Autor: ANEP

Secreto bancario, fraude fiscal y deuda insostenible

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¡Perdieron el debate! ¡No insistan más! Las causas fundamentales, esenciales, reales del déficit fiscal, no son los salarios que devengan las personas trabajadoras que laboran para el Estado. ¡Ésta se la ganamos!

¡Ahora sí! Desgranemos la mazorca. Hasta 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en fraude fiscal y evasión tributaria. Para este 2020, los entendidos, del lado de ellos, dicen que un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones: 372.000.000.000.

Tenemos que coger esta cantidad, 372.000.000.000 y multiplicarla por 8 veces: 2 billones 976 mil millones de colones anuales (2.976.000.000.000).

Esto es que quienes roban impuestos en todas sus formas y variedades, se están dejando para sus propios patrimonios financieros, unos 8 mil 153 millones de colones diarios, ¡cada 24 horas! (8.153.424.657,53 con exactitud).

¡Sigamos!: 6 puntos porcentuales PIB en exenciones-exoneraciones. Tampoco ya nadie refuta este dato. 372.000.000.000 (1 punto PIB), multiplicado 6 veces: 2 billones 232 mil millones de colones (2.232.000.000.000).

Entonces, cada 24 horas, en exenciones-exoneraciones, el Estado deja de percibir 6 mil 115 millones 68 mil 493 colones con quince céntimos: 6.115.068.493,15.

Juntemos ambas sumatorias por los numeritos diarios: 8 mil 153 millones de colones en robo de impuestos; más, 6 mil 115 millones de colones en exenciones-exoneraciones. Entonces, tenemos que andan en el aire, cada 24 horas, unos 14 mil 268 millones de colones (14.268.000.000).

Por otra parte, según lo ha afirmado el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, poco más de 5 puntos PIB consumirá el obsceno pago de intereses de la deuda pública en este 2020.

Entonces, 372.000.000.000 millones de colones (un punto PIB), multiplicado 5 veces nos da, 1 billón 860 mil millones de colones los cuales, divididos entre los 365 días del año nos arroja el dato de 5 mil 95 millones 890.410 colones.

¡Qué barbaridad! Redondeando tenemos que, prácticamente, sumados el monto diario de robo de impuestos y el de exenciones-exoneraciones, equivale a 3 veces el que hay que desembolsar cada 24 horas por pago de intereses de la deuda pública. ¿Es esto razonable y justo?… ¡Por supuesto que no!

No hay forma alguna de descalificar la propuesta del indicado ministro en cuanto a que se necesita la apertura del secreto bancario en sede administrativa y con las seguridades del caso, ante la realidad de que poco más de 14 mil millones de colones al día se quedan en las cuentas bancarias de personas y/o empresas inescrupulosas por concepto de los impuestos que se roban y/o por la amplia gama de exenciones-exoneraciones; mientras que, por otro lado, la cartera ministerial de Hacienda vive estrujando a todo el mundo ante la ineludible realidad de pagar, al día, casi 5 mil 100 millones de colones.

Tenemos entonces que, grosso modo, reduciendo en un tercio el monto de la evasión fiscal en todas sus dimensiones; y reduciendo en un tercio el monto total de las exenciones-exoneraciones, al juntarse ambos tiene usted una suma similar o cercana a la erogación diaria del pago de los intereses obscenos de esa impagable deuda pública.

¿Y qué decir de los casi 7 puntos PIB del lavado de dinero que la entidad Global Finance Integrity, para 2015, ocurre en Costa Rica? Hablamos, anualmente, de unos 2 billones 604 mil millones de colones. ¡Impresionante! 7 mil 134 millones 246 mil 275 colones. ¡Qué locura! Tiene usted, entonces, que el monto diario de lavado de dólares es un 70 % superior al monto diario del pago de intereses de la deuda pública.

No hay argumentos sólidos para oponerse al levantamiento (pleno, decimos nosotros), del secreto bancario. Son muchos números, cantidades muy grandes; que el PIB por aquí, que el PIB por allá; pero resulta imposible de disfrazar que todo esto está ocurriendo en estos momentos en la sociedad costarricense; y que, no es la gran mayoría de la población la que está involucrada en este fiestón de acumulación sin freno que -entre otras consecuencias-, ha generado dejar ubicada a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo.

Corregir todo esto, a lo que nosotros llamamos la Transformación Tributaria Estructural, es una tarea patriótica que no puede ser postergada por más tiempo. Este es el desafío más relevante de nuestro tiempo actual: el combate fuerte a la desigualdad pasa, necesariamente, por el impulso a una Transformación Tributaria Estructural la cual, como eje esencial, debe incluir el levantamiento del secreto bancario, de manera plena (es decir, que no dependa de un juez).

¿Aceptaremos el Espionaje?

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Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional, ANEP

El intento del gobierno por establecer de manera permanente y “con todas las de la ley” un departamento de recopilación de información ha generado cientos de reacciones que no debemos pasar por alto. Desde ANEP, como organización social, y orgullosa abanderada de los derechos humanos, en nuestras ramas de competencia, de inmediato que se anuncia la “creación” de esta oficina especializada, comienzan a trabajar los engranajes de análisis que nos caracterizan.

No es nuevo para nosotros, y tampoco debería serlo para una población bien informada, enterarse que en casa presidencial existe personal dedicado a reunir información específica sobre sus objetivos de interés. O bueno, no creerán que en realidad la DIS se dedica solo a compartir datos de relevancia con algunas autoridades de naturaleza investigativa, sería muy ingenuo de su parte amable lector, con todo respeto.

La novedad aquí es la forma descarada en que admiten que hace tiempo mantienen a personal enfocado en la única tarea de recopilar información, y escudan su absurda justificación con el alegato de que el objetivo es mejorar la toma de decisiones políticas. ¡AJÁ! Nuestra población debe darse cuenta, ahora más que nunca, que estos políticos que nos gobiernan, liderados por Carlos Alvarado, quien a su vez sigue órdenes de los grupos de poder económico (círculo al que él no pertenece, solo quiere encajar), están convencidos que somos tontos y nos quieren ver la cara.

Es una cuestión muy simple, si se quiere conocer el estado de la infraestructura de los centros educativos, de las delegaciones policiales, transporte público, carreteras es solo cuestión de preguntarle a los jerarcas que el mismo presidente ha colocado al frente de tales instituciones. ¿Sino que hacen a lo interno de cada entidad gubernamental, solo tomarse selfies? Recabar información sobre la cantidad de centros educativos con problemas de infraestructura es un asunto que la lógica nos dicta se conoce en el propio MEP, cientos de padres se quejan a diario por esta situación. Conocer las cifras de pobreza, comunidades vulnerables, falta de oportunidades y demás, bueno, sobran las instituciones que abordan estos temas; para nombrar solo algunas, tenemos el informe del Estado de la Nación, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, ICD, INEC, IAFA…entre muchas otros. Y bueno, sobre las carreteras, si el propio jerarca del MOPT no posee informes con la sectorización de los principales problemas viales de nuestro país, entonces estamos más fritos de lo imaginamos. ¿O es que la falta de capacidad y liderazgo del señor presidente no le permiten establecer una coordinación con su equipo para tener conocimiento de toda esta información?

Pues sobre la capacidad y liderazgo no me voy a referir (lo obvio no se dice), pero si queda muy en claro que las razones extendidas por casa presidencial no obedecen con honestidad a la realidad, y que los objetivos de recopilar data de la ciudadanía persiguen otros fines.

La lucha política es muy sucia, y sería una gran herramienta para una agrupación política específica poseer información personal de aquellos que pueden aspirar a ser sus contendores, señalándoles defectos de pago, amoríos, nexos con figuras polémicas de otros partidos, u otras equivocaciones de cada político en su plano personal. Tal accionar por si mismo es repulsivo, pero aprovecharse de los recursos públicos para fortalecer esta herramienta de espionaje, es sencillamente intolerable.

Pero los objetivos no serían solo políticos, también se incluirían líderes de organizaciones sindicales, de grupos comunales, periodistas, padres de familia que protesten contra las posibles acciones cuestionables de un director en un centro educativo. La información es poder, y cuando se tienen datos sobre la familia, sus horarios, los sitios que frecuentan y demás, es fácil extorsionar o coaccionar a alguien (si justo como hacen otros grupos organizados). Es decir, cualquier persona que desee protestar contra el sistema, o las decisiones políticas, sea pro vida, por derechos de algún sector específico, porque se quedan sin agua frecuentemente en la zona, porque conocieron de un auténtico “chorizo”, se convierte al instante en objetivo para buscar la forma de “invitarle” a dejar de ser una piedra en el zapato para los que tienen el poder.

Por si se pregunta inteligente lector: ¿De qué manera discriminarán a quienes se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en un objetivo? No pueden. ¿Entonces? Ah, simple, se meterán con la información personal de toda la población posible, para tenerla a mano en caso de que lleguen a necesitarla. Esta severa invasión a la privacidad preocupa, pues, aunque ya sabemos que desde hace décadas se ha recogido información privada de figuras que no son afines a los gobiernos de turno, pretender legalizar esta ilícita y burda actividad, y extenderla de forma descarada, es inaudito. Es increíble la cantidad de características que coinciden entre nuestro actual gobierno, con las formas de gobierno autoritarias y dictatoriales de otras latitudes en diferentes momentos de la historia.

Cerremos esta breve disceptación pensando en las peligrosas consecuencias de que nuestra información personal caiga en manos equivocadas (y ya hemos hablado antes que parecen haber vínculos entre algunos políticos y las estructuras de crimen organizado). En la actualidad experimentamos la forma en que algunas empresas se apoderan de la data, y la venden: ¿O cómo creen que en los navegadores o juegos de sus móviles les salen ofertas que muy seguido son congruentes con sus gustos personales? Ahora imaginen lo que nos podría suceder si nuestras galerías de fotografías, movimientos bancarios, transporte físico, lugares de visita, y el de nuestras familias, se recopila en un solo sitio, en el que no sabemos las personas que tendrían acceso a nuestra intimidad, ni mucho menos el uso le darían…Cada quien haga su propio análisis.

Seccional de bibliotecólogos y afines piden a Servicio Civil recalificación de funciones

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La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las funciones en la profesión de bibliotecología.

Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.

Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.

El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).

¿Cuál es plan?

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Por: Mainor Anchía Angulo

Para contrarrestar, o contener la incursión del crimen organizado en nuestro país, no he logrado ver algo diferente de lo que se ha venido haciendo durante los últimos quince años. Contrario sensu, es evidente que la mafia organizada diversifica sus operaciones, e incrementa su incursión en nuestro territorio; prueba de ello, los decomisos constantes de drogas en el sector de Corcovado y la más reciente incautación de poco más de cinco toneladas de clorhidrato de cocaína en las instalaciones de APM Terminals.  

Nuestras máximas autoridades siguen celebrando los “decomisos” de drogas, ilusoriamente aducen que ello representa un “duro golpe” al narcotráfico, lo cual, evidentemente, es una falacia. Ahora bien: ¿Cuál es el precio que hemos venido pagando como sociedad? En el año 2015, se registraron en nuestro país 557 homicidios, en el año 2016 se registraron 578 homicidios, en el año 2017, la cifra fue de 603 homicidios, y en el año 2018 la cantidad final fue de 585 homicidios. Tal como lo ha señalado el Organismo de Investigación Judicial, la mayoría de casos obedecen a temas vinculados con el crimen organizado.

¿Cuál es el plan? En el pasado (2014), los otrora jerarcas de la cartera de Seguridad Pública (Mario Zamora y Celso Gamboa), nos anunciaron la pomada canaria, bajo el título “los seis pilares de la seguridad ciudadana”. Haré mención del sexto pilar según lo anunciado y escrito en Diario Extra, bajo la firma del entonces viceministro de Seguridad Celso Gamboa:

“Estrategia contra el narcotráfico y crimen organizado: Con el uso de la inteligencia antes que la violencia, el país se convierte en el mayor incautador de drogas de la región, casi 35.000 mil kilos de cocaína y contando, 3.978.108 plantas de marihuana erradicadas y contando 389 organizaciones criminales desarticuladas, 282 vehículos decomisados y $11.457.858, así como poco más de ¢247 millones, responden a una estrategia dirigida a controlar: Tráfico internacional, tráfico local, violencia, corrupción, legitimación de capitales y lo más importante reducción en consumo.”

Evidentemente, no se cumplió con el ideal de controlar el tráfico internacional, el tráfico local, la violencia, la corrupción, la legitimación de capitales y lo más importante, el consumo de drogas nivel local. Por el contrario, se ha generado un alarmante incremento en todos los casos, y como todos sabemos, el gran mercado los EEUU y algunos países europeos, establecen alianzas y colaboran en el combate al narcotráfico, no obstante, en Costa Rica ponemos los muertos. La mayoría de homicidios están ligados con ajustes de cuentas, o sea, se dan como resultado de la disputa de territorio entre grupos narcotraficantes que han instalado sus operaciones en nuestro país.

Por ello, urge una verdadera estrategia, misma que debe incluir mejorar las condiciones laborales, la calidad de vida de nuestros uniformados. Resulta vergonzoso, verecundo, paradójico, que se desmejoren las condiciones de las personas que integran los Cuerpos Policiales; al mismo tiempo que se viene dando un incremento en la inseguridad ciudadana, como resultado de una mayor incursión del crimen organizado en nuestro territorio. Hago mención de la precarización salarial, la regresividad en materia de derechos laborales, producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9,635. A lo cual se le puede agregar la incerteza jurídica que viven cada día nuestros uniformados.

La constante en homicidios que ha mantenido nuestro país, repercute de manera negativa en su imagen internacional, lo cual, podría agudizar aún más el problema social de desempleo que vive nuestro país, por cuanto, en el corto y mediano plazo, se podría presentar una disminución en torno con la llegada de turistas, no en vano hemos bajado de categoría en dicha materia. Hago la pregunta con preocupación, toda vez, que el conocer desde adentro y de primera mano la vivencia policial, me permite decir que, históricamente se ha trabajado en función de la “supervivencia” del mando superior, o sea, de generar estadísticas para mostrarla a los medios de comunicación, sin que ello se refleje en una verdadera mejoría en la seguridad ciudadana. Por ello, una vez más es menester preguntar ¿Cuál es el plan?

El necesario y obligado levantamiento del secreto bancario

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Albino Vargas Barrantes , Secretario General ANEP

“El que nada debe, nada teme”, proverbio religioso oportunísimo para abrir el presente comentario. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, le ha pedido a la Asamblea Legislativa que apruebe, con urgencia, el levantamiento del secreto bancario, pleno (así lo definimos nosotros pues actualmente debe mediar para ello una autoridad judicial); definiéndole como una necesaria herramienta para combatir el fraude tributario y la evasión fiscal.

¡Aplausos! Definitivamente, la clase trabajadora, la que tiene empleo formal o la que se la está jugando en la informalidad, día a día; la de ingresos bajos y medios; la que está altamente endeudada y que tiene una liquidez salarial precaria; la que es puntual pagadora de los impuestos que le competen y que no los evade, pues, quiéralo o no, debe honrarlos casi que de manera inmediata al tiempo que percibe ingresos (estables o no), ¡debe apoyar el levantamiento del secreto bancario! Igualmente, las micro, pequeñas y medianas personas propietarias, de negocios.

Aunque desde los tiempos de don Helio Fallas Venegas, entonces Ministro de Hacienda en el período gubernativo-constitucional 2014-2018, se había hablado del robo de impuestos en los altos montos que esto estaba alcanzando ya en el país; la potencia política que parece asistirle al ministro Chaves Robles no da ya espacio, hoy en día, para desmentir que en Costa Rica el fraude tributario y la evasión fiscal están llegando hasta los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) al año.

La magnitud de esta estafa a la sociedad, o mejor llamarlo como crimen social contra toda la población, que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él, debe estar en los sectores de mayor acumulación de riqueza; de esos sectores (personas y corporaciones) que declaran cero ganancias o declaran cero pérdidas, pese a los nombres archiconocidos o prestigiosos de sus marcas y de sus empresas; denominaciones corporativas “libres de toda sospecha” que, en no pocos casos, esconden la plata de sus ganancias, legales y/o “controversiales” (por decirlo, elegantemente) en los paraísos fiscales.

Lo que llama la atención es que quienes ya empiezan a pegar gritos al cielo en contra de la propuesta del ministro Chaves, para que el Parlamento apruebe el necesario pero real urgente y obligado levantamiento del secreto bancario, pleno; son voces que proceden de los sectores del alto corporativismo megaempresarial metido en “controversias” tributarias (declarantes de cero ganancias y de “pérdidas”); son voces que han venido pidiendo el linchamiento político-social del conglomerado laboral del sector Público, responsabilizándole por el déficit fiscal, lo cual ya no es sostenible bajo ninguna circunstancia; son las mismas voces que ahora están clamando por la venta de activos públicos, montándose en la pifia política del ministro Chaves para que se privatice la Fanal y el banco Bicsa; son voces afines a los sectores político-empresariales de negocios que quisieran dejarse para sí, precisamente ya no solamente estas dos entidades del patrimonio público, sino ir más lejos, tiburoneramente hablando: dejarse el INS, el BCR, el ICE, el INS, Recope, el AyA y hasta la CCSS.

Lo ridículo de esta oposición megaempresarial al levantamiento del secreto bancario de parte de tales sectores archimillonarios es que son los mismos que han impulsado el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el “club de los países ricos”; cuando, precisamente, la OCDE tiene en funcionamiento, desde el año 2009, el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, al cual ya pertenece Costa Rica.

Es decir, nos meten a la OCDE, pero no quieren someterse a la transparencia tributaria, para efectos fiscales, de las riquezas que concentran; algo que es políticamente insostenible en materia internacional, toda vez que la autoridad política superior de la OCDE, el G20, en ese mismo año 2009, decretó “el final de la era del secreto bancario”. 

Oponerse al levantamiento pleno del secreto bancario en un acto antipatriótico en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Dados los altos movimientos de dinero sucio provenientes del crimen organizado y del negocio del narcotráfico que circula, anualmente, por la economía costarricense y su circuito financiero-bancario y comercial; amerita que las autoridades fiscales y tributarias del país sepan, con toda claridad, quién está ganando y acumulando plata como Dios manda, es decir, limpiamente; y quién concentra riqueza y ganancias valiéndose de dineros y de capitales de dudosa reputación, por no decir, abiertamente, sucios y ensangrentados.

En estos momentos cruciales de la historia nacional, con tanto desempleo, tanta desigualdad, tanta precariedad laboral; tanto endeudamiento salarial; tanto cierre-quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas; quien se oponga al levantamiento del secreto bancario pleno, tal y como lo pide el ministro Chaves, es porque se siente culpable del dinero que acumula, a lo mejor indebidamente; es porque sabe que su procedencia podría ser difícil de demostrar; es porque se podrían descubrir sus conexiones, enlaces, vínculos turbios; o es porque, aun cuando sea plata bien habida, simplemente evade sus responsabilidades tributarias y, por tanto, le está robando a toda la sociedad. Terminamos este artículo con otro proverbio religioso: “el que mal anda, mal acaba”.