Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional, ANEP
El intento del gobierno por establecer de manera permanente y “con todas las de la ley” un departamento de recopilación de información ha generado cientos de reacciones que no debemos pasar por alto. Desde ANEP, como organización social, y orgullosa abanderada de los derechos humanos, en nuestras ramas de competencia, de inmediato que se anuncia la “creación” de esta oficina especializada, comienzan a trabajar los engranajes de análisis que nos caracterizan.
No es nuevo para nosotros, y tampoco debería serlo para una población bien informada, enterarse que en casa presidencial existe personal dedicado a reunir información específica sobre sus objetivos de interés. O bueno, no creerán que en realidad la DIS se dedica solo a compartir datos de relevancia con algunas autoridades de naturaleza investigativa, sería muy ingenuo de su parte amable lector, con todo respeto.
La novedad aquí es la forma descarada en que admiten que hace tiempo mantienen a personal enfocado en la única tarea de recopilar información, y escudan su absurda justificación con el alegato de que el objetivo es mejorar la toma de decisiones políticas. ¡AJÁ! Nuestra población debe darse cuenta, ahora más que nunca, que estos políticos que nos gobiernan, liderados por Carlos Alvarado, quien a su vez sigue órdenes de los grupos de poder económico (círculo al que él no pertenece, solo quiere encajar), están convencidos que somos tontos y nos quieren ver la cara.
Es una cuestión muy simple, si se quiere conocer el estado de la infraestructura de los centros educativos, de las delegaciones policiales, transporte público, carreteras es solo cuestión de preguntarle a los jerarcas que el mismo presidente ha colocado al frente de tales instituciones. ¿Sino que hacen a lo interno de cada entidad gubernamental, solo tomarse selfies? Recabar información sobre la cantidad de centros educativos con problemas de infraestructura es un asunto que la lógica nos dicta se conoce en el propio MEP, cientos de padres se quejan a diario por esta situación. Conocer las cifras de pobreza, comunidades vulnerables, falta de oportunidades y demás, bueno, sobran las instituciones que abordan estos temas; para nombrar solo algunas, tenemos el informe del Estado de la Nación, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, ICD, INEC, IAFA…entre muchas otros. Y bueno, sobre las carreteras, si el propio jerarca del MOPT no posee informes con la sectorización de los principales problemas viales de nuestro país, entonces estamos más fritos de lo imaginamos. ¿O es que la falta de capacidad y liderazgo del señor presidente no le permiten establecer una coordinación con su equipo para tener conocimiento de toda esta información?
Pues sobre la capacidad y liderazgo no me voy a referir (lo obvio no se dice), pero si queda muy en claro que las razones extendidas por casa presidencial no obedecen con honestidad a la realidad, y que los objetivos de recopilar data de la ciudadanía persiguen otros fines.
La lucha política es muy sucia, y sería una gran herramienta para una agrupación política específica poseer información personal de aquellos que pueden aspirar a ser sus contendores, señalándoles defectos de pago, amoríos, nexos con figuras polémicas de otros partidos, u otras equivocaciones de cada político en su plano personal. Tal accionar por si mismo es repulsivo, pero aprovecharse de los recursos públicos para fortalecer esta herramienta de espionaje, es sencillamente intolerable.
Pero los objetivos no serían solo políticos, también se incluirían líderes de organizaciones sindicales, de grupos comunales, periodistas, padres de familia que protesten contra las posibles acciones cuestionables de un director en un centro educativo. La información es poder, y cuando se tienen datos sobre la familia, sus horarios, los sitios que frecuentan y demás, es fácil extorsionar o coaccionar a alguien (si justo como hacen otros grupos organizados). Es decir, cualquier persona que desee protestar contra el sistema, o las decisiones políticas, sea pro vida, por derechos de algún sector específico, porque se quedan sin agua frecuentemente en la zona, porque conocieron de un auténtico “chorizo”, se convierte al instante en objetivo para buscar la forma de “invitarle” a dejar de ser una piedra en el zapato para los que tienen el poder.
Por si se pregunta inteligente lector: ¿De qué manera discriminarán a quienes se pueden convertir, a corto o mediano plazo, en un objetivo? No pueden. ¿Entonces? Ah, simple, se meterán con la información personal de toda la población posible, para tenerla a mano en caso de que lleguen a necesitarla. Esta severa invasión a la privacidad preocupa, pues, aunque ya sabemos que desde hace décadas se ha recogido información privada de figuras que no son afines a los gobiernos de turno, pretender legalizar esta ilícita y burda actividad, y extenderla de forma descarada, es inaudito. Es increíble la cantidad de características que coinciden entre nuestro actual gobierno, con las formas de gobierno autoritarias y dictatoriales de otras latitudes en diferentes momentos de la historia.
Cerremos esta breve disceptación pensando en las peligrosas consecuencias de que nuestra información personal caiga en manos equivocadas (y ya hemos hablado antes que parecen haber vínculos entre algunos políticos y las estructuras de crimen organizado). En la actualidad experimentamos la forma en que algunas empresas se apoderan de la data, y la venden: ¿O cómo creen que en los navegadores o juegos de sus móviles les salen ofertas que muy seguido son congruentes con sus gustos personales? Ahora imaginen lo que nos podría suceder si nuestras galerías de fotografías, movimientos bancarios, transporte físico, lugares de visita, y el de nuestras familias, se recopila en un solo sitio, en el que no sabemos las personas que tendrían acceso a nuestra intimidad, ni mucho menos el uso le darían…Cada quien haga su propio análisis.
