Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Costa Rica es capaz, encontrarnos bajo el título de Estabilidad Económica, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada: 

“Estuvimos al borde de la quiebra, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario”.

¡Vamos por partes! “Estuvimos al borde de la quiebra…”. ¡No, señor! ¡Seguimos al borde de la quiebra! La tal “decisión valiente”, aparte de que fue impuesta haciendo trampa política, fue una pésima decisión. En nada corrige el problema estructural de las finanzas públicas.

La monstruosa magnitud del problema de la deuda pública obligó a que, tan solo para el año pasado 2018, hubiera que destinar 3 billones de colones para atenderla. 

¡Unos 250 mil millones de colones al mes; unos ¢8 mil 333 millones por día; unos ¢347 millones 222 mil por hora; unos ¢5 millones 800 mil por segundo! ¡Vamos hacia el precipicio!

El combo fiscal, hoy ley 9635, de nada sirvió, tan solo para hacer daño a la gente más humilde, a la gente trabajadora altamente asalariada, al micro y pequeño-mediano empresariado.

Fue el gran corporativismo empresarial el principal beneficiado, pues hasta amnistías tributarias les dieron, luego de años de prácticas de robo de impuestos que han quedado impunes, con la complicidad -incluso-, de la propia cúpula política del Ministerio de Hacienda.

Veamos la magnitud de la pifia política que cometieron con esa errónea decisión socialmente injusta. Según cálculos de ellos mismos, el combo fiscal les generaría, anualmente, 440 mil millones de colones; mientras que, ¡escuchen bien!, el servicio de la deuda pública en el año 2018, consumió, en tan solo dos meses de ese año 2018, 500 mil millones de colones. 

El estar “al borde de la quiebra” es una situación de alto riesgo que se viene presentando en los últimos gobiernos. En el primer gobierno PAC, solamente se agudizó con el asunto del famoso “hueco fiscal”.

Si ya es de carácter monstruoso los dineros que se deben destinar al servicio de la deuda; es aterrador, es terrorífico, el monto en sí de esa deuda pública: ¡35 mil millones de dólares! Cifra indescriptible e incomprensible.

“…Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente…”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Desafíos nacionales, encontrarnos bajo el título de Polarización y diálogo, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada:

“Por último, una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país. No busco que nos homologuemos en un único pensamiento, pero sí que logremos construir en respeto y en pluralidad, entendiendo que los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

Por una parte, parece que, en esto de la polarización social, el señor Alvarado Quesada “descubrió el agua tibia”. Los últimos gobiernos del bipartidismo PLUSC y ahora tripartidismo, PLUSC-PAC, han ejecutado políticas económicas que han llevado al país hacia una gran polarización social; más aguda considerando lo que aconteció en las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado 2018.

Por otra, ese pensamiento del señor Alvarado Quesada no nos merece ninguna credibilidad. Con ocasión de la traumática discusión en torno a lo comúnmente denominado por el pueblo como combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, se impuso una perspectiva única, autoritario-totalitaria, del grave problema de las finanzas públicas del país. De manera rotunda, quedó en evidencia que es falso que en el seno del presente gobierno aprecien que “…los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

¿Cómo vamos a creer que sea sincera, honesta y verdadera la expresión de que “…una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país”, cuando ni siquiera hubo la mínima cortesía presidencial, al menos de carácter protocolario, de recibir a una delegación representante de la multiplicidad de sectores sociales que enfrentaron en unión y coalición cívica la lucha patriótica contra el combo fiscal, en la circunstancia de las dos multitudinarias marchas por las calles capitalinas que se dieron en aquel momento?

Nos anuncia ahora el gobierno Alvarado-Piza que “…en las próximas semanas lanzaremos el Consejo Consultivo Económico y Social, un espacio plural que represente a diferentes sectores sociales y productivos” …, a fin de establecer un diálogo“…sobre rutas para el presente y el futuro del país”…

La hegemonía política dominante, especialmente la que ejercen los latifundios mediáticos (como esos que ocultan encuestas electorales cuando la gente piensa votar a otros candidatos que no son los de sus simpatías), comprobado está que no creen en el diálogo social; pues prefieren la toma de las grandes decisiones nacionales vía imposición, a partir del control de las instancias formales del poder institucional, como sucede con el Parlamento actualmente.

Si el indicado consejo llega a instalarse (y nosotros no vemos de mala manera una iniciativa de diálogo social como ésta), es evidente que no más de entrada habría una polarización en cuanto a la fijación de una agenda temática; dado que, sin duda alguna, desde el lado de los sectores sociales sería lógico suponer que la cuestión fiscal del país sería tema número uno de cualquier diálogo social.

Además, otra delicada circunstancia que no es más que una enorme interrogante, es la del destino final de iniciativas que pudieran salir de ese consejo con la bendición de todos los sectores que lo integran; de cara a su materialización en una decisión política, por ejemplo, de orden parlamentario; especialmente cuando éste, en su composición mayoritaria, repele la participación popular y social activa en las grandes decisiones-país.

La realidad es contundente: la polarización social tiende a agudizarse. Mientras las causas fundamentales de la desigualdad sigan afianzándose; la naturaleza perversa del sistema tributario se mantenga; la deuda pública y los intereses obscenos que la misma demanda estrangulen el presupuesto estatal; la facilitación del enriquecimiento privado con la apropiación indebida (aunque tenga ropaje legal) del patrimonio público se siga potenciando (como lo ejemplifica el caso de Japdeva); repetimos, mientras estas circunstancias socioeconómicas (entre otras), contrarias al bien común y al bienestar de las mayorías sigan prevaleciendo, la polarización se acentuará y se manifestaría, incluso, con crueles realidades fuera de la institucionalidad republicana misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Contrariamente a lo que podría pensarse, y dado el enorme y extendido enojo ciudadano que hay con la presente gestión gubernativa, ese documento debe leerse para -como se dice popularmente-, “jalarle la lengua” al señor Alvarado Quesada en varios apartados; y así posicionar la contracara de los decires suyos en ese documento, especialmente cuando tiene que ver con lo que le está pasando a la propia Democracia costarricense, dado su deterioro acelerado en lo concerniente a las posibilidades de una real inclusión social.

Estabilidad económica es el primer tema de fondo al que se hace alusión en el documento en mención. ¡No es causal! En la lógica político-ideológica de los neoliberales, la estabilidad económica es un objetivo más que estratégico según su visión de mundo; y, por supuesto, centrando alcanzar el mismo en cuestiones de orden macrofiscal, dándole enorme preponderancia a variables como la atención del servicio de la deuda pública por encima de todo lo demás.

Tengamos presente que, para el neoliberalismo, las personas deben estar el servicio de la economía; y no, la economía al servicio de las personas.

Pero, bien, no es éste el punto para el presente comentario. Lo que nos interesa destacar en que en ese documento se indicó lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referencia al secreto bancario”.

¿Qué fue esto? ¿Qué le pasó a don Carlos Alvarado Quesada? ¿Será que Rodolfo Piza Rocafort (co-gobernante), así como las señoras Rocío Aguilar Montoya (ministra de Hacienda) y Edna Camacho Mejía (coordinadora del equipo económico), no revisaron bien esta parte del mensaje del Poder Ejecutivo del pasado 2 de mayo?…

¿Qué son los Panama Papers? El sitio web www.infobae.com/politica apunta: “Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto”.

“Panama Papers (en español Papeles de Panamá),es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte). Esto lo indica la enciclopedia electrónica Wikipedia.

El caso de Los papeles de Panamá tuvo repercusiones en nuestro país, dado que el robo de impuestos en Costa Rica es algo monstruosamente gigante y estos sucios mecanismos de esconder la plata en paraísos fiscales, es una práctica usual entre la gente pudiente, la de mayor poderío económico y la que tiene gran influencia política para, incluso, imponer presidentes y diputados.

Es por eso que, repetimos, llama poderosamente la atención que el documento que conoció el país el pasado jueves 2 de mayo por boca del jerarca mayor del Poder Ejecutivo, haya indicado que se deben “aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referente al secreto bancario”.

¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? La Asamblea Legislativa del período constitucional anterior, 2014-2018, integró una comisión especial que investigó el tema de Los papeles de Panamá en el marco de la realidad tributaria costarricense, mediante el expediente legislativo No. 19.973, denominándose la misma así:

“Comisión especial investigadora, que se dedique a analizar la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias”.

Fíjense ustedes que sólo el nombre que se le dio a esa comisión legislativa da cuenta de lo que nos traemos entre manos. Las diputadas y los diputados que la integraron fueron: Rolando González Ulloa (y después, en su lugar se incluyó a Ronny Monge Salas), Marcela Guerrero Campos, Marco Redondo Quirós, Patricia Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría, Otto Guevara Guth, Karla Prendas Matarrita, Juan Marín Quirós y Rafael Ortiz Fábregas.

El informe de esta comisión es, sencillamente, extraordinario, pues como ellos mismos lo admiten, en el apartado segundo, Contexto histórico tributario: “Respecto a los ingresos, es conocido el alto incumplimiento que existe en el pago de los impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se estiman en un 7,75% del PIB. Por su parte, se han otorgado a través del tiempo, amplias exoneraciones de impuestos que se estiman en un 6% del PIB”.

Las cifras que nosotros siempre hemos manejado es que, en estos aspectos tributarios graves de evasión y elusión fiscales, es de 8.5 puntos PIB; no de 7.75. Pero, la realidad política es que son datos monstruosamente gigantes. Y, en materia de exenciones-exoneraciones, el dato es irrebatible: 6 puntos PIB.

¡Ahora es cuando! El informe legislativo de la comisión que investigó el reflejo en Costa Rica de Los Papeles de Panamá, se ha de convertir en una poderosa herramienta de lucha de los sectores cívico-patrióticos y sociales-populares de la más diversa índole. Paradójicamente, Alvarado lo está pidiendo. La próxima semana seguiremos con el tema.