Compartimos la entrevista realizada en TELEFIDES por el empresario
Emilio Bruce Jiménez al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Autor: ANEP
El pacto por el nuevo directorio legislativo, “el de los Carlos”, agudizará la desigualdad y la exclusión social
-Gran aliento representa el mensaje pastoral de la Iglesia Católica
-Mantendremos nuestra firme posición de lucha y llamamos a una nueva articulación social
Ni una sola iniciativa de ley para beneficiar a las mayorías, especialmente a las estrujadas capas medias altamente endeudadas, así como a los sectores obrero-populares sumidos en la desesperanza y la precariedad económico-financiera, se incluyó en la nueva edición del pacto neoliberal, “el de los Carlos”, de la agenda parlamentaria para el período legislativo 2019-2020.
Se trata de una renovada agenda de iniciativas de ley contra el pueblo, al entrarse a una fase más agresiva del impulso del proyecto neoliberal contra la gente; luego de que se terminara de confirmar la degeneración política del PAC, al mandar éste al cajón de la basura su ya endeble ética política y su “peculiar” agenda de Derechos Humanos.
En “el pacto de los Carlos” (Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, nombres que le dan rostro a una clase política que se olvidó de las mayorías), no incluyó ni una sola iniciativa para, al menos, que se diese una tenue desaceleración del perverso proceso de crecimiento de la desigualdad; para, al menos, la materialización de algunos cambios (aunque fueran tímidos), en las no menos perversas cifras de la evasión y de la elusión fiscales, así como de las abusivas exenciones-exoneraciones.
Los grandes grupos económicos (legales unos, al margen de la ley otros), seguirán disfrutando de la apropiación indebida de los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en robo de impuestos; y de los 6 puntos PIB de las 440 leyes que les eximen de tributar lo que al pueblo trabajador sí le cobran a diario.
Por el contrario, le darán un nuevo impulso al ya estrangulante proceso de endeudamiento público, con el proyecto de los eurobonos: 6 mil millones de dólares más de deuda para que el país supere, aumentando el ya grave riesgo de quiebra, la barrera de los 40 mil millones de dólares de endeudamiento de aquí al 2022.
“El pacto de los Carlos” jamás pensó en la regulación de los intereses de usura y su cobro obsceno en tarjetas de crédito; jamás pensó en regular la barbaridad en cuanto a los precios de los medicamentos; ambas medidas más que urgentes para una clase trabajadora altamente endeudada, especialmente en las capas medias de la sociedad.
Los que elaboraron “el pacto de los Carlos”, jamás pensaron en la paupérrima situación de los salarios mínimos en el sector privado; ni en el establecimiento de una canasta básica que, de verdad, permitiese una sana alimentación y un solidario y justo acceso económico a los sectores populares en los cuales ya se pasa hambre.
Total ausencia en “el pacto de los Carlos”, de un abc de reactivación económica materialmente concretable y constatable en el cortísimo plazo; para que, al menos, la juventud sin empleo (casi ya 100 mil personas), recibiese un mensaje de aliento de que su clase política piensa, con sinceridad, en la gravedad de su desesperanza.
Los proyectos neoliberales de educación dual, de reversión de la histórica jornada de las 8 horas establecida en el Código de Trabajo desde 1943, el ataque antisindical y la derogatoria del carácter constitucional del Derecho de Huelga, más la precarización del empleo público y el establecimiento del despido “exprés” en el mismo; indican una ofensiva más coordinada y estructurada todavía de la que presenciamos en el año legislativo que acaba de terminar, para posibilitar mayores niveles de explotación obrera y laboral y, por supuesto, más concentración de la riqueza.
Por el contrario, las iniciativas del pacto neoliberal en su versión actualizada, “el pacto de los Carlos”, en cuanto a contratación pública y los procesos de concesiones, bloquearán la necesaria auscultación ciudadana del uso de supermillonarias cifras de fondos públicos que se gastan sin la necesaria transparencia que amerita la gravedad de una crisis fiscal como nos la vienen pregonando.
A pesar de este panorama tan adverso para el pueblo trabajador, debemos celebrar el contenido de la homilía pronunciada por monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San José, de la Iglesia Católica; y, Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de Costa Rica; con ocasión de la celebración a San José Obrero, en la catedral metropolitana, este miércoles 1 de mayo de 2019.
Los señalamientos críticos que la Iglesia Católica formuló acerca de los perversos desajustes sociales y de la grave desigualdad que sigue creciendo en Costa Rica, deben recibir más atención de parte de las organizaciones populares y cívicas, especialmente de parte de los sindicatos. En el caso de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer, así lo haremos.
Mantendremos firme nuestro espíritu de lucha y de denuncia; reforzamos nuestro sincero llamado a la construcción de nuevos espacios de articulación de la resistencia social que, si bien está en ebullición en las redes sociales, hasta ahora no es nada más que el ejercicio clásico del derecho al berreo, solamente que ahora en sofisticada versión digital.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
Coordinador del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Primero de Mayo: sindicalismo y reactivación económica
Por: Albino Vargas, Secretario General ANEP
El doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, académico universitario y actual Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tiene ya largo tiempo de investigar, analizar y escribir sobre los delicados desafíos de la Costa Rica actual en materia de desarrollo económico con inclusión social.
Se puede coincidir con él en todo, en parte; o, incluso discrepar totalmente. Pero nadie puede negar su rigurosidad académico-científico y la enorme seriedad de sus planteamientos.
Dentro de las principales preocupaciones de don Luis Paulino, y de sus insistentes y consistentes llamados de atención a las conciencias cívico-responsables patrióticas costarricenses, la cuestión de la reactivación económica ha sido de su mayor interés.
A un año, justo hoy, 1 de mayo de 2019, de la entrada en funciones de la presente Asamblea Legislativa, el tema de la reactivación económica le sigue siendo ajena a ésta, de manera irresponsable y temeraria; tanto como ya es más que contundente el soberano fracaso que en tal sentido exhibe el neoliberal gobierno Alvarado-Piza y la tríada-troika gobiernista del PLUSC-PAC.
Efectivamente, los principales datos macroeconómicos provenientes de economistas de seria reputación en los círculos corporativo-financieros del real poder, estarían ya dando señales de alarma como éstas:
El crecimiento del PIB se desploma al 2.6% o menos (hace cuatro años se estaba creciendo al 5%); el crédito al sector privado se cae al 6% (hace dos años crecía al doble), provocando mayor caos en materia de generación de nuevo empleo; la tasa básica pasiva llegaría al 8%, aumentándose severamente las cuotas de los préstamos bancarios; la devaluación del colón subiría al 8,1% (hace dos años estaba en 4.5%); la inflación llegaría al 3.8% (hace dos años estaba en 0.8%).
Se indica que “las actividades en las que trabajan las personas más pobres y con menos formación (agricultura, construcción, comercio e industria) todas tienen crecimiento bajo cero, lo que implica que no habrá nuevas fuentes de trabajo. Y en el peor de los casos, cierre de puestos”.
Por otra parte, se apunta que habrá sensible crecimiento en los delitos contra la propiedad y en la venta de drogas.
Para terminar, el colapso económico se agravará con el aumento de los impuestos indirectos que dañarán, aún más, las economías familiares de los hogares de ingresos medios y bajos, con la entrada en plenitud de la ley del combo fiscal.
A modo de ejemplo y dentro de su enorme y rica elaboración de pensamiento económico centrado en el ser humano, para este prestigioso académico patriota, la inversión pública requiere de un urgente “manejo político directo en el corto plazo”.
Hay que impulsarla de manera “planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía”.
Las preocupaciones y los aportes de don Luis Paulino al respecto de la reactivación económica y temas conexos, fueron acogidos, consciente y unánimemente, por la corriente sindical en la cual militamos.
El pasado 22 de marzo, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le presentó al Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la organización (compuesto por las directivas seccionales de base de los actuales 151 gremios laborales aglutinados bajo la bandera de la ANEP); el planteamiento “Una reforma fiscal sin reactivación económica es infértil, y más bien puede generar una profundización de la crisis fiscal”; planteamiento que contó con el beneplácito y la aprobación política del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Este planteamiento, “Una reforma fiscal sin reactivación económica es infértil, y más bien puede generar una profundización de la crisis fiscal”,está incluido dentro de una propuesta sindical más integral, también presentada y aprobada ese 22 de marzo, denominada “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”, la más reciente bandera propositiva de la ANEP y del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
La concepción de Sindicalismo Sociopolítico que nos inspira todos los días de nuestra lucha, está preparada para aportar cuando llegue ese momento en que la Patria eclosionada por las pifias de un fundamentalismo fiscalista que nos lleva por el despeñadero, tenga que sentar a sus mejores hijos y a sus mejoras hijas para hallar soluciones compartidas y negociadas que nos incluyan a todos y a todas; pero hablando con seriedad de una democracia realmente inclusiva y solidaria, con su economía estratégicamente reactivada.
Con ocasión de la conmemoración histórica del Día Internacional de la Clase Trabajadora, dejamos pública constancia por esta vía de nuestro agradecimiento sincero a don Luis Paulino por obsequiarle al movimiento obrero, una parte de su mejor pensamiento económico-social.
“Los armados están desarmados”
La Sala Constitucional ha venido sosteniendo en su línea jurisprudencial, que los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, o sea, sus condiciones laborales son diferentes a las de los demás funcionarios públicos. Sin embargo, no se crea que son mejores, no señor, son de las peores, y así lo vamos a mostrar en el desarrollo del presente artículo.
Resulta necesario primeramente traer a colación que dentro de un régimen de excepción, se contempla la suspensión o restricción de ciertos derechos fundamentales; o sea, los derechos de un grupo de ciudadanos en virtud de desempeñarse como policías dentro de los cuerpos policiales de nuestro país, quedan fuera de los parámetros establecidos en nuestra legislación laboral. Sin embargo, es necesario recordar que Costa Rica estableció en la Constitución Política de mil novecientos cuarenta y nueve, la abolición del ejercito como institución permanente, y en su lugar se instauraron las Fuerzas de Policía con carácter civilista.
Ahora bien, la misma Carta Magna señala, “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad”. En tal sentido, nuestros policías son funcionarios públicos (de los más mal pagados del gobierno central), la misma tesitura se establece en la Ley General de la Administración Pública, así como en la Ley General de Policía, Nº 7.410. Artículo 2.- “Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha venido considerando que a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales no les aplica lo señalado en el artículo número 58 de la Constitución Política, excepto en lo que cita el último párrafo: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”. En lo que concierne a sus derechos según la siguiente cita del mismo numeral, quedan excluidos: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”.
Es por ello, que la jornada de trabajo de nuestros policías es de doce horas, sean estas diurnas o nocturnas, sin pago de tiempo extraordinario. Se aplica entonces una restricción de sus derechos en relación con el resto del sector público.
La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional, establece que nuestros policías se encuentran cobijados por el numeral 143 del Código de Trabajo, sin embargo, la excepcionalidad endilgada a los cuerpos policiales, que tienen impedimento legal de hacer huelga, de negociar convenciones colectivas de trabajo, no se refleja en favor de los mismos, o sea, es la función policial un servicio esencial, excepcional, pero mal pagada.
Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, se plantea seguir afectando el salario, y las condiciones laborales de nuestros policías. Al menos es la lectura y análisis que hago del proyecto marco de empleo público, el cual no excluye a la Fuerza Pública, como tampoco lo hizo el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy Ley de la República número 9635.
La regresividad salarial y el desmejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas policiales; debe ser motivo de reflexión, por cuanto, con ello se favorece al crimen organizado, pudiendo este encontrar los portillos para penetrar las fuerzas de policía. Si bien es cierto, la honestidad de una persona no se mide por el nivel de sus ingresos, es aquí donde es preciso entender, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país.
Los cuerpos policiales están dentro de un régimen de excepción, que les restringe derechos fundamentales, o sea, los armados están desarmados.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.mainoranchia@anep.or.cr
Primer año de actividad parlamentaria: una Asamblea Legislativa que se olvidó de la gente
- Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria
Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:
Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.
Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!
“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.
Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…
“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.
No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.
Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.
Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.
Primero de Mayo: dos significados
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El Primero de Mayo debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Con diversos aportes al respecto, hoy los hacemos nuestros y se los compartimos, seguidamente.
En el caso costarricense, el Primero de Mayo implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.
Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas.
La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.
En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.
Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados.
Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.
Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.
La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden.
La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer Primero de Mayo en nuestro país.
A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del Primero de Mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.
Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.
Ahora hablemos de la otra conmemoración del Primero de Mayo, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista.
Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.
En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.
Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.
El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.
Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.
Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.
Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.
Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido.
Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.
Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria. Como vemos, el Primero de Mayo nos convoca por partida doble.
Primero de Mayo doble conmemoración
El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.
PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.
En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.
Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.
Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.
La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.
A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.
Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.
PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.
En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.
Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.
El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.
Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.
Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.
Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.
Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la actual Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.
Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.
Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble. Es por ello que quienes desfilaremos bajo las banderas y las consignas del colectivo sindical Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, nos juntaremos al pie del monumento a don Juanito Mora, en la explanada del Correo Central, en San José centro.
Presidencia imperial – gobierno autoritario
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Poco a poco, en estos ya casi 12 meses del período de gestión gubernativa 2018-2022, ejercida desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados ambos por el gran capital neoliberal, tanto ideológica como políticamente; se va delineando el perfil futuro que ocupa el control social de la población iracunda, misma que va creciendo en cuantía ante el avance del proceso de concentración de la riqueza y su contraparte dolorosa, la exclusión social.
“Los y las de arriba” ya, ahora sí, han tomado debida conciencia de que “los y las de abajo” cada vez son más y más críticos; y, por tanto, ni tontos que fueran como para no aprovechar el ventajismo de poder que les dio la estafa política ocurrida en el proceso electoral del año pasado 2018, cuando pusieron al pueblo a elegir entre “lo divino” y “lo diabólico”.
Por eso es que ahora están en loca carrera para la castración del surgimiento potente de expresiones desafiantes de democracia participativa ante el desprestigio y descrédito de la democracia representativa. Y, en tal sentido, el exterminio civil de los sindicatos es su prioridad en estos momentos.
El delineamiento de la nueva acción coercitiva del Estado, ante el desmontaje fuerte, en desarrollo, de su concepción social de Derecho, amerita dos fuertes cambios de rumbo en la ejecución de la política pública a la cual se le está impregnando de un contenido ideológico excluyente, ya no inclusivo y reductor de la desigualdad: lo que está instaurando a golpe de tambor es el todo mercado, nada Estado.
El primer cambio sustancial que ya empezó a operar al respecto, fue la aprobación del para siempre detestado proyecto del combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas.
Esta legislación, impuesta a la gente de manera tramposa, es el surgimiento de dos poderosos ministerios que, al conjuntarse las nuevas potestades político-jurídicas que les dio esa ley a ambos, anuncian el surgimiento de un tipo de presidencialismo vertical y, por ende, de corte imperial.
Desde la Casa Presidencial, mediando ambos ministerios, el Estado central, personificado en la figura del Presidente de la República, adquiere enorme poder coaccionante para definir dos estratégicos ámbitos de toma de decisiones, de corte vertical y bajo un ejercicio imperial de tal condición: la hacienda pública y el empleo estatal; incluso, reformándose, de facto, la Constitución Política de 1949.
Y nos estábamos quedando cortos en cuanto a la percepción social del surgimiento de una presidencia imperial en Costa Rica: un tercer supra-poder ejecutivo está ya en promoción de cobertura legal: el ministerio de Bienestar Social.
Toda la política de asistencialismo social, que es muy diferente a la concepción de Desarrollo Social, pasará a ser ejecutada con directrices de la presidencia imperial.
Está ocurriendo en nuestras narices el dorado sueño del ahora cuestionado exmandatario Óscar Arias Sánchez, quien siempre abogó por la instauración en Costa Rica de una “dictadura en democracia”.
Tan es así que, recientemente, este señor se ufanó que Carlos Alvarado Quesada le tiene como un especial consejero de la gestión presidencial que él lleva a cabo; misma que, por cierto, solamente 1 de cada 4 costarricenses la ve con buenos ojos.
Efectivamente, el dicho de Arias Sánchez de la “dictadura en democracia”, se concretiza (para empezar), en la conformación de una presidencia imperial y sus tres superministerios: Planificación, Hacienda y Bienestar Social.
Auscultando un poco más hacia los reales contenidos político-ideológicos de lo que le está pasando al pueblo costarricense en estos momentos, debemos apuntar que (como ya le adelantamos líneas arriba), están ocurriendo cambios de fondo de naturaleza constitucional vía legislación ordinaria; en este reordenamiento que impone el gran capital neoliberal para un disciplinamiento de una ciudadanía en ebullición ante el desprestigio de los partidos, de todos los partidos; y, en especial, de los que han gobernado en los últimos 30 años: el tripartidismo PLUSC-PAC.
La presidencia imperial abre paso al desarrollo de una concepción integral del ejercicio del Gobierno con propensión autoritaria, vertical, excluyente y con disposición radical a la extinción político-civil de aquellas expresiones ciudadanas de denuncia y de resistencia, como la de los sindicatos.
La instauración de una presidencia de la República de corte imperial ahora, se concatena con el ya control político-ideológico que se tenía por parte de los grupos de alta riqueza de la cuestión económico-financiero-bancaria de la gestión pública (así les fuera otorgado en los gobiernos del bipartidismo tradicional PLUSC); en estricto apego a la transformación ideológica de las relaciones sociales que han venido imponiendo los latifundios mediáticos y su práctica insana de periodismo de odio, con mucha fuerza en los gobiernos PAC, “curiosamente”.
Cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del proyecto de ley de Empleo Público
-Proyecto generaría mayor precarización salarial
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo 15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de los pocos incentivos salariales que tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se eliminó el quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
