La Seccional ANEP-Municipalidad de San José se reunió con el alcalde Johnny Araya para tratar temas de la Convención Colectiva de Trabajo y la violación de la autonomía municipal por parte de la ley 9635.
Autor: ANEP
Esteban Calvo: Cambios y riesgos para la legislación laboral
CCSS: ANEP solicita separar de sus cargos a personas investigadas por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y administración fraudulenta
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.
“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.
La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.
“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.
Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.
Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:
| Funcionario | Puesto |
| Luis Guillermo López Vargas | Director Actuarial y Económico |
| Gustavo Picado Chacón | Jefe del Área de Investigación Económica |
| José Luis Quesada Martínez | Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales |
| Iván Guardia Rodríguez | Director Financiero Contable |
| Carlos Montoya Murillo | Jefe del Área de Tesorería General |
| Christian Hernández Chacón | Jefe del Área de Colocación de Valores |
| Yorleny Madrigal Mora | Analista de Inversiones |
| José Alberto Acuña Ulate | Director Financiero Administrativo |
| Roy Retana Mora | Jefe del Área de Crédito y Cobro |
Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.
Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.
Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.
Entrevista a Ricardo Rojas Ayrala, representante sindical de Argentina
Mesa Sindical de Mujeres: manifiesto “Ollas Vacías”
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El día de hoy cedemos el espacio de opinión que nos brinda Diario Extra, desde el año 2002, a la Mesa Sindical de Mujeres, misma que está convocando a la Manifestación “Ollas Vacías”, para mañana jueves 4 de abril de 2019, a partir de las 2:00 p.m., en el Ministerio de Hacienda.
Reconocemos la importancia de esta convocatoria contra la canasta básica tributaria que impone el neoliberal gobierno Alvarado-Piza. Igualmente, reconocemos el trabajo que desde este espacio de articulación de lucha social de las secretarías de Género realizan, desde hace más de cuatro años, las centrales-confederaciones sindicales; representadas por las compañeras María Laura Sánchez Rojas, de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP); Rose Mary Rodríguez Bustos, de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN); Olga Serrano Serrano, de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC); y, Tatiana Otto Golovina, de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
A continuación, el Manifiesto “Ollas Vacías” de la Mesa Sindical de Mujeres.
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) manifiesta su disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores.
En el mes de octubre del año 2018 la Mesa Sindical de Mujeres participó, en la Huelga General que se desarrolló en este país contra el Proyecto de Ley número 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “Combo Fiscal” que favorecía a los ricos y cargaba de impuestos al pueblo trabajador. Con gran indignación fuimos testigos de que, a pesar del gran clamor ciudadano en contra del Combo Fiscal, el gobierno no se dignó a atender a las personas huelguistas, a pesar de que proponían importantes puntos para que se realizara un Plan Fiscal menos agresivo contra el pueblo como el que se aprobó.
Los resultados están hoy a la vista, una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses.
A partir del mes de junio del 2019, empezara a regir una serie de impuestos a todos los servicios públicos, a los ahorros y a los productos alimenticios, y es que este gobierno, por medio de su Ministerio de Hacienda, en una forma perversa han excluido de la canasta básica, alimentos nutritivos que han sido tradicionales en la mesa de nuestras familias.
Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas.
Para nosotras como Mesa Sindical de Mujeres (MSM) es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, necesarias para una alimentación y nutrición sana; ya que al estar fuera de la canasta básica su precio se incrementará porque serán castigados con el 13% de impuestos, además porque esa acción golpea a nuestra agricultura, ya que, al encarecerse las frutas, verduras y legumbres, no se podrán consumir, debido a que nuestros bolsillos ya están bastante castigados y esto aumentará con este tipo de medidas y por supuesto al bolsillo de los y las agricultoras.
Circula en la prensa escrita una denuncia del diputado José María Villalta Flórez-Estrada, de que el gobierno ha omitido para la conformación de la canasta básica los estudios proporcionados por los especialistas de la Unidad de Análisis Permanente de Salud (UAPSS) del Ministerio de Salud que fue emitido desde febrero, y en el que recomendaban de manera clara la presencia de productos saludables en la canasta básica tributaria, para salvaguardar el acceso de las personas de los estratos económicos de menor ingresos a alimentos con características nutricionales superiores. Esta recomendación incluía panes integrales y productos libre de gluten, cereales integrales y pastas integrales (para personas celiacas y diabéticas) así como queso fresco, yogurt y productos deslactosados, embutidos de pavo, el atún en agua y lo aceites de oliva y canola.
Sobre este mismo tema se ha pronunciado la CCSS, la Universidad de Costa Rica, varios diputados y diputadas, el Colegio de Nutricionistas, el Ministro de Agricultura, entre otros grupos, alertando a la ciudadanía de que los productos de la canasta básica impuesta no son nutritivos.
Carlos Alvarado Quesada y María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda en lugar de atender la recomendación de las personas expertas, promueven la desigualdad creciente de nuestro país, por medio de una de las peores formas de ella, con la alimentación, incumpliendo con el Derecho Humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional.
La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) exige al presidente Carlos Alvarado Quesada que escuche al pueblo y legisle para las personas más desposeídas que también son ciudadanos y ciudadanas de este país.
¡No más ollas vacías en nuestros hogares! Esta es la motivación central que nos anima para hacerle partícipe de esta importante jornada de lucha promovida por compañeras trabajadoras-mujeres y madres sindicalistas, con el apoyo total de sus organizaciones matrices; y con la solvencia moral y ética que les da saberse depositarias de una gran molestia ciudadana, principalmente del sentir de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres jefas de hogar, las cuales viven, día a día y hora tras hora, las angustiosas circunstancias de una sociedad de exclusión social y económica; exclusión que, dramáticamente, tiene en las mujeres sus principales víctimas.
ANEP aplaude y apoya a la UNGL por defender autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda
Organizaciones relacionadas con el régimen municipal coinciden en que la Ley 9635 violenta la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aplaude el accionar de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) al defender la autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda por la aplicación de la Ley 9635, popularmente conocida como “Ley del Combo Fiscal”.
Nuestra organización sindical insistió desde antes de la aprobación de la Ley 9635, en la necesidad de pronunciarse y hacer esfuerzos para que no afectara la autonomía constitucional al régimen municipal.
“Fue escuchado nuestro reclamo, la UNGL enfrenta mediante una carta a la Ministra de Hacienda en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal. Desde hace meses lo dijimos el combo fiscal dio una especie de “Golpe de Estado” técnico”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
En la carta enviada a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, la UNGL cuestiona de que se le quiera imponer a los Gobiernos Locales un tope del 4,67% en el crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos ordinarios. Esto contradice, la potestad legal que tienen los municipios para definir su administración y sus presupuestos.
“Limitar el crecimiento del gasto corriente en 4.67% es un desacierto, ya que estos ingresos no constituyen transferencias del Ministerio de Hacienda, sino que son la expresión de la Autonomía del Régimen Municipal. Este tope al crecimiento del gasto corriente, se traduce en la limitación del desarrollo de proyectos sociales que converjan en el fortalecimiento del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada cantón”, indica la misiva.
Además, agrega que “las Municipalidades tienen autonomía para regularse y sufragar, mediante gasto corriente, nuevos servicios. Incluso, respaldados con los análisis financieros pertinentes, están en condiciones de crear la cantidad de plazas que consideren necesarios en procura de la administración de los intereses y servicios locales.
ANEP se ha reunido con varios representantes de diversos municipios del país para analizar el impacto negativo de esta ley en el régimen municipal y las acciones a seguir para evitar mayor afectación a los trabajadores y a las comunidades.
“Por estas razones hacemos un llamado a los demás gobiernos locales a trabajar en conjunto para proteger la autonomía municipal”, recalcó Vargas.
Es importante resaltar que la ANEP, ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9635, por lo que insta e invita a la UNGL a seguir también el camino jurídico- legal y a unirnos en esta lucha que apenas empieza.
Carta enviada por la UNGL al Ministerio de Hacienda
Carta Ungl al Ministerio de… by on Scribd
¿Un año de qué?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
A poco más de un mes, el señor Carlos Alvarado Quesada cumplirá un año de estadía en Zapote, circunstancia que nos permite compartir con usted, estimada y respetada persona lectora de esta columna, algunas consideraciones que surgen de la práctica cotidiana de la concepción de Sindicalismo Sociopolítico en la cual creemos.
En tal sentido, lo primero que nos viene a la mente es que el actual gobierno que encabeza Alvarado Quesada, como su rostro formal, expresa un evidente contenido de clase, excluyente y sectario; dándole prioridad a la tutela y defensa de los intereses mega-corporativos del gran empresariado del país, gran parte del cual enfrenta cuestionamientos éticos-morales y legales en lo que respecta al cumplimiento real de sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.
En tal sentido, el gobierno encabezado formalmente por Alvarado Quesada, muestra una congruencia ideológica clara con la ya, en muchas partes cuestionada, globalización neoliberal, la del imperio inmisericorde de las empresas transnacionales (ETN), uno de cuyos críticos más reconocidos es el propio papa Francisco.
El segundo elemento esencial, es que este gobierno muestra su proclividad para un ejercicio autoritario de su acción gubernativa, de fuerte prepotencia y arrogancia, con una subjetividad soberbia para la exclusión de la diferencia.
Ello le lleva a considerar la naturaleza del diálogo social como una mera formalidad y no como algo consustancial a una democracia que se definió como participativa, según la reforma introducida en la Constitución Política, en su artículo 9. ´
Esto quedó en absoluta evidencia con ocasión de la ahora histórica Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, cuando la intolerancia gubernamental llegó a increíbles niveles de perfidia, como para dejar que el conflicto se prolongase por el mayor número de días y semanas posibles; al punto de que la ciudadanía mayoritaria que le dio su apoyo al inicio, se lo quitara en gran medida; para darle tiempo a la acción no menos pérfida del periodismo de odio contra los y las huelguistas, sus organizaciones y el movimiento en sí.
El tercer elemento que denota el carácter de clase del gobierno de Alvarado Quesada es que en torno a él, como vehiculizador político, se juntaron personajes políticos de otros partidos neoliberales, como Unidad y Liberación; de forma tal que el gran capital (especialmente el financiero-bancario), consolida el «asalto» ansiado de la conducción estratégica de la cosa pública, para la apropiación privada de aquellos activos y servicios públicos que, todavía y gracias a la férrea resistencia popular, siguen siendo patrimonio estatal.
El carácter de clase viene potenciado, además, con la gran carga subjetiva de odio de clase; muy bien expresado a través del periodismo de odio afín a Alvarado Quesada (como lo mencionamos arriba), en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público.
Éstas han sido criminalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, injuriadas, calumniadas en el marco de este gobierno de falsa «unidad nacional», que no es más que el gobierno de la unidad del capital neoliberal y su parte hegemónica, la financiero- bancaria.
Un cuarto elemento es que el gobierno de Alvarado Quesada es antisindical ya no solamente por su esencia de clase, sino por su comportamiento práctico. Algunos elementos sanos en su interior, no hacen más que resaltar tal carácter de clase, tal y como lo acabamos de señalar.
La ofensiva antisindical que se desarrolla en estos momentos en el parlamento, con dócil mayoría pro-capital-neoliberal, es indicador contundente de un rabioso antisindicalismo visceral, expresado «magistralmente» por el legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez, del neoliberal PLN; reforzado por su compañera de bancada, Yorleny León Marchena (antes ella era del PAC); por el diputado de la Unidad, Pedro Miguel Muñoz Fonseca; por la diputada del PAC, Paola Viviana Vega Rodríguez, entre otros.
¿Un año de qué? Un año de autoritarismo, de falso diálogo, de prepotencia, de soberbia; un año de fomento de la exclusión social y económica; un año de mayor fraude fiscal en todas sus manifestaciones; un año de reversión de derechos salariales y sociolaborales; un año de más desempleo y precarización salarial; un año de más impuestos para quienes menos tienen; un año de más fracaso macroeconómico, de más endeudamiento público y de mayor pago de intereses obscenos de una deuda impagable; un año de ausencia de decoro y de hidalguía en el concierto de las naciones; un año de desprecio del Derecho Internacional; un año de feroz antisindicalismo… y un año de lucha… ¡La lucha continúa!
Convocatoria: Manifestación de las Ollas Vacías
ANEP-Municipalidad de Goicoechea protestó por privatización de parquímetros
La Seccional ANEP- Municipalidad de Goicoechea junto a trabajadores municipales protestaron la noche de ayer en el Concejo Municipal de la localidad, para oponerse a la privatización del sistema de parquímetros del cantón.
La molestia de los trabajadores radica en que la empresa privada adjudicada por parte del Concejo Municipal para el manejo de los parquímetros, recibirá el 60% de las ganancias, dejando tan solo un 40% de utilidades para la municipalidad. Esto provocaría el despido de funcionarios municipales que actualmente ejercen dicha labor.
Otra de las molestias de la seccional y los trabajadores es la forma en como se dio la adjudicación, ya que aseguran que no hubo una licitación, ni mucho menos un estudio técnico financiero que avalara o justificara la contratación.
Además, aseguran que no se adjudicó que la empresa reuniera los requisitos de idoneidad legales, técnicos y financieros. En este tema, la Contraloría General de la República también emitió su criterio, indicando que el municipio debía asegurar que dichos requisitos se cumplieran.
Precisamente estos y otros argumentos técnicos-legales fueron presentados en un veto ante el Concejo Municipal por parte de la alcaldesa, Ana Lucía Madrigal Faerron, lo que deja sin efecto la privatización de los parquímetros
En el siguiente video podrá observar el desenlace que se dio en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Goicoechea.
Trueque político turbio de eurobonos por empleo público
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.
Resulta repugnante constatar que las necesidades más inmediatas del país en materia fiscal, según la ideología dominante de corte neoliberal de la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se mezclen en una negociación política mediando derechos laborales como los que competen al empleo público, en cuanto fuerza de trabajo del futuro inmediato y mediato de los servicios estatales.
Tanto Alvarado como su réplica política en el parlamento, el diputado Benavides (quien, por ahora, ostenta el control político total de lo que se gestiona en la Asamblea Legislativa), reconocen, sin pudor alguno, que se desarrollan negociaciones entre ambos en lo que para nosotros representa un trueque turbio entre el Ejecutivo y el Legislativo: yo te entrego un empleo público de “nuevo tipo” (léase precarizado, altamente vulnerable al despido, incluyendo al actual y todavía vigente); y tú me das los 6 mil millones de dólares que ocupo para administrar el gobierno por los 3 años que quedan de aquí al 2022.
La monumental irresponsabilidad de gestión macroeconómico-fiscalista que está mostrando el sectario grupo gobiernista actual, no se había observado en administraciones anteriores.
Dejar al país con un nivel de endeudamiento que superaría los 40 mil millones de dólares, revela la perversa y maquiavélica estrategia de que quedemos, en el corto plazo, en bandeja para entregar al país en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI); pues no lleva ninguna sana intención ese malévolo trueque de empleo público por eurobonos.
En realidad, eso fue lo que pasó con ocasión de la imposición de la ley del combo fiscal-9635, oficialmente bautizada con el pomposo nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Nosotros preferimos entrecomillar tal denominación oficial de esa detestada ley 9635, porque no es cierto que con la misma haya ocurrido un “fortalecimiento” de las finanzas públicas, habida cuenta de que las mismas están con espantosos niveles de endeudamiento y con una carga de pago de intereses sumamente perversa y criminalmente obscena: ¡oígase y escúchese bien, de casi 4 mil millones de colones por cada 24 horas!
Tal legislación para lo único que ha servido es para hacer daño a quienes menos tienen responsabilidad en esto del déficit y de la deuda pública. Es el mismísimo FMI, así como las agencias calificadoras de riesgo (“la policía financiera del planeta”), los que indicaron que, prácticamente, esa ley no sirvió de nada y que en el corto plazo el pueblo deberá ser sometido a más presión tributaria; y, por ende, a que pague más impuestos; dentro de lo cual el ahora Impuesto al Valor Agregado (IVA), debe subirse del 13 al 15 %, sino más.
Ninguno de los políticos fanáticos del enfoque fiscal y macroeconómico de corte neoliberal, ni tampoco sus cuadros dizque técnicos en entidades como la Contraloría y/o la Procuraduría, pudieron sostener la pérfida especie de que el déficit fiscal se debía a los salarios devengados en el sector Público, independientemente de las correcciones y excesos que nunca fueron regla sino más bien excepción.
El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.
Las alternativas existen; pero, verdad sea dicha, no está la hegemonía política necesaria que abra paso a esa vía alternativa, pues es la desarticulación de los sectores cívico-patrióticos, sociales, sindicales y populares, la base del actual y real poder que ejerce la tríada gobiernista PLUSC-PAC con el binomio político Alvarado-Piza como su gerencia fundamental.
En tal sentido y considerando que el trueque político de entrega de derechos del empleo público a cambio de los eurobonos, se está resolviendo en el más alto nivel de la indicada hegemonía macroeconómico-fiscal de corte neoliberal; mal haríamos como organización sindical prestarnos a un juego de negociación del “nuevo” empleo público, dándole a este gobierno legitimidad de gratis cuando ha quedado harto demostrado que esta gente no cree en procesos de diálogo social realmente transparentes y con negociación efectiva. Los neoliberales no negocian… imponen.
