Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Pocos días antes de que tomara posesión del cargo presidencial el señor Rodrigo Chaves Robles, recibió una carta de la corriente sindical en la cual militamos. En ese documento, y entre otras temáticas, abordamos el tema de la política salarial y su relación con la reactivación económica para el mercado interno. Nunca recibimos respuesta (la verdad es que nunca creímos que la daría).

En ese documento (disponible en www.anep.cr), indicamos la urgencia de que esa reactivación económica con énfasis en el mercado interno, pase por una revaloración integral del salario mínimo; comprendiendo que esto es de urgente definición e implementación para ampliar su poder de compra, para aportar en la reducción del crecimiento de la desigualdad y para evitar la precariedad salarial que no posibilita salir de la pobreza.

Los gobiernos de los últimos tiempos, por supuesto, no han considerado para nada un cambio estructural de la política salarial, especialmente, la del salario mínimo, para vincularla con una línea de mejoramiento de la distribución del ingreso. Suele hacerse bulla con relación a cifras de crecimiento, pero en las esferas del poder político, tanto el real como el formal, aumentar la capacidad adquisitiva del salario mínimo es un tema tabú.

Leímos la siguiente frase en la publicación digital El Banco Mundial en Costa Rica: “Un sólido desempeño económico en 2021 y la disciplina del gasto permitieron una consolidación fiscal más rápida de lo esperado y permitieron una mejora en los resultados sociales y en el mercado laboral. El Producto Interno Bruto (PIB) se recuperó un 7,8 por ciento en 2021 después de la mayor caída en cuatro décadas en 2020”. (https://www.bancomundial.org/es/country/costarica/overview#:~:text=El%20Producto%20Interno%20Bruto%20(PIB,en%20cuatro%20d%C3%A9cadas%20en%202020).

Ni siquiera reportes de este calibre, mueven a una discusión de fondo sobre el tema de la política salarial en cuanto a salario mínimo, y la conexión de la misma con redistribución de la riqueza y de la reducción de las desigualdades.

En estos momentos la Asamblea Legislativa está “ardiendo” por la discusión de un proyecto de ley que, en nuestro criterio, apunta en la dirección incorrecta: más precarización salarial, más explotación de la fuerza obrera, menor aporte patronal a la seguridad social, más discriminación laboral por género, menos productividad, más deterioro de la salud ocupacional y más autoritarismo en la relación capital-trabajo. Hablamos de la jornada 4×3.

La modificación a, si se quiere, la máxima conquista de la clase obrera internacional, la jornada de las 8 horas, nos lleva a repudiar un abordaje tan parcial de lo que es el empobrecimiento de la fuerza asalariada que está sujeta a la “dictadura” del salario mínimo.

Aparte de haber ya planteado nuestra contundente oposición a la traición al legado histórico-obrero, conquistado a sangre y fuego, que significa modificar la jornada de 8 horas; valga la ocasión para señalar que cualquier intento partidista por apegarse a los valores de la socialdemocracia clásica de justicia social, no solamente implican la defensa de tal legado, sino que obligan a reflexionar sobre y corregir el estado de postración y de precariedad sociolaboral y familiar a la que ha estado sometido la clase trabajadora dependiente del salario mínimo.

Y digo “cualquier intento partidista”, sin referirme a ninguna colectividad política en particular, pues creemos que la Socialdemocracia, especialmente la clásica, hoy está más huérfana que nunca en este país.