Autor: ANEP

Al igual que nos estamos posicionando en la misma línea y desde nuestra perspectiva de la lucha social-sindical, otros están pensando lo mismo: Grave error político está cometiendo Carlos Alvarado Quesada con su inoportuna pretensión de postular a Costa Rica, para que logre un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en una elección que está prevista para las próximas horas), juntándose con su colega Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil. Esto está empañando la imagen del país “pura vida”, “defensor” de los Derechos Humanos.

Pero no son cualesquiera “otros” los que están pensando parecido a nosotros. Esos “otros” son integrantes de la comisión política “Garantes de la Ética” que el propio mandatorio Alvarado Quesada designó para que se le fiscalizase a él y a su gobierno en este relevante campo de la acción del poder, como lo es la ética en el servicio público. ¡Los mismos de su lado lo están dejando solo!

Quienes todavía siguen en esa comisión, la señora Margarita Bolaños Arquín, así como los señores Quince Duncan Moodie y José Manuel Arroyo Gutiérrez, pegan el grito al cielo y se desmarcan de Alvarado por esa asociación con el gobierno brasileño de Bolsonaro, el cual según afirman “…contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Abiertamente alaba la última dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, así como promueve la violación de derechos de las minorías debido a su etnia, género o identidad sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, privatiza los parques nacionales y no le importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón del planeta”.

Noten usted con qué clase de político se ha alineado el Gobierno de la República, el canciller Ventura Robles y el mandatario Alvarado Quesada. Y lo afirman los integrantes que quedan de la comisión de Garantes de la Ética nombrados por el mismo señor Alvarado. Lo dijeron ellos y ella, personas ciudadanas costarricenses que nos merecen mucho respeto. ¡Así lo admitimos! Pero, ¡no lo dijo un sindicalista!, aunque suscribimos totalmente la apreciación que tienen de ese señor Bolsonaro.

Lo que queda del equipo garante de la ética en el gobierno de Alvarado afirman que su junta con Bolsonaro “…se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la trayectoria, el prestigio y el derecho de nuestro país a ese reconocimiento internacional”, sea, ser integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La regañada al mandatario tico lleva a la señora Bolaños y a los señores Duncan y Arroyo a exigirle proceder “… a corregir cualquier alianza explícita que pueda comprometer el prestigio de nuestro país en materia de derechos humanos, rectificando la estrategia a seguir con su candidatura y sobre todo dejando claro la inexistencia de compromisos con el pensamiento y acción del gobierno Bolsonaro”.

¡Demasiado tarde! La política exterior del Gobierno de Alvarado nos ha matriculado ideológicamente, comprometiendo la paz, “la neutralidad activa, perpetua y no armada”, que alguna vez afirmaron como principio fundamental de la política internacional del país, pero no fue más que falsa proclama que marcó uno de los puntos degenerativos del otro partido socialdemócrata Liberación Nacional, mismo que pretendió el PAC sustituir como “heredero” de tal filosofía política. ¡Qué va! La Socialdemocracia sigue huérfana. Este partido y el PLN transitan el mismo camino neoliberal. Y en política exterior, son idénticos… lo mismo. Alvarado confirma esa ruta. Y, al juntarse con Bolsonaro, los mismos de su lado lo dejan solo.

Sin pena ni gloria. Apenas un acto “palaciego” que pasó muy desapercibido, llevado a cabo en la sede del, lamentablemente, desprestigiado Parlamento, con la presencia del no menos desacreditado mandatario del Poder Ejecutivo. 

El pasado jueves 7 de noviembre se cumplieron 70 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, la también denominada Carta Magna, por ser la piedra angular (se dice), de la convivencia civilizada en el seno de nuestra nación.

Una fecha conmemorativa inherente a la institucionalidad republicana como esta debió haber tenido mucha más proyección, inclusión y divulgación. ¡No fue así! Se juntaron solo entre ellos, la clase política tradicional, cada vez más aislada de la gente, de la ciudadanía; certificando, tal y como lo hemos venido señalando, que en Costa Rica la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace cada vez más grande, más larga, más profunda.

La llegada del 70 aniversario de la Constitución Política se da en un momento en que la abrumadora mayoría de la población, en porcentajes jamás surgidos antes, estiman que el rumbo del país está equivocado. 

Además, que el actual mandatario presidencial es la persona en ese puesto más impopular y más rechazada desde que se hacen encuestas, que miden el nivel de aceptación de quien ocupa la Presidencia de la República.

El sentimiento generalizado de una ciudadanía que está muy decepcionada de su clase gobernante es que el espíritu de la Constitución, fundamentado este en la promoción del bien común y de la inclusión social, ya no es el determinante a la hora en que se están tomando decisiones, especialmente las de orden legislativo-parlamentario.

Una enfermiza y patológica aversión a lo público impregna la mayoría de las voluntades diputadiles actuales, muchas de las cuales son permeadas por intereses egoístas provenientes de la esfera del alto negocio empresarial, como ya fue denunciado por una legisladora nada proclive a la lucha social y, mucho menos, al papel de los sindicatos en la sociedad. La agenda del mega-corporativismo del lucro privado con la cosa pública es lo que está primando en la actual Asamblea Legislativa. Y eso no está dictado en la Constitución.

Lo que pasó con la tramitación atropellada y con la aprobación-imposición del denominado combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una muestra clarísima de que el espíritu constitucional de la promoción del bien común y de la inclusión social fue relegado, desdeñado y hasta violentado.

Esta detestada legislación, por otra parte, impuso varias modificaciones estructurales a esa Constitución, sin pasar por los procedimientos que la misma establece para su propia variación. Ejemplo de ello es la violentación de la autonomía del régimen municipal, el cual, desde un punto de vista político pasó a ser regido con el espíritu ideológico-fiscal que prima en el manejo de las finanzas públicas del país; mismo que establece la prioridad del pago de la deuda pública y de sus obscenos intereses por encima de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social. 

Lo peor de todo es que los guardianes de la Constitución ya no se desempeñan en cuanto tales. Al menos, esa es la sensación que anida en amplios segmentos de la ciudadanía. Ahora son guardianes de la satisfacción plena de los enfoques políticos hegemónicamente dominantes, los del perverso y fracasado neoliberalismo, en el tema macroeconómico fiscal, del déficit y de la deuda.

Algunos ciudadanos, muy honestos, capacitados y estudiosos, vienen propugnando por una nueva Constitución Política. Esto debemos verlo con cuidado. La gran ofensiva que estamos presenciando desde el actual Parlamento en contra de los preceptos fundamentales de la actual Carta Magna: bien común e inclusión social, no augura que una eventual Asamblea Constituyente pudiera llevar mayoría de representaciones leales a esos postulados constitucionales, hoy muy mancillados.

Por otra parte, el dolor del desempleo que sufren unos 300 mil compatriotas como que no importa a los grandes tomadores de decisiones políticas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estas personas, tan costarricenses como usted y como yo, sufren una severa violación a su Derecho al Trabajo, así incluido en la Constitución Política.

El artículo 56 de la Carta Magna estipula: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”. ¿Qué pensará cada uno de esos 300 mil costarricenses de que tener un trabajo es un derecho y, a la vez, una responsabilidad para con la sociedad, si esta, mediando el Estado, no le facilita lo concerniente? Con seguridad, se siente desprotegido por la propia Constitución.

Si la Constitución empieza a ser violentada de facto (como ha ocurrido con la ley del combo fiscal); si la Constitución ya no está protegiendo los derechos obreros y sociales porque quien debe procurar ello se está haciendo de la vista gorda; si la Constitución ha quedado sin guardianes porque estos están respondiendo a intereses ajenos a sus postulados… se está abriendo un peligroso camino de inestabilidad con consecuencias insospechadas. 

En el entretanto, algunos estamos optando por una nueva protección: la del Derecho Internacional pero no porque la Constitución de 1949 ya no “sirva”. Todo lo contrario: es para garantizar su preservación desde afuera del país. ¡A esto estamos llegando!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde la militancia mediática del principal medio de comunicación escrita practicante del periodismo de odio, ha salido una idea para establecer una especie de control ideológico-político de lo que acontece en el seno del Parlamento costarricense, otrora conocido como Primer Poder de la República, a fin de que en cada una de sus comisiones legislativas se instale una especie de policía política designada por el Ministerio de Hacienda; para que se ejerza un procedimiento de revisión exhaustiva de cada iniciativa de ley que presenten los señores diputados y las señoras diputadas, a fin de que estas no se salgan del esquema macrofiscalista que se ha impuesto al país, a partir de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Esta especie de gendarmería ideológica respondería a los intereses que salen del Ministerio de Hacienda y su “comandante en jefe” sería su jerarca actual, Rocío Aguilar Montoya, cuya línea de imposición de políticas públicas está dirigida al bienestar del menor número y a perjudicar a las grandes mayorías; todo lo cual ya es público y notorio y no amerita argumentación adicional.

Hemos venido insistiendo en que nuestra querida Patria está sufriendo un proceso de transformación estructural muy profundo, de lo cual la ley 9635 representa apenas la punta del iceberg; proceso que tiene una intencionalidad clara para instaurar, más bien imponer, una forma de ejercicio de la Democracia de corte autoritario-totalitario.

La policía política de Hacienda en el seno del Parlamento, a través del control que esta ejercería en cada comisión legislativa, no solamente representa un acto de soberana arrogancia de parte de la indicada jerarca y su equipo íntimo de insensibles tecnócratas, los cuales prácticamente están descalificando la capacidad intelectual de las 57 personas con escaño parlamentario en estos momentos para que estas impulsen iniciativas propias sin supervisión ideológica previa; sino que sería una especie de aberración constitucional, pues lo que representa tan nefasta pretensión no es más que el control político abierto de parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

Si ya ha quedado clara la total hegemonía que ha venido imperando en la actual Asamblea Legislativa, en el sentido de que estamos observando una mayoría mecánica dispuesta a aprobar, sin mayor discusión, las iniciativas de ley macrofiscales y hacendario-presupuestarias que ha venido presentando la cartera ministerial de Hacienda; esta parece desconfiar de que alguien se le ha venido saliendo o se le podría salir, del rebaño diputadil; poniendo en riesgo la imposición de nuevos y más profundos ajustes fiscales en detrimento de la población, sin la menor resistencia intramuros parlamentarios.

Vemos con alarma esta iniciativa que, si bien es cierto se formula desde la sala editorial del principal medio del periodismo del odio en el país, es imposible pensar que no haya ya sido discutida con la propia jerarca de Hacienda, la señora Aguilar Montoya; y, de seguro, con el propio señor Carlos Alvarado Quesada. La congruencia político-ideológica entre el pensamiento de estos dos altos personeros ejecutivos del país y el pensamiento de ese tipo de prensa ha sido de total constatación para las conciencias cívicas del país.