Un grupo de trabajadores de la empresa Transfeco vfueron despedidos luego de que se afiliaran al sindicato. Pero gracias a las acciones de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP tuvieron que ser reinstalados en el puesto.
Autor: ANEP
Se abre periodo de inscripciones para conformar Órgano fiscalizador
San José, 01 de noviembre del 2019.
Estimados (as)
Afiliados (as)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Honorables compañeros (as):
La Comisión Electoral de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundamentada en el art. 45 de sus estatutos, les informa que se estarán recibiendo hojas de vida de afiliados y afiliadas, que estén interesados (as) en postularse para participar como candidatos y candidatas para conformar el Órgano Fiscalizador.
Las elecciones se realizarán el día sábado 07 de diciembre del 2019, a partir de las 8:00 de la mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, en Calle 20 Norte.
Dichos postulantes deberán cumplir con los Artículos 21, 22, y 50 del Estatuto para su debida inscripción, el cual está conformado de la siguiente manera:
- -Órgano Fiscalizador
- -Fiscalía Adjunta Primera
- -Fiscalía Adjunta Segunda
Cada propuesta de equipo de candidatos (as) deberán de venir conformado según lo estipulado anteriormente.
Para tales efectos la Comisión Electoral de la ANEP, estará recibiendo dicha documentación el día viernes 22 de noviembre de 2019 a las 17:00 horas, en la sede central de la ANEP, ubicada en Calle 20 Norte, 300 metros Norte del Hospital de Niños.
Sr. Rolando Fonseca Gutiérrez
Presidente
Comisión Electoral ANEP
Tribunal Contencioso declara inadmisible denuncia contra Guardaparques por decomiso de madera ilegal
-Unidad Asesoría Jurídica de la ANEP asumió la defensa de los Guardaparques
El Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin lugar la denuncia que se interpuso contra cuatro Guardaparques y el Estado, la cual buscaba pedido de daños y perjuicios consistentes en suma de dinero por el decomiso de madera, que en apariencia habría sido talada de forma ilegal en las inmediaciones del Área de Conservación Tempisque.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando los guarda parques realizaron una inspección de rutina en la finca de un sujeto de apellidos Zúñiga Morales, quien habría solicitado el permiso para la tala de algunos árboles. Al realizar la inspección los guarda parques se percataron de que se había cortado un árbol de más a lo permitido por el Área de Conservación Tempisque, por lo que dispusieron realizar el decomiso de toda la madera.
Según indica el expediente N13-007631-1027-CA , Posterior al decomiso los guarda parques, siguiendo el procedimiento y lo estipulado por la ley interpusieron la denuncia ante la fiscalía de Nicoya, dejando a la orden de esta la madera decomisada. Ésta última nunca fue puesta en custodia ni trasladada por la Fiscalía, permaneciendo en el Área de Conservación Tempisque.
Posteriormente el caso contra Zúñiga Morales prescribió en junio del 2012, por lo que no se pudo comprobar la culpabilidad del denunciado, quien por consiguiente demando a los Guardaparques aduciendo “que le causaron daños y perjuicios con su actuación administrativa ilegal y negligente al decomisarle la madera arbitrariamente y haberla mantenido bajo su custodia en total estado de abandono por espacio de cuatro años, lo que ocasionó que la misma se destruyera en su totalidad”.
Sin embargo, para el Tribunal Contencioso Administrativo los guarda parques actuaron “conforme lo indica el artículo 54 de la Ley Forestal, los funcionarios denunciantes y aquí demandados, cumpliendo su deber legal, procediendo a emitir el “informe de policial” correspondiente, sea la denuncia y en ésta dejaron a la orden de la Fiscalía de Nicoya la madera decomisada, por lo que, a criterio de este Tribunal, una vez trasladado el asunto a la jurisdicción penal, en este caso a la Fiscalía de Nicoya, los bienes decomisados, quedaron precisamente a la orden de aquella autoridad, quien debía, como corresponde, a partir de ese momento tomar las disposiciones que fueran pertinentes respecto de los bienes decomisados”.
Ante este escenario, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la Falta de Legitimación Pasiva, declarando inadmisible la demanda de Zúñiga Morales contra las Guardaparques.
El caso fue llevado por la abogada Rosa Rivera Bejarano, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
UCCAEP atiza la hoguera de la polarización
–Culpar a las huelgas del desastre económico en desarrollo es presión indebida e insana contra la sala Constitucional.
–UCCAEP está co-gobernando y es co-partícipe del deterioro del clima de negocios y de que no haya reactivación económica
De manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por falaz, por manipuladora y por infame la perversa afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en cuanto a que las huelgas sean las culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios en país y de que habría, por tanto, “cierre” de empresas.
Tal afirmación no se sostiene pues la UCCAEP es co-partícipe de la gestión política fundamental que ejerce el gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, además, como nunca antes había sucedido en los últimos tiempos, tiene una amplia mayoría parlamentaria que atiende, con prontitud, sus directrices.
La carencia de una fuerte, consistente, integral e integradora política de reactivación económica pasa, directamente, por la voluntad de la UCCAEP; en cuyas filas milita mucho del alto corporativismo empresarial beneficiado con jugosas amnistías tributarias, precisamente otorgadas en favor de sus socios, dada su alta incidencia en la política pública del actual momento histórico del país.
UCCAEP es uno de los principales impulsores políticos de la ya fracasada legislación del combo fiscal, Ley 9635, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual ha dejado cientos y cientos de micro-pequeños y medianos empresarios en la ruina y ha generado, según decir de ellos mismos, unos 30 mil empleos perdidos en el comercio. Sería sano para el país y para la Democracia, una autocrítica de UCCAEP al respecto.
UCCAEP está atizando la hoguera de la confrontación, lo cual incrementa la ya alta polarización en desarrollo, de la cual no puede eludir su responsabilidad directa.
UCCAEP ha estado cohonestando, apoyando explícitamente, la perversa campaña mediática del periodismo de odio desplegada en los últimos tiempos contra miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público; sumándose a la más grande operación de guerra psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra el mundo obrero costarricense.
UCCAEP, con ese insano criterio, además, está ejerciendo presiones indebidas contra la alta magistratura constitucional del país, la cual tiene en estudio si será constitucional o no, la legislación aprobada en primer debate (Expediente Legislativo No. 21.049, popularmente conocida como “ley mordaza”), que eliminaría el Derecho Constitucional de Huelga en Costa Rica, produciéndole un daño serio a la imagen internacional del país en materia de Derechos Humanos, amén de generar una involución- retroceso de 70 años en el desarrollo del derecho laboral costarricense.
Es el Diálogo Social realmente transparente, sustanciosamente efectivo y políticamente integral lo que el país necesita en estos momentos para que tengamos paz; paz que no merece seguirse alterando con pronunciamientos de odio y con gestiones de exterminio contra el que piensa diferente.
San José, jueves 19 de setiembre de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Juicio contra Autopistas del Sol y el Estado para anular concesión de Ruta 27 inicia este 23 de enero
-Demanda fue interpuesta en el 2012 por vecinos y dos asociaciones
Luego de ocho largos años de espera, el próximo 23 de enero a las 9:00 a.m. vecinos de Ciudad Colón y Santa Ana, junto a la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), iniciarán el juicio contra el Estado y la empresa Autopistas del Sol, en busca de anular la concesión de la Ruta 27 (San José – Caldera).
La denuncia interpuesta desde el 26 de junio del 2012, se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 12-003415-1027-CA, y figuran como demandados el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol.
Roxiris Vargas, vecina de Santa Ana e integrante de la Asociación Rescate de Valores Patrióticos, se mostró muy esperanzada de que este proceso por fin llegue a su etapa final.
“Al fin después de ocho años podremos conocer el desenlace de esta lucha, y de una concesión que fue concebida desde un principio con una serie de irregularidades. El Estado ha fallado con la fiscalización de esta obra y ha sido muy complaciente con la concesionaria, afectando al pueblo costarricense”, manifestó Vargas.
Cuestionamientos y fallas
Dentro de los principales cuestionamientos que realizan los demandantes se encuentran la inseguridad que representa para los usuarios la ruta en general, el cobro de tarifas onerosas a base de convenios y adendas, lo que ha provocado, según estos el aumento de los costos que se le debe de reconocer a la concesionaria.
“Desde su génesis nunca se debió otorgar esta concesión, ya que el concesionario inicial Cartellone-Acosol no cumplía los requisitos, nunca debió traspasarse la concesión a Autopistas del Sol sin haber iniciado las obras. A esto se une que las tasas de descuento se incrementaron beneficiando a la concesionaria. De seguir con esta metodología el país terminará pagando más de 1.500 millones de dólares”, indicó Bernal Gamboa Mora, representante legal de los demandantes.
En el tema tarifario, critican que la Aresep no ha realizado una valoración adecuada para que la tarifa sea al costo, si no que la incrementaron un 30% “para que fuera atractiva a los inversionistas y esto creemos que también es ilegal”.
Con respecto a las obras desarrolladas en lo largo de la Ruta 27, aseguran que la carretera no cumple con el parámetro en la calidad del asfalto, ya que inicialmente el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico. Situaciones similares se presentan con otras obras, como con los taludes que van desde el kilómetro 30 al 46, que no se construyeron en terrazas como estaba contemplado en el inicio de la obra.
“Existen obras como el paso peatonal de Fórum que se eliminó del primer balance económico y se incorporó en el segundo balance, pero al doble de precio. Además, obras pendientes como los sistemas de pesaje automático, las áreas especiales de servicio, faltante de aceras, intercambios sin las especificaciones adecuadas, así como la reducción en los diámetros de las alcantarillas; provocando que la carretera se inunde en algunos tramos”, detalló Gamboa.
Para el representante legal y los demandantes es completamente “contradictorio o complicidad” de que, con estas fallas e incumplimientos por parte de la concesionaria, el Estado no accionará los mecanismos de sanción correspondientes, por lo que aportarán testigos expertos en temas de infraestructura vial para demostrar todas las falencias detectadas.
“Este juicio será bastante técnico por lo que aportaremos un ingeniero civil belga, dos funcionarios del Lanamme, así como al economista y quien fue el Gerente de Proyecto de la concesión, Stephan Brunner, este último para comprobar los fallos en el cálculo de tarifas”, manifestó Gamboa.
Petición de los demandantes
Ante esta serie de irregularidades solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo, la imposición de las multas por los incumplimientos del concesionario en la construcción de las obras y mantenimiento.
Además, ante los graves incumplimientos, piden que los jueces valoren si amerita resolver (eliminar) la concesión. Adicionalmente si no se puede resolver la concesión, que se valore la nulidad de: los balances económicos (actualmente tres), adendas del contrato (actualmente cuatro) y el cartel de licitación.
Nuevo Ministro de Hacienda: continuará la vieja política fiscal que nos lleva al despeñadero
La coalición político-ideológica y económico-mediática que gobierna, celebra. Los mercados están “tranquilos” pero el pueblo trabajador, ¡No!
El “manejo macroeconómico responsable” es el del estallido social chileno
Al ciudadano costarricense, “banco-mundializado”, Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.
Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.
Su antecesora en el cargo, Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.
Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.
La coalición político-ideológica y económica-mediática que nos gobierna, celebra la designación de Rodrigo Chaves. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de Rocío Aguilar. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).
Entendemos que Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. De “casualidad”, el Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubiertas por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!
Chaves, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit).
Se pretende, según él, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8.5 puntos PIB
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2.5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del Unidad States Departament Of State (marzo 2018).
Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014.
Básicamente, la preocupación de Rodrigo Chaves (como la fue la de Rocío Aguilar), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorado, a setiembre del 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.
Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses, en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro-pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.
Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ! ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!
San José, jueves 31 de octubre de 2019.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Tiempos de rebeldía
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La aprobación-imposición de ley del combo fiscal-No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), hace ya poco más de un año, puede considerarse como el quiebre de la institucionalidad republicana establecida desde que entró en vigencia la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949. Un “parteaguas” desde la fundación de la Segunda República y la apertura hacia el establecimiento del Estado neoliberal total. Eso está generando diversos tipos de rebeldías que, para los ampliamente sectores del cívico-patriotismo nacional, debemos celebrar y conjuntar.
La decisión de Corte Plena de rebelarse contra el dictado imperial de la Contraloría General de la República, pretendiendo esta pisotear la soberanía constitucional de aquel y obligándole a aplicar una reconfiguración estructural de su modelo salarial, en contravención al principio de irretroactividad de la ley, expresa una consecuencia directa de ese quiebre de la institucionalidad republicana que la ley 9635 generó.
El punto correcto del problema es este, no el de si hay un plus salarial que debe ser transformado. ¡Es el imperio de la Constitución lo que está en juego! La Contraloría juega con fuego. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Por otra parte, la derogatoria de facto que hizo esa ley 9635 de la histórica autonomía constitucional del régimen municipal representó otro quebranto de la institucionalidad republicana heredada de la Segunda República. Ya hay otra manifestación de rebeldía expresada, en este caso, en sede constitucional por parte de una gran cantidad de las actuales alcaldías y concejos. Próximamente, esa rebeldía municipal, en perspectiva obrero-laboral, deberá expresarse en las calles y en ello ya estamos trabajando. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Con todas las discrepancias que podamos tener acerca de la cuestión salarial de la alta academia universitaria pública del país, la academia de lujo; e, incluso, discrepancias sobre el comportamiento de su actual cúpula dirigente por darle la espalda a la gente en los momentos críticos de la aprobación-imposición de esa detestada legislación, al hacer prevalecer un cálculo partidista-corporativo; lo real es que hoy las universidades estatales están rebeladas contra la grave lesión que a su autonomía constitucional representó esa ley 9635, otro quiebre a la institucionalidad heredada de 1949. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
El 22 de marzo de 2019, presentamos (ejecutando nuestro acto de rebeldía obrera) ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad en defensa de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas consolidadas, para proteger la estabilidad socioeconómica y financiera de las miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público, violentadas en tal sentido por la indicada ley que, en nuestro criterio, quebrantó ese principio constitucional de irretroactividad de las leyes (entre otras violaciones al ordenamiento constitucional establecido del 7 de noviembre de 1949). Esperamos que el tribunal constitucional de la República no se haga un “harakiri”.
Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
Varios miles de compatriotas dedicados a la producción agropecuaria nacional, agricultores y agricultoras, por ejemplo, sufren hoy las duras consecuencias de un sistema económico que los viene atropellando, de manera sistemática, a lo largo de los últimos gobiernos del hoy tripartidismo gobernante. Están al borde de la ruina económica, pero siguen hoy más burlados que antes en búsqueda de una fuerte política pública que les atienda su crítica situación de endeudamiento; y, aunque reciben ofrecimientos gubernamentales al respecto, son tan burlescos que no les queda más que ejercer una rebeldía activa. De hecho, acaban de lanzar un ultimátum. Definitivamente, estamos en tiempos de rebeldía.
¡Son tiempos de rebeldía! En este 2020 y dada la agenda ideológico-política del gobiernismo tripartidista (PLN-PUSC-PAC), cargada de iniciativas contrarias al bien común y en contra de la reducción de la desigualdad, la apelación a la rebeldía cívica en la lucha social está más que legitimada.
La mayoría parlamentaria actual, misma que está funcionado mecánicamente, está impulsando decisiones y tomando iniciativas ordenadas por las grandes cámaras empresariales, básicamente por el alto corporativismo del “empresauriado” evasor de impuestos, acumulador desenfrenado de riqueza. Esto lo admitió, de manera pública, la señora Paola Vega Rodríguez, actual legisladora de la República e integrante de la fracción parlamentaria del oficialismo gobiernista.
El tal sentido y para “compensar”, el rol de la lucha social bajo criterios de rebeldía cívica es el gran reto que tenemos los sectores populares, sociales, cívicos y sindicales (en este caso, los no afines al gobiernismo oficialista), en este año 2020; de manera tal que, en el marco de la lucha frontal contra la desigualdad creciente, construyamos un polo de poder patriótico que impulse la restauración de, al menos, un sano equilibrio para una convivencia sanamente compartida antes de que lleguemos a un punto de no retorno de consecuencias indescriptibles.
ANEP se solidariza con la acción global por el medio ambiente
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solidariza y se une al clamor de miles de jóvenes y organizaciones a nivel mundial, que este viernes 20 de setiembre realizarán una gran manifestación convocada por el Movimiento Global contra el Cambio Climático conocido como Fridays for Future, con la intención de presionar a los gobiernos y autoridades mundiales a declarar cuanto antes la crisis climática.
Las acciones en defensa del clima se extenderán hasta el viernes 27 de setiembre, ese día con su pico más alto de protesta en la ciudad de Nueva York, durante la cumbre del clima de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde hace décadas la comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que cerca de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores es el único modo de mantener el calentamiento global por debajo de los críticos 1,5 °C.
La crisis climática, consecuencia directa del modelo de producción extractivista, basada principalmente en el uso de combustibles fósiles y del consumo globalizado actual, pone en riesgo la supervivencia humana y la de un gran número de otras especies y ecosistemas, afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables.
No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y civilizatoria supondrá la muerte y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos.
En ANEP conscientes de la problemática que enfrenta la ecología y la necesidad de conservar los últimos pulmones y reductos verdes del planeta, nos unimos como asociación nacional a las múltiples voces que apoyan y luchan junto a la joven escandinava Greta Thunberg quien con su huelga escolar ha despertado a la opinión mundial del letargo sueño de que son otros los que van a solucionar nuestros problemas globales.
Thunberg, de tan solo 16 años, ha sido nominada para el premio Nobel de la Paz y ha sido reconocida por instancias como la Cámara de Oro. La joven activista climática Greta Thunberg recibió el «Premio Especial de Protección Climática» durante la entrega de premios de los medios de comunicación de Alemania 2019. Ella utilizó su discurso para llamar a las celebridades de los medios de comunicación para que alzaran su voz y difundieran el mensaje sobre el cambio climático. Además, en el presente año, la prestigiosa revista británica GQ, la nombró como la persona que cambio el juego respecto al cambio climático, entre otros múltiples reconocimientos, incluso económicos los cuales han sido donados para la causa de la ecología.
Desde ANEP instamos a los medios de comunicación, así como a los sindicatos, asociaciones y al movimiento social en general a apoyar la iniciativa @GretaThunberg: Nosotros, que vivimos en lugares donde se nos permite hablar y protestar, tenemos la obligación moral de hacerlo. Si no es por ti mismo, entonces para aquellos que no pueden.
Fuente: GreanPeace
ANEP celebra y aplaude la rebeldía de Corte Plena que confronta a la Contraloría
- Combo fiscal-ley 9635 generó bruscas violaciones constitucionales
- Presenciamos un conflicto de poderes de impredecibles consecuencias.
- Municipalistas, en rebeldía también, saldrán a las calles próximamente
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebra y aplaude la decisión de Corte Plena del Poder Judicial de rebelarse contra la imperial orden de la Contraloría General de la República (CGR), de imponerle a este poder soberano y constitucional de la República, un mandato administrativo, extralimitándose groseramente en sus atribuciones, con relación a modificaciones salariales estructural del funcionariado judicial del país que ya estaba laborando antes de la entrada en vigencia de la ley 9635-combo fiscal, de tanto rechazo popular y ciudadano.
La CGR, cual gendarme-policía de la hegemonía ideológica-económica dominante, pone en peligro la estabilidad de la República y lanza una provocación de contenido inflamable de impredecibles consecuencias.
La indicada legislación, impuesta con triquiñuelas jurídicas y torciendo el procedimiento reglamentario del parlamento, hizo una derogatoria de facto de disposiciones medulares de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, saltándose las vías que la misma estableció para reformas constitucionales. Estamos encarando ya las graves consecuencias de ello.
La rebeldía de Corte Plena se suma a otras rebeldías institucionales ya en curso, como las de las universidades públicas y la de las municipalidades; agobiadas ya éstas por la presión fiscalista del Ministerio de Hacienda que atrofia el desarrollo de las comunidades del país al imponer de topes de crecimiento a sus presupuestos, irracionales y abusivos.
Precisamente, en el caso de las municipalidades, la rebeldía institucional se materializará en las calles en fecha próxima, según lo tiene previsto la ANEP.
Irresponsables e ideologizados legisladores como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Muñoz Fonseca, Víctor Morales Mora y Yorleny León Marchena, al servicio del ya más que evidente fracasado modelo neoliberal, deben ser señalados con el dedo acusador ciudadano por impulsar una legislación altamente confrontativa en varios planos, como el de la calle (que no está ni agotado ni acabado), y como el institucional, tal y como lo estamos presenciando.
La Constitución Política fue quebrantada por la misma Asamblea Legislativa y su mayoría mecánica de signo neoliberal que opera bajo el dictado del gran “empresauriado” del país, tal y como lo denunció (valientemente, hay que reconocerlo), una señora diputada de la bancada del propio oficialismo.
Tenemos un altísimo grado de optimismo en cuanto a que el retorno del equilibrio en la sociedad costarricense, tendrá un fuerte contenido de reacción social y popular de enorme expresión cívico-callejera.
