Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos llamó poderosamente la atención el reportaje que en La República apareció publicado este miércoles 15 de enero, titulado “Constructores piden intervención para revertir golpe del IVA en la actividad”, partiendo de la circunstancia de lo que ha sido nuestra posición sindical en cuanto a que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), vino a perjudicar a quienes menos responsabilidad tienen en el problema fiscal nacional, por una parte; y, por otra, que está representando un serio inconveniente para abordar, con urgencia, la reactivación económica por la cual “Raymundo y todo el mundo” está clamando.

A lo largo de todo el año pasado 2019, los efectos negativos de la imposición, aprobación con forceps y con trampas legislativas, de la hoy Ley de la República No. 9635, mal denominada Fortalecimiento de las finanzas públicas, hicieron mucho daño a la economía de miles de familias costarricenses; y, el deterioro de las finanzas de las mismas, ha sido la tónica generalizada.

El gobierno presidido por Carlos Alvarado Quesada y sus soportes políticos más inmediatos, provenientes de los partidos Liberación y Unidad, erraron en cuanto a promover una legislación, como la 9635, que hoy podemos catalogar de fracasada si nos atenemos a lo siguiente, empezando por el reclamo de la Cámara Costarricense de la Construcción. Veamos algunos datos:

11 mil despidos solamente en el sector de la construcción, encareciéndose ésta en un 10 % en cuanto al costo de las obras y observándose una caída de un 12,7 % en los proyectos.

El endeudamiento público con relación al Producto Interno Bruto (PIB), está rondando el 60 %.

El déficit fiscal está en, aproximadamente, un 6 %.

El desempleo abierto, el de carácter oficial, se acerca al 12 %. Juntando el encubierto, estaremos en el doble de esa cifra, a juicio de algunos especialistas independientes.

El poder de compra del salario sigue a la baja y los reajustes por costo de vida no lo recuperan en la proporción necesaria para impulsar una reactivación del consumo.

En nuestro criterio, el problema fiscal del país no fue resuelto con la Ley 9635. Por el contrario, esta legislación golpeó a la mayoría de la población trabajadora costarricense y a diversos sectores empresariales de gran peso económico como lo es la propia Cámara Costarricense de la Construcción, si nos atenemos a su queja y a su apelación al apoyo estatal: que les aprueben un proyecto de ley para una aplicación gradual del IVA en su sector.

En nuestro criterio el grave problema fiscal del país tiene dos explicaciones que, de un modo u otro, están interconectadas y que deberían abordarse en paralelo mediando un profundo Diálogo Político-Social como nunca antes se había dado en el país.

Por un lado, la deuda pública contraída con acreedores internos y externos y su escandaloso y obsceno pago de intereses; por otro, la realidad, que ya es oficial, de los altísimos niveles de defraudación fiscal en todas sus manifestaciones (con ropaje legal o sin él), del orden del 6 a 8 puntos porcentuales PIB, según el estudio que lo sustenta pero que en todo caso son cifras igualmente escandalosas y obscenas.

Complementariamente a ello, “una verdadera reforma del empleo público” es sumamente necesaria. Lo puse entrecomillado porque así lo señala la Cámara Costarricense de la Construcción en el reportaje que venimos comentando. Por el concepto, tenemos una coincidencia.

Esto de “una verdadera reforma del empleo público” ha estado afrontando un verdadero tropiezo, un día sí y otro también: haberse ideologizado al máximo con el ya insostenible argumento de que el empleo público es el responsable del déficit fiscal. Superado este falaz argumento y poniendo en mesa las dos vertientes del verdadero problema fiscal nacional, puede haber espacio, mediando voluntad política de las partes, para un encuentro de posiciones, en franco debate y por el bien del país.

A partir de este artículo y así sucesivamente en días viernes, el período La República nos publicará un comentario  nuestro sobre aconteceres nacionales vistos desde el prisma de la lucha social y sindical. Agradezco a sus personeros don Fred Blaser, CoPresidente, así como a don Esteban Arrieta, Editor, el inmenso honor que nos han dado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Les confieso que me costó creer que estaba leyendo algo así. Pero es real. “Antes de que sea demasiado tarde” (en inglés, “before it’s too late”), es una frase, muy significativa, incluida en una especie de manifiesto dado a conocer con motivo de la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial (por cierto, con ocasión de su edición No. 50), que todos los años tiene lugar en la ciudad suiza de Davos.

Como se sabe, a esta reunión concurren lo más selecto de las personalidades con más poder económico, político, intelectual y mediático del planeta, eso sí bajo los postulados ideológicos de la globalización neoliberal; para discutir (según lo pregonan), los problemas mundiales más apremiantes, entre ellos la salud, el medioambiente y la ecología… y últimamente la desigualdad.

Esta edición No. 50, “la sacó del estadio”, como popularmente decimos en Costa Rica cuando se trata de resaltar algo muy sobresaliente, actuado por alguien o por un grupo de personas. Figúrese usted que un grupo de los magnates más adinerados de la actualidad, agrupados bajo el nombre de Millionaires Against Picthforks (algo así como Millonarios contra rastrillos; siendo el rastrillo un tipo de arma blanca punzo-cortante muy usada en épocas pasadas por campesinos rebelados contra sus opresores); lanzó un manifiesto especialmente dirigido a sus colegas megamillonarios para instarles, oigan bien, a que paguen impuestos más altos y más justos, “antes de que sea demasiado tarde”.

¡Impensado! Un grupo de súper-ricos, dentro del conglomerado de los más archi-ricos del planeta, ¡ay Dios!, se han “conmovido” y han llegado a la conclusión de que es mejor prevenir que lamentar; y que, por ende, a fin de evitar un “desastre para todos” (así lo afirman en su manifiesto), se deben transformar, profundamente, los sistemas tributarios, nacional y globalmente.

Una de los más espectaculares datos jamás dados a conocer en nuestra querida Costa Rica, al menos de manera pública es que, según este grupo de archi-ricos “conmovidos” por la brutalidad de la desigualdad de hoy en el mundo, en los diversos paraísos fiscales alrededor del mundo hay, al menos, ¡escuchen bien!, 8 billones de dólares escondidos, tributariamente fraudulentos. ¡Pero es mucho más!

Monstruosa cantidad que se escribe así: 8.000.000.000.000; y más monstruosa sería si tratáramos de pasarla a colones. Entonces (si no nos equivocamos), 4.584.000.000.000.000 (a un tipo de cambio de 573 colones por dólar), 4 mil 584 billones de colones.

En el inédito manifiesto de los Millionaires Against Pitchforks, según la traducción en español que conocemos, quienes lo firman indican ser “miembros de la clase de seres humanos más privilegiada que jamás haya caminado sobre la Tierra”. Hace tiempo (nosotros incluidos), mucha gente alrededor del globo está diciendo que esta es la época, la que estamos viviendo, de la más espantosa desigualdad y de la más indescriptible y archi-indignante concentración de riqueza de toda la historia de la Humanidad.

Y admiten, el grupo de los más ricos de los súper-ricos, que la “desigualdad extrema y desestabilizadora” está creciendo en todo el mundo, ya que cada vez hay más multimillonarios y sus fortunas son mayores, mientras que los ingresos de las personas pobres apenas han cambiado. Así se lo compartimos a usted, con base en el sitio web de noticias RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/340854-millonarios-pagar-impuestos-evitar-desastre-todos).

Ponga cuidado al párrafo siguiente de la nota de prensa de RT que publicó el ya “archi-famoso” (aunque aquí las matrices mediáticas ticas dominantes nos lo oculten), manifiesto de los Millionaires Against Pitchforks : “En la misma línea, el comunicado sostiene que en muchas naciones las tensiones causadas por la desigualdad han alcanzado niveles de crisis, y destaca que la baja confianza social y un sentimiento general de injusticia están socavando la cohesión social básica y aumentando las tensiones entre países”.

Noten, por tanto, cómo esta conclusión “mea culpa” de los mega-millonarios del planeta, se puede aplicar a la realidad costarricense actual. Efectivamente, nuestra sociedad está muy atormentada por dos aspectos fundamentales: la espantosa desigualdad que sigue creciendo, que se ha vuelto sistemática y que está acabando con la otrora pujante y baluarte democrático, clase media, por un lado. Por otro, la gravedad de la injusticia que implica la preservación de un sistema tributario que hace pagar más a los que proporcionalmente hablando tienen menos; y los que tienen más, no pagan lo que deben o no pagan del todo, roban impuestos a lo loco y sus riquezas las han venido escondiendo en paraísos fiscales.

Como sabemos y lo sentimos en carne propia, ambos aspectos fueron agravados con la imposición de la ley del combo fiscal, 9635, por parte del tripartidismo gobiernista neoliberal (PLN, PUSC, PAC).

Una vez más debemos decirlo, con perdón de la inmodestia: ha sido correcta la línea sindical transparente que hemos venido siguiendo en cuanto a levantar las banderas de la lucha contra la desigualdad y en pro de una transformación tributaria estructural.

Bien nos ha explicado el ciudadano economista de renombre, don Luis Paulino Vargas Solís, que Costa Rica no tiene noción, más o menos exacta, de la realidad financiera de los súper-ricos criollos, los cuales tienen estilos de vida tan impenetrables que no pueden ser incluidos en las estadísticas de la desigualdad; una de las razones por las cuales ésta podría no estar siendo medida en su real dimensión, aunque lo que ya sabemos al respecto es suficiente para decir que la abrumadora mayoría de la población tica no la está pasando bien y/o la está pasando muy mal.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General

2 mil 581 millones de colones será el monto de los recursos presupuestarios que diversos gobiernos locales del país no podrán utilizar en este año 2020, a raíz de la imperativa orden emitida por la Contraloría General de la República (CGR), con base en la detestada y hoy cuestionada Ley No. 9635, mal denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal.

De ello nos enteramos con la lectura de nota de prensa aparecida en Diario Extra, en su edición del pasado sábado 25 de enero, sorprendiéndonos muchísimo que, de todo ese monto, 1.305 millones de colones se le “congelan”, más bien se le quitan a la Municipalidad de Buenos Aires, uno de los cantones de menor desarrollo económico y social del país. Es decir, el 50% del monto financiero mutilado por la CGR corresponde a esta municipalidad.

Se aduce por parte del ente contralor, la aplicación de la denominada regla fiscal, incluida como uno de los apartados esenciales de dicha legislación; además de que se procedió a girar tal orden-imposición, por indicación expresa a partir de una certificación expresa emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), dependencia del Ministerio de Hacienda.

Esto representa un grave precedente, si se quiere histórico, de la pérdida de la autonomía municipal por culpa de la Ley 9635, la cual (a nuestro juicio y según calificados expertos jurídicos), violentó la autonomía constitucional del mismo. Las finanzas de los gobiernos locales están ya siendo controladas desde el Gobierno Central (Ministerio de Hacienda). Por ello, precisamente, esto está debatiéndose en el seno de la Sala IV.

Según la indicada nota de prensa, otras municipalidades sufrieron el “tijeretazo” presupuestario cometido por la dupla fiscalista neoliberal Hacienda-Contraloría: San Pablo, Naranjo, Escazú, Talamanca, Puriscal, Guácimo, Puntarenas, Parrita, El Guarco y Atenas.

Hacemos notar que, para el caso de San Pablo, el recorte por la tal regla fiscal, es de 783.5 millones de colones, un 30% del total cercenado a las municipalidades según la lógica neoliberal imperante hoy en materia de finanzas públicas.

A pocos días de las elecciones municipales del país, este venidero domingo 2 de febrero, anhelamos que todas las personas aspirantes a los diferentes cargos políticos en disputa, reflexiones con verdadera cultura cívica y con plena conciencia del deterioro socioeconómico de la convivencia en el nivel local; la circunstancia de que las municipalidades no pueden someterse al arbitrio de los políticos y tecnócratas del fiscalismo neoliberal, contrario al bien común y a la inclusión social, que supone esta regla fiscal de la ley 9635.

En esos dos cantones, Buenos Aires y San Pablo (ambos concentran el 80% del tijeretazo neoliberal presupuestario para este año 2020), con índices de desarrollo económico-social diametralmente opuestos, la anti-constitucional orden contralora, en nuestro criterio, representa un duro golpe para sus habitantes, para su calidad de vida, para las oportunidades económicas de su proceso de desarrollo.

Nos preguntamos: ¿Se han puesto a pensar las personas aspirantes a los cargos municipales del cantón de Buenos Aires, el obstáculo que representará para el éxito de su gestión, 1.305 millones de colones menos en su presupuesto, sólo en este 2020? ¿Cómo será tal recorte en los años siguientes del mandato gubernativo 2020-2024? ¿Han pensado en cómo tal recorte y los subsiguientes, puedan seguir ahondando la exclusión económico-social del pueblo del cantón de Buenos Aires cuya pobreza está más que certificada?

Por el contrario, en el caso del cantón de San Pablo, reconocido por su alto estándar de vida y su buen nivel de inclusión social y económica, ¿cuánto afectará ya no solamente mantener esos indicadores positivos de la convivencia cantonal, sino evitar su involución, si no se cuenta con esos 783 millones de colones recortados al presupuesto 2020 y los nuevos tijeretazos presupuestarios por venir en el nuevo mandato 2020-2024? ¿Están pensando en ello las personas candidatas que aspiran a quedar electas en el cantón de San Pablo este domingo 2 de febrero?

Afortunadamente, diversas autoridades municipales actuales (aunque tardíamente), comprendieron bien el impacto radicalmente adverso de la Ley 9635 en cuanto a la autonomía de la que, por orden constitucional, siempre disfrutaron; particularmente del nefasto impacto en el desarrollo de las comunidades y sus respectivos gobiernos locales, de esa regla fiscal.

En sede de la jurisdicción constitucional, también de manera afortunada, el tema está siendo analizado y, para bien de la propia Democracia y de su institucionalidad republicana, es nuestro deseo de que se determine la inconstitucionalidad de la intromisión de la cartera ministerial de Hacienda (Gobierno central), en los gobiernos locales.

Ya son demasiadas las consecuencias sociales y económicas negativas que tiene para Costa Rica, el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal impuesto y aplicado a la sociedad en las últimas administraciones gubernativas de lo que hoy denominamos como tripartidismo (PLN, PUSC, PAC).

Peor será la consolidación político-ideológica de ese fundamentalismo a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos más cercanos a la gente. Es de enorme responsabilidad democrático-cívica impedirlo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Sin duda alguna, el régimen municipal costarricense enfrenta el más grande desafío de su historia republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

El neoliberalismo y su estrategia política de instauración de una democracia autoritaria para nuestro país, no tolera la posibilidad de un mayor nivel de desarrollo autónomo de los gobiernos locales, mismo que por su naturaleza (aunque con grandes problemas), son los más cercanos a la gente, a la ciudadanía; por tanto, ésta, bien empoderada y consciente de su papel, podría dar paso al surgimiento de la democracia participativa que como bien sabemos, supera en mucho a la maltrecha y ya desprestigiada democracia representativa.

La imposición de la inconstitucional regla fiscal que quebrantó la autonomía municipal en materia de finanzas y desempeño laboral, se junta, ahora, con la escalofriante posibilidad del establecimiento de un poder sobredimensionado y absoluto en la figura de la Alcaldía; a partir de la desafortunada y tramposa aprobación, en un ambiente de gran opacidad, del expediente legislativo 20.968, que le posibilita a dicha autoridad “disponer de vidas y haciendas” de quienes laboran en los municipios, pues tendrá para su uso discrecional (y antojadizo), el arma del despido obrero.

El equilibrio de poderes en el seno del gobierno local municipal, se quiebra, pues las personas regidoras de los Concejos, pasan a ser “convidadas de piedra” ante la magnitud de la soberbia prepotente del alcalde o alcaldesa para disponer del recurso humano, en un escenario adverso de calamidad financiero-presupuestaria que impuso la regla fiscal.

El gran perdedor, quien “no tiene vela en el entierro”, es la ciudadanía comunitaria; la cual, por un lado, verá deteriorase la calidad de los servicios públicos que demanda de su municipio, a la vez que presenciará una serie de vicios en el manejo de los recursos humanos al quedar éstos sin garantía de estabilidad, por cuanto ésta será determinada por las percepciones de lealtad que tenga dicha autoridad de parte de sus subordinados y subordinadas.

Imposible resulta descontextualizar estas afrentas políticas a los gobiernos locales, de lo que está ocurriendo de manera estructural con relación al histórico modelo de organización republicana que venía imperando en el país, y que ahora está siendo modificado desde el parlamente pro-empresarial que tenemos en estos momentos; la mayoría de sus integrantes estarían tomando decisiones cuya legitimidad es precaria, porque algunas de las mismas implican cambios constitucionales que no han observado el sendero jurídico en cuando tales.

Sinceramente, anhelamos que la comunidad municipal reaccione cuando todavía tenemos tiempo de revertir ese peligroso sendero del autoritarismo en democracia que pretende también contaminar la vida institucional de los gobiernos locales.