Dada la circunstancia sociohistórica tan especial que estamos viviendo a raíz de la pandemia global Covid-19, se requieren tomar medidas atípicas, excepcionales; especialmente medidas que rompan tabúes y dogmas, sobre todo macroeconómicos y fiscales, tal y como lo están haciendo ya algunos gobiernos enfrentados, como el de Costa Rica, a esta pandemia.
Constas en nuestras publicaciones, algunas en este prestigioso medio de comunicación, que hace tiempo venimos planteando que la deuda pública costarricense es, prácticamente, impagable; y que se requiere una auditoría ciudadana para manejarla hacia futuro pues, según la ideología neoliberal, estamos llegando a un punto “catastrófico”: 60% puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en este momento (se dice), vamos por el 58,5%. Sin embargo, nadie nos ha explicado por qué el 60% es el punto apocalíptico; por qué no el 61%, por qué no el 62%, por qué no el 70%, etc.
Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este momento es la circunstancia de que, según el presupuesto de la República para este año 2020, tal y como fuera aprobado por la Asamblea Legislativa; se contempla una erogación por concepto de intereses de la deuda pública, de unos 2 billones de colones; mismos que divididos entre los 366 días de este año, implica que cada 24 horas el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar alrededor de cinco mil quinientos millones de colones (5.500.000.000.oo).
¿Se imaginan ustedes lo que esa cantidad de dinero, al día, podría ayudar a que la gente se preparara mejor para enfrentar las consecuencias diversas de la epidemia del Covid-19; en lo sanitario, en lo económico, en lo social, etc.? Y es que cada semana que dure la emergencia, el gobierno dispondría de treinta y ocho mil quinientos millones de colones (38.500.000.000.oo): ¿cuántas microempresas podría el gobierno auxiliar a la semana con esta cantidad de dinero?
No vengan a salirnos con el cuento de que no se puede. No vengan con la excusa de que si no se honran los compromisos financieros derivados de la deuda pública se mandaría una “mala señal” a los mercados financieros. La mayoría del volumen de la deuda pública del país, ha sido contraría con acreedores internos. Son acreedores internos de mucha solvencia que no se van a ir a la quiebra por una moratoria en el pago de sus intereses, durante tres meses, seis meses, y hasta un año. Esa sí sería una decisión de un gobierno con pantalones, que piensa en el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de pequeños grupos. A muchos en Costa Rica los deslumbran “los goces de Europa”, bueno, ahí tienen lo que está decidiendo el presidente francés, Emmanuel Macron; o su colega español Pedro Sánchez.
Las propuestas que está haciendo Alvarado Quesada y su gobierno para que Costa Rica enfrente la pandemia del Covid-19, en todos los ámbitos en que ya se está manifestando, especialmente en el área del empleo y de la sostenibilidad de las empresas, no darán los frutos esperados sino se le entra duro al problema de la deuda pública del país y su obsceno pago de intereses. Están pretendiendo sortear la tormenta con una sombrillita para infantes; y además, con el agravante de que lo recibido habrá que devolverlo.
Finalmente, la pandemia del Covid-19 se ha encargado también de contaminar al sagrado dogma del mercado como está siendo constatado; y lo dejó al desnudo ante su incapacidad de atender la emergencia social. Para eso está el Estado; y la parte más sucia del mercado, que es la financiera, deberá pagar el precio, no la gente. Lo que está en juego es la Humanidad.
