Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

A poco más de un mes, el señor Carlos Alvarado Quesada cumplirá un año de estadía en Zapote, circunstancia que nos permite compartir con usted, estimada y respetada persona lectora de esta columna, algunas consideraciones que surgen de la práctica cotidiana de la concepción de Sindicalismo Sociopolítico en la cual creemos.

En tal sentido, lo primero que nos viene a la mente es que el actual gobierno que encabeza Alvarado Quesada, como su rostro formal, expresa un evidente contenido de clase, excluyente y sectario; dándole prioridad a la tutela y defensa de los intereses mega-corporativos del gran empresariado del país, gran parte del cual enfrenta cuestionamientos éticos-morales y legales en lo que respecta al cumplimiento real de sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

En tal sentido, el gobierno encabezado formalmente por Alvarado Quesada, muestra una congruencia ideológica clara con la ya, en muchas partes cuestionada, globalización neoliberal, la del imperio inmisericorde de las empresas transnacionales (ETN), uno de cuyos críticos más reconocidos es el propio papa Francisco.

El segundo elemento esencial, es que este gobierno muestra su proclividad para un ejercicio autoritario de su acción gubernativa, de fuerte prepotencia y arrogancia, con una subjetividad soberbia para la exclusión de la diferencia.

Ello le lleva a considerar la naturaleza del diálogo social como una mera formalidad y no como algo consustancial a una democracia que se definió como participativa, según la reforma introducida en la Constitución Política, en su artículo 9. ´

Esto quedó en absoluta evidencia con ocasión de la ahora histórica Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, cuando la intolerancia gubernamental llegó a increíbles niveles de perfidia, como para dejar que el conflicto se prolongase por el mayor número de días y semanas posibles; al punto de que la ciudadanía mayoritaria que le dio su apoyo al inicio, se lo quitara en gran medida; para darle tiempo a la acción no menos pérfida del periodismo de odio contra los y las huelguistas, sus organizaciones y el movimiento en sí.

El tercer elemento que denota el carácter de clase del gobierno de Alvarado Quesada es que en torno a él, como vehiculizador político, se juntaron personajes políticos de otros partidos neoliberales, como Unidad y Liberación; de forma tal que el gran capital (especialmente el financiero-bancario), consolida el «asalto» ansiado de la conducción estratégica de la cosa pública, para la apropiación privada de aquellos activos y servicios públicos que, todavía y gracias a la férrea resistencia popular, siguen siendo patrimonio estatal.

El carácter de clase viene potenciado, además, con la gran carga subjetiva de odio de clase; muy bien expresado a través del periodismo de odio afín a Alvarado Quesada (como lo mencionamos arriba), en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público.

Éstas han sido criminalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, injuriadas, calumniadas en el marco de este gobierno de falsa «unidad nacional», que no es más que el gobierno de la unidad del capital neoliberal y su parte hegemónica, la financiero- bancaria.

Un cuarto elemento es que el gobierno de Alvarado Quesada es antisindical ya no solamente por su esencia de clase, sino por su comportamiento práctico. Algunos elementos sanos en su interior, no hacen más que resaltar tal carácter de clase, tal y como lo acabamos de señalar.

La ofensiva antisindical que se desarrolla en estos momentos en el parlamento, con dócil mayoría pro-capital-neoliberal, es indicador contundente de un rabioso antisindicalismo visceral, expresado «magistralmente» por el legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez, del neoliberal PLN; reforzado por su compañera de bancada, Yorleny León Marchena (antes ella era del PAC); por el diputado de la Unidad, Pedro Miguel Muñoz Fonseca; por la diputada del PAC, Paola Viviana Vega Rodríguez, entre otros.

¿Un año de qué? Un año de autoritarismo, de falso diálogo, de prepotencia, de soberbia; un año de fomento de la exclusión social y económica; un año de mayor fraude fiscal en todas sus manifestaciones; un año de reversión de derechos salariales y sociolaborales; un año de más desempleo y precarización salarial; un año de más impuestos para quienes menos tienen; un año de más fracaso macroeconómico, de más endeudamiento público y de mayor pago de intereses obscenos de una deuda impagable; un año de ausencia de decoro y de hidalguía en el concierto de las naciones; un año de desprecio del Derecho Internacional; un año de feroz antisindicalismo… y un año de lucha… ¡La lucha continúa!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Resulta repugnante constatar que las necesidades más inmediatas del país en materia fiscal, según la ideología dominante de corte neoliberal de la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se mezclen en una negociación política mediando derechos laborales como los que competen al empleo público, en cuanto fuerza de trabajo del futuro inmediato y mediato de los servicios estatales.

Tanto Alvarado como su réplica política en el parlamento, el diputado Benavides (quien, por ahora, ostenta el control político total de lo que se gestiona en la Asamblea Legislativa), reconocen, sin pudor alguno, que se desarrollan negociaciones entre ambos en lo que para nosotros representa un trueque turbio entre el Ejecutivo y el Legislativo: yo te entrego un empleo público de “nuevo tipo” (léase precarizado, altamente vulnerable al despido, incluyendo al actual y todavía vigente); y tú me das los 6 mil millones de dólares que ocupo para administrar el gobierno por los 3 años que quedan de aquí al 2022.

La monumental irresponsabilidad de gestión macroeconómico-fiscalista que está mostrando el sectario grupo gobiernista actual, no se había observado en administraciones anteriores.

Dejar al país con un nivel de endeudamiento que superaría los 40 mil millones de dólares, revela la perversa y maquiavélica estrategia de que quedemos, en el corto plazo, en bandeja para entregar al país en las garras del Fondo Monetario Internacional (FMI); pues no lleva ninguna sana intención ese malévolo trueque de empleo público por eurobonos.

En realidad, eso fue lo que pasó con ocasión de la imposición de la ley del combo fiscal-9635, oficialmente bautizada con el pomposo nombre de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Nosotros preferimos entrecomillar tal denominación oficial de esa detestada ley 9635, porque no es cierto que con la misma haya ocurrido un “fortalecimiento” de las finanzas públicas, habida cuenta de que las mismas están con espantosos niveles de endeudamiento y con una carga de pago de intereses sumamente perversa y criminalmente obscena: ¡oígase y escúchese bien, de casi 4 mil millones de colones por cada 24 horas!

Tal legislación para lo único que ha servido es para hacer daño a quienes menos tienen responsabilidad en esto del déficit y de la deuda pública. Es el   mismísimo FMI, así como las agencias calificadoras de riesgo (“la policía financiera del planeta”), los que indicaron que, prácticamente, esa ley no sirvió de nada y que en el corto plazo el pueblo deberá ser sometido a más presión tributaria; y, por ende, a que pague más impuestos; dentro de lo cual el ahora Impuesto al Valor Agregado (IVA), debe subirse del 13 al 15 %, sino más.

Ninguno de los políticos fanáticos del enfoque fiscal y macroeconómico de corte neoliberal, ni tampoco sus cuadros dizque técnicos en entidades como la Contraloría y/o la Procuraduría, pudieron sostener la pérfida especie de que el déficit fiscal se debía a los salarios devengados en el sector Público, independientemente de las correcciones y excesos que nunca fueron regla sino más bien excepción.

El problema del déficit fiscal tiene otras razones de fondo y muy superiores a la cuestión salarial del empleo público. Su manejo tiene otra forma de ser abordado, radicalmente distinta a la que le están imponiendo a la sociedad.

Las alternativas existen; pero, verdad sea dicha, no está la hegemonía política necesaria que abra paso a esa vía alternativa, pues es la desarticulación de los sectores cívico-patrióticos, sociales, sindicales y populares, la base del actual y real poder que ejerce la tríada gobiernista PLUSC-PAC con el binomio político Alvarado-Piza como su gerencia fundamental.

En tal sentido y considerando que el trueque político de entrega de derechos del empleo público a cambio de los eurobonos, se está resolviendo en el más alto nivel de la indicada hegemonía macroeconómico-fiscal de corte neoliberal; mal haríamos como organización sindical prestarnos a un juego de negociación del “nuevo” empleo público, dándole a este gobierno legitimidad de gratis cuando ha quedado harto demostrado que esta gente no cree en procesos de diálogo social realmente transparentes y con negociación efectiva. Los neoliberales no negocian… imponen.