Autor: ANEP

Rechazo generalizado en el mundo obrero-social de nuestro país está provocando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que al aguinaldo y al salario escolar se les grave con el impuesto sobre la renta; una medida que, sin lugar a dudas, constituye un explosivo social.

Bien es sabido, porque se ha dicho cientos de veces, que el sistema tributario costarricense es doblemente perverso: por una parte, es completamente injusto pues pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen (en cuenta, la clase trabajadora asalariada); por otra, está corrupto: es de tal nivel el fraude fiscal-tributario a gran escala que Costa Rica está ocupando el tercer lugar a nivel del planeta por tan deshonrosa razón, según prestigiosa investigación internacional recientemente realizada en 140 países.

El aguinaldo es una conquista social, prácticamente, sagrada. El salario escolar no es una regalía ni un privilegio a nivel del sector Público: hoy está conceptuado como un componente salarial, así inserto ya en el sistema constitucional-jurídico-laboral del país y, además, tiene exención de pago de renta.

Es evidente que el FMI actúa en correspondencia directa a su línea ideológica fundamental y clásica: sus políticas estructurales de ajuste fiscal siempre han estado dirigidas para golpear a los y a las de abajo, especialmente a la clase trabajadora.

Pensamos nosotros que gravar con impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar cuenta con el beneplácito político del gobierno actual, aunque para nivel de opinión pública, lo nieguen.

Es más, si tomamos en cuenta que la cuestión macrofiscal del país no cambia, aunque cambie el presidente y el respectivo gobierno, los sectores económicamente dominantes en las sucesivas administraciones siempre tienen en consideración, en su “menú” fiscal, este impuesto.

Solamente esperan las condiciones propicias para darle este grotesco zarpazo a los deteriorados ingresos obrero-salariales, tanto del sector privado como del público (exceptuando, las altas cúpulas político-gerenciales en ambos).

También, está ya sumamente certificado, política y socialmente, que Costa Rica está en un proceso sistemático de potenciar la desigualdad y la exclusión social y económica; que ya dejamos de ser una sociedad facilitadora de la movilidad social ascendente; que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo de manera sensible; y que, los servicios públicos diseñados para la promoción del bien común, los tienen contra la pared.

Que el aguinaldo se mantenga intocado, que el salario escolar se mantenga intocado, va a depender, en gran medida, de la capacidad de reacción de la diversidad de agrupaciones, especialmente, las sindicales, que aglomeran a amplios segmentos de la clase trabajadora asalariada, pública y privada. E, indudablemente, si grandes grupos de trabajadores y de trabajadoras están dispuestos a movilizarse bajo en concepto de Democracia de la Calle.

La clase trabajadora únicamente cuenta con sí misma y con sus organizaciones obrero-sociales consecuentes, para defender estas conquistas y otras más que están en peligro de ser arrasadas.

Esperamos y confiamos en una reacción generalizada y con movilización social incluida, si persisten en estas aberrantes ideas de ponerle impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar. ¡No se atrevan!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar.  “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).

Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.

Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.

Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.

Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.

Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.

Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.

El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos «no usuales», acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son «altos». De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de «altos» para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI «la voló»

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.

Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.

Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.

Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.

Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.

Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.

Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.

SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.

Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.