Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, ANEP

Las verdaderas causas del problema fiscal del país están, ahora, adquiriendo su real dimensión y, hay que admitirlo abiertamente, producto de la nueva gestión política en el Ministerio de Hacienda a cargo del señor Rodrigo Chaves Robles.

Él ha puesto énfasis en varios aspectos con relación al grave problema fiscal nacional, algunos de los cuales, por supuesto, no compartimos. Ahora bien, dos de ellos resaltamos nosotros que han sido de reiterada preocupación en la causa que defendemos, a partir de haberse dado en el país la más grande ofensiva político-mediática de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de un segmento de la población costarricense del país: las personas trabajadoras asalariadas del sector público, a la cuales se les venía responsabilizando del problema del déficit fiscal.

Ahora, tal y como lo veníamos sosteniendo, no podrá el país superar tal problema si no se “agarra el toro por los cuernos” en lo siguiente. Por un lado, atender el desafío que representan los 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), reconocidos por el indicado jerarca como la cifra de evasión fiscal y de fraude tributario anuales. A ellos debemos sumarle la cifra de exenciones-exoneraciones, también oficial, de 6 puntos PIB.

Por otra parte, y la más grave, está representada por el elevadísimo monto de la deuda pública y su exorbitante cifra diaria de pago de intereses, calificado como “obsceno” por la persona en el cargo de Ministro de Hacienda que le antecedió al Sr. Chaves Robles.

Se estima que la deuda pública del país está ya, en unos 37 mil millones de dólares y al terminar la presente gestión gubernativa, en el 2002, ya habría pasado los 40 mil millones de dólares si el indicado jerarca logra que la actual Asamblea Legislativa le autorice un nuevo endeudamiento, eurobonos, por un monto de 4.500 millones de dólares.

Tal cifra de deuda está implicando, en estos momentos y sin ese monto adicional en perspectiva, una cantidad de casi 5 mil millones de colones por día, ¡cada 24 horas!, en pago de intereses, según datos del Ministro Chaves en cuanto a que para este año 2020, poco más de 5 puntos PIB deben destinarse para tal fin.  

Es en este punto en el cual queremos llamar su atención en lo siguiente: si la deuda pública es de semejante magnitud y el pago diario de los intereses obscenos que demanda, ¿no cree usted que debería auditarse? ¡Así es! Hace un tiempo un distinguido grupo de costarricenses planteó la idea que nosotros, de manera entusiasta, apoyamos. Le urge a Costa Rica tener claridad de qué entidades, qué personas, cuáles son nacionales y cuáles extranjeras, son las acreedoras del país.

Se necesita saber cuál es la cuantía de deuda pública que se le debe a acreedores internos y cuál es la cuantía a acreedores externos. Se ocupa saber los términos de ese endeudamiento en cada caso, tasas de interés, plazos, vencimientos, casas jurídicas representantes, entes financiero-bolsistas intervinientes y similares. Cuánta de esa deuda podría reestructurarse, redefinirse en plazos, fundirse, canjearse, etc., etc. Y, no menos importante, cuánto de esa deuda pudiera ya haberse pagado de sobra por la carga abusiva de intereses, tal y como sucede con las deudas de los mortales altamente endeudados con tarjetas de crédito, con créditos de electrodomésticos, por ejemplo. Es decir, cuánto de esa deuda debe ya considerarse amortizada.

Uno piensa que hay dos formas de ejercer tal auditoría de la deuda. Una sería mediando la emisión de una ley dictada por la Asamblea Legislativa en cuya elaboración tomen parte especialistas de reconocida independencia y solvencia moral y profesional, como los de las universidades estatales y algunas privadas ya reconocidas como prestigiosas y de altísima calidad académica. Por supuesto, las personas especialistas de la autoridad hacendario-financiera del país en sus diversas manifestaciones institucionales. Esta vía podría ser sumamente difícil pues la actual composición parlamentaria no parece ser proclive al interés del bien común dado que se ha venido denunciando el excesivo peso político de los banqueros en la política nacional; banqueros con un interés directo en que el estado actual de las cosas en materia de deuda pública siga como está.

La otra podría ser la conformación de una organización cívica de diferentes procedencias sectoriales que, autónomamente, con base en experiencias internacionales exitosas en estas cuestiones, pudiera generar un esfuerzo libre de toda intromisión partidaria y acometer semejante tarea histórica, para lo cual, seguros estamos, sobran voluntades y mentes de altos quilates dispuestas a aportar en tal sentido.

Lo que sí es contundentemente conclusivo es que esta cuestión del endeudamiento y de los altos intereses que conlleva está provocando que el país esté ya pisando arenas movedizas de consecuencias gravísimas ya no solamente para la generación presente sino para la de los y de las costarricenses que todavía no nacen. La auditoría, ciudadana o no, de la deuda es un imperativo patriótico ineludible.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El ciudadano don Juan Diego Castro Fernández ha formulado un vehemente emplazamiento público, mediante un video que circula ya en redes sociales, al también ciudadano don Leonel Baruch Goldberg, reconocido acaudalado político-empresario-banquero, acerca de su papel en el negocio de financiamiento de varios partidos políticos participantes en la campaña electoral del 2018.

En lo específico, nos dice don Juan Diego que don Leonel se ganó una cantidad de dinero cercana a los 2 mil millones de colones producto de la plata que le prestó a los partidos Liberación, Unidad, PAC y Frente Amplio; pues a los cuatro les dio a crédito una suma superior a los 10 mil millones de colones.

Decidimos terciar en el asunto desde dos perspectivas, con base en la orientación político-ideológica del periódico digital propiedad del banquero Baruch, en cuanto a exigir del funcionariado público total transparencia con los fondos públicos mediante las correspondientes notas de prensa que elaboran los y las profesionales asalariados del medio digital de su propiedad.

En primer lugar, es más que conveniente y necesario que don Leonel haga pública su declaración de impuestos para que la ciudadanía sepa que sí tributó renta con base en esos casi 2 mil millones de colones que se ganó por intereses de préstamos con base a dineros públicos de deuda política (fondos públicos), que reciben los indicados partidos. Es decir, es plata del pueblo costarricense la que hizo más grandes las arcas de don Leonel; y, por tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber sí tributó al respecto y cuánto tributó.

En segundo lugar, ni menos relevante que lo planteado en el punto anterior; es la imperiosa necesidad de que don Leonel explique la procedencia de la plata que prestó al PLUSC-PAC y al FA (10 mil millones y resto de colones), desde dos ángulos.

1. Si es netamente propia, proveniente de su fortuna personal acumulada en buena lid, cuán congruente son sus declaraciones tributarias con relación a su real patrimonio capital; un reto que debería asumir la tributación hacendaria para auscultar, considerando que la posesión privada de semejante cantidad de dinero resulta imposible de pasar desapercibida pues se hizo público el asunto al pasar a ser esa plata destinada para deuda política en condición de préstamo para campaña electoral que los partidos involucrados aspiran a recibir de las arcas públicas.
2. Si la plata prestada a esos partidos es proveniente de inversionistas que son clientes de su banco, don Leonel; entonces es imperativo ético-moral insoslayable que usted le hable al país acerca de la identidad-procedencia de esos inversionistas y sus dineros; toda vez que sabe muy bien usted que, en la actualidad, los flujos ilícitos de capital en el sistema bancario-financiero del país están a la orden del día; especialmente esos dineros lavados que, en palabras del propio Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, representan 22 puntos PIB anualmente.

Comprenderá usted, don Leonel, que nos motiva una sana y cívica preocupación con esta interpelación a su persona; dada la alta relevancia de su papel en los ámbitos de la real hegemonía que direcciona las principales decisiones políticas del país en estos momentos.

Sabe usted muy bien que la cosa pública, hoy, es sumamente “controversial” como se constata fácilmente con las publicaciones periodísticas del medio de comunicación digital de su propiedad. Y ese altísimo nivel “controversial”, es más profundo y preocupante cuando la cosa privada se interrelaciona con la pública como en este caso; mismo que abrirá cualquier cantidad de interrogantes si usted decide quedarse callado.

Razón más que suficiente para calibrar la importancia de que en Costa Rica el levantamiento del secreto bancario en este tipo de transacciones financieras y para efectos tributarios sea una realidad.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna estamos en una de las etapas más difíciles de la historia republicana costarricense, al menos desde el establecimiento de lo que se conoce como la Segunda República: es la época del caos fiscal.

Luego de meses y meses, semana tras semana y día tras día de soportar la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, jamás desplegada en contra de un sector de la población y ejecutada por el periodismo violento, el del odio, este ha fracasado. Las verdaderas razones del caos fiscal nacional están en otra parte, no en el salario que devengan quienes laboran para el Estado, más allá de lo que debe y deba ser corregido.

Con la llegada del señor Rodrigo Chaves Robles -a quien no conocemos-, al cargo de Ministro de Hacienda, muchas cosas de la verdadera real realidad del caos fiscal nacional han comenzado a tomar rango de política de Estado; y, aunque de su enfoque del problema se puedan tener diferencias, varios de sus planteamientos viendo siendo formulados, hace ya bastante tiempo, desde la corriente sindical en la cual militamos. Veamos:

Ya es oficial que el robo de impuestos (como nos gusta llamar nosotros a la evasión fiscal) está llegando a representar hasta 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) ¡anuales! Es decir, unos 2 billones 800 mil millones de colones. A ellos hay que agregar, los 6 puntos PIB en materia de exenciones-exoneraciones, cifra que hace ya tiempo había logrado el rango de dato oficial. Entonces, tiene aquí usted un terreno fértil de 14 puntos PIB para ir a buscar soluciones al grave problema del déficit fiscal: unos 4 billones 900 mil millones de colones anuales.

Levantar el secreto bancario como lo propone el ministro Chaves Robles, lo cual apoyamos nosotros de manera entusiasta, es algo sumamente necesario e impostergable, como consecuencia de lo anterior. Este tema de la fuerte evasión tributaria nunca fue agenda central mediática para el periodismo violento, el del odio; y, muy probablemente, se opondrán a que se levante el secreto bancario, pues, como sabemos, optaron por vilipendiar al funcionariado público, criminalizándolo socialmente por trabajar para el Estado.

Todo mundo lo sabía, ha sido secreto a voces; y, mucho mejor que todos, ha sido de amplio conocimiento para ese periodismo violento, el del odio: el dinero proveniente del lavado de dinero, del negocio sucio del crimen organizado ha llegado a representar 22 puntos de PIB al año: es decir, 7 billones 700 mil millones de colones. El ministro Chaves Robles se rajó e hizo echar pus al apretar esa llaga enferma del tejido social y político del país. Nosotros nos quedamos cortos pues manejábamos que el dato al respecto era el de unos 6,9 puntos PIB.

Al entrar en vigencia el levantamiento del secreto bancario, muchas verdades aflorarán en este asunto del fraude fiscal; y hasta el momento lo que se consideraban capitales respetables, “libres de toda sospecha”, podrían dejar de serlo. La gritería que ya se está dando para impedir que en el país se dé una transparencia tributaria total a respecto, podría estar surgiendo desde esas fortunas suciamente generadas y/o desde esos grandes capitales escondidos en paraísos fiscales. 

Tenemos certeza de que la abrumadora mayoría de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que no tienen escapatoria alguna en cuanto a hacerles frente a sus obligaciones tributarias, aplaudirán el levantamiento del secreto bancario con tales propósitos de justicia impositiva real. Es el dinero narco el que le teme al levantamiento del secreto bancario.

También ahora todo queda claro que es el elevadísimo monto de la deuda pública y el escandaloso pago diario de sus intereses, parte fundamental del caos fiscal que nos está ahogando como país. El periodismo violento, el del odio, tuvo por mucho tiempo invisibilizado el tema y solamente hacía mención de ello ocasionalmente y como trámite informativo casual, dado que la prioridad de cobertura mediática era el ataque artero, el vilipendio, el prender la hoguera de la noticia de sesgo editorializado contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas. Pues, fracasaron también en esta línea “informativa”.

El tripartidismo gobiernista de corte neoliberal, el del PLN-PUSC-PAC, acumula una deuda pública del orden de los 37 mil millones de dólares, con un pago diario de intereses imposible de tolerar: 5 mil millones de colones diarios, ¡cada 24 horas! La propuesta creativa del ministro Chaves Robles es cambiar deuda cara por deuda barata, pero, eso sí, que se aprueben nuevos endeudamientos, entre ellos, 4 mil 500 millones más en eurobonos, algo así como para que el gobierno de Alvarado Quesada termine su gestión y le pase la bomba explosiva, con mecha encendida, al siguiente.

Eso parece más difícil ahora dado que una de las tres integrantes la “policía financiera del planeta”, la calificadora de riesgo Moody’s, bajó la calificación de la deuda del país y, de un porrazo, esta subió en unos 250 millones de dólares. Si las otras dos, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, hacen lo mismo, entonces el caos fiscal nos puede llevar hacia una debacle, dentro de lo cual hablar de un default (cesación de pagos) podría no ser tan lejano.

Nos queda mucho para analizar sobre la propuesta fiscal del ministro Chaves Robles como la venta de activos o el tema del empleo público. Por ahora, quisimos destacar el fracaso de la matriz mediática centralmente dominante, la del periodismo violento, el del odio pues el déficit fiscal nunca ha sido responsabilidad de quienes laboran para el empleo público. ¡Siempre hemos tenido la razón!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Después de tantísimo tiempo de insistir en el asunto parece ser que, ¡al fin!, la esencia del gravísimo problema fiscal del país emerge con el planteamiento oficialista de sus verdaderas causas: es la deuda pública y su obsceno y abusivo pago de intereses la base del caos fiscal, por una parte. Por otra, la naturaleza profundamente injusta del sistema tributario costarricense y la estratosférica evasión fiscal-robo de impuestos en todas sus manifestaciones, así como el sistema, también abusivo, de las exenciones-exoneraciones.

¡Se nos dio la razón! El periodismo violento, el del odio, ha sido derrotado: su prédica perversa, la nefasta operación de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, responsabilizándoles del déficit fiscal, ha sido desenmascarado y quedó, como siempre debió haber sido, desacreditado. ¡Enhorabuena!

Ahora que empieza a cobrar estatura de política de Estado las verdaderas razones del problema fiscal nacional, nada mejor que poner cuidado a las más recientes reflexiones del papa Francisco, en torno a estos temas. En verdad, son alentadoras y dan fuerza ético-moral a quienes, como indicamos, llevamos muchísimo tiempo luchando para que emerja la justicia y la real razón del caos fiscal nacional.

El papa Francisco la emprende contra esas políticas de “sacrificios insoportables” que se les imponen a los pueblos a propósitos de las grandes deudas de sus países. La Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano acaba de realizar un seminario denominado “Nuevas Formas de Solidaridad”, contándose con la presencia de la recién nombrada directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva.

La información de prensa en nuestro poder y que da cuenta de ese evento indicó que, según el papa Francisco, la deuda pública en un país podría constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social cuando termina orientada hacia otras finalidades como la especulación financiera. Nosotros pensamos que esto ya está pasando en Costa Rica, dado que, por ejemplo, para este año 2020, cada 24 horas, se deben destinar unos 5 mil millones de colones solamente para el pago de intereses.

Es fuerte la indicación de la máxima autoridad eclesiástica católica del mundo en cuanto a que no puede condenarse a los pueblos a la desigualdad social o, incluso, generar una especie de “parálisis frente a la injusticia, por el tema del pago de la deuda pública de un país; apelando a la sensatez para exigir el pago de la misma, en este caso, interpelando al propio FMI.

Aboga el papa Francisco por una “nueva arquitectura financiera internacional”, demanda ineludible e impostergable. Ante el abultado e impagable monto de la deuda pública costarricense que asciende ya a unos 37 mil millones de dólares, gobernantes sanos deberían impulsar una nueva arquitectura del sistema financiero nacional que, entre otros aspectos, incluya una fuerte auditoría ciudadana de esa deuda y el establecimiento de una serie de estrategias para hacerle frente a la misma sin que caigamos en “parálisis frente a la injusticia”.

Esa “nueva arquitectura financiera internacional” a juicio del papa Francisco es aquella que “apoya el desarrollo de los países pobres, aliviando su deuda, sin paraísos fiscales, evasión y blanqueo de dinero que ‘roban a la sociedad’, con gobiernos que defienden la justicia y el bien común con respecto a intereses de las empresas y multinacionales más poderosas”.

En Costa Rica, la deuda pública, los paraísos fiscales, la evasión y el blanqueo-lavado de dinero están dentro del conjunto de las enfermedades generadoras del caos fiscal en que estamos.

Resulta de obligada lectura que reparemos en esta contundente afirmación del papa Francisco que calza como anillo al dedo a la situación del espeluznante nivel de endeudamiento público de nuestro país: “No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso”.

Precisamente eso es lo que, a nuestro modo, venimos planteando para el caso costarricense: aunque estimamos que la deuda pública tica es impagable; la necesidad de su reestructuración y de su reingeniería financiera se impone sin discusión y, repetimos, mediando el mecanismo de una auditoría ciudadana.

El papa Francisco profundiza en el tema de la deuda y la asocia con la concepción teológica de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, pues establece que los recortes de impuestos para los más ricos en nombre de la inversión y el desarrollo, significa avalar una “estructura de pecados” que no tiene ninguna justificación ni ética ni moral.

Tal y como se sabe que ha venido sucediendo en Costa Rica, con los súper-ricos criollos que no pueden ser auscultados y procesados debidamente para efectos estadísticos, el papa Francisco pone el dedo en la llega al afirmar lo siguiente: “Cada año cientos de miles de millones de dólares, que deberían pagarse para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos fiscales impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales”.

Es innegable que el caos fiscal costarricense, a la luz del pensamiento social, ético y moral del papa Francisco en esta delicada materia de la justicia tributaria y el robo de impuestos, no es responsabilidad de las mayorías trabajadoras del país; pero sí, a las que se ha estado sacrificando como lo significa (entre otros aspectos), la injusta ley del combo fiscal, la 9635.