El Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas.
Gepostet von ANEP am Mittwoch, 27. März 2019
Autor: ANEP
La destitución del Presidente de Japdeva
La destitución del Presidente Ejecutivo de Japdeva nos muestra a las claras que la naturaleza de la esencia política de la hegemonía en el seno del actual Gobierno de la República está ya más que ideológicamente definida… si es que alguien tenía dudas al respecto.
La “lealtad” política de la línea dominante al interior del Poder Ejecutivo es aquella que facilita la realización de los meganegocios, especialmente los que se materializan a través de la operación mercantil de las empresas transnacionales.
Ejemplos sobran y citemos este otro: el “error administrativo” del Ministerio de Hacienda que le evitó a la Standard Fruit Company pagar al fisco una enorme cantidad de millones de colones en impuestos que debía honrar.
La entronización de la actividad portuaria en los puertos del Atlántico del país, en manos de APM Terminals, ha sido, desde que fue pensada, una finalidad estratégica del proceso sostenido de la transición impuesta a la sociedad para que el “todo mercado”, finalmente, se imponga como regulador supremo de la convivencia nacional.
Seamos más claros todavía. El proyecto neoliberal para Costa Rica está recibiendo un fuerte impulso a partir de la colusión política de la tríada gobiernista actual, compuesta por los “propietarios” de los partidos del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, más el recién llegado a la santa cruzada contra el Estado Social de Derecho, Acción Ciudadana (PAC).
Hace tan solamente un año, la ingenuidad del inconsciente colectivo de la sociedad creía que el PAC sería el nuevo albergue de la Socialdemocracia traicionada por los renegados y apóstatas del pensamiento de sus padres fundadores en Costa Rica.
La constatación de una de las mayores equivocaciones electorales de los últimos tiempos tiene en lo que acontece con Japdeva una flagrante realidad con todas sus negativas consecuencias.
El pueblo de Limón merece mejor suerte. Esto lo hemos afirmado en otros espacios y circunstancias.
Se puede sostener que el pueblo de Limón está, en los actuales momentos, totalmente huérfano en cuanto a que sus intereses sean, realmente, tutelados por algún partido político.
Pese a contadas excepciones, la realidad es que el electorado caribeño solamente ha sido escalera de ascenso para todo tipo de oportunismos inmediatistas, los cuales priorizaron en el beneficio personal-familiar inmediato, más que en el de la colectividad porteña y, en general, de toda la provincia.
Nada extraño tiene que haya personas y grupos cívicos que estén planteando proyectos autonomistas y hasta independentistas de Limón con respecto al resto del país.
Esto debería de servir de alarma a la cúpula hegemónica de los meganegocios que controla toda la acción política del país en estos momentos; en cuanto a que la percepción y constatación del abandono de Limón puede estar llegando a un punto muy álgido que luego podría ser difícil de manejar.
Recientemente, se hizo pública la conformación de un nuevo esfuerzo de articulación de las diferentes instancias que aglutinan a la sociedad civil limonense, a propósito del ataque gobiernista a Japdeva, esfuerzo que también cuenta con parte de la institucionalidad pública de la provincia y del cantón central de esta.
De manera modesta nos atrevemos a plantear que, si ese notable esfuerzo articulador no expresa una conducta activa de carácter militante, de gran y sensible expresión cívica del enojo acumulado por tanto engaño político, manipulación electoral y expoliación económica; a la cúpula gobiernista neoliberal actual, la suerte del pueblo limonense no les merecerá atención real alguna; tan solo para repartir alguna que otra migaja de asistencialismo social de cortísimo plazo, mientras todo vuelve a su nivel.
Pareciera que estamos de cara a las oportunidades de que la representación parlamentaria de origen limonense asumiera un rol protagónico en aras de la defensa de los intereses sociales y económicos del electorado caribeño que los puso en una curul legislativa.
Sin embargo, debemos confesar nuestro pesimismo si nos atenemos a las primeras declaradas dadas por esos señores diputados ante la humillación que sufre Japdeva.
La soberbia neoliberal es de tal calibre como para que el jerarca ministerial del MOPT plantee, con un escalofriante cinismo, que lo que iba a pasar en Limón no solamente ya se sabía, sino que no se previó.
Como si él no fuese parte de esa estructura política sórdida del bipartidismo neoliberal PLUSC-PAC que fraguó con gran premeditación el asalto de Japdeva.
Tal parece que el pueblo limonense está en la encrucijada más difícil desde la fundación de Japdeva, hace 56 años.
La carta de la ANEP sobre empleo público que el Gobierno nunca respondió
Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero
San José, lunes 28 de enero de 2019.
Honorable señora
María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra
MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Honorable señor
Steven Núñez Rímola
Ministro
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política
Estimada señora Ministra:
Estimado señor Ministro:
- En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
- Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
- Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
- Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
- Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
- Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
- Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
- Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
- La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
- Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
- Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
- Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
- Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
- Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
- Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
- Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
- Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
- Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
- Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
- Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
- Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
- Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
- Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
- Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.
25. Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.
- Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.
Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.
- Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
- Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
- En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.
Respetuosamente,
| Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP Presidente CSJMP-ANEP |
Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP Vicepresidente CSJMP-ANEP |
Rafael Mora Solano
Directivo Nacional ANEP Director Ejecutivo CSJMP-ANEP |
La autonomía constitucional del régimen municipal fue ultrajada
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Cunde la indignación en no poca cantidad de expertos jurídicos acerca de que autonomía constitucional del régimen municipal fue violentada, con la promulgación-imposición de la Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (según su nombre oficial), popularmente conocida como combo fiscal.
Es más, apelando a toda la connotación sensible del término, podemos afirmar que fue ultrajada.
Para algunos entendidos en la materia, si el autoritarismo que se nos está imponiendo como sociedad bajo una especie de control único de pensamiento político, requería deshacerse de tal autonomía, lo que correspondía era reformar la Constitución primero; para, luego, legislar a fin que las municipalidades quedaran sujetas a los dictados políticos de parte del Estado central, tanto en su gestión de recursos humanos como en cuanto a la disposición de sus finanzas.
La verdad es que con la controvertida y detestada ley de la Republica No. 9635, la percepción generalizada ya a nivel de las municipalidades, es que éstas tendrán una especie de “supervisión política” (para decirlo con la mayor suavidad posible), de parte de los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y de Hacienda.
¡Esto es sumamente grave! Siempre hemos pensado que es el municipio (en su calidad de gestor de administración local de política pública en lo que por ahora es su ámbito de competencias legales), el gobierno más cercano a la gente, más accesible para la ciudadanía en la comunidad.
Se supone que la municipalidad está destinada a aumentar su presencia determinante para la convivencia democrática en comunidad, de tal suerte que la intrusión en ella de determinaciones tomadas a nivel de Gobierno Central, va a representar un serio retroceso.
Retroceso ya no solamente en cuanto a la concepción de posibilidad de un gobierno más cercano a las personas; sino que de nada serviría la voluntad popular en cuanto a la designación de sus autoridades si, a final de cuentas, los ejes fundamentales del caminar de ese gobierno local, estarán determinados por los jerarcas políticos de dichos ministerios, que no es más que decir, que serán controlados por la mismísima Casa Presidencial.
Lo que está ocurriendo con la autonomía constitucional del régimen municipal, tanto como el ultraje en contra de la autonomía institucional de otras entidades como la de la Caja; nos llevan a afirmar que esa ley, en realidad, vino a representar una especie de Golpe de Estado técnico; ¡sí!, Golpe de Estado técnico pues, en esencia, será desde la Casa Presidencial, y más exactamente, desde el Ministerio de Hacienda, desde donde saldrá la línea política de gestión de finanzas públicas para todo el aparato del Estado.
Aunque ya lo habíamos mencionado en otra parte, sí parece necesario resaltar lo incomprensible que resulta el silencio de entidades conformadas para la preservación de la institucionalidad municipal; silencio que nos lleva a presuponer que se está de acuerdo con el ultraje a la autonomía del régimen municipal.
A la fecha de escribir este artículo, ni la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ni la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), han dicho esta boca es mía, para salir en defensa del régimen municipal.
Al parecer, le corresponderá al honorable cuerpo laboral municipal y sus legítimas organizaciones obreras, los sindicatos, levantar la bandera de la autonomía constitucional del régimen municipal.
Afortunadamente, hay una ciudadanía honesta que, con profesionalismo y conocimiento experto en la materia, también alzará esa bandera.
Igualmente, esperamos que, desde la sede legislativa, las sanas presencias parlamentarias acojan nuestro planteamiento de promoción de una legislación específica para revertir el ultraje cometido a la autonomía municipal.
Mesa Sindical de Mujeres convoca a la manifestación de las ollas vacías
La Mesa Sindical de Mujeres conformada por las centrales sindicales CTRN, CUT, CSJM-ANEP, CMTC invita a la manifestación de las ollas vacías frente al Ministerio de Hacienda como medida de protesta ante el aumento de los impuestos en los alimentos.
Las organizadores solicitan a los participantes llevar ollas vacías como un acto de simbolismo.
ANEP presentó accion de inconstitucionalidad contra la ley 9635
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el pasado viernes 22 de marzo, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la ley 9635 conocida como Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Desde el momento en que esta nueva Ley otorga al Poder Ejecutivo poderes de dirección y control sobre todas las instituciones de la Administración Pública, eso es, a nuestro juicio, violatorio de una serie de principios y normas constitucionales, como lo es por ejemplo, el principio de autonomía municipal establecido en los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.
De modo que el primer punto impugnado de la acción de inconstitucionalidad de referencia es el artículo 26 de la Ley 9635, en la medida que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley a las municipalidades y otras instituciones autónomas y entes descentralizados, sin tener en cuenta su nivel de autonomía política, administrativa y financiera.
A nuestro criterio la Ley 9635, contiene una serie de contradicciones con los principios constitucionales de autonomía de la voluntad, seguridad jurídica, progresividad de los derechos fundamentales, justicia tributaria, no confiscatoriedad de los salarios, derecho a la negociación colectiva, etc.
Se impugna el método de calificación, el cual es incierto para todos los
funcionarios de la institucionalidad pública
por ser el mismo arbitrario; y, además, al ordenar
que el mismo será aplicado para todas las instituciones (incluso para las
municipalidades), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan), el cual será el ente competente para dictar las metas y
planes de acción; buscando darle al Poder Ejecutivo, poder de dirección a las
municipalidades y entes autónomos en materia de empleo público.
Es importante señalar que, incluso, la Ley indica frases como “con las salvedades correspondientes”, ambigüedad que –eventualmente-, le permitiría a la Administración desaplicar las reglas en el caso que quisieran, violentando la inderogabilidad singular de la norma, pudiendo fundamentar cualquier caso de excepción con dicha “salvedad”.
Se acusa, además, la inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad, al crear dos regímenes diferentes de prohibición: uno remunerado con el 65 % para algunos funcionarios de la Administración Central (que incluye a los del Ministerio de Hacienda), mientras que a aquellos que se regulen por leyes especiales les remunerará un 30 % solamente.
También se cuestiona la constitucionalidad de las normas de metodología por evaluación y designación de anualidades nominales en los funcionarios, en la medida que, mientras el Estado se asegura de captar recursos porcentuales basados en el consumo, el aumento por anualidad permanece invariable en el tiempo, causando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los gastos; además de vincularse el mismo a la también inconstitucional decisión de obligar a denunciar convenciones colectivas, en las que se pudiera disponer cualquier otro acuerdo.
Otro punto impugnado es el tema de la prohibición que hace la ley 9635, de que se pacten mejores condiciones de trabajo por medio de la negociación colectiva.
Son muchas las normas dentro de la Ley 9635 que consideramos violentan el derecho de la constitución, su articulado y principios contenidos. Por ello es importante la actuación en contra de dichas normas, no solamente pensando en el perjuicio gravísimo contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y la desidia ante el Derecho Internacional Laboral; sino que, también, por el menoscabo al Estado de Derecho, en que se le otorga al Poder Ejecutivo poderes irrestrictos sobre entes descentralizados en materia de empleo público, fomentando el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense.
San José viernes 22 de marzo de 2019. Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
25 conclusiones: Análisis del deterioro de las condiciones laborales a partir de la ley del combo fiscal
Luego del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, el pasado viernes 22 de marzo; la organización sindical elaboró 25 conclusiones sociopolíticas
del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica
25 Concluciones:Análisis del deterioro de las condiciones laborales a partir de la ley del combo fiscal by Yariela Novo on Scribd
Deuda pública: el obsceno pago de interese desbordante de toda lógica
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Hace unos meses la actual Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar Montoya, empleó el concepto “obsceno” para referirse a la cuantía del costo de las tasas de interés que los inversionistas exigen a la hora de que el Gobierno les plantee que le presten plata.
Al considerar la monstruosa cifra del monto de la deuda pública que nosotros sostenemos es estrangulante de la economía nacional y, además, que no se puede pagar, el pago de intereses de la misma es, a la vez, obsceno también.
El pasado viernes 22 de marzo, con ocasión de la realización del Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), don Ernani Goelzer, integrante del Grupo Transparencia Nacional (GTN), abordó -aunque brevemente, por razones de tiempo-, el impactante tema del endeudamiento público y de su pago de intereses, haciendo énfasis en la tesis de la necesidad de una auditoría ciudadana al respecto.
En ANEP, que hemos estado abordando el tema hace ya bastantes meses, tratando de posicionarlo como uno de los ejes fundamentales de la lucha social y del proceso de sindicalismo sociopolítico que practicamos, los datos que nos da el GTN son realmente impactantes; casi al punto de hacer indescriptible la reacción que pudiera generar su conocimiento, en cualquier costarricense con un mínimo de sensibilidad social en estos momentos.
Que cada día del año pasado 2018, los intereses de la deuda que hubo que pagar ascendieran a los 3 mil 891 millones, 666 mil 666 colones (3.891.666.666), tiene una connotación obscena innegable para un país que está sufriendo los problemas sociales más graves desde la proclamación de la Constitución Política de 1949.
Prácticamente, son 4 mil millones de colones, ¡cada 24 horas!, el pago de intereses de la deuda pública, si nos dedicamos a leer con cuidado los datos del Grupo Transparencia Nacional, que nos indican de la cuantía de 3 billones de colones, como servicio de la deuda pública en el año pasado; de los cuales, un 46.7 % fue por pago de intereses; es decir, un billón 401 mil millones de colones (1.401.000.000.000).
Evidentemente, si tuviésemos una clase gobernante que hegemonizara todo su accionar en la promoción del bien común y de la integración social real, un paso trascendental a dar tiene que ser el de auditar la monstruosa deuda pública del país, misma que anda por alrededor de los 34 mil millones de dólares.
Los casi 21 billones de colones de colones de deuda pública, gran parte de la cual fue generada en los gobiernos de los partidos Liberación y Unidad (y ahora el PAC, que quiere aumentar esa deuda en 6 mil millones de dólares más); merece que la ciudadanía pueda tener la más real y transparente información de toda una acción política continuada desde la esfera gobernante de los últimos tiempos, para haber llegado a la trágica realidad de que se tenga que sacar casi 4 mil millones de colones diarios para pago de esos intereses, más que obscenos, que implica el monto actual de la deuda pública nacional.
Bien harían las universidades públicas que poseen el más elevado conocimiento académico-profesional del país, impulsar un proceso cívico-auditor de la deuda pública, involucrando en el mismo a las agrupaciones sociales más militantes en el tema.
Prácticamente es imposible que el estamento político-tradicional decida entrarle al tema, pues sería auditarse a sí mismo, desde el punto de vista de que es causante, en grado sumo, de esa erogación diaria de intereses; suma tan enorme por sí misma que podría estar supliendo cualquier cantidad de necesidades sociales cruelmente postergadas en cuanto a su atención integral y efectiva.
No menos crítica es la situación de tener la ciudadanía noción clara de los beneficiarios diarios de esos casi 4 mil millones de colones diarios de pago de intereses de la deuda pública; tanto del ámbito público como del privado y de las entidades de correduría financiera y jurídico-legales que intermedian ganando con ese pago de intereses tan obsceno. ¡Qué clase de tarea cívica tenemos por delante!
Así se vivió el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP
El pasado viernes 22 de marzo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró un exitoso Consejo Consultivo Nacional (CCN), con la presencia de más de 500 personas, en su mayoría dirigentes anepistas, así como invitados especiales, expositores, entre otros.
La actividad que se desarrolló en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica lució con un lleno total, abordando como tema central “El análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica”.
Acciones Jurídicas contra Ley 9635
La ANEP ya inició con los mecanismos legales, para combatir la afectación que ya viven muchos trabajadores de diversas instituciones autónomas y municipales, así como las mismas instituciones, por lo que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Ley 9635: Impacto en el régimen municipal
Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense, de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto. Es más, de que la misma ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa tramitación político- parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.
Aquí se evidencia la productiva campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad. Para la corriente sindical en la cual militamos resulta muy satisfactorio tener como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.
En este escenario, se presentó el libro “Ley 9635: Impacto del régimen municipal”, escrito por Edward Cortés García, abogado especialista en Derecho Constitucional quien se dirigió al Consejo Consultivo Nacional.
Presentación Edward Cortés García
Ataque sindical en sede parlamentaria
Otro de los temas analizados durante el CCN, fue el ataque antisindical que se desarrolla en la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical, esto luego de la huelga desarrollada contra el combo fiscal. En este punto el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez analizó el contenido de dichos proyectos de ley.
Aportes para una agenda fiscal patriótica
La preocupación por la actual situación fiscal del país es uno de los puntos principales en los que la ANEP ha puesto principal atención en los últimos años con propuestas concretas y claras, dando la voz de alerta de lo que se avecina si el país no implementa una verdadera justicia tributaria y un análisis a fondo de la deuda pública que mantiene el país. Esta última llegó a 34 mil millones de dólares, lo que significa el 40% del gasto anual del Gobierno Central (presupuesto público).
Ante eses escenario destaca la propuesta “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”. Además del acercamiento con el movimiento ciudadano denominado Grupo Transparencia Nacional (GTN), que busca impulsar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.
Para analizar el tema del déficit fiscal, el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP contó con la exposición del doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís quien además funge como Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
También se contó con la destacada presencia de Ernani Goelzer, Director de ante proyecto del GTN quien detalló a la concurrida audiencia la necesidad de implementar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.
Aportes a la ANEP en la actual circunstancia
El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez fue otro de los invitados a este Consejo Consultivo Nacional donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los anepistas para presentar una perspectiva constructiva sobre la actual situación de los derechos laborales en nuestro país y la necesidad de su defensa.
60 Aniversario ANEP
Como parte de las actividades de celebración de los 60 años de la organización se dio la presentación de la memoria histórica de la ANEP a cargo del historiador Adalberto Fonseca Esquivel, quién también presentó la portada de lo que será el libro “ANEP: 60 Aniversario”. Este podrá adquirirse dentro de poco.
Uno de los momentos emotivos de la actividad se dio al final del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, cuando los presentes celebraron los 60 años de nuestra querida organización.
Compartimos el documento completo del Consejo Consultivo Nacional, el cual puede descargar en el siguiente enlace
Documento Consejo Consultiv… by on Scribd
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Representantes sindicales de Bomberos, Cruz Roja y Cuerpos policiales de ANEP crean alianza en busca de mejores condiciones laborales
La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.
¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?
