22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), provienen del lavado de dinero, del dinero sucio que estaría pasando por el circuito financiero-económico del país, anualmente.
Autor: ANEP
Afiliados eligen al Órgano Fiscalizador y a la Comisión Electoral de ANEP
Afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP eligieron el pasado 8 de febrero, a los representantes del Órgano Fiscalizador y a los de la Comisión Electoral del sindicato.
La elección fue realizada durante la Asamblea General de Medio Periodo y quedó conformado por:
Fiscal: Guido Fallas.
Fiscalía Adjunta Primera: Carmen González.
Fiscalía Adjunta Segunda: Carlos Alfaro.
Este Órgano Fiscalizador tendrá una vigencia de cuatro años y es un órgano colegiado de absoluta independencia de la Junta Directiva Nacional.
Además, durante la Asamblea fue nombrada la Comisión Electoral de ANEP y su objetivo principal es efectuar y supervisar todo el proceso de elección de la Junta Directiva Nacional en el 2021 conforme al Reglamento Electoral del sindicato.
Los integrantes de la Comisión Electoral de ANEP son Gerardo Monestel, Elizabeth Salas Rodríguez, Belma Kung Palacios, Sonia Vargas Araya y Rolando Fonseca Gutiérrez.
¿Narco-economía o Narco-política?
Jonathan Flores, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP
Para muchos, las palabras del actual Ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chaves, con las que afirmó que en Costa Rica circulan unos 22 puntos porcentuales del PIB, provenientes del lavado de dinero, son escandalosas. Aunque, a decir verdad, los números son impresionantes, la “revelación” de que por nuestro país se mueven gigantescas cantidades de capital, producido por actividades ilícitas, no es ninguna sorpresa para aquellos que seguimos la pista al tema de la seguridad ciudadana, y todas las aristas que la misma incluye. Que esta fuerte aseveración lleve a cuestionar con seriedad la vinculación entre el poder económico de las estructuras criminales y las estructuras político-partidarias, tampoco es algo nuevo, y desde ANEP ya lo habíamos señalado antes, en diversos espacios.
Hay situaciones que a la ciudadanía se le escapan, ven con normalidad y hasta acusan de paranoico a aquel que plantee la teoría de una posible doble intención detrás de acciones “aisladas” que van siendo impulsadas, o apoyadas, por la clase política que nos gobierna. Ejemplo claro de ello es el ver seguridad privada en un aeropuerto, o que el contrato de concesión portuaria no contemplara la revisión de los contenedores con los escáneres, por mencionar solo dos circunstancias, que para muchos son simples negocios estatales que no se atendieron con la mejor eficacia.
Sin embargo, ahora que en el imaginario del pueblo flota la incógnita de los posibles vínculos entre el financiamiento de partidos políticos y líderes del crimen organizado, resulta más sencillo apuntar aquellas acciones que dan evidentes reflejos de que hay una serie de movimientos que solo favorecen a una parte de la ecuación, y es justamente la que se dedica a actividades ilícitas.
Veamos: con un pueblo económicamente vulnerable, se golpeó aún más a la población con impuestos, y se disminuyó considerablemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora, mediante la aprobación de la ley 9635 (paquetazo fiscal). Pero, a sabiendas las autoridades de Hacienda de los flujos importantes de dinero que solo pasan por nuestro sistema bancario para redirigirse a otros destinos, no se aplicaron impuestos a estos capitales golondrina. ¿A quién favorece eso? Correcto, a quienes evaden, eluden y blanquean capital.
Otro aspecto, ya antes mencionado, y que desde ANEP se ha denunciado, el negocio tremendo con la seguridad privada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la mayor puerta de entrada y salida de nuestro territorio. Poco a poco, se está desplazando la policía estatal y se contrata seguridad privada, por cierto, esa empresa de seguridad privada está siendo investigada por posible contrabando. Las acciones del gobierno se han supeditado a decir: “no tenemos la potestad de prohibir esta tercerización” ¿Y el poder de imperio intransferible en materia de seguridad? Pensemos lo fácil que sería para un grupo narco, o de similar naturaleza, adquirir por completo una empresa privada de seguridad y operar a sus anchas. Es muy lógica la posición vulnerable del país en este aspecto, ya la F.A.A. (Federal Aviation Administration) nos bajó la categoría en materia de seguridad aeroportuaria, y, aun así, seguimos viendo como la administración del recurso policial en el lugar sigue dando pie a debilitar la operación principal en el aeropuerto.
Sigamos. ¿Sabían que Costa Rica se retiró del programa de revisión de contenedores de la ONU? Pues sí, hasta el año anterior, se “incorporó” de nuevo, ante una serie de cuestionamientos muy evidentes. No obstante, al contactar con el personal de la Policía de Control de Drogas, se nos indica que se sigue trabajando exactamente igual, solo atendiendo las alertas provenientes del exterior, sin una programación real de revisión preventiva de los contenedores. Sobra preguntar quienes ganan con esta débil seguridad en los puertos, es suficiente con observar las noticias de los cargamentos de droga que han llegado directamente a Europa desde Costa Rica.
A esto debemos sumar la actual imposibilidad que tienen nuestras autoridades de revisar, con escáner, los contendores en la terminal de A.P.M. en Moín; porque en el contrato de concesión no se incluyó este “pequeño” aspecto de seguridad. De manera que, por el alto costo que debe pagar el gobierno para el uso de los escáneres, no es posible implementar revisiones preventivas serias, y seguimos dependiendo de las alertas internacionales para hacer algún decomiso en dicha terminal.
Sobre todos los peros, los obstáculos y los “yerros” que han imposibilitado la implementación de escáneres en las fronteras terrestres del país, ni hablamos. El punto es el mismo, si las autoridades del país de verdad estuvieran enfocadas en la seguridad, y la evasión fiscal, estos escáneres estuvieran operando hace años, y ya tendrían muy buenos frutos. Nuevamente, los beneficiados con esto son únicamente quienes evaden, eluden, contrabandean y blanquean.
Podemos seguir uniendo el rompecabezas manifestando, una vez más, el debilitamiento de los Cuerpos Policiales. Servidores estatales que trabajan 12, 16 y más horas, y que deben estar acudiendo a los estrados judiciales a reclamar los derechos laborales que a diario les violentan. Funcionarios que, según cálculos propios proyectados a seis años, perdieron el poder adquisitivo de su salario en alrededor de 90 mil colones. Destacados lejos de su hogar, sin poder pasar tiempo de calidad con su familia, rogando para poder tener oportunidad de estudio universitario, sin la posibilidad de concursar por un ascenso, porque estos se dan a dedo. En pocas palabras, tenemos policías sumamente desmotivados y las renuncias son cada vez más cuantiosas. ¿Sabía que la PCD tiene menos de 150 oficiales para todo el país? Y mes a mes siguen renunciando más.
Entonces, unamos un poco las piezas del rompecabezas, el sistema bancario no se toca, se disminuyen las posibilidades de revisión en puertos y fronteras, se vulnera la seguridad del principal aeropuerto y se desmotiva al policía. Pregunto para resaltar: ¿Todo este escenario a quienes beneficia? Correcto, repetimos: a las estructuras de crimen organizado, que lavan, contrabandean, chantajean, roban, asesinan…y que ponen su dinero sucio a merced de ser usado por las verdaderas estructuras de poder en el sistema bancario. Y quedan miles de aspectos sin analizar, como la elección de los magistrados del Poder Judicial, la falta de una política criminal real, y de proyectos verdaderos de implementación de políticas de seguridad ciudadana…entre otros.
Así cerramos el círculo, la delincuencia organizada opera con cada vez más ventajas, ponen sus ganancias a disposición del poder, que financia las campañas políticas, colocan a sus “apadrinados” en las posiciones estratégicas para seguir impulsando movimientos que les permitan seguir haciendo sus actividades ilícitas, y el ciclo vuelve a empezar.
En conclusión, más grave que descubrir que nuestra economía puede estar dependiendo de estructuras criminales, es descubrir que los escenarios que permiten a las organizaciones criminales seguir varios pasos por delante de las autoridades son generados por estas mismas. La gran cuestionante ahora es: ¿Cuáles políticos son los que han sido colocados en su posición gracias a los grandes señores, dueños del dinero sucio?
¿Es que acaso Costa Rica es una narco-economía?
El actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, acaba de hacer explotar una bomba política: 22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), provienen del lavado de dinero, del dinero sucio que estaría pasando por el circuito financiero-económico del país, anualmente.
Lo afirmó durante una entrevista radiofónica de un programa de opinión asociado a uno de los latifundios mediáticos integrantes de la hegemonía político-ideológica dominante.
Dado el calibre, el impacto y las consecuencias de esta denuncia, resulta imposible dejarla pasar desapercibida. Es más, debe ser un tema fuerte, de alta relevancia política para la lucha social de los diversos sectores que, de un modo u otro, están siendo víctimas de la más cruel desigualdad desde la fundación de la Segunda Pública, en 1949; y, paralelamente, de la exclusión económica.
Particularmente, para el caso de la corriente social y sindical de lucha en la cual ejecutamos nuestro quehacer diario, el decir del ministro Robles potencia, enormemente, la fuerza moral, ética y argumental del reiterado reclamo que venimos formulando acerca de que Costa Rica requiere de una Transformación Tributaria Estructural; una especie de revolución tributaria profunda, por una parte.
Por otro lado, la gravedad de que se tenga que aceptar que hasta 22 puntos del PIB en la economía costarricense tiene procedencia sucia, nos lleva a formular varias conclusiones que, aunque apriorísticas y con gran carga subjetiva, nos sentimos obligados a plantearlas de manera pública:
¿Cuál es la naturaleza, la profundidad y el espesor de las conexiones político-gerenciales y tecnocrático-administrativas que se han venido conjuntando y conspirando para que tal cantidad de dinero esté circulando en el sistema bancario-financiero nacional, prácticamente de manera impune?
¿A qué niveles ha podido llegar la penetración de ese dinero sucio en el sistema político del país, particularmente en los segmentos de la clase política-tradicional (el tripartidismo PLUSC-PAC), gran parte de la cual está corrupta; como para financiar partidos y personas candidatas?
¿Qué tentáculos posee ese dinero sucio como para formular tráfico de influencias a fin de inducir o sesgar la toma de decisiones político-gubernativas, ejecutiva y parlamentariamente hablando, en una determinada dirección?
¿Y qué podría estar sucediendo con esos otros partidos que, de un pronto a otro, emergen con gran potencia económico-financiera en el escenario electoral pero que, de un momento a otro se disipan o se disminuyen pese a multimillonarias inversiones en publicidad y propaganda?
¿Estamos viviendo en una economía que, en realidad, está quebrada y que, por tanto, está a flote “gracias” a esas monstruosas cifras de dinero sucio proveniente del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Somos ya una narco-economía?
¿Cómo está jugando en todo esto el Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como el propio sistema bancario-financiera nacional, el público y el privado? ¿Está la supervisión financiera viendo para otro lado?
Es que eso de 22 puntos PIB de dinero sucio, de lavado de dólares, es algo monstruoso. El Ministro de Hacienda viene de laborar por muchos años en el Banco Mundial y esto quiere decir que sus estudios, su conocimiento, su experiencia, sus conexiones y saberes del mundo financiero global, le deben dar sustento para afirmar semejante cosa y decirlo de manera pública.
Estamos hablando de una cantidad en colones del orden de los 7 billones 700 mil millones de colones, ¡al año! Lo que se nos está diciendo es que hay un 1.83 punto porcentual de PIB, 642 mil millones de colones que, ¡cada mes!, estaría ingresando al circuito económico-comercial y financiero-bancario.
642 mil millones de colones mensuales es un arma política, un instrumento de presión capaz de pulverizar cualquier proceso o sistema de toma de decisiones políticas por más bunkerizado que éste esté.
En esa misma ocasión y circunstancia, el indicado jerarca reiteró que la evasión fiscal en Costa Rica anda entre el 6 y el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB); un tema-denuncia planteado por ANEP, de manera sumamente reiterada durante muchos meses y a lo largo de las últimas tres administraciones gubernativas.
¡Siempre hemos tenido razón!: El déficit fiscal no se debe a los salarios pagados a las personas trabajadoras que laboran para el Estado, ni aún en los pocos casos de remuneraciones escandalosas que, pese a lo anterior, sí pensamos deben ser eliminadas.
¿Cómo no va a darse el fracaso de la reforma fiscal impuesta, de manera tramposa, a la gente, en el 2018, si las verdaderas fuentes, las reales, de allegar recursos frescos a las finanzas públicas no fueron tocadas?
¡Qué va! La abrumadora mayoría del pueblo costarricense, incluido uno mismo, no tiene la menor idea de la profundidad y de los tentáculos de la red de corrupción, prácticamente sistémica, que está carcomiendo la institucionalidad republicana y minando las bases de la paz social. Es en este marco de circunstancia que se puede empezar a escudriñar las verdaderas razones de decisiones políticas de alto nivel como la ley mordaza.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
El Ministro de Hacienda nos dio la razón
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Reinstalan trabajador en la Municipalidad de Guatuso
La ANEP, por medio de su Unidad de Desarrollo Organizacional, con el apoyo de la abogada laboral, Adriana Vargas Sánchez, lograron la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Guatuso, de apellidos Ocón Martínez. Este último fu despedido desde el 18 de diciembre.
Elecciones municipales: la derrota que no quieren aceptar
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El tripartidismo gobiernista, Liberación, Unidad y PAC, ha sufrido una gran derrota en las pasadas elecciones municipales del domingo 2 de febrero. Los discursos y las interpretaciones triunfalistas que sus respectivas dirigencias se esfuerzan en remarcar no son más que un vano intento por desconocer que para gran parte de la población electora ha dejado de significar lo que en determinado momento representó su principal soporte: ilusión y esperanza. Sin duda alguna, el combo fiscal-ley 9635 pesó en muchas conciencias y mentes ciudadanas.
Liberación viene cayendo desde hace una década. Eso es inobjetable. Desde que los hermanos Arias Sánchez lo neoliberalizaron desterrando de él su esencia socialdemócrata, vienen siendo derrotados en elecciones presidenciales, mermando sus fracciones parlamentarias y perdiendo alcaldías. En esta ocasión, al pasar de 50 alcaldías y quedarse con 42, es un 16% lo que cedieron en materia de gobiernos locales. Y, casi un 30% menos de lo que controlaban hace una década.
Es muy notorio que varias alcaldías que siguen controlando responden a esfuerzos más aislados, muy individuales, producto de motivaciones clientelares locales y no de militancia política. El PLN ya no es más el partido de inspiración ideológica de sus orígenes. Además, quienes le pregonan hoy como el partido “más grande”, es porque solamente contabilizó en esta elección el 10% del padrón electoral de la actualidad. El gane que pregonan es con más sabor a hiel que a miel. Sin duda alguna, mucha ciudadanía electora le pasó la factura votando contra el PLN y ni se diga la que se abstuvo de ir a las urnas el pasado domingo.
Para el PAC, ya de por sí con presencia municipal raquítica, quedarse con 4 alcaldías de las 6 que ya tenía es un bajonazo de 33%. Muy mal augurio para una colectividad que pretendió ser el relevo socialdemócrata y levantar la bandera de los sueños y de las aspiraciones de la otrora pujante clase media, abandonada por el PLN al neoliberalizarse. El PAC, consumido por los vicios y las prácticas indecorosas que le criticaba al bipartidismo tradicional, el PLUSC, hoy paga duramente ser el furgón de cola de éstos, el pone-votos parlamentarios, para el desmontaje final del Estado Social de Derecho. Aquí también podemos afirmar que le pasaron una fuerte factura una buena cantidad de su electorado original, y también el abstencionista.
En relación con el tercer pilar que está sosteniendo al gobierno actual (cuya hegemonía política la tiene el periodismo violento, el del odio, en binomio político con el sindicato patronal-empresarial más connotado del país), el Partido Unidad Social Cristiana, los cánticos de victoria por dos alcaldías adicionales son de poca sustentación política; es decir, no hace más que fortalecer la visión que tenemos de que la clase política tradicional, la de ese tripartidismo, se mueve en arenas movedizas y su hundimiento podría ser cuestión de tiempo para que tan solo quedara algún vestigio simbólico.
Con respecto a otros partidos que entraron a la contienda municipal, sus respectivos resultados palidecen al contrastarlos con los logros muy visibles de las fuerzas electorales vecinales, los partidos cantonales que, cada cual a su manera y con sus voluntades más consecuentes, han generado fuerte remezón para el orden establecido e impuesto por el bipartidismo tradicional PLUSC y ahora tripartidismo, PLUSC-PAC. La verdadera estrella de las elecciones municipales pasadas son los partidos cantonales y un eventual accionar coaligado, con perspectiva nacional electoral para el 2022, podría ser un terremoto político insospechado.
Con ojo sindical y perspectiva social, nos atrevemos a decir lo siguiente: Pareciera ser que a tres colectividades partidarias con mínima representación parlamentaria en la actualidad pero que han mostrado gran consecuencia con la herencia que nos dejaron los padres y las madres fundadoras y gestoras del Estado Social de Derecho (hoy en ruta a su sustitución por el Estado Neoliberal), les debería haber tocado mejor suerte en estas elecciones municipales. O, por lo menos, a lo mejor les faltó una mayor iniciativa de acercamiento con la multiplicidad de sectores sociales muchos de los cuales andan en busca de “algo”.
Los partidos Integración Nacional (PIN, excluyendo a sus desertores excretados, por supuesto), Republicano Social Cristiano (calderonismo que reclama para sí ser el auténtico), y Frente Amplio (una izquierda progresista de corte socialdemócrata) han mandado fuertes señales de que, de un modo u otro, están confrontados con la hegemonía neoliberal del capital que controla el PLUSC-PAC; sin embargo, esas conductas político-parlamentarias tan cercanas a la gente, a la ciudadanía, no se concatenan, por ejemplo, con ese gran conglomerado cívico que ya no vota en este tipo de elecciones.
Particularmente, al Frente Amplio no pocas gentes de amplia conciencia social y consecuente militancia para con las aspiraciones de una democracia real no le perdonan la dilapidación del capital político que representó el período constitucional 2014-2018, cuando lograron 9 curules legislativas. Para estas elecciones la única alcaldía que tenían la perdieron y redujeron en un 50% la cantidad de regidurías que tenían en 2016.
En cuanto a los partidos Restauración y Nueva República (avendañistas y fabricistas), gran “sensación” juntos en el 2018, pero ahora separados parecen haber sido “borrados” del escenario electoral, pagando el precio de su división, por una parte; por otra, ¿será flor de un día…? A lo mejor, ya hay gran cantidad de electores que ya no se están comprando el discurso original que les dio un gran boom.
Las anteriores consideraciones son parte del conjunto de lecturas y de interpretaciones político-ciudadanas que se están formulando, desde distintas visiones, al conocerse parte (falta todo lo concerniente a las regidurías), de los resultados de estas elecciones municipales. Los duros tiempos que ha empezado a vivir el pueblo trabajador, los tenemos ya encima; y, por tanto, la lucha social está más vigente que nunca.
¡UCCAEP coincide con ANEP!: es urgente reestructurar la deuda
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Tuvimos conocimiento de un pronunciamiento público recientemente emitido por el sindicato empresarial más grande del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, siglas UCCAEP; comunicado titulado “Hay que bajar el elevado déficit fiscal a como sea”, a propósito del anuncio del actual Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, reconociendo éste que el déficit fiscal, al final el año recién pasado 2019, llegó a un 6.9 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), prácticamente un 7%.
De manera indudable que, si nos enfocamos en solamente el titular del pronunciamiento de la UCCAEP, “…bajar el déficit fiscal a como sea”, nos alimenta el pensamiento para puntualizar cuán peligrosa resultaría seguir la ruta política y socioeconómica del “…a cómo sea”; misma que, aplicada a otras realidades muy similares a la nuestra, ha provocado mucho sufrimiento y dolor a los pueblos (especialmente, los latinoamericanos), a los cuales se les ha aplicado el “…a cómo sea”.
En verdad, muchísimas consideraciones se pueden formular a partir del deseo de la UCCAEP de bajar el déficit fiscal “…a cómo sea”.
Sin embargo, en esta ocasión queremos llamar su atención en el siguiente punto del comunicado del indicado sindicato patronal:
“El costo de la deuda -que urge reestructurar-, será mayor y la tasa de riesgo país que se autoimpondrán los inversionistas extranjeros, restará competitividad en el esfuerzo por atraer inversiones productivas a Costa Rica”.
¡Eso es lo que hemos venido planteando, de manera insistente y durante largo tiempo: la reestructuración de la deuda, de la deuda pública! Ha sido una de las principales formulaciones estratégicas de la ANEP en estos tiempos de la desigualdad social y de la exclusión económica; tesis también compartida por sectores cívico-patrióticos de nuestra sociedad.
Tal vez, a lo mejor, la dirigencia de la UCCAEP tomó conciencia de que destinar de las escuálidas finanzas públicas, 5.1 puntos del PIB, en el 2020, solamente para pagar intereses de la deuda, representa un verdadero golpe a la estabilidad democrático-social de nuestra muy golpeada institucionalidad republicana.
En ANEP pensamos que eso es así, de contundente. Tal vez, UCCAEP lo conceptúe de otra forma; sin embargo, que este grupo patronal de gran calibre económico, por su posición política de ser controlador de las principales decisiones de la actual hegemonía legislativo-ejecutiva gobernante, hable de reestructuración de la deuda, de la deuda pública y, que, además, diga que eso es urgente, ¡señoras y señores!, esto no puede dejarse pasar desapercibidamente.
Eso pensamos en ANEP: es urgente reestructurar la deuda. Es más, hasta pensamos que esa deuda es ya impagable. Pero, en lo inmediato, resaltemos la coincidencia: la UCCAEP y la ANEP coincidimos en ello: que es urgente reestructurar la deuda.
Es que ese pago de intereses, por el orden de los 5.1 puntos PIB para este año 2020 es, realmente, escandalosamente obsceno. Repare en esto, ¡por favor!
Cada segundo, le toca al pueblo costarricense desembolsar 57 mil 388 colones (57.388.oo). Cada minuto, 3 millones 443 mil 287 colones (3.443.287.oo). Cada hora, implica esta cantidad por ese pago exagerado de intereses: 206 millones 597 mil 222 colones (206.597.222.oo). Al día, es decir, cada 24 horas, lean bien, ¡por favor!: 4 mil 958 millones 333 mil 333 colones (4.958.333.333.oo). Al mes, hay que sacarle del bolsillo a la gente trabajadora que sí paga sus impuestos, nada más y nada menos que, 148 mil 750 millones de colones (148.750.000.000.oo).
Y, por ende, para el año 2020, solamente en pago de intereses por esa deuda que, repetimos es impagable según ANEP, 1 billón 785 mil millones de colones (1.785.000.000.000.oo).
De tanta cifra citada, tratemos de fijar en nuestra mente ésta: prácticamente son 5 mil millones de colones diarios que se deben erogar de las golpeadas finanzas públicas para, repetimos, solamente pagar intereses de la deuda, de la deuda pública; esa deuda que, desde hace bastante tiempo, en la ANEP; y ahora, en la UCCAEP, creemos que debe ser, urgentemente reestructurada.
