Primero de Mayo: La legitimidad democrática de la calle

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nunca como en los tiempos actuales, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle (así, en mayúsculas), se vuelve una necesidad estratégica para la sobrevivencia misma de la convivencia social.

El próximo PRIMERO DE MAYO, que cae miércoles, es una oportunidad de enorme relevancia con tal propósito, dado el mal estado de las cosas en este país que, sin duda alguna, está afectando a la mayor parte de la población.

La democracia representativa ya hace aguas y se queda corta para satisfacer la necesidad de que en esta sociedad impere, de nuevo, la promoción del bien común, la inclusión y la integración sociales; la ética y la decencia plena en el ejercicio de la política. Por ejemplo, esto no es lo que está percibiendo la joven generación actual, gran parte de la cual está desempleada.

El sistema de partidos políticos es mera formalidad de tramitología electoral. Se han reducido a escaleras agarra-puestos. En la actualidad, la gente es llevada a la urna electoral a votar, no a elegir.

Eso fue lo que pasó hace un año cuando fuimos testigos, y luego víctimas (como sucede en estos momentos), de la más grande estafa electoral de los últimos tiempos.

Nos toca, en consecuencia, de ahora en adelante, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle, para que tome vida real en la institucionalidad republicana cotidiana, el precepto constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna, mismo que nos indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” (según la reforma constitucional-Ley de la República No. 8364, de 2003).

Considerando que en estos momentos el poder real de nuestra sociedad no es el de la institucionalidad formal, sino que sufrimos una especie de autoritarismo ideológico impuesto por fuerzas económicas de muchísimo capital; esos dos conceptos claves que debe tener un gobierno de la República, POPULAR y PARTICIPATIVO, no funcionan sino se reclaman mediando la Legitimidad Democrática de La Calle.

El año pasado, con ocasión de la Huelga Patriótica Contra el Combo Fiscal (hoy la funesta ley de la República No. 9635), fue de tal calibre la apelación a la Legitimidad Democrática de La Calle que la institucionalidad formal tuvo que hacerle trampa al pueblo para imponer tan detestada legislación; trampa que consistió en torcer el reglamento legislativo, en la negativa diputadil para efectuar la consulta legislativa por el fondo de la constitucionalidad de tal proyecto; y, luego, con la emisión del fallo constitucional de compadre hablado.

Es por tal razón que, con ocasión de la fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta, este Primero de Mayo de 2019, debemos realizar un nuevo y renovado esfuerzo para impulsar, en el actual escenario sociopolítico y económico post-combo fiscal, el extraordinario papel de la Legitimidad Democrática de La Calle, como el instrumento cívico idóneo para concretar en la vida de la gente los conceptos de que el gobierno de la República debe ser POPULAR y PARTICIPATIVO, según ese artículo 9 constitucional.

La Legitimidad Democrática de La Calle se está practicando, en la actualidad, en muchos países cuyos pueblos reclaman a sus gobernantes el darles la espalda con sus políticas de exclusión social y económica.

Es más, es tan estratégica que, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas en pugna acuden a la Legitimidad Democrática de La Calle como el escenario fundamental que estaría determinando el posicionamiento final de una determinada hegemonía política.

Es real que, por una parte, en la actualidad política costarricense, la hegemonía económico-ideológica dominante, afín al todo mercado-nada Estado, tiene el control de la institucionalidad republicana formal, como el parlamento (cuya mayoría cuantitativa responde a los intereses de esa hegemonía, tanto como lo hacen entes como la Procuraduría y la Contraloría, sin hablar del gobierno neoliberal).

Por otro lado, la amplia gama de sectores sociales de toda variedad, los cívico-patrióticos, los nacionalistas-soberanistas, los político-electorales decentes, constituyen una fuerza en latencia que, aunque hoy en día disgregada, muestra un potencial amenazante para los pocos sectores político-económicos que sí la están pasando bien.

Precisamente, es esa disgregación lo que facilita el control social de la actual hegemonía ideológico-económica dominante; misma que, por cierto, tiene tanto miedo de que la Legitimidad Democrática de La Calle le desplace de ese control (o, al menos, se lo atenúe),por lo que está impulsando peligrosa legislación antidemocrática, antisindical, castradora del derecho constitucional de huelga; y, lo que hasta hace era inimaginable, ilegalizar la presencia juvenil en las manifestaciones cívicas.

Realmente, solamente apelando a la Legitimidad Democrática de La Calle, con sentido estratégico y congregante de la civilidad en resistencia y en exclusión, la Costa Rica que nos fue heredada podrá retener sus mejores valores de bien común y de inclusión social, completamente devaluados por las matrices hegemónicas del poder económico-mediático promotor del odio en la sociedad. Este PRIMERO DE MAYO resultará clave en tal sentido.

Desempleo: ¡es el modelo, no la huelga!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Seccional Administrativa del MSP denuncia pésimas y peligrosas condiciones laborales

Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP nada ha cambiado

Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.

Según la seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes sanitarias y con riesgo a su integridad física.

“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.

Otra de las problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego. Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son trasladados a celdas de las delegaciones.

“Nos indican que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las diversas delegaciones”, dijo Anchía.

La Seccional ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento, entre otros.

“La molestia es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP, Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”, detalló Anchía.

Para la seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.

Desempleo: ¡es el modelo, no la huelga!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!» La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

ANEP:»Proyecto de empleo público del Gobierno no es sostenible»

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dio a conocer su primera reacción sobre el proyecto de ley de reforma al empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Además, cuestionó la negativa del Gobierno de responder 29 planteamientos sobre este tema enviados por el sindicato en enero anterior.

Primera reacción de la ANEP sobre el proyecto de ley de empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.

Gepostet von ANEP am Montag, 8. April 2019

Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero

San José, lunes 28 de enero de 2019.

Honorable señora

María del Pilar Garrido Gonzalo

Ministra

MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Honorable señor

Steven Núñez Rímola

Ministro

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política

Estimada señora Ministra:

Estimado señor Ministro:

  1. En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
  2. Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
  3. Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
  4. Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
  5. Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
  6. Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
  7. Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
  8. Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
  9. La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
  10. Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
  11. Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
  12. Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
  13. Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
  1. Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
  2. Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
  3. Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
  4. Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
  5. Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
  6. Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
  1. Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
  1. Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
  1. Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
  1. Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
  1. Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.

25Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.

  1. Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.

Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.

  1. Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
  1. Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
  1. En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.

CCSS: ANEP solicita separar de sus cargos a personas investigadas por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y administración fraudulenta

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.

“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.

La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.

“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.

Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.

Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:  

Funcionario Puesto
Luis Guillermo López
Vargas
Director Actuarial y Económico
Gustavo Picado
Chacón
Jefe del Área de Investigación Económica
José Luis Quesada
Martínez
Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales
Iván Guardia Rodríguez Director Financiero Contable
Carlos Montoya
Murillo
Jefe del Área de Tesorería General
Christian Hernández
Chacón
Jefe del Área de Colocación de Valores
Yorleny Madrigal
Mora
Analista de Inversiones
José Alberto Acuña
Ulate
Director Financiero Administrativo
Roy Retana Mora Jefe del Área de Crédito y Cobro

Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.

Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.

Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.

Entrevista a Ricardo Rojas Ayrala, representante sindical de Argentina

Conversamos con Ricardo Rojas Ayrala, Secretario de Cultura de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) de Argentina y representante de la Corriente Federal de Trabajadores (CGT) sobre la situación social en Argentina y la importancia de los sindicatos en los nuevos retos que se avecinan.

https://www.youtube.com/watch?v=WBJhIBm7ocE&feature=youtu.be

Mesa Sindical de Mujeres: manifiesto “Ollas Vacías”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El día de hoy cedemos el espacio de opinión que nos brinda Diario Extra, desde el año 2002, a la Mesa Sindical de Mujeres, misma que está convocando a la Manifestación “Ollas Vacías”, para mañana jueves 4 de abril de 2019, a partir de las 2:00 p.m., en el Ministerio de Hacienda.

Reconocemos la importancia de esta convocatoria contra la canasta básica tributaria que impone el neoliberal gobierno Alvarado-Piza. Igualmente, reconocemos el trabajo que desde este espacio de articulación de lucha social de las secretarías de Género realizan, desde hace más de cuatro años, las centrales-confederaciones sindicales; representadas por las compañeras María Laura Sánchez Rojas, de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP-ANEP); Rose Mary Rodríguez Bustos, de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN); Olga Serrano Serrano, de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC); y,  Tatiana Otto Golovina, de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

A continuación, el Manifiesto “Ollas Vacías” de la Mesa Sindical de Mujeres.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) manifiesta su disconformidad con la manera en que el Ministerio de Hacienda ha conformado la canasta básica tributaria, ya que a los productos excluidos se les aplicarán impuestos del 13%, convirtiéndolos en artículos incomprables para algunos sectores. 

En el mes de octubre del año 2018 la Mesa Sindical de Mujeres participó, en la Huelga General que se desarrolló en este país contra el Proyecto de Ley número 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “Combo Fiscal” que favorecía a los ricos y cargaba de impuestos al pueblo trabajador. Con gran indignación fuimos testigos de que, a pesar del gran clamor ciudadano en contra del Combo Fiscal, el gobierno no se dignó a atender a las personas huelguistas, a pesar de que proponían importantes puntos para que se realizara un Plan Fiscal menos agresivo contra el pueblo como el que se aprobó. 

Los resultados están hoy a la vista, una serie de medidas impositivas que ya empiezan a agobiar a los costarricenses. 

A partir del mes de junio del 2019, empezara a regir una serie de impuestos a todos los servicios públicos, a los ahorros y a los productos alimenticios, y es que este gobierno, por medio de su Ministerio de Hacienda, en una forma perversa han excluido de la canasta básica, alimentos nutritivos que han sido tradicionales en la mesa de nuestras familias.

Esta maniobra del gobierno de sacar productos de la canasta básica tributaria ocasionará que en las familias más pobres no puedan adquirir los alimentos necesarios para una alimentación nutritiva, sana y adecuada en cantidad y calidad, golpeando aún más a las familias compuestas por mujeres jefas de hogar que históricamente han hecho milagros con el presupuesto familiar para alimentar a sus hijos, hijas, nietos y nietas.  

Para nosotras como Mesa Sindical de Mujeres (MSM) es inaceptable que se excluyan de la canasta básica frutas, verduras y legumbres, necesarias para una alimentación y nutrición sana; ya que al estar fuera de la canasta básica su precio se incrementará porque serán castigados con el 13% de impuestos, además porque esa acción golpea a nuestra agricultura, ya que, al encarecerse las frutas, verduras y legumbres, no se podrán consumir, debido a que nuestros bolsillos ya están bastante castigados y esto aumentará con este tipo de medidas y por supuesto al bolsillo de los y las agricultoras. 

Circula en la prensa  escrita  una denuncia del diputado José María Villalta Flórez-Estrada, de que el gobierno ha omitido para la conformación de la canasta básica los estudios proporcionados por los especialistas de la Unidad de Análisis Permanente de Salud (UAPSS) del Ministerio de Salud que fue emitido desde febrero, y en el que recomendaban de manera clara la presencia de productos saludables en la canasta básica tributaria, para salvaguardar el acceso de las personas de los estratos económicos de menor ingresos a alimentos con características nutricionales superiores. Esta recomendación incluía panes integrales y productos libre de gluten, cereales integrales y pastas integrales (para personas celiacas y diabéticas) así como queso fresco, yogurt y productos deslactosados, embutidos de pavo, el atún en agua y lo aceites de oliva y canola. 

Sobre este mismo tema se ha pronunciado la CCSS, la Universidad de Costa Rica, varios diputados y diputadas, el Colegio de Nutricionistas, el Ministro de Agricultura, entre otros grupos, alertando a la ciudadanía de que los productos de la canasta básica impuesta no son nutritivos. 

Carlos Alvarado Quesada y María del Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda en lugar de atender la recomendación de las personas expertas, promueven la desigualdad creciente de nuestro país, por medio de una de las peores formas de ella, con la alimentación, incumpliendo con el Derecho Humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional.

La Mesa Sindical de Mujeres (MSM) exige al presidente Carlos Alvarado Quesada que escuche al pueblo y legisle para las personas más desposeídas que también son ciudadanos y ciudadanas de este país.

¡No más ollas vacías en nuestros hogares! Esta es la motivación central que nos anima para hacerle partícipe de esta importante jornada de lucha promovida por compañeras trabajadoras-mujeres y madres sindicalistas, con el apoyo total de sus organizaciones matrices; y con la solvencia moral y ética que les da saberse depositarias de una gran molestia ciudadana, principalmente del sentir de mujeres trabajadoras, muchas de ellas madres jefas de hogar, las cuales viven, día a día y hora tras hora, las angustiosas circunstancias de una sociedad de exclusión social y económica; exclusión que, dramáticamente, tiene en las mujeres sus principales víctimas.