Autor: ANEP

Si hay un ámbito que nos refleja el estrepitoso fracaso de las políticas neoliberales, aparte del fiscal-tributario, es el del empleo.

Si nos atenemos a lo dictado en el artículo 56 de la Constitución Política de Costa Rica, cada costarricense que está sin empleo en este mismo momento, es víctima de una violación a sus derechos constitucionales, pues en nuestra carta magna el indicado artículo establece, en su parte medular, lo siguiente:

“Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”.

Adicionalmente, la Constitución previó que no se debería abandonar a su suerte a las personas trabajadoras desempleadas dado que su artículo 72 ordenó lo siguiente:

“El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo”.

Para empezar a revertir el fracaso neoliberal en materia de generación de empleo, redimensionando para las condiciones actuales del país la obligación constitucional del Estado al respecto, es imperioso resaltar la naturaleza del papel de una política pública estratégica al respecto, expresada en el marco de legalidad que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para asumir ese necesario reto; enfocándonos en el rol que se espera de su Dirección Nacional de Empleo.

Desde el año 1955, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, No. 1860, se estableció la Oficina de Empleo, “…con el fin de establecer una política nacional en ese sentido, incluyendo colocaciones y formación profesional”.

Además: “Asegurar, hasta donde sea posible, una mejor distribución de la mano de obra, encauzando a los trabajadores hacia los empleos disponibles dentro de las ocupaciones de su escogencia”.

Entonces tenemos que esa Oficina de Empleo (luego Dirección Nacional de Empleo), tuvo desde sus orígenes una misión estratégica, misma que se revitalizó cuando se estableció el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo y su implementación operativa expresada en el Consejo Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, en el año 2008.

Este Consejo, al cual se le dio una Secretaría Técnica, de la cual forma parte el propio MTSS, es el órgano rector de toda política pública nacional en materia de empleo.

Obvio es, en consecuencia, que la cabeza política, el titular de esa cartera ministerial, no solamente debe gestionar todo lo concerniente al empleo, sino la persona a la cual hay que demandarle cuentas de manera directa.

El rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por tanto, debe potenciarse en grado sumo ahora que la cuestión del desempleo es un problema nacional de primerísimo orden.

No puede el país ponerse a generar “experimentos” de gestión al respecto, cuando la legislación no solamente es contundente en lo que atañe al organismo interventor en toda la cuestión del empleo; sino, lo que corresponde es ponerse a activar, operativamente, las estipulaciones de ley y no, repetimos, impulsar “juegos de laboratorio político”, porque la familia de la persona trabajadora desempleada lo que ocupa es asegurar su sustento vital mínimo y decente ya.

Entendemos que dentro de la política pública que tiene que ver con el trabajo y con el empleo, la sectorialización debe articular al propio MTSS con dos entidades fundamentales y necesarias para la promoción de ocupaciones dignas y decentes para el pueblo trabajador: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

En este último caso, el del Infocoop, es válido precisar que la recuperación de su independencia política y el cese de la ilegal intervención que le afecta, puede posibilitar mejores resultados de articulación interinstitucional para atender el flagelo social del desempleo.

Como lo venimos apuntando, el marco legal está dado y no admite dudas, en esto de la política pública promotora de empleo: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en general; y, en lo específico, su Dirección Nacional de Empleo, debe dar la cara ante la sociedad.

Al respecto, una orientación política clara desde las esferas del ejercicio del real poder, en materia de convertir el tema del empleo en asunto-país, debe exigirle al MTSS su encuentro con la sociedad civil organizada, en cuyo seno existen planteamientos integrales sobre el empleo y el trabajo como fundamentos vitales de atajar el crecimiento de la exclusión y de la desigualdad sociales.

Ahora que lo de Limón estalla en la cara con todo su dramatismo social, la inyección real de potenciación de lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo y su ámbito de promoción del empleo, no da espacio en lo más mínimo para “competencias de rectoría”, que dilaten el sufrimiento que genera estar sin trabajo.

Debemos exigirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social que ejerza su rol de rectoría en este campo del empleo.

Hay que fortalecer lo que se tiene, institucionalmente hablando y que cuenta con fuerte contenido jurídico. Una política de empleo con sentido integrador y social es lo que se ocupa en estos momentos; no una de alcance corto y corporativo que no expresa una visión de conjunto sino uno gremial y reducida.

Expoliación: acción y resultado de expoliar. Expoliar: acción y efecto de quitar a una persona algo de su pertenencia de manera violenta e injusta. Quitar una cosa a una persona injustamente.

No encontramos otro concepto para calificar lo que está ocurriendo en Limón, con ocasión de la entrada en vigencia del leonino contrato de concesión de la operación portuaria de contenedores, cuando se suponía que esta sería con participación de la histórica Japdeva, con el cuento ese de la competencia.

Parece que no es así y lo que está ocurriendo es el surgimiento de un monopolio privado que, según los especialistas portuarios, contraviene el cuestionado y controversial contrato. Según este, a la transnacional le tocaba el manejo de los grandes contenedores (fully celular container), la “carnita”; mientras que la empresa pública atendería “lo sobrante”.

Impresiona constatar que, aparentemente, la decisión de darle el manejo monopólico de toda la operación portuaria limonense no estaría siendo impulsada por el propio concesionario transnacional; sino que es el mismo Gobierno de la República, la Casa Presidencial  y el MOPT los que estarían siendo más papistas que el Papa, según se desprende de la lectura y del análisis que hicimos de acuerdo del Consejo de Administración de Japdeva, fechado 8 de marzo en curso (SG-134-2019), en comunicación directa que le dirigen a Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Presidente de la República.

Si esto es así, si APM está diciendo que no lo quiere todo, pero es el mismo Gobierno el que se lo da, entonces cabe aquí aplicar el concepto de expoliación porque le quitarán lo poco que le queda a Japdeva; y, por tanto, como es el propio Alvarado el que dijo que la posición del MOPT al respecto, él la apoya, entonces no queda más que hablar de expoliación presidencial de Japdeva.

La valiente posición del Consejo de Administración de esta entidad, de su Presidencia Ejecutiva, de su legítima organización sindical Sintrajap, encuentra fuerte asidero jurídico, al momento en que se da la unidad institucional, misma que, como un todo conjuntado de esfuerzos diversos, decide enfrentar el expolio presidencial que le quieren aplicar.

El prestigioso jurista y especialista en Derecho Constitucional, el distinguido ciudadano don José Miguel Villalobos Umaña, nos indica: “El MOPT no tiene competencia jurídica para dar órdenes a Japdeva. La potestad de dirección del Poder Ejecutivo sobre las instituciones autónomas no incluye la de ordenar los actos específicos de ellas y pretender hacerlo podría configurar un delito de prevaricato”. Continúa don José Miguel: “Y la situación es aún más grave cuando el ministerio interpreta el contrato con APM en favor de la empresa privada y en claro detrimento de los intereses públicos”.

Ahora nos queda más claro que es correcto emplear la expresión de expoliación presidencial de Japdeva.

Este episodio de la expoliación presidencial de Japdeva que está ocurriendo en estos momentos, es la parte presuntamente culminante, de una serie de acontecimientos del proceso de confrontación ideológica entre las fuerzas cívico-populares y patrióticas a favor de Japdeva y del pueblo de Limón; con los sectores neoliberales hegemónicamente dominantes en las sucesivas administraciones gubernativas Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y la actual, Alvarado Quesada, más propiamente Alvarado Piza.

Uno de esos episodios más abominables fue la intromisión del entonces presidente Óscar Arias Sánchez, en los asuntos internos de Sintrajap, cuando intentó imponer una papeleta sindical afín a los intereses de la transnacional que pujaba por la concesión.

Otro deplorable episodio fue la promesa de campaña electoral del entonces candidato presidencial Luis Guillermo Solís Rivera de que, si ganaba las elecciones, revisaría el contrato con APM Terminals pues lo consideraba leonino. Ganó las elecciones del 2014 y ya sabemos que deshonró su palabra.

Se nos dice que la transnacional APM invirtió mil millones de dólares para que le dieran la operación portuaria de Limón en condición monopólica, prácticamente. Esa concesión fue una decisión de negocios de profundo contenido ideológico, bajo el axioma neoliberal de “Todo mercado-nada Estado”.

¿Por qué afirmamos esto? Pues el sistema financiero-bancario del país, mezclando el público con el privado, tiene depósitos de dinero de más de 20 veces esa suma; es decir, Japdeva pudo haber sido ultra-modernizada para una operación total de los fully celular container, a partir de una inversión netamente nacional.

Limón merece mejor suerte. Limón tiene un extraordinario potencial para la inclusión social y para la reducción de las desigualdades. Japdeva no merece la expoliación presidencial de que es víctima, acción gubernativa esta que podría ser penalmente censurable como prevaricato, según la prestigiada fuente jurídica que citamos líneas arriba.

Limón, el pulmón económico de Costa Rica, pues por sus vías transita el 80% del comercio internacional del país, en realidad hace bastante tiempo sufre un proceso de expoliación sostenido y sistemático.

Lo de Japdeva pareciera ser la gota que derrama el vaso de la estoica paciencia limonense. Las fuerzas vivas de la comunidad caribeña están destinadas a una comprensión cabal del poder que les da la fuerza de tener la razón, ante tanta exclusión, burlas, engaños, tropelías… y expoliaciones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Recientemente atendimos en nuestra sede y con base en su explícita solicitud, a la más reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país, encabezada por el señor Ravi Balakrishnan, jefe de la misma; interesados en conocer nuestras consideraciones sobre el problema fiscal del país, a partir de la aprobación-imposición legislativa, de manera tramposa y mediando el fallo constitucional de compadre hablado, de la hoy ley de la República No. 9635, que lleva el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Como es lógico suponer, nuestra exposición se centró en señalar que de “fortalecimiento de las finanzas públicas” esa legislación es poco lo que contiene, aunque sí está cargada de medidas en contra de la sostenibilidad financiero-económico de la mayoría de los hogares costarricenses; y, en lo específico, de empobrecimiento salarial para miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; y de mayor empobrecimiento en los hogares de las familias con salarios percibidos desde el sector privado y en las que reciben sus ingresos de actividad laboral informal.

Nada nos sorprendió, luego de esa visita, las públicas recomendaciones generadas por la misión del FMI; como tampoco esperábamos que se refirieran a los puntos centrales de nuestra exposición privada a ellos, en cuanto a evasión, elusión, regresividad tributaria, deuda pública y los abusivos intereses de la misma, fraude aduanero fuera de control, dinero sucio del narcotráfico, así como las pérdidas fiscales por corrupción.

La desconsideración de las recomendaciones del FMI para con las mayorías populares, sigue la lógica de las políticas de esta entidad financiera multilateral: que los y las de abajo, que son los más, paguen la crisis fiscal que fue generada por los y las de arriba, que terminaron enriqueciéndose.

El FMI recomienda (por ahora), subir el impuesto del valor agregado, ahora IVA antes ventas, del 13 al 15 %; gravar los excedentes de las cooperativas; bajar fuertemente el límite del monto exento de impuesto al salario (ahora fijado en 817 mil colones), para abarcar a más población trabajadora con empleo y salarios fijos; subir la tasa de impuestos sobre la propiedad y/o bienes inmuebles; y, aumentar los impuestos selectivos sobre bienes y servicios.

Particularmente, al ser el ahora IVA (impuesto al valor agregado), el más injusto de todos los impuestos pues se aplica a la gente sin discriminar capacidad de ingreso, la recomendación del FMI tiene más perfil de condena a un empobrecimiento mayor para las familias de ingresos medios y bajos con empleo formal y salario fijo, como para aquellas que luchan por subsistir en medio de la informalidad.

Por otra parte, este tipo de impuestos que propone el FMI, que refuerzan la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva del país; amén de que como ya es “cosa natural”, tienen altos niveles de evasión y de elusión, por tanto, solo permiten que lleguemos a la conclusión de que más impuestos es más robo, es más defraudación; en fin, más castigo a la gente.

El FMI sabe que la ley 9635-combo fiscal, no sirvió para nada… tan sólo para hacer daño a quienes no tienen responsabilidad por el déficit fiscal: la clase trabajadora. Por eso recomendó más impuestos sobre las espaldas de los que ya están siendo afectados por esa ley 9635.

La real verdad es que la gravedad del monto de la deuda pública (que ya sobrepasa los 34 mil millones de dólares), la espantosa cuantía de un pago diario por intereses y amortización de esa deuda de más de 10 mil millones de colones, cada 24 horas de este año 2019; la descalificación que le dieron las calificadoras de riesgo a la ahora ley 9635; la terquedad del gobierno Alvarado-Piza de que le aprueben en la Asamblea Legislativa un nuevo endeudamiento de 6 mil millones de dólares y su anuncio de que vendrá un segundo paquetazo de impuestos… son datos y circunstancias que abonan el terreno para que en un plazo no determinado que no sería demasiado largo, la situación fiscal del país obligue a un rescate financiero por parte del FMI o del Banco Mundial, o de ambos juntos, con dramáticas e inenarrables consecuencias sociales devastadoras.

En tal sentido, no podemos dejar de hacer notar de que el Gobierno está pidiendo un préstamo de urgencia al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 700 millones de dólares, para “flujo de caja” y que solamente le ofrecen la mitad. La otra, luego de cumplidas varias condiciones. ¿Cuáles? Tal vez no sea difícil adivinarlas.

¿Será esto el preludio de que, a fin de cuentas, los neoliberales en el ejercicio del poder hegemónico dentro del gobierno Alvarado-Piza dirán que “irremediablemente” habrá que pedir un rescate financiero al FMI?…