ANEP reunirá a su dirigencia de base de los sectores público y privado mañana viernes

Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la Conferencia Episcopal

•El Combo Fiscal- Ley 9635: eje central del debate

Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.

Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.

Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.

Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.

ANEP solicita separación de funcionarios de la CCSS investigados por la Fiscalía

•  ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La solicitud de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el 2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS, la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.

Incluso el 23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General a.í. Emilia Navas, solicitando  que se investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos contra altas autoridades de la CCSS.

En la carta enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados”.

En otro párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”.

Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.

Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.

ANEP responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.

En junio 7 del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún ostentaban altos cargos en la institución.

1) López Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la Caja.

2) Acuña Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de Pensiones.

3) Picado Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial.

4) Ugarte Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está pensionado.

5) Balmaceda Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios.

6) Garro Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto administrativo en el Hospital San Juan de Dios.

El 12 de febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló todo lo sucedido en la institución.

“Esto es un espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.

ANEP solicita a nueva Fisca… by on Scribd

A lo AMLO y a lo Corbyn

Estaremos ya en los albores de la caída del neoliberalismo? ¡No lo creemos! Sin embargo, hay que resaltar acontecimientos sociopolíticos relevantes que están ocurriendo en ciertos países que, de una manera u otra, marcan pautas y abren senderos. Comentamos ahora los casos de México y de Reino Unido.

Para el caso latinoamericano, lo que acaba de ocurrir en México, con el ascenso al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debe obligarnos a seguirle la pista en sus actuaciones y en sus decisiones, para quienes durante tanto tiempo hemos luchado contra el perverso, criminal y suicida-homicida “sistema” neoliberal.

Tan importante es lo que está pasando ahorita en el México de AMLO que la propia cadena de noticias CNN, vocería mediática oficial global del sistema neoliberal, ya ha empezado a poner a sus comentaristas a criticarle, descalificarle e, incluso, insultarle.

En nuestro país, el latifundio mediático del capital, la expresión más connotada del periodismo de odio en Costa Rica, también está publicando artículos siguiendo la matriz CNN. Los movimientos sindicales y sociales de nuestra amada América Latina tenemos que reaccionar al respecto.

Según varios reportes de la prensa alternativa que, muy eficientemente, se expresa por la internet, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pronunció un crucial mensaje a su país: “…Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada con una política económica de pillaje, antipopular y entreguista”. ¡Sencillamente impresionante!

El Presidente López Obrador propuso un plan alternativo post-neoliberal basado en ocho conceptos sobre economía, honradez y honestidad. Veamos (transcripción literal del documento al cual tuvimos acceso):

1. Honradez y honestidad.

2. La economía para el bienestar. “Pensemos que hay crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y el ingreso, que siempre pensemos en el desarrollo”, dijo.

3. El mercado no sustituye al Estado. “Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, el Estado tiene la finalidad de que mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos”.

4. No hay paz sin justicia. “Tenemos que crear políticas que atiendan a los jóvenes, adultos mayores y todos los ciudadanos”.

5. Regresar a conceptos como el respeto al derecho ajeno es la paz y el principio de autodeterminación de los pueblos.

6. No más migración por hambre o por violencia. “Que la migración sea opcional, no forzada, no por falta de oportunidades”, dijo.

7. La democracia que significa el poder del pueblo. “El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, por eso también es importante el que podamos dejar el principio de la revocación del mandato”, indicó el Presidente.

8. Ética, libertad y confianza. “Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y del alma, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en el país”.

Sin duda alguna y con semejante anuncio y con el planteamiento de esos ocho puntos antineoliberales, el mandatario mexicano va a ser excomulgado y echado de la iglesia del dios mercado.

Será catalogado como renegado y como hereje por creer, por ejemplo, que el crecimiento económico sin distribución real y justa de la riqueza ofende uno de los dogmas más sagrados de los adoradores del dinero y de la fácil acumulación de capital sin piza de moral alguna.

El otro caso que nos llama la atención y donde el neoliberalismo enfrenta cuestionamientos fuertes es el Reino Unido. La conocida y problemática del “Brexit” tiene que ver mucho con ello. Eso del “Brexit” parece de nunca acabar y la actual clase gobernante británica está como el dicho de esa canción ranchera que indica “porque estás, que te vas, que te vas y no te has ido”; dado que un día dice que se van de la Unión Europea, otro día que tal vez y todas las veces rechazan el plan de salida-divorcio de sus hasta ahora pares países de la UE.

Sin embargo, para efectos de lo que centralmente comentamos aquí, lo que podríamos llamar (y pidiendo respeto a ambos), el “AMLO del Reino Unido”, el señor Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista (y el cual podría estar a las puertas del gobierno en próxima fecha), anda por la misma senda del desafío al dogma neoliberal.

En la prestigiosísima publicación Le Monde Diplomatique (en español), de la edición del pasado mes de febrero, nos encontramos un artículo de primera página titulado “‘Brexit’ de izquierdas: una vía estrecha”; y leemos lo siguiente:

“Desde que Jeremy Corbyn asumiera las riendas del Partido Laborista en 2015, la formación ha retomado los combates que durante mucho tiempo había abandonado: renacionalizar los servicios públicos deteriorados tras su privatización, rehabilitar la inversión pública, en particular dentro del sector industrial para generar empleo; controlar las finanzas para que dejen de dictar su ley a la ciudadanía…”.

En nuestro país, el fracaso estrepitoso de los gobiernos sucesivos de la ahora tríada gobiernista PLUSC-PAC, bien matriculada con la ideología neoliberal, abre espacio para que “a lo AMLO y a lo Corbyn”, el pueblo costarricense se decida a una sustitución político-estratégica de quienes renegaron de los ideales nacionalistas ticos, de la real socialdemocracia y del verdadero humanismo cristiano para convertirse en adoradores del templo del dios mercado.

El Plusc-PAC hunde la economía y la deuda nos lleva al precipicio

El Ministerio de Hacienda, ideológicamente matriculado con el fundamentalismo macrofiscalista de sesgo neoliberal, según la hegemonía que ejerce en él su máxima jerarca, doña Rocío Aguilar Montoya, en representación de la tríada gobiernista Plusc-PAC y su máximo aliado político-sostén, el alto corporativismo de los “empresaurios”; nos da cuenta que durante los meses de enero y de febrero del presenta año 2019 el pago de intereses de la deuda pública consumió 122 mil 471 millones de colones (122.471.000.000).

Nosotros no confiamos de las cifras fiscales que dan los neoliberales. Creemos que puede ser mucho más la cantidad de plata que se le quita al pueblo costarricense para que este pague una deuda que, por un lado, nunca generó; y, por otro, una deuda que es impagable.

Esos 122 mil 471 millones es solamente por pago de intereses de la deuda impagable. Faltan los datos de amortización al principal, si es que los hubo en estos primeros 60 días del año.

Por eso tenemos que recalcar, una vez, que es urgente una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública y que todo el pueblo trabajador y sus diversas modalidades de organización, deben apoyar el esfuerzo que en tal sentido se promueve por agrupaciones de la sociedad civil y por algunos señores diputados, destacando nosotros el interés mostrado por el señor legislador don Wálter Muñoz Céspedes.

122 mil 471 mil millones de colones erogados únicamente para pago de intereses de la deuda pública en estos primeros 60 días del 2019, significa que cada día (cada 24 horas), se pagó 2 mil 41 millones 183 mil 333 colones (2.041.471.000.000).

Y, cada hora de estos 60 días de pago de intereses, hubo que entregar a los acreedores del país, 85 millones 49 mil 305 colones (85.049.305); acreedores que, por cierto, no sabemos quiénes son ni cuáles bufetes y/o corredurías de bolsa les representan.

Tal y como lo expuso en su más reciente estudio el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Costa Rica está en la más delicada encrucijada en cuanto a su situación fiscal-tributaria.

Lamentablemente, tal estudio que recibió la necesaria difusión mediática que se requería. Desde nuestra propia interpretación de este, muestra el fracaso estrepitoso de la política fiscal y macroeconómica de los sucesivos gobiernos de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; hoy coludidos-coaligados en una tríada gobiernista favorecedora del alto corporativismo gremial-empresarial, nacional y transnacional, como ha venido quedando demostrado en los últimos tiempos.

Lo peor de todo esto es que pretenden llevarnos por la ruta del suicido colectivo del endeudamiento público impagable.

Están chantajeando, otra vez, a la sociedad con la “necesidad” del proyecto de los eurobonos, para un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares más.

Rehúyen, de manera perversa y por motivos del interés corporativo que representan y defienden (amén su doctrina económica fundamentalista), enfrentar el grave problema del endeudamiento público por la única vía razonable que encontramos en función de la gente y no del negocio.

Es decir, entrarle duro (repetimos) a esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, por un lado; y, por otro, a impulsar todas las medidas político-legislativas para una corrección estructural del problema del déficit fiscal, mediando la aprobación parlamentaria de las diversas iniciativas de ley que han siendo venido formuladas para efectuar correcciones estratégicas en el sistema tributario, sin necesidad de nuevos impuestos, prácticamente.

Esa gente, la del PLUSC-PAC que nos ha hundido económicamente y que lleva al país al precipicio de la deuda pública, es la que sede ser desplazada del gobierno y del poder.

Esta es la tarea histórica pendiente por parte del pueblo trabajador. No queda mucho tiempo. Pensamos que, si logran patear la bola para adelante y se salen con la suya de ese nuevo endeudamiento de los 6 mil millones de dólares, para el 2021 la situación sería tan catastrófica que quedamos listos para un “rescate” por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), y/o del Banco Mundial. En tal sentido, ¡ya no habría más que hacer!

Violencia en contra de líderes sociales en América Latina: una perspectiva desde las juventudes trabajadoras

Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.

La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.

Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.

La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.

La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.

Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.

El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.

Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.

Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.

El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.

Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.

Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.

Ciudadanos limonenses se unen en busca de soluciones para la provincia ante olvido del Gobierno

Decenas de limonenses cobijados bajo el Movimiento Social por y Para Limón se dieron cita en gimnasio Eddy Bermúdez en busca de soluciones, ante la dura situación socio-económica que afronta la provincia caribeña.

ANEP y el Colectivo Sindical Patria Justa condenan el asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas

El Estado costarricense nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA condenan el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, perpetrado la noche del lunes 18 de marzo.

El asesinato ocurrió luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido encarcelado durante 6 meses en el año 2015, por razones políticas.

Las organizaciones sindicales denunciamos al Estado costarricense porque nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra; a pesar de que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba, cuentan con señalamientos de protección estatal por parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

Sucesivos gobiernos, por acción u omisión, se pusieron del lado de los finqueros locales, como fue el caso de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, en cuyo gobierno, fueron echados de la Asamblea Legislativa los representantes indígenas de todos los territorios, mientras exigían la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. En esa administración también se dieron muchas agresiones directas a Sergio y otros indígenas bribris.

Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la exviceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte implementó un plan “conciliador” en Salitre que sólo dio como resultado más violencia y el encarcelamiento injustificado de Sergio Rojas Ortiz.

También tienen responsabilidad en este fatal desenlace las malas decisiones de las autoridades políticas de los gobiernos locales del cantón de Buenos Aires, porque no han hecho mayor cosa para proteger a los indígenas.

Este asesinato sienta un pésimo precedente en cuanto a la integridad de quienes enarbolan luchas sociales en Costa Rica; y por ello sumamos nuestra voz a la de muchas otras organizaciones de la sociedad civil para exigir el esclarecimiento de este asesinato; y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales del mismo.

Parece que ya solamente estaríamos ante un escenario de presos políticos por la lucha social, como el caso Carlos Andrés Pérez Sánchez; si no que, más grave aún el crimen y asesinato político por causa de la lucha social (a la colombiana), tal y como lo refleja el caso de Sergio Rojas Ortiz.   

Finalmente, lamentamos que el gobierno Alvarado-Piza no ponga el mismo empeño con que arremete contra los derechos laborales, en la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios de Costa Rica.

A 100 años de la quema de La Información

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El próximo jueves 13 de junio se cumplirán los 100 años de uno de los acontecimientos más dramáticos ocurridos durante la primera dictadura (*) que sufrió el pueblo costarricense en el pasado siglo XX: la quema, el incendio por parte del pueblo tico indignado de ese entonces, del periódico La Información; medio que se había convertido en la voz oficial del régimen gubernativo de facto, encabezado por el general Federico Alberto Tinoco Granados, quien le dio un Golpe de Estado al entonces Presidente de la República, don Alfredo González Flores, traicionándolo pues era su ministro de Guerra y Marina.

Dicho golpe, perpetrado el 27 de enero de 1917, contó con el fuerte soporte del hermano del dictador, el también general José Joaquín Tinoco Granados, quien terminaría sus días siendo asesinado al final de dicho período de régimen totalitario.

Luego de dos años y medio de régimen dictatorial, en la semana del 9 al 13 de junio de 1919 se dio una gran sublevación popular en la cual, que venía incubándose meses atrás y que fructificaría luego con la caída del tirano en agosto siguiente, con su huida-exilio en Francia, pasando por Jamaica.

La nota de la enciclopedia Wikipedia, denominada “Movimiento cívico estudiantil de 1919” (https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_c%C3%ADvico_estudiantil_de_1919), nos sirvió de base para la elaboración de este comentario; concluyendo de nuestra parte que dicho medio de comunicación colectiva, La Información, con su apoyo abierto al régimen dictatorial de los hermanos Tinoco, había concitado un alto nivel de repudio popular y ciudadano, con su enfoque noticioso parcializado a favor de la tiranía y su papel de vocería oficial gobiernista.

La Información, en tal sentido, practicó lo que hoy equivale, según nuestra propia vivencia y experiencia, a lo que hemos denominado como periodismo de odio: un estilo de cobertura noticiosa altamente editorializada, con descarada parcialización hacia el  interés de la clase hegemónica y económicamente pudiente, con invisibilización radical de la diversidad de las visiones contrarias al interés del periódico de clase; así como la estimagtización descalificante del adversario en la confrontación de ideas por la naturaleza de la comprensión del significado real de la Democracia; y que, además, mediante la más insana manipulación, se arroga la vocería de la opinión pública, que no es más que la opinión subjetiva e ideológica por ella publicada.

El pueblo costarricense que se sublevó en la crucial semana del 9 al 13 de junio de 1919, compuesto por maestros y estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas y del Colegio Seminario, junto a intelectuales, obreros y ciudadanía en general; ya le cobraba a La Información su elogio al gobernante dictador y su política de convertirse en vocería oficial del régimen, al punto de darle cobertura a sus medidas antidemocráticas y represivas.

Los días 12 y 13 de junio de 1919, La Información le dio un gran destaque a las medidas desesperadas de los tiranuelos Tinoco en contra del magisterio y del estudiantado sublevado, al punto de hablar de despidos masivos, reducción del número de docentes y adelanto de vacaciones.

Además, la gota que derramó el vaso fue que La Información difundió con cizaña periodística cargada de odio, la directriz dictatorial de impedir reuniones, aglomeraciones, ordenando disolverlas y/o encarcelar a sus protagonistas, o ponerles multas económicas.

Ya para esos momentos, la rebelión ciudadana era incontenible. Según la crónica consultada, el periodismo de odio practicado por La información, a la altura de ese histórico día 13 de junio de 1919, había llegado al paroxismo adulador del régimen tinoquista.

Muchos enojados ciudadanos recorrían las calles josefinas y en una de esas manifestaciones, leemos en dicha crónica:

Se pronunciaron discursos contra el gobierno y a favor de la revolución, y a eso de las dos de la tarde, una voz anónima gritó: “¡A La Información!”. La multitud marchó hacia el periódico, pasando primero por la oficina de Cleto González Víquez, frente al Gran Hotel Costa Rica, apedreando luego la caballeriza del gobierno ubicada tras el Teatro Nacional, y luego llegando a La Información, periódico que se había convertido en la voz del gobierno. La gente, armada de piedras y leños, atacó el edificio. Los dueños del periódico quisieron defender la propiedad y soltaron varios balazos, pero esto solo hizo que la gente se lanzara más decididamente al asalto, tomando el edificio. Cayeron puertas y quebraron vidrios, y por las ventanas arrojaron todo el material del interior, luego de lo cual se le prendió fuego al inmueble. El incendio se propagó a cuatro casas vecinas y la policía fue corrida a pedradas. Entonces, el ejército comenzó a disparar desde el cercano Cuartel Bellavista. Un aguacero vino a disolver a la multitud, pero ya el periódico estaba hecho cenizas”.

En el centenario de la quema de La Información, ante el descrédito del sistema de partidos políticos y la sustitución de éstos por parte de los latifundios mediáticos al servicio del capital neoliberal, los cuales fijan la agenda nacional y con mucha carga de odio en sus más notables cruzadas de clase, cómo sería de gran provecho que en el marco de dicha fecha centenaria, los movimientos populares pudiéramos aglutinarnos para reflexionar y sacar conclusiones acerca del estado actual de la Democracia y el papel de los medios de comunicación colectiva en la Costa Rica de la desigualdad, de la exclusión… y de la violencia.

(*) La otra sobrevendría décadas después, luego del alzamiento armado de don José Figueres Ferrer (Don Pepe) y su triunfo en la Guerra Civil de 1948; período de dictadura conocido como la Junta Fundadora de la Segunda República, según la historia oficial.