Por: Jonathan Flores
El más reciente informe de la Contraloría General de la República, que fiscaliza lo atinente al proceso administrativo de compras del Ministerio de Seguridad Pública, ha arrojado conclusiones que no sorprenden a nadie. Pero, el hecho de que dicho informe evidencie en papel lo que la ANEP (ocupada en los temas de seguridad ciudadana) ha sabido y denunciado por años, no significa que haya que menospreciarlo; por el contrario, es otra oportunidad para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, para que se unan a nosotros y exijan de una buena vez el gasto responsable del dinero de todos los costarricenses, especialmente cuando se trata del área policial.
El contenido del informe número DFOE-PG-IF-00015-2019,
del 20 de diciembre del 2020, analiza los procesos de adquisición (compras) que
emplea el Ministerio de Seguridad Pública, en un periodo que comprende los años
2017, 2018 y parcialmente 2019 (hasta el mes de octubre). Por ello, le
recomiendo querido lector que compruebe por usted mismo la información, el
informe en cuestión puede ser descargado directamente del sitio web de la
Contraloría General de la República, esto quiere decir que puede ser obtenido
fácilmente desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet.
Una vez haya leído el mismo le invito a que razone, y juzgue usted si nuestras
constantes críticas han sido injustificadas, o si obedecen a una verdadera
preocupación de conciencia social.
Comencemos por la realidad tangible, previo a
señalar directamente las aseveraciones de algo tan abstracto como las
circunstancias descritas en un informe, veamos primero aquello que nuestros
sentidos pueden percibir directamente. Cualquiera que pase frente a las muchas
delegaciones policiales del país notará distintas situaciones lamentables,
entre ellas podemos enumerar: vehículos y/o motocicletas sin usar, estacionados
en el parqueo de la unidad policial, o a la orillad e la calle (esto se dio
porque se compraron autos sin tomar en cuenta la cantidad de recurso humano
disponible); oficiales de policía “modelando” chalecos antibalas que no
corresponden a su talla (tan grandes que les quitan la movilidad, o tan chicos
que parecen minisetas); patrullas y/o motocicletas destinadas al abandono por
no poder ser arregladas (porque no se ejecutaron las garantías ni se compraron
suficientes repuestos), que ahora solo sirven para coleccionar óxido o servir
de criadero de mosquitos; hasta edificios enteros que no pueden ser usados
(como la comandancia de Cartago, una inversión de casi 100 millones de colones
que no puede usarse por la no ejecución de garantía en la mala construcción)…entre
muchas otras que son sencillas de observar a simple vista.
Para los que laboran en las
sedes policiales saltan otras problemáticas: tener que utilizar armas obsoletas,
como un revólver, alimentarse en medio del olor de aguas negras desbordadas,
alimentación guardada en ambientes compartidos por alimañas y roedores,
(recordemos que la suma de delegaciones policiales con orden sanitaria
sobrepasa las 130); además de eso se tienen uniformes viejos, desteñidos, botas
destapadas y reemplazos que no son entregados porque se enviaron tallas que no
corresponden a las verdaderas de los oficiales. De todo esto doy fe, he
visitado todas las regiones del país, tanto cuando ejercí la función policial
como ahora desde la trinchera sindical y he verificado todo este lamentable
escenario a lo largo y ancho del país.
Ahora pasemos al uso de la
memoria. Recordemos la polémica surgida en 2016 por la compra de autos de lujo
para ser usados como patrullas, miles de millones gastados en “equipo policial”
que no tenía verdaderos fines operativo-policiales (excepto transportar a los directores
hacia sus casas de habitación). Recordemos también los miles de millones
gastados por un par de años consecutivos para la aeronave “Caribú”, que nunca
pudo ser reparada en serio, y ahora es una costosa pieza de decoración en
Liberia. Sigamos recordando, que tal los cientos de uniformes sin entregar,
fundas de chalecos antibalas vencidas, y botas de tallas erróneas, abandonadas
a la suerte del polvo y el olvido en el almacén institucional. Por todo esto el
ministro Gustavo Mata estuvo sentado en la comisión de Ingreso y Gasto Público
de la Asamblea Legislativa-los diputados no hicieron nada vale aclarar. No
podemos omitir de nuestras memorias aquellas sobre valoradas tiendas de campaña
de 170 millones de colones, adquiridas en 2017, de uso limitado, genérico y
antojadizo. Y, pues bien, a todo eso le podemos sumar las directrices internas
del Ministerio de Seguridad Pública para racionar la alimentación de los
oficiales.
Permítame una última anécdota estimado
lector, una vez a este servidor suyo se le asignó la responsabilidad de elaborar
el anteproyecto presupuestario del departamento de Planes y Operaciones. Cuando
lo presenté me atendió una señora de la Unidad de Ejecución Presupuestaria,
quien lapicero en mano, de manera antojadiza, sin consultar ningún documento, y
con CERO experiencia policial, tachó las líneas de las artículos que ella
decidía si se iban a comprar o no. Así se pueden hacer una idea de la
planificación de las compras.
Todo lo anterior tiene un
denominador común, y es el uso subjetivo, poco transparente, no apegado a la
normativa e irresponsable, de las unidades de ejecución presupuestaria del
Ministerio de Seguridad Pública. Y se han señalado situaciones previas al
periodo de análisis del informe, con el objetivo de evidenciar que esta
problemática se viene arrastrando desde hace años y nadie se ocupa seriamente
del asunto. Justo por la experiencia propia, así como la diaria comunicación
con los oficiales de diferentes cuerpos policiales del país, es que no me
sorprenden las conclusiones del informe de la Contraloría. ANEP ya ha señalado
en muchísimas oportunidades todas esas falencias, y hasta más.
Por si aún tiene dudas de
algunas de las conclusiones extendidas por la Contraloría, te comento que son
muy sencillas de sintetizar, a groso modo, se resumen en que, en el Ministerio
de Seguridad Pública: las compras no se ajustan a procesos de planificación (o
sea, que el 50% de las compras son improvisadas), no se tiene certeza de que lo
adquirido coincida con las necesidades reales institucionales, se hacen varios
procesos de compra de un mismo artículo, no existe valoración de riesgos de los
procesos y no hay una verificación y seguimiento del cumplimiento de entrega de
los productos adquiridos…entre otras señaladas por la Contraloría. Esto
traducido a palabras criollas significa que mientras los policías viven en
delegaciones con malas condiciones sanitarias, están faltos de uniformes y
equipamiento tecnológico, el personal que se encarga de ejecutar el dinero de
la institución lleva años gastando sin planificación, despilfarrando en cosas
que no tienen ninguna necesidad prioritaria y la cabeza al mando no mueve un
dedo por cambiar esta realidad.
Ah, y sobra decir que se han
escuchado historias, sobre llamadas a proveedores, previo a sacar un cartel,
que curiosamente concuerdan con empresas que gozan de varias y frecuentes
adjudicaciones; el poco uso de la figura de la licitación pública en
contraposición con el abuso de la compra directa. Pero esas son simples
especulaciones, sin pruebas, de algunas personas que nos han contactado en
ANEP, así que no podemos decir que sean ciertas, aunque, en honor a la verdad,
confieso que me hacen dudar. Sin tan solo existieran investigaciones
serias…saldríamos de dudas.
Una de las frases más cliché que
figuran en la clase política es aquella de que la policía necesita ser dotada
con más equipo policial. Obviamente estas palabras obedecen a una falta de conocimiento
de la realidad policial y tienen un trasfondo populista. Si quienes ostentan un
cargo con responsabilidad de representación del pueblo de verdad se preocupan
por la seguridad ciudadana, previo a dotar de más equipo, exigirán una
inversión planificada, apegada a las necesidades reales, con criterios técnicos
elaborados por personas con experiencia en el ámbito policial; no permitirán
siquiera un cuestionamiento por corrupción (por ejemplo, en su momento quien
dirigía la ejecución presupuestaria de Fuerza Pública cumplió una pena por el
delito de peculado y aún sigue siendo parte de la institución), y, finalmente,
se iniciarán los procesos para sancionar a quienes hayan faltado a su deber de
probidad, o carecen de eficiencia en su labor.
Está de más indicar que estaré
a la expectativa de la reacción a tomar por parte del Ministro de Seguridad
actual: ¿Engavetará el informe en su escritorio, como lo hicieron sus
predecesores con las advertencias de la auditoría interna, o se ajustará el
cinturón y buscará cambios reales en la forma de ejecutar el dinero de la
cartera ministerial bajo su responsabilidad? Solo espero que sea más firme de
lo que ha sido con otras situaciones, como todas las inconsistencias que hemos
señalado en la Policía de Control de Drogas, por dar un ejemplo. Y usted
inteligente ciudadano: ¿Volcará la vista a otro lado, o como es su derecho
exigirá que el dinero del pueblo sea invertido de manera adecuada, transparente
y eficiente? Su decisión…
