Autor: ANEP

El allanamiento a la Casa Presidencial, tardíamente efectuado, pero allanamiento al fin, efectuado por la Fiscalía General de la República en la mañana de este viernes 28 de febrero de 2020, debe ser interpretado como un duro golpe para los grupos de gran poderío económico-financiero que adoptaron a Carlos Alvarado Quesada como su “gerente político”, a partir del resultado de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2018.

Pretendieron que él impulsase (como efectivamente ocurrió), medidas de ajuste macroeconómico fiscal de corte neoliberal, en contra del bien común y de la inclusión social, como el paquetazo del IVA, la perversa regla fiscal y el virulento ataque al empleo público.

¡Así ocurrió! Alvarado está pagando (por tal razón y por otras similares de su errática gestión), un altísimo costo al punto de que su propia credibilidad y su propia legitimidad sufren el más grave deterioro que presidente alguno mostró desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949.

Estafar políticamente al electorado como él lo hizo al aliarse con esos grupos del megacorporativismo empresarial, básicamente aglutinados en el sindicato patronal UCCAEP; enfrentarse, ya como gobierno, a las organizaciones laborales y sindicales en el 2018 con ocasión del trámite de la hoy fracasada ley del combo fiscal; la constatación popular, hoy muy extendida, de que tal legislación ha venido perjudicar a las grandes mayorías ciudadanas que son las menos responsables del déficit fiscal; y, compartir la gestión presidencial íntima con arribistas del bipartidismo tradicional PLUSC,  así como con el inexperto “kindergarden” político-asesor PAC en su círculo cerrado, le tienen contra las cuerdas; y si no fuera por las muletas mediáticas del gran negocio de las noticias editorializadas que lo están sosteniendo, Alvarado estaría más políticamente liquidado de lo que ya lo está.

La operación encubierta de la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales (UPAD), destapada, al inicio, “curiosamente” por una de las apoyaturas mediáticas más ligadas al capital financiero del país, misma que al principio de la gestión Alvarado actuó como su “club porrista” más entusiasta en el mundo del periodismo digital (específicamente en cuanto al inmisericorde e infame ataque al personal asalariado del empleo público); abre enormes interrogantes no solamente a lo que pareciera ser el fin de tal apoyo a Alvarado; sino en cuanto a las verdaderas razones que se gestaron en el seno del despacho presidencial mismo, para el impulso de gran opacidad a la hoy cuestionada UPAD y todo lo conexo que con ella está apareciendo.

Ahora bien, es innegable que Alvarado y su equipo más cercano se ha adherido al conjunto de grupos y sectores de lo que conocemos como la clase política tradicional, misma que -como bien sabemos-, originalmente ha estado comandada por los partidos Liberación y Unidad (que la gente asumió originalmente como el PLUSC); y ahora PLUSC-PAC, por la ampliación al Partido Acción Ciudadana; de forma tal que comandadas las tres agrupaciones partidarias desde el punto de vista ideológico por el neoliberalismo, con su característico odio a la participación estatal en el desarrollo socioeconómico; empieza Alvarado a convertirse en un “problema” por los yerros de su estilo de gestión presidencial, su soberbia y su vanidad, así como por esta extraordinaria habilidad para ganarse las antipatías de la gente, al punto de que las demandas para que renuncie a su cargo siguen aumentando día con día.

Pareciera que han decidido dejarlo sólo sus aliados partidarios de ideología macroeconómico fiscal de corte neoliberal, principalmente las voces político-gerenciales más connotadas de la actual Asamblea Legislativa, pertenecientes a Liberación y a la Unidad (más el turequismo oportunista y rentista de la deuda político-electoral); pues, luego del escándalo de la UPAD y del espectacular allanamiento de la Fiscalía a la Casa Presidencial, seguir al lado de él es un suicidio político.

A fin de cuentas, como lo que interesa es la plata y la acumulación de capital (incluida la venta de los jugosos activos de propiedad pública que todavía quedan), tienen los votos para hacer avanzar la agenda legislativa contraria al bien común (hasta los de la propia fracción gobiernista); así que, si Alvarado debe hundirse, que lo haga enterrándose solo.

La circunstancia política en desarrollo, de gran sensibilidad para la propia estabilidad institucional de la República, no se corresponde con una buena capacidad articulada que pueda emerger desde ese amplio abanico de la resistencia potencial de carácter estratégico, que no encuentra el punto clave de la convergencia como para mostrarse en contraposición desafiante a esos grupos del alto corporativismo empresarial de los macro-negocios que parece han decidido jalar la cadena y que Alvarado se haga su propio harakiri político con sus experimentos de laboratorio político de control social mediando agencias de inteligencia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La institucionalidad del régimen municipal del país apenas empieza a tomar plena conciencia de la gravedad que implica la intromisión del Ministerio de Hacienda en la vida republicana de los gobiernos locales, por la imposición a éstos de la denominada regla fiscal, en contra de las aspiraciones legítimas de que el desarrollo local, vía las municipalidades, alcance mayores impactos en la Costa Rica actual, la de la exclusión y la de la desigualdad.

Para este año 2020, el Ministerio de Hacienda ha ordenado a todas las municipalidades del país que sus respectivos presupuestos no puedan crecer más allá de un 4.67%, con lo cual les obliga a contraer planes de expansión de cobertura de sus servicios, a no asumir nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico, o bien, a golpear a aquellos que estén en proceso; e, incluso, a recortes de personal, como ya nos consta.

Obligar a las municipalidades a asumir las consecuencias de unas políticas públicas de endeudamiento que, irresponsablemente, han asumido las últimas administraciones gubernativas del tripartidismo PLUSC-PAC, constituye un verdadero acto de irresponsabilidad social y, peor aún, un atentado a la Democracia misma.

Particularmente, llamamos la atención para las nuevas autoridades que asumirán escaños en los concejos municipales en el próximo mes de mayo, tanto como corresponde indicarle a las alcaldías del período constitucional venidero (las nuevas y las reelectas); acerca de que las promesas y los compromisos que se asumieron con ocasión de la pasada campaña electoral de las elecciones municipales, no se podrían cumplir a plenitud dada la intromisión fiscalista del Ministerio de Hacienda en los presupuestos de los gobiernos locales. La gente que les votó podría sentirse engañada y, otra vez, estafada, políticamente hablando.

Es conveniente y necesario ponerse a pensar en esto: ¿qué pasará si para el 2021, la orden imperial-fiscalista del Gobierno Central, vía la cartera ministerial de Hacienda, es que las municipalidades no puedan crecer, presupuestariamente hablando, en un 5.50%; si para el 2022, las obligan a observar un 7% de contención de crecimiento presupuestario?; y, ¿qué pasaría si para el 2023, por el contrario, la orden es recorten-rebajen un 5 o un 6% (o más), del presupuesto ordinario?…

Somos del criterio de que las municipalidades, por tener esa característica de ser la forma de gobierno republicano más cercana a la gente, están destinadas a asumir mayores responsabilidades de política pública; precisamente ante la parálisis (por no decir, quiebra), del Estado central, ahogado éste por un endeudamiento imposible de honrar, además de estar estrangulado por un pago, obsceno y escandaloso, de unos 5 mil millones de colones al día.

Prácticamente, el 100% de las ingresos de las municipalidades provienen de recursos propios, de tributos que paga la ciudadanía local, misma que aspira, con sobrada legitimidad, a mejor calidad de vida, integralmente conceptuada ésta; desde adecuados servicios de recolección de basura y su exigente y necesario tratamiento de desechos sólidos, pasando por nuevos servicios de seguridad comunal ante el avance criminal, así como nuevas alternativas de recreación, de cultura y de sano esparcimiento para el fomento de vidas sanas; destacando políticas de asistencia social para las poblaciones más vulnerables de sus cantones.

Creemos que es imposible que la tecnocracia fiscalista de corte neoliberal, inspirada en nefastos postulados fondomonetaristas puede comprender, cabalmente, las necesidades sociales y comunales de todos esos poblados postergados de una gran cantidad de municipios del país; los cuales, ahora, verán más cortadas sus posibilidades y sus voluntades de atención de las necesidades de la gente que atienden, porque recibieron una orden desde la Avenida Segunda de San José para que recorten presupuesto, para que no expandan, para que le entreguen a la cartera ministerial de Hacienda, sus “superávits”.

La enorme torpeza política, combinada con el fanatismo ideológico anti-estatista que impregna el quehacer parlamentario de la actual Asamblea Legislativa, violentó groseramente la autonomía constitucional del régimen municipal con la inclusión en el mismo en la nefata legislación 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, popularmente conocida como la ley del combo fiscal. La no menos nefasta regla fiscal arrasó con varias autonomías constitucionales, incluida la de las municipalidades.

Dos proyectos de ley están presentados para corregir el grave error de la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales. Al parecer, ya habría algún nivel de conciencia entre algunas personas diputadas actuales que le dieron su voto a esa ley, que estarían admitiendo que con las municipalidades se cometió un monumental error en esto de la regla fiscal. Es urgente que se aprueben y ambos expedientes pueden ser conjuntados para bien de la comunidad municipal costarricense.

Finalmente, creemos que es imprescindible que las autoridades municipales salientes y entrantes, que toda la población trabajadora de los gobiernos locales y sus diversas expresiones organizativas, que las comunidades y que las fuerzas vivas cantonales, sin miramientos de color partidario alguno, cierren filas para defender al régimen municipal costarricense. Nos atrevemos a decir que, desde la promulgación de la actual Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949, jamás las municipalidades habían enfrentado un peligro semejante: la regla fiscal y la contraproducente carga ideológica que conlleva, misma que es enemiga del desarrollo local con integración social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Gran explosión de enojo cívico ha causado el Decreto Ejecutivo No. 41996-MP-MIDEPLAN, creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, siglas UPAD, al publicarse en el diario oficial La Gaceta la semana pasada, aunque había sido emitido desde octubre anterior.

Nosotros mismos, en nuestras primeras reacciones, calificamos a la tal UPAD como una especie de Gestapo nazi, guardando las lógicas distancias de espacio, tiempo y magnitud; preocupados profundamente por las amplias potestades que se le dieron a la ya hoy tristemente célebreentidad de espionaje tico, especialmente por estar, prácticamente, de escritorio de por medio, ubicada en el despacho presidencial.

Si nos ponemos a analizar con cuidado el artículo 7 del indicado decreto ejecutivo, lo primero que usted nota es que tal calibre de atribuciones que se le dan a la UPAD, son tan amplias y poderosas que deberían otorgársele mediando una ley específica emitida por el parlamento y, aun así, no se escapa de que un control riguroso de constitucionalidad señalaría graves violaciones a la Carta Magna.

Lo segundo es que la siguiente frase fomenta todo tipo de imaginación para los tiempos actuales, que son los de El Gran Hermano, es decir, la vigilancia digital y el control electrónico al que ya estamos sometidos millones de seres humanos: “…también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.

Esa información de carácter confidencial que manejan las entidades estatales tiene que ver con la vida económica, social y hasta política de las personas; de ello que la gran reacción adversa de la gente contra el gobierno de Alvarado, así como la de políticos de diversos bandos, tenga un peso tan grande que no se podía desconocer al punto de que, poco después de publicado, el decreto de la UPAD fue derogado.

Constatamos lo anterior si leemos con cuidado ese artículo 7, del Decreto Ejecutivo No. 41.996-MP-MIDEPLAN: “Artículo 7º. – Obligación de acceso a la información. Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos. En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”.

La UPAD puede pedir toda la información que le dé la gana, aún la confidencial; y, las entidades públicas deben permitirle el acceso a toda la información que guarden en sus propios bancos de y almacenamiento de datos. Nada se escaparía al gran ojo de la UPAD.

Y en cuanto a que a la UPAD no tendría acceso a información catalogada como secreto de Estado, esto suena a una ridiculez, además de que el secreto de Estado necesita recibir una declaratoria presidencial específica para catalogarse como tal; de modo que no sería nada complejo saber qué cosas tienen el rango de secreto de Estado. Además, ¿sabe alguien cuántos secretos de Estado existen?…

Uno de los misterios más llamativos de toda esta situación es qué motivó a los ideólogos de la UPAD para su creación con tales connotaciones: acceso irrestricto a toda la información pública y hasta la de carácter confidencial.

Esta dependencia estratégica de la Casa Presidencial ya venía funcionando desde hacía unos 18 meses (¡bueno!, eso es lo que se dice), de modo tal que aparte de hacerlo en la ilegalidad (pues el decreto se le dio), la gente debe saber cuál es toda esa información a la que tuvo acceso durante todo el tiempo en que estuvo oculta; y, muy importante, cuáles fueron las decisiones presidenciales que se tomaron con base en los datos proporcionados por esa UPAD.

Ahora que la propia Defensoría de los Habitantes de la República indicó que procederá a una investigación de todo lo concerniente a la misteriosa UPAD, sería muy oportuno que los hallazgos que encuentre los haga del conocimiento público lo más rápidamente posible; y que los presente en un evento abierto al que puedan acudir personas y organizaciones interesadas en lo que podría ser el más sonado caso de espionaje tico.

De todos modos, siempre hemos sido espiados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Así que si la UPAD le quiso hacer competencia con la atribución del acceso a datos confidenciales de las personas depositados en instituciones públicas, bien haría la Defensoría en indicarnos en qué casos y circunstancias ello pudo haber ocurrido.

Y, ¿qué es lo diferente ahora? La magnitud de la estupidez política nunca antes vista de ciertas voces detractoras de la UPAD, ligando a Alvarado y a sus espías con procesos políticos de otras naciones latinoamericanas; como si no fuera evidente el matrimonio ideológico entre la política económico-fiscal del gobierno de Alvarado con algunas histéricas voces reactivas a la UPAD, juntitos en esto del neoliberalismo.