Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.

Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más consciente de las necesidades de sus pobladores.

Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.

Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.

El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.

Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.

Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.

Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.

Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.

Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.

Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República. 

Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.

Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.

Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.

Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que se han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más cociente de las necesidades de sus pobladores.

Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.

Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.

El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.

Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.

Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.

Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.

Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.

Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.

Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República.

Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.

Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.

Aunque no somos fieles creyentes en las encuestas, pues la experiencia que vivimos con ocasión del “frauduréndum” sobre el TLC (en el año 2007), nos demostró su naturaleza manipuladora y acomodaticia al interés del pagador; siguen siendo tomadas muy en cuenta en diversos ámbitos de la realidad nacional.

Muy en lo específico, se les valora en esos espacios donde se toman decisiones; o en ese tipo de espacios adonde las decisiones ya tomadas, son llevadas para darles su legitimidad formal.

Igualmente, en encuestas cuyos resultados se dan a conocer y que, de antemano, se sabe que han abordado mediciones polémicas y/o controversiales; quienes son aludidos (directa o indirectamente), personas y/o entidades, ofrecen sus propias interpretaciones y/o conclusiones, según intereses directos y/o indirectos.

Apuntamos lo anterior pues nos ha llamado la atención la situación en las encuestas del señor Carlos Alvarado Quesada quien, sin haber llegado al primer año a la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la evaluación más negativa que una persona en su similar posición tuviera en los primeros doce meses de gestión presidencial, desde que tales mediciones se hacen, empezándose éstas hace ya 40 años.

Según entendidos en la materia, podría considerarse que las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las que ofrecen mayor posibilidad de rigor y resultado objetivo; aunque, verdad se ha dicha pese a que incomode: durante la pasada campaña electoral, el CIEP recibió no pocos cuestionamientos en el entendido de que entre los dos Alvarado en la recta final de la competencia presidencial, sus simpatías habrían estado del lado del que ahora se desempeña en Zapote.

Por eso nos llama la atención que sean las cifras del CIEP las que ahora nos estén indicando que las valoraciones positivas acerca de la gestión ejecutiva del señor Carlos Alvarado Quesada no llegan al 25 %.

Es decir, que de cada 4 costarricenses, solamente a 1 le parece bien lo que este señor hace como la principal cabeza ejecutiva de la autoridad formal del actual Gobierno de la República.

Como indicamos al principio de que, en esto de las encuestas, las interpretaciones de sus resultados son subjetivas y que cada quien puede leer los números de las mismas según sus intereses; en nuestro caso, por supuesto, nada objetivo se puede esperar de nuestro análisis de los últimos resultados del CIEP-UCR, en cuanto a la medición de la popularidad del señor Alvarado Quesada.

Y, como nuestro ámbito cotidiano de acción es el mundo de lo laboral-social, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, él ha llegado a un peligroso nivel de deslegitimación ante una relevante cantidad de la población trabajadora de este país; mucha de la cual le dio el voto, especialmente en segunda ronda, cuando al electorado se le puso a decidir entre “lo divino” o “lo satánico”.

Es decir, no hay la menor duda de que en los actuales momentos la autoridad presidencial de la actual administración está fuertemente cuestionada, desprestigiada… y deslegitimada, a los ojos de la mayoría ciudadana costarricense.

Nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal, los fundamentos jurídicos que nos integran como república, no consideraron nunca el cómo debe ser el proceder ciudadano ante el tránsito desde la legitimidad real-formal-electoral, a la acera opuesta de la misma; es decir, a la pérdida de aceptación ciudadana de dicha autoridad presidencial, cuando ésta, en el ejercicio de la misma se vuelve contra las aspiraciones de quienes, como mayoría que le votó, le dio esa autoridad.

Pensamos que para quienes están muy documentados y que han estudiado mucho este tema del deterioro de las democracias representativas, cuyos electorados son víctimas de estafas políticas (como la más recientemente acontecida en el país); podría ser muy interesante diseñar los mecanismos constitucionales-institucionales para demandarle cuentas a quien, con embustes, conquistó tan alto sitial como la Presidencia de la República; tanto como pedirle explicaciones a quienes le ayudaron en tan mala empresa defraudadora de la buena fe de conciencias cívicas transparentes y esperanzadas.

Sí nos llama poderosamente la atención que las destituciones de presidentes sin terminar mandato han encontrado “vías jurídicas” en otros países latinoamericanos, pese al contenido profundamente ideológico que desde el lado del capital han tenido esas destituciones (casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil, por ejemplo).

Sin embargo, apartando lo ideológico (muy difícil, por cierto), ¿no habrá llegado la ahora para que en Costa Rica se diseñen los mecanismos jurídico-institucionales (y, por supuesto, constitucionales), para que la gente de a pie se deshaga del tipo que la engañó, que la estafó, del que le dio la espalda no más llegando a la silla presidencial? ¿Será posible un “impeachment” a la tica?

No es poca la cantidad de gente trabajadora que por estos días se viene haciendo semejante pregunta, por demás, ¡oportunísima!

El proyecto ideológico-económico que se viene impulsando desde el pasado 8 de mayo de 2018 no debe generarnos duda alguna de su naturaleza excluyente, de su visión sectaria y de su propensión autoritaria.

Luego de muchos años de intentarlo y de abogar por ello de las más diversas formas, muchas de ellas contrarias a la más elemental ética en materia de práctica transparente de la libertad de expresión, reproductoras fieles de la propaganda goebbelsiana; el latifundismo mediático del capital neoliberal con su práctica de periodismo de odio, está gobernando; impulsando las diversas acciones de su proyecto de política pública, tanto ejecutivas como legislativas, para constitucionalizar (de facto, por supuesto), su disciplinamiento-ordenamiento de nuestra sociedad bajo los más fundamentales dictados del neoliberalismo.

Dicho proyecto, de un rabioso antisindicalismo al que percibe como su enemigo natural al punto de merecerle impulsar la desaparición total de las organizaciones obrero-sociales de esta naturaleza (y ya trabaja en ello); también ha venido generando rechazo político-social de diversa naturaleza y amplia base.

Las personas que en los actuales momentos de la vida nacional estamos ocupando posiciones sindicales de dirigencia, sin importar el rango y/o la dimensión de la agrupación obrera en la cual militamos, hemos sido colocados en una de las etapas más cruciales de la institucionalidad republicana; quizás, la más determinante luego de los acontecimientos de los años 40 del siglo XX.

La otra acera tiene total convicción de que este gobierno es la viabilización política, por excelencia, de la materialización ideológico-hegemónica que estaban, ansiosamente, esperando durante los últimos 30 años: su egoísta y codicioso sueño de extermino de lo público como preponderante en el orden social, para dar paso a la entronización del mercado, de la “libre” competencia y de la total provisión privada de los más rentables servicios públicos todavía con carácter de propiedad pública.

Los esfuerzos máximos de toda la dirigencia sindical nacional de la actualidad, en sus diversas expresiones organizativo-políticas, legales o coyunturales, pueden mostrar el potencial de ese poder social latente en la sociedad y que tiene en la figura sindical, un fuerte vehículo de expresión cívico-patriótica; para conjuntarse con los otros sectores y fuerzas que, desde otros ángulos, están con enorme preocupación por la ofensiva neoliberal que sale desde la Casa Presidencial y desde la Asamblea legislativa.

Le parece a uno que, en términos generales, las dirigencias sindicales están coincidiendo en una lectura compartida de la actual coyuntura político-histórica del país, así como la naturaleza del desafío gremial-corporativo que tal escenario representa.

Creemos que anida en la dirigencia sindical nacional actual una inteligencia colectiva con fuerte perspectiva obrero de carácter integral; que existe una convicción amplia en cuanto a que la gente de la otra acera no tendrá conmiseración alguna; y que, en ofensiva abierta, como ya lo están desde el Poder, la timidez, la ingenuidad y/o una apuesta “gremial-salvacionista”, terminará siendo consumida más temprano que tarde.

Es de esperar que otros sectores no sindicales y cívico-patrióticos también habrán de manifestarse este primero de mayo.

No importa si convocan en un lugar A, o en un lugar B, o en un lugar C; lo importante es la salida a La Calle (pongámoslo en mayúscula), pues es La Calle el terreno más que legítimo para que “los y las de abajo” (de lo cual, los sindicatos apenas somos una parte), muestren el potencial de una articulación de nuevo tipo, a partir de una agenda que integre, que sume, que convoque.

Algunos pensamos que la celebración histórica del primero de mayo, en el caso costarricense, debe obligarnos a honrar la conmemoración patria (junto a la obrero-mundial); cual es esa del triunfo del pueblo costarricense en favor de su soberanía, con ocasión de la derrota definitiva, el primero de mayo de 1857, de la primera incursión seria por estas tierras latinoamericanas del naciente expansionismo estadounidense.

Por eso nos congregaremos al pie de la estatua del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora.

Otras corrientes sindicales están destacando que este año 2019, se celebran los primeros 100 años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Válida motivación que también nosotros avalamos.

Al salir éstos del Parque La Merced y los otros del Correo Central, esta manifestación obrero-patriótica se juntará en el Parque Central; muestra más que simbólica de que partiendo desde distintos puntos es posible el caminar juntos.

Algunos grupos patrióticos han decido congregarse al pie del Monumento Nacional. Su enojo cívico, compartido plenamente desde la perspectiva sindical, también está destinado a confluir en esta hora crucial en que la Patria está llamando a la preservación del mejor legado acumulado, hoy puesto al servicio del mejor postor.

– La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Al llegar el primer año de la presente gestión gubernativa, la conclusión más contundente es ésta: la coalición político-ideológica que se formó a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado, abrazó el “ideario” neoliberal y la ejecución de la retardada implantación (o lo que todavía falta) en el país, de los postulados fundamentales del Consenso de Washington.

Esa alianza neoliberal, en esencia, tiene tres componentes fundamentales: el principal es el surgimiento como actores políticos de primera línea, en los últimos años, de lo que nosotros denominamos como latifundios mediáticos del capital (expresados, básicamente, cierta prensa escrita y televisiva), afines a la reducción al mínimo del papel del Estado en la sociedad.

Su idolatría fundamental es la del mercado y sus dos consecuencias negativas más destacadas: la concentración de la riqueza-acumulación desmedida de capital, por una parte. Por la otra, la entronización de la desigualdad y la apropiación de los servicios públicos que fueran establecidos para, precisamente, propiciar la integración y la equidad sociales, en función de no permitir la entronización de esa desigualdad.

Estos latifundios mediáticos diseñaron como estrategia fundamental de su nuevo rol político-estratégico en la conducción hegemónica-ideológica de la política pública de los últimos tiempos, el desarrollo de la más grande ofensiva contra el Estado social, contra el empleo público y contra las personas trabajadoras asalariadas que laboran en él; apelando a los más perversos elementos de la propaganda goebbelsiana. Desplegaron, tácticamente, una campaña de odio, infamia, injuria, desinformación; típica de cuando un país se encuentra en confrontación abierta, político-bélica, con otro.

El segundo componente que posibilita la concreción material de dicha alianza neoliberal, como para tenerle en ofensiva, es la degeneración política del bipartidismo tradicional, primero; y, luego del Partido Acción Ciudadana (PAC), después. La Socialdemocracia está huérfana, dispersa y golpeada pues creyó que este partido sería su nuevo albergue luego de que el PLN la echó de El Balcón Verde. El Humanismo Cristiano solamente resultó para el PUSC, un eslogan de corte publicitario-electoral pues una de sus esencias, como lo es la justicia tributaria real, jamás representó una prioridad política.

El deterioro moral, ético y político-ideológico que llevó al vaciamiento de contenido a dichos partidos, halló “refugio” en los nuevos partidos electorales, especialmente los de la derecha religiosa, muy proclive ésta al ideal neoliberal desde el punto de vista que éste encontró en el desaliento y en la desesperanza de la gente excluida, un terreno fértil de acomodamiento ante el degenere de sus “casas político-partidarias originales”, cuando éstas abandonaron esos pensamientos de orden filosófico social que construyeron la Costa Rica de la inclusión social.

El tercer elemento que hace posible la actual ofensiva en desarrollo por parte de la hegemonía neoliberal, de manera concreta y materializada en varios y nefastos proyectos de ley como el denominado “Ley Marco del Empleo Público”, o como su inmediato antecesor combo fiscal-ley 9635; tiene que ver con la disgregación de los distintas fuerzas de variada naturaleza que representan un Poder Social latente pero que no encuentra el camino de una articulación estratégica como para desafiar a la hegemonía neoliberal que tiene el control de la práctica totalidad del aparato estatal tomador de decisiones, como la propia Asamblea Legislativa.

La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Impresiona constatar que, al interior de lo que se mueve en las redes sociales podría ser leído por un extraño a nuestra realidad política, como una sociedad en ebullición a punto de un estallido conmovedor de un orden que está imponiéndose en contra de las mayorías; sin embargo, no hay un aliciente unificador materialmente fijado, al menos por ahora que fructifique desde lo social para la disputa por el control hegemónico en la sociedad. O, al menos, para salvar lo poco que queda de un Estado Social acorralado y que, paradójicamente, se hace más necesario ante el indetenible y deshumanizante proceso de crecimiento de la desigualdad. Una tarea que, las afortunadamente todavía existentes terquedades patrióticas, siguen dispuestas a asumirla.