamente que volver a ver hacia adentro, hacia lo rural, tanto de la nación como de nuestros corazones.

– Politólogo

Custodios de cárceles del OIJ se muestran preocupados por medidas de higiene para controlar el COVID-19

Trabajadores solicitan que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y algunas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa, entre otros aspectos.

En las instalaciones ya se presenta desabastecimiento de implementos para la higiene

Debido al incremento de casos de personas con el virus COVID-19, el personal custodio de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra preocupado por las pocas medidas de higiene implementadas para prevenir el contagio.

De acuerdo con los trabajadores, la posición del Poder Judicial genera molestia y preocupación, ya que están en contacto tanto con privados de libertad, como con aprehendidos por la Fuerza Pública.

«Muchas de estas personas son indigentes y/o extranjeros con hábitos de higiene preocupantes para la salud pública. A eso le debemos sumar que estos delincuentes muestran hostilidad y es común que escupan, rasguñen y ataquen directamente la integridad de los custodios», indicó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.

El dirigente sindical detalló una serie de peticiones, entre ellas que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y aquellas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa.

Además, solicitan que a los detenidos no se les traslade el día anterior para que no permanezcan tanto tiempo en las celdas y que se provea de equipos y todo lo relacionado de detenidos que representan ciertos síntomas gripales.

«Ya se han presentado situaciones con detenidos que vienen con síntomas que nos preocupan y no hay suficiente alcohol o alcohol en gel, mascarillas adecuadas, guantes y los implementos que son necesarios para mantener detenidos en celdas. Por ejemplo, solo el caso del juicio del «gringo» reúne en una sala a 47 o más personas, también requiere de la permanencia de una gran cantidad de custodios, en el comedor o área de celdas», agregó.

Poveda enfatizó en que no hay una claridad en los protocolos en cuanto reciben o hay permanencia de personas con síntomas sospechosos del coronavirus.

«No hay un protocolo bien establecido de las personas que son trasladados por otras dependencias como Fuerza Pública, Tránsito, Policía Municipal y hasta los mismos compañeros de investigación del OIJ, sobre las personas detenidas que ellos nos llevan a celdas. Se siguen programando las diligencias a gran escala, ya hay desabastecimiento de implementos para la higiene, los vehículos de transporte de detenidos algunos no reúnen ninguna seguridad en contener el contagio ya que en el caso de los microbuses el aire acondicionado que se les activa a la parte de dónde van los detenidos, circula por todos lados inclusive a la parte de la cabina o sector donde viajan los custodios», explicó Poveda.

Para la ANEP y su Seccional en cárceles del OIJ es preocupante que los magistrados obvien las medidas para el personal trabajador siendo este un tema de salud pública.

Seccional ANEP- IMAS solicita la suspensión de visitas programadas a los hogares de familias beneficiadas ante medidas de contingencia por el Covid-19

La Gerencia General del IMAS está obviando que dentro de la población beneficiada se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19.

La Seccional ANEP-IMAS solicitó a la administración superior del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), posponer las visitas programadas de las Personas Cogestoras Sociales (PCGS), o cualquier otro personal que realiza trabajo de campo a fin de evitar exponer a las familias beneficiarias en su domicilio y a las personas funcionarias de la institución, debido a la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.

La solicitud de la seccional nace luego de conocer la directriz IMAS-GG-667-2020, del 17 de marzo del 2020. Donde se establece que:

“(…) Que se instruye a las Jefaturas de Áreas Regionales de Desarrollo Social y de las Unidades Locales de Desarrollo Social a coordinar con las personas funcionarias que desempeñan funciones de cogestores sociales, a mantener las visitas programadas, mientras que se analiza la utilización de tecnologías de información. Asimismo, se mantiene la atención a la población preferencial como lo son las personas adultas mayores, discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas según se registre en SIPO, así como la presencia de violencia intrafamiliar según SIPO o por alguna referencia, o desalojos inmediatos.”

Sin embargo, para la seccional llevar a cabo esta instrucción girada desde la Gerencia General, no solo pone en riesgo a la persona trabajadora del IMAS, sino también al total de personas que se encuentran en la vivienda o las viviendas donde se realizan las atenciones (seguimientos, supervisiones, aplicación de FIS).

“Exigimos a la administración analizar una estrategia de atención para la población preferencial, que no implique que estás deban trasladarse a la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS), para ser valoradas. La Gerencia General está obviando que dentro de esta población se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19”, indica la solicitud de la seccional enviada al IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS se debe considerar las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud, máxime que, en el país ya se registra 89 casos confirmados de COVID-19.

“No es aceptable que se les comunique a las jefaturas de Personas Cogestoras Sociales que lleven a cabo estas visitas en campo ante un llamado al pueblo de Costa Rica de mantenerse en sus hogares en la medida de lo posible, y ante la recomendación de que las personas trabajadoras con puestos de teletrabajo permanezcan en sus hogares”, indica la solicitud. 

Acciones que podría realizar la administración del IMAS

Para la seccional ANEP-IMAS,  la Gerencia General y Subgerencias de Desarrollo Social debe analizar lo que implicaría para esta población trasladarse hasta las ULDS en el contexto actual (transporte, contacto cercano con otras personas) y gire instrucción para que por medio de la revisión de los expedientes y de la revisión de  información contenida en los sitios web de diferentes instituciones o sistemas (como lo son la CCSS, el SINIRUBE, el Registro Nacional de la Propiedad, entre otras que permita la institucional) se corrobore que se mantiene la situación socioeconómica de la familia.

Lo anterior puede ser complementado con el uso del recurso telefónico. De modo que se corrobore la información del expediente, y los documentos obtenidos, y con ello actualizar la FIS para que se puedan tramitar los beneficios. Es decir, se solicita tomar medidas afirmativas y particularizadas ante las personas con factores de riesgo.

“Solicitamos que la administración brinde opciones puntuales para discernir sobre qué priorizar y qué puede esperar o buscar otras alternativas de atención. Todo esto, sin poner en riesgo a ambas poblaciones ante la declaratoria de emergencia como la que estamos viviendo”, finaliza la solicitud de la seccional ANEP-IMAS.

Escuela Nacional de Policía mantiene cerca de 600 personas en sus instalaciones pese a emergencia por Covid-19

La seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados.

La ANEP y su seccional en la Fuerza Pública hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), así como al Ministerio de Salud, para que tomen las medidas respectivas respecto a la exposición de los diversos cuerpos policiales del país, ante un posible contagio del Covid-19.

Para la seccional ANEP-Fuerza Pública las declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, ante los medios de comunicación respecto al estado de emergencia que vive el país, distan mucho de lo que se vive a lo interno de la Fuerza Pública, y un claro ejemplo de esto, es lo que se presenta en la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Guápiles donde al día de hoy se mantienen cerca de 600 personas en adiestramiento policial.

En fotografías tomadas el día de hoy en poder de la ANEP, se puede observar como en las áreas comunes no se cumple las medidas de seguridad solicitadas por las autoridades de salud, respecto al distanciamiento de personas, ante la presencia del Covid-19 en el país y se observa una aglomeración de personas.

A esta situación, se une las condiciones de insalubridad y hacinamiento que presentan muchas delegaciones policiales en todo el territorio nacional, en las cuales, según la seccional, se ha podido constatar el faltante de jabón líquido, alcohol líquido y en gel, así como guantes de látex.

 “Es irónico, mirar al ministro Soto en las conferencias de prensa al lado del presidente de la República y del Ministro de Salud, solicitando evitar contacto físico y extremar las medidas de higiene, pero en la Fuerza Pública se sigue manejando la operación policial como si nuestros policías estuvieran vacunados contra el Coronavirus”, manifestó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Otro de los llamados de la seccional ANEP-Fuerza Pública hacia el MSP, es plantear una nueva estrategia de abordaje a los delitos por parte de los oficiales, ya que por su labor diaria están expuesto al contagio del Covid-19.

“Ciertamente, los Cuerpos Policiales están dentro de la primera línea de respuesta, sin embargo, se debería trabajar en prevención de delitos, mediante patrullajes estratégicos orientados y no mantener la constante de “cacheos”, consultas de personas, traslado de habitantes de la calle y otras acciones, que podrían resultar de alto riesgo para la salud del personal, así como para la salud pública”, dijo Anchía.

Ante estos escenarios descritos, la seccional ANEP-Fuerza Pública solicita se detenga la exposición de los funcionarios policiales al contagio y, por ende, la propagación del Covid-19, por la insistencia de dar mayor importancia a las estadísticas, antes que la salud y la vida de los uniformados

“Solicitamos con el mayor respeto, congruencia entre las acciones desplegadas por el Ministerio de Seguridad Pública, con las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo, en torno con las medidas de prevención por el Coronavirus”, finalizó Anchía.