Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El
señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo
obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el
pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión
como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los
asuntos de la Administración.
Contrariamente
a lo que podría pensarse, y dado el enorme y extendido enojo ciudadano que hay
con la presente gestión gubernativa, ese documento debe leerse para -como se
dice popularmente-, “jalarle la lengua”
al señor Alvarado Quesada en varios apartados; y así posicionar la contracara
de los decires suyos en ese documento, especialmente cuando tiene que ver con
lo que le está pasando a la propia Democracia costarricense, dado su deterioro
acelerado en lo concerniente a las posibilidades de una real inclusión social.
Estabilidad económica es el primer tema de
fondo al que se hace alusión en el documento en mención. ¡No es causal! En la
lógica político-ideológica de los neoliberales, la estabilidad económica es un
objetivo más que estratégico según su visión de mundo; y, por supuesto,
centrando alcanzar el mismo en cuestiones de orden macrofiscal, dándole enorme
preponderancia a variables como la atención del servicio de la deuda pública
por encima de todo lo demás.
Tengamos
presente que, para el neoliberalismo, las personas deben estar el servicio de
la economía; y no, la economía al servicio de las personas.
Pero,
bien, no es éste el punto para el presente comentario. Lo que nos interesa
destacar en que en ese documento se indicó lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la
investigación de los Panamá Papers, como lo referencia al secreto bancario”.
¿Qué
fue esto? ¿Qué le pasó a don Carlos Alvarado Quesada? ¿Será que Rodolfo Piza
Rocafort (co-gobernante), así como las señoras Rocío Aguilar Montoya (ministra
de Hacienda) y Edna Camacho Mejía (coordinadora del equipo económico), no
revisaron bien esta parte del mensaje del Poder Ejecutivo del pasado 2 de mayo?…
¿Qué
son los Panama Papers? El sitio web www.infobae.com/politica
apunta: “Es
la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore,
ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones
de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto”.
“Panama Papers (en español Papeles de Panamá),es la
expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de
abogados panameña Mossack Fonseca, a través de
una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada,
al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente
compartió con el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando
el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión
tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial,
personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios,
deportes y arte). Esto lo indica la
enciclopedia electrónica Wikipedia.
El
caso de Los papeles de Panamá tuvo repercusiones en nuestro país, dado que el
robo de impuestos en Costa Rica es algo monstruosamente gigante y estos sucios
mecanismos de esconder la plata en paraísos fiscales, es una práctica usual
entre la gente pudiente, la de mayor poderío económico y la que tiene gran
influencia política para, incluso, imponer presidentes y diputados.
Es
por eso que, repetimos, llama poderosamente la atención que el documento que
conoció el país el pasado jueves 2 de mayo por boca del jerarca mayor del Poder
Ejecutivo, haya indicado que se deben “aprobar
los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como
lo referente al secreto bancario”.
¿De qué tipo de
proyectos estamos hablando? La Asamblea Legislativa del período constitucional
anterior, 2014-2018, integró una comisión especial que investigó el tema de Los papeles de Panamá en el marco de la
realidad tributaria costarricense, mediante el expediente legislativo No.
19.973, denominándose la misma así:
“Comisión especial
investigadora, que se dedique a analizar la información hecha pública a partir
de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño
Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas
para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones
que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y
recaudación tributarias”.
Fíjense
ustedes que sólo el nombre que se le dio a esa comisión legislativa da cuenta
de lo que nos traemos entre manos. Las diputadas y los diputados que la
integraron fueron: Rolando González Ulloa (y después, en su lugar se incluyó a
Ronny Monge Salas), Marcela Guerrero Campos, Marco Redondo Quirós, Patricia
Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría, Otto Guevara Guth, Karla Prendas
Matarrita, Juan Marín Quirós y Rafael Ortiz Fábregas.
El
informe de esta comisión es, sencillamente, extraordinario, pues como ellos
mismos lo admiten, en el apartado segundo, Contexto
histórico tributario: “Respecto a los
ingresos, es conocido el alto incumplimiento que existe en el pago de los
impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se estiman en un
7,75% del PIB. Por su parte, se han otorgado a través del tiempo, amplias
exoneraciones de impuestos que se estiman en un 6% del PIB”.
Las
cifras que nosotros siempre hemos manejado es que, en estos aspectos
tributarios graves de evasión y elusión fiscales, es de 8.5 puntos PIB; no de
7.75. Pero, la realidad política es que son datos monstruosamente gigantes. Y,
en materia de exenciones-exoneraciones, el dato es irrebatible: 6 puntos PIB.
¡Ahora
es cuando! El informe legislativo de la comisión que investigó el reflejo en
Costa Rica de Los Papeles de Panamá,
se ha de convertir en una poderosa herramienta de lucha de los sectores
cívico-patrióticos y sociales-populares de la más diversa índole.
Paradójicamente, Alvarado lo está pidiendo. La próxima semana seguiremos con el
tema.
