El día de los Derechos Humanos

El próximo domingo 10 de diciembre estaremos conmemorando el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada el 10 de diciembre de 1948, teniendo como motivación fundamental responder a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tal conmemoración, en el caso costarricense, nos llega en uno de los momentos históricos de nuestra vida republicana más tristes, dolorosamente hablando, pues es la desigualdad reina total de nuestra convivencia cotidiana, prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social, en lo económico, en lo educativo, en libertad, en lo salarial, por ejemplo.

Particularmente, en el seno de la clase trabajadora, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tenemos graves violaciones en cada uno de sus 30 postulados fundamentales.

De esos 30 postulados, si nos fundamentamos en el No. 23, notaremos fuerte regresión en el devenir democrático del país en estos 75 años. Miremos lo que nos dice ese artículo 23 de la DUDH:

Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Note usted que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está desempleada, es decir, se le violenta su Derecho Humano al Trabajo y no tiene protección contra el desempleo. Note usted, también, que gran parte de la población trabadora que sí tiene empleo formal y salario, está recibiendo un salario que no le garantiza una existencia conforme a la dignidad humana pues el salario mínimo no es salario digno. Note usted que el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, sufre una violentación cotidiana en el sector privado de la economía; y en el público, la castración de la verdadera negociación colectiva para dignas condiciones de trabajo está imperando en estos momentos.

La corriente sindical en la cual militamos está impulsando un proceso serio y profundo para una concientización plena en el seno de la clase trabajadora, de que los Derechos Humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ofrece la posibilidad de obtener una bandera de lucha de alcance global para enfrentar, de mejor manera, la serie de efectos perversos generados a partir de las políticas neoliberales de ajuste fiscal extremista y fanático; también para contrarrestar el ataque a los derechos laborales, económicos y sociales conquistados; también para hacerle frente al desafío de evitar la consolidación de la desigualdad y de la perniciosa concentración abusiva de la riqueza; así como para la defensa misma del planeta acosado por la vorágine de la explotación capitalista inmisericorde.

Y, hablando, actuando: mañana jueves, vísperas del 75 aniversario de la DUDH, se graduará el primer grupo de dirigentes sindicales de base con una formación específica en cuanto a la relación de la lucha sindical en estos tiempos de neoliberalismo desenfrenado, con el conocimiento, la defensa y la promoción de la Doctrina de la Derechos Humanos. ¡Simbólico! Recibirán su certificado en la sede de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en nuestro país. ¡Vivan los Derechos Humanos!

Denuncias por irregularidades en la Cruz Roja llevan a despido antisindical

La Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense denunció ante la opinión pública y en conferencia de prensa, el despido antisindical y sin responsabilidad patronal del presidente de dicha seccional y cruzrojista, Ricardo Castro Calderón. Este último desde su gestión de representante sindical ha venido denunciado, junto a la seccional una serie de irregularidades a lo interno de la institución, así como una férrea defensa de los Derechos Laborales de los trabajadores.

Esta voz de denuncia lo llevó a recibir incluso sanciones, como la suspensión de 5 días sin goce salarial, por denunciar ante los medios de comunicación, el faltante de camillas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, situación que provocaba que los cruzrojista debieran esperar hasta 2 horas o más en el centro médico cuando trasladaban a algún paciente, ya que ese era el tiempo que tardaban en devolver las camillas de las ambulancias.

Otra de las fuertes denuncias que hizo eco en los medios de comunicación nacional, fue el hecho de que solo un cruzrojista se encargaba de atender cierta emergencia y a la vez debía manejar la ambulancia hacia el centro médico respectivo, mientras el paciente no recibía la atención requerida durante el traslado, esto debido al faltante de socorristas; situación que llevó al lamentable deceso de un paciente en pleno traslado.

Ricardo Castro Calderón, presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja, indicó que este tipo de denuncias llevó a una persecución en contra de la junta directiva de la seccional.

 “Todo el proceso que ha venido pasando no solo mi persona, también la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Cruz Roja con denuncias por parte de la institución es simplemente una persecución sindical. Así lo dejan ver los procesos y denuncias que se están llevando”, detalló Castro.

Otra de las fuertes denuncias realizadas fue por el mal manejo de fondos públicos entre otras cosas, por parte de la administración en el comité de la Cruz Roja Costarricense en Alajuelita. A pesar de que a la persona responsable se le encontró

culpable del mal manejo de dineros públicos, a pesar de eso solo le aplicaron 2 días de suspensión sin goce salarial.

La seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense expuso las siguientes situaciones:

1. Mal manejo de fondos públicos en el Comité de Alajuelita 

2. Faltante e incumplimiento en la contratación de los socorristas 

3. La creación de una convención colectiva sectorial 

4. Rompimiento de las mesas de trabajo con la parte patronal por decisiones unilaterales y situaciones que nunca se resolvieron 

5. Procesos administrativos en contra de varios miembros de la junta directiva 

6. Denuncia por el faltante de camillas en el Calderón Guardia, que llevó a una suspensión de 5 días sin goce de salario.

7. Despido sin responsabilidad del presidente de la Seccional.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, este despido antisindical es más político que jurídico, ya que Ricardo Castro ha liderado un movimiento que socavó las bases de la institucionalidad de la Cruz Roja Costarricense.

“La seccional empezó a escarbar, cuestionar y pedir informes e incluso a ventilar cosas que en ese momento eran tabúes y se dieron a conocer a los medios de comunicación colectiva. Estamos haciendo una condena pública de este acto patronal, vamos a seguir adelante con todas las herramientas jurídico legales para defender a nuestro afiliado y afiliación, ya que se cometió una venganza política”, aseveró Vargas.

Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, cuestionó el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso y anunció que Ricardo Castro debe de ser nuevamente reinstalado.

“Estamos claros que este despido es a todas luces ilegal, que no tiene asidero y lo más lamentable es que el Ministerio de Trabajo lo avaló, pero analizando los fundamentos y argumentos utilizados, estos carecen de contenido y muestran ilegalidades en su proceder, por lo que serán ventiladas en la estratos judiciales. Lo que se busca con todo esto por parte de la administración de la Cruz Roja es

eliminar la actividad sindical de la ANEP en la institución y frenar la voz de denuncia”, detalló Mora.

A pesar de este despido antisindical, Ricardo Castro Calderón seguirá al frente de la Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense con todo el respaldo de nuestra organización, así como para los integrantes de la seccional y personal afiliado.

ANEP recibió visita de representante de La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA)

La ANEP recibió la importante visita de Adela Torres Baloy, representante de La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA), para tratar diversos temas de cara al cierre del 2023 e inicios del 2024 sobre el trabajo sindical en plantaciones bananeras

Nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Los niveles de explotación laboral en Costa Rica son alarmantes. No solamente se pueden constatar con informes internos, sino que, más grave, el asunto fue de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace apenas un año.

Por ejemplo, el inspector internacional que nos visitó como experto de Naciones Unidas en lo que tiene que ver con lo que denominan formas de esclavitud moderna, indicó en su informe final “…que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día”.

Dicho experto de la ONU, de nacionalidad japonesa, en su informe final, también, consignó lo siguiente: “Una cuestión conexa es la inspección del trabajo. Un gran número de interlocutores señaló que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además de los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común. Además de la agricultura, la inspección en otros sectores, como el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, la manufactura, el comercio y los servicios, sigue siendo insuficiente”.

Vistas así las cosas, resulta indignante la circunstancia de que en la Asamblea Legislativa se decidiera archivar un proyecto de ley destinado, precisamente, al fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); legislación que habría ido en la línea de las recomendaciones del señor de las Naciones Unidas, Tomoya Obokata, en su condición de Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.

Y fue tan contundente en su informe conclusivo que señaló, de manera explícita, al proyecto de ley ahora archivado por las diputaciones pro-gran capital o “asalariadas” de él identificadas con su ideología: “money, money, money”.

El señor Obokata no se anduvo por las ramas para solicitar esto: “Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia”.

Aunque hubo diputaciones sensibles al tema, la realidad política que emerge es que estamos de cara a un nuevo ataque parlamentario contra la clase trabajadora. Calificadas instancias y respetados espacios internacionales serán receptores de nuestras denuncias en próximas fechas.

Firman pacto Ético Interpartidario para las Elecciones Municipales de febrero 2024

En aras de la transparencia jóvenes representantes de diversos partidos políticos, nacionales, provinciales y cantonales, así como presidentes de diversos partidos políticos, firmaron en las instalaciones de la UCR, el pasado sábado  el Pacto Ético Inter partidario de cara a las elecciones Municipales 2024.

Seccional en la Municipalidad de Montes de Oro avanza en negociación de Salud Ocupacional y Salario Escolar

La ANEP y su seccional en la Municipalidad de Montes de Oro, continúan trabajando en favor de los trabajadores y esta semana sostuvieron una importante audiencia en el ministerio de trabajo de Puntarenas con la Alcaldía donde se abordaron temas de Salud Ocupacional, Convención Colectiva y Salario Escolar

ANEP participará en primer seminario de la ISP para Personas con Discapacidad

La ANEP por medio de su seccional ANEP-Personas con Discapacidad participará en el primer Seminario de Planificación del proyecto DGB de la Internacional de Servicios Públicos ISP denominado “la lucha contra la desigualdad y la discriminación”, a realizarle a finales de este mes en San Paulo, Brasil.

Asada de San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con moléculas de Clorotalonil

El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago, Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses de Oreamuno, que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2,  Sanabria Alto, Rosca Van Alto y  Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas, a pesar de que los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).

A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.

Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook:  FRENTEECOCIPRESES

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica