Autor: ANEP

Aunque no somos fieles creyentes en las encuestas, pues la experiencia que vivimos con ocasión del “frauduréndum” sobre el TLC (en el año 2007), nos demostró su naturaleza manipuladora y acomodaticia al interés del pagador; siguen siendo tomadas muy en cuenta en diversos ámbitos de la realidad nacional.

Muy en lo específico, se les valora en esos espacios donde se toman decisiones; o en ese tipo de espacios adonde las decisiones ya tomadas, son llevadas para darles su legitimidad formal.

Igualmente, en encuestas cuyos resultados se dan a conocer y que, de antemano, se sabe que han abordado mediciones polémicas y/o controversiales; quienes son aludidos (directa o indirectamente), personas y/o entidades, ofrecen sus propias interpretaciones y/o conclusiones, según intereses directos y/o indirectos.

Apuntamos lo anterior pues nos ha llamado la atención la situación en las encuestas del señor Carlos Alvarado Quesada quien, sin haber llegado al primer año a la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la evaluación más negativa que una persona en su similar posición tuviera en los primeros doce meses de gestión presidencial, desde que tales mediciones se hacen, empezándose éstas hace ya 40 años.

Según entendidos en la materia, podría considerarse que las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las que ofrecen mayor posibilidad de rigor y resultado objetivo; aunque, verdad se ha dicha pese a que incomode: durante la pasada campaña electoral, el CIEP recibió no pocos cuestionamientos en el entendido de que entre los dos Alvarado en la recta final de la competencia presidencial, sus simpatías habrían estado del lado del que ahora se desempeña en Zapote.

Por eso nos llama la atención que sean las cifras del CIEP las que ahora nos estén indicando que las valoraciones positivas acerca de la gestión ejecutiva del señor Carlos Alvarado Quesada no llegan al 25 %.

Es decir, que de cada 4 costarricenses, solamente a 1 le parece bien lo que este señor hace como la principal cabeza ejecutiva de la autoridad formal del actual Gobierno de la República.

Como indicamos al principio de que, en esto de las encuestas, las interpretaciones de sus resultados son subjetivas y que cada quien puede leer los números de las mismas según sus intereses; en nuestro caso, por supuesto, nada objetivo se puede esperar de nuestro análisis de los últimos resultados del CIEP-UCR, en cuanto a la medición de la popularidad del señor Alvarado Quesada.

Y, como nuestro ámbito cotidiano de acción es el mundo de lo laboral-social, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, él ha llegado a un peligroso nivel de deslegitimación ante una relevante cantidad de la población trabajadora de este país; mucha de la cual le dio el voto, especialmente en segunda ronda, cuando al electorado se le puso a decidir entre “lo divino” o “lo satánico”.

Es decir, no hay la menor duda de que en los actuales momentos la autoridad presidencial de la actual administración está fuertemente cuestionada, desprestigiada… y deslegitimada, a los ojos de la mayoría ciudadana costarricense.

Nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal, los fundamentos jurídicos que nos integran como república, no consideraron nunca el cómo debe ser el proceder ciudadano ante el tránsito desde la legitimidad real-formal-electoral, a la acera opuesta de la misma; es decir, a la pérdida de aceptación ciudadana de dicha autoridad presidencial, cuando ésta, en el ejercicio de la misma se vuelve contra las aspiraciones de quienes, como mayoría que le votó, le dio esa autoridad.

Pensamos que para quienes están muy documentados y que han estudiado mucho este tema del deterioro de las democracias representativas, cuyos electorados son víctimas de estafas políticas (como la más recientemente acontecida en el país); podría ser muy interesante diseñar los mecanismos constitucionales-institucionales para demandarle cuentas a quien, con embustes, conquistó tan alto sitial como la Presidencia de la República; tanto como pedirle explicaciones a quienes le ayudaron en tan mala empresa defraudadora de la buena fe de conciencias cívicas transparentes y esperanzadas.

Sí nos llama poderosamente la atención que las destituciones de presidentes sin terminar mandato han encontrado “vías jurídicas” en otros países latinoamericanos, pese al contenido profundamente ideológico que desde el lado del capital han tenido esas destituciones (casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil, por ejemplo).

Sin embargo, apartando lo ideológico (muy difícil, por cierto), ¿no habrá llegado la ahora para que en Costa Rica se diseñen los mecanismos jurídico-institucionales (y, por supuesto, constitucionales), para que la gente de a pie se deshaga del tipo que la engañó, que la estafó, del que le dio la espalda no más llegando a la silla presidencial? ¿Será posible un “impeachment” a la tica?

No es poca la cantidad de gente trabajadora que por estos días se viene haciendo semejante pregunta, por demás, ¡oportunísima!

El proyecto ideológico-económico que se viene impulsando desde el pasado 8 de mayo de 2018 no debe generarnos duda alguna de su naturaleza excluyente, de su visión sectaria y de su propensión autoritaria.

Luego de muchos años de intentarlo y de abogar por ello de las más diversas formas, muchas de ellas contrarias a la más elemental ética en materia de práctica transparente de la libertad de expresión, reproductoras fieles de la propaganda goebbelsiana; el latifundismo mediático del capital neoliberal con su práctica de periodismo de odio, está gobernando; impulsando las diversas acciones de su proyecto de política pública, tanto ejecutivas como legislativas, para constitucionalizar (de facto, por supuesto), su disciplinamiento-ordenamiento de nuestra sociedad bajo los más fundamentales dictados del neoliberalismo.

Dicho proyecto, de un rabioso antisindicalismo al que percibe como su enemigo natural al punto de merecerle impulsar la desaparición total de las organizaciones obrero-sociales de esta naturaleza (y ya trabaja en ello); también ha venido generando rechazo político-social de diversa naturaleza y amplia base.

Las personas que en los actuales momentos de la vida nacional estamos ocupando posiciones sindicales de dirigencia, sin importar el rango y/o la dimensión de la agrupación obrera en la cual militamos, hemos sido colocados en una de las etapas más cruciales de la institucionalidad republicana; quizás, la más determinante luego de los acontecimientos de los años 40 del siglo XX.

La otra acera tiene total convicción de que este gobierno es la viabilización política, por excelencia, de la materialización ideológico-hegemónica que estaban, ansiosamente, esperando durante los últimos 30 años: su egoísta y codicioso sueño de extermino de lo público como preponderante en el orden social, para dar paso a la entronización del mercado, de la “libre” competencia y de la total provisión privada de los más rentables servicios públicos todavía con carácter de propiedad pública.

Los esfuerzos máximos de toda la dirigencia sindical nacional de la actualidad, en sus diversas expresiones organizativo-políticas, legales o coyunturales, pueden mostrar el potencial de ese poder social latente en la sociedad y que tiene en la figura sindical, un fuerte vehículo de expresión cívico-patriótica; para conjuntarse con los otros sectores y fuerzas que, desde otros ángulos, están con enorme preocupación por la ofensiva neoliberal que sale desde la Casa Presidencial y desde la Asamblea legislativa.

Le parece a uno que, en términos generales, las dirigencias sindicales están coincidiendo en una lectura compartida de la actual coyuntura político-histórica del país, así como la naturaleza del desafío gremial-corporativo que tal escenario representa.

Creemos que anida en la dirigencia sindical nacional actual una inteligencia colectiva con fuerte perspectiva obrero de carácter integral; que existe una convicción amplia en cuanto a que la gente de la otra acera no tendrá conmiseración alguna; y que, en ofensiva abierta, como ya lo están desde el Poder, la timidez, la ingenuidad y/o una apuesta “gremial-salvacionista”, terminará siendo consumida más temprano que tarde.

Es de esperar que otros sectores no sindicales y cívico-patrióticos también habrán de manifestarse este primero de mayo.

No importa si convocan en un lugar A, o en un lugar B, o en un lugar C; lo importante es la salida a La Calle (pongámoslo en mayúscula), pues es La Calle el terreno más que legítimo para que “los y las de abajo” (de lo cual, los sindicatos apenas somos una parte), muestren el potencial de una articulación de nuevo tipo, a partir de una agenda que integre, que sume, que convoque.

Algunos pensamos que la celebración histórica del primero de mayo, en el caso costarricense, debe obligarnos a honrar la conmemoración patria (junto a la obrero-mundial); cual es esa del triunfo del pueblo costarricense en favor de su soberanía, con ocasión de la derrota definitiva, el primero de mayo de 1857, de la primera incursión seria por estas tierras latinoamericanas del naciente expansionismo estadounidense.

Por eso nos congregaremos al pie de la estatua del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora.

Otras corrientes sindicales están destacando que este año 2019, se celebran los primeros 100 años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Válida motivación que también nosotros avalamos.

Al salir éstos del Parque La Merced y los otros del Correo Central, esta manifestación obrero-patriótica se juntará en el Parque Central; muestra más que simbólica de que partiendo desde distintos puntos es posible el caminar juntos.

Algunos grupos patrióticos han decido congregarse al pie del Monumento Nacional. Su enojo cívico, compartido plenamente desde la perspectiva sindical, también está destinado a confluir en esta hora crucial en que la Patria está llamando a la preservación del mejor legado acumulado, hoy puesto al servicio del mejor postor.

– La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Al llegar el primer año de la presente gestión gubernativa, la conclusión más contundente es ésta: la coalición político-ideológica que se formó a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado, abrazó el “ideario” neoliberal y la ejecución de la retardada implantación (o lo que todavía falta) en el país, de los postulados fundamentales del Consenso de Washington.

Esa alianza neoliberal, en esencia, tiene tres componentes fundamentales: el principal es el surgimiento como actores políticos de primera línea, en los últimos años, de lo que nosotros denominamos como latifundios mediáticos del capital (expresados, básicamente, cierta prensa escrita y televisiva), afines a la reducción al mínimo del papel del Estado en la sociedad.

Su idolatría fundamental es la del mercado y sus dos consecuencias negativas más destacadas: la concentración de la riqueza-acumulación desmedida de capital, por una parte. Por la otra, la entronización de la desigualdad y la apropiación de los servicios públicos que fueran establecidos para, precisamente, propiciar la integración y la equidad sociales, en función de no permitir la entronización de esa desigualdad.

Estos latifundios mediáticos diseñaron como estrategia fundamental de su nuevo rol político-estratégico en la conducción hegemónica-ideológica de la política pública de los últimos tiempos, el desarrollo de la más grande ofensiva contra el Estado social, contra el empleo público y contra las personas trabajadoras asalariadas que laboran en él; apelando a los más perversos elementos de la propaganda goebbelsiana. Desplegaron, tácticamente, una campaña de odio, infamia, injuria, desinformación; típica de cuando un país se encuentra en confrontación abierta, político-bélica, con otro.

El segundo componente que posibilita la concreción material de dicha alianza neoliberal, como para tenerle en ofensiva, es la degeneración política del bipartidismo tradicional, primero; y, luego del Partido Acción Ciudadana (PAC), después. La Socialdemocracia está huérfana, dispersa y golpeada pues creyó que este partido sería su nuevo albergue luego de que el PLN la echó de El Balcón Verde. El Humanismo Cristiano solamente resultó para el PUSC, un eslogan de corte publicitario-electoral pues una de sus esencias, como lo es la justicia tributaria real, jamás representó una prioridad política.

El deterioro moral, ético y político-ideológico que llevó al vaciamiento de contenido a dichos partidos, halló “refugio” en los nuevos partidos electorales, especialmente los de la derecha religiosa, muy proclive ésta al ideal neoliberal desde el punto de vista que éste encontró en el desaliento y en la desesperanza de la gente excluida, un terreno fértil de acomodamiento ante el degenere de sus “casas político-partidarias originales”, cuando éstas abandonaron esos pensamientos de orden filosófico social que construyeron la Costa Rica de la inclusión social.

El tercer elemento que hace posible la actual ofensiva en desarrollo por parte de la hegemonía neoliberal, de manera concreta y materializada en varios y nefastos proyectos de ley como el denominado “Ley Marco del Empleo Público”, o como su inmediato antecesor combo fiscal-ley 9635; tiene que ver con la disgregación de los distintas fuerzas de variada naturaleza que representan un Poder Social latente pero que no encuentra el camino de una articulación estratégica como para desafiar a la hegemonía neoliberal que tiene el control de la práctica totalidad del aparato estatal tomador de decisiones, como la propia Asamblea Legislativa.

La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Impresiona constatar que, al interior de lo que se mueve en las redes sociales podría ser leído por un extraño a nuestra realidad política, como una sociedad en ebullición a punto de un estallido conmovedor de un orden que está imponiéndose en contra de las mayorías; sin embargo, no hay un aliciente unificador materialmente fijado, al menos por ahora que fructifique desde lo social para la disputa por el control hegemónico en la sociedad. O, al menos, para salvar lo poco que queda de un Estado Social acorralado y que, paradójicamente, se hace más necesario ante el indetenible y deshumanizante proceso de crecimiento de la desigualdad. Una tarea que, las afortunadamente todavía existentes terquedades patrióticas, siguen dispuestas a asumirla.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nunca como en los tiempos actuales, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle (así, en mayúsculas), se vuelve una necesidad estratégica para la sobrevivencia misma de la convivencia social.

El próximo PRIMERO DE MAYO, que cae miércoles, es una oportunidad de enorme relevancia con tal propósito, dado el mal estado de las cosas en este país que, sin duda alguna, está afectando a la mayor parte de la población.

La democracia representativa ya hace aguas y se queda corta para satisfacer la necesidad de que en esta sociedad impere, de nuevo, la promoción del bien común, la inclusión y la integración sociales; la ética y la decencia plena en el ejercicio de la política. Por ejemplo, esto no es lo que está percibiendo la joven generación actual, gran parte de la cual está desempleada.

El sistema de partidos políticos es mera formalidad de tramitología electoral. Se han reducido a escaleras agarra-puestos. En la actualidad, la gente es llevada a la urna electoral a votar, no a elegir.

Eso fue lo que pasó hace un año cuando fuimos testigos, y luego víctimas (como sucede en estos momentos), de la más grande estafa electoral de los últimos tiempos.

Nos toca, en consecuencia, de ahora en adelante, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle, para que tome vida real en la institucionalidad republicana cotidiana, el precepto constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna, mismo que nos indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” (según la reforma constitucional-Ley de la República No. 8364, de 2003).

Considerando que en estos momentos el poder real de nuestra sociedad no es el de la institucionalidad formal, sino que sufrimos una especie de autoritarismo ideológico impuesto por fuerzas económicas de muchísimo capital; esos dos conceptos claves que debe tener un gobierno de la República, POPULAR y PARTICIPATIVO, no funcionan sino se reclaman mediando la Legitimidad Democrática de La Calle.

El año pasado, con ocasión de la Huelga Patriótica Contra el Combo Fiscal (hoy la funesta ley de la República No. 9635), fue de tal calibre la apelación a la Legitimidad Democrática de La Calle que la institucionalidad formal tuvo que hacerle trampa al pueblo para imponer tan detestada legislación; trampa que consistió en torcer el reglamento legislativo, en la negativa diputadil para efectuar la consulta legislativa por el fondo de la constitucionalidad de tal proyecto; y, luego, con la emisión del fallo constitucional de compadre hablado.

Es por tal razón que, con ocasión de la fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta, este Primero de Mayo de 2019, debemos realizar un nuevo y renovado esfuerzo para impulsar, en el actual escenario sociopolítico y económico post-combo fiscal, el extraordinario papel de la Legitimidad Democrática de La Calle, como el instrumento cívico idóneo para concretar en la vida de la gente los conceptos de que el gobierno de la República debe ser POPULAR y PARTICIPATIVO, según ese artículo 9 constitucional.

La Legitimidad Democrática de La Calle se está practicando, en la actualidad, en muchos países cuyos pueblos reclaman a sus gobernantes el darles la espalda con sus políticas de exclusión social y económica.

Es más, es tan estratégica que, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas en pugna acuden a la Legitimidad Democrática de La Calle como el escenario fundamental que estaría determinando el posicionamiento final de una determinada hegemonía política.

Es real que, por una parte, en la actualidad política costarricense, la hegemonía económico-ideológica dominante, afín al todo mercado-nada Estado, tiene el control de la institucionalidad republicana formal, como el parlamento (cuya mayoría cuantitativa responde a los intereses de esa hegemonía, tanto como lo hacen entes como la Procuraduría y la Contraloría, sin hablar del gobierno neoliberal).

Por otro lado, la amplia gama de sectores sociales de toda variedad, los cívico-patrióticos, los nacionalistas-soberanistas, los político-electorales decentes, constituyen una fuerza en latencia que, aunque hoy en día disgregada, muestra un potencial amenazante para los pocos sectores político-económicos que sí la están pasando bien.

Precisamente, es esa disgregación lo que facilita el control social de la actual hegemonía ideológico-económica dominante; misma que, por cierto, tiene tanto miedo de que la Legitimidad Democrática de La Calle le desplace de ese control (o, al menos, se lo atenúe),por lo que está impulsando peligrosa legislación antidemocrática, antisindical, castradora del derecho constitucional de huelga; y, lo que hasta hace era inimaginable, ilegalizar la presencia juvenil en las manifestaciones cívicas.

Realmente, solamente apelando a la Legitimidad Democrática de La Calle, con sentido estratégico y congregante de la civilidad en resistencia y en exclusión, la Costa Rica que nos fue heredada podrá retener sus mejores valores de bien común y de inclusión social, completamente devaluados por las matrices hegemónicas del poder económico-mediático promotor del odio en la sociedad. Este PRIMERO DE MAYO resultará clave en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: “cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.