Con enorme asombro, se han recibido las fotografías (adjuntas), sobre la ubicación de las estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego en la sede de Sala Constitucional. En primer lugar, cuestionamos la idoneidad de la estructura destinada a la contención de un posible disparo accidental, la ubicación las dimensiones y los materiales de confección son algunas de las razones por las que se considera que la misma podría no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.
Ahora bien, dentro de este mismo tema, pero aún más preocupante, es lo concerniente a la ubicación de estas estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego; puesto que, como se ve en las fotografías, estas se ubican peligrosamente tanto de personas trabajadoras del Poder Judicial, como de personas usuarias de los servicios que brinda esta institución. Nótese en la imagen que una niña se encontraba en un área en la que, si alguien comete un yerro al manipular el arma y la acciona, el proyectil podría acabar con la vida de esta menor, o la de cualquier otra persona.
La desagradable sorpresa se incrementa, al enterarnos que la riesgosa e irresponsable posición de esta estación de manipulación, descarga y guardado de armas de fuego, no es exclusiva de la sede de Sala Constitucional. Sino que, a lo largo y ancho del país, existen varias estaciones de este tipo ubicadas cerca de sectores donde hay tránsito de personas, cubículos de personal trabajador del Poder Judicial, o donde se congregan personas para hacer filas de ingreso a las oficinas judiciales. El ejemplo más simbólico, es el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, en el primer Circuito Judicial de San José.
Se considera importantísimo recordar el triste antecedente ocurrido en octubre del año 2019, en el sector de Upala, donde por accidente un oficial de seguridad accionó el arma y ocasionó la muerte de una inocente usuaria, madre de familia. Evidentemente, nadie desea que un episodio como ese se repita en nuestro país, y mucho menos en una institución con la visión de administrar justicia.
Se han recibido informes sobre anteriores advertencias de esta situación, realizadas ante el Consejo Superior del Poder Judicial. No obstante, según la versión de uno de nuestros afiliados, el Consejo Superior, ignoró dichas recomendaciones. Esperamos que esta denuncia no corra con la misma suerte. Sobra señalar que, ante una eventual desgracia (esperemos jamás suceda) existen responsabilidades civiles y hasta penales, que recaen sobre las personas con el deber institucional de actuar para prevenir, en este caso las y los integrantes del Consejo Superior, ostentan ese nivel de responsabilidad.
Dicho todo lo anterior, con el mayor de los respetos, y en pro del bien común, se solicita al Consejo Superior: estudiar las condiciones de seguridad, en general, que brinda el Poder Judicial, al momento de que los oficiales de seguridad, tanto institucionales como de seguridad privada, y el público en general, manipulan, entregan, guardan y/o retiran un arma de fuego. Con el objetivo de que se erradiquen los inminentes peligros que se presentan en la actualidad.
Don Jorge Torres Carrillo, Ministro de Seguridad Pública, le pidió a la Asamblea Legislativa más presupuesto para atender la creciente y, al parecer indetenible, ola de criminalidad, de violencia y de asesinatos que está azotando al país.
Don Jorge planteó que urgen 35 mil millones de colones al respecto, que incluye la contratación, no menos urgente, de 2 mil policías.
La semana pasada comentamos en este mismo espacio que, en un solo día, específicamente el 1 de enero de 2023, el Gobierno tuvo que pagar por concepto de los leoninos intereses de la deuda pública, nada más y nada menos que 5 mil millones de colones.
Y, al sétimo día de ese pago diario, se llegó a la cifra de 35 mil millones de colones; “curiosamente”, una cantidad igual a la pedida por el jerarca ministerial de la seguridad del país, para atender la emergencia de la violencia que estamos sufriendo como sociedad.
Repetimos: con solamente la cantidad que exige durante siete días el pago de intereses de la deuda pública, se podría fortalecer en algo, el servicio público de la seguridad ciudadana ante la grave precariedad en que se encuentra a todo nivel: personal policial insuficiente y mal pagado con deudas salariales que no les quieren honrar, equipo obsoleto o nulo, vehículos insuficientes y/o en mal estado, avituallamiento insuficiente e inapropiado, retraso tecnológico, etc., etc.
Bien se sabe que la ciudadanía se siente indefensa y la embarga una gran preocupación ante la creciente inseguridad que campea por los cuatro puntos cardinales del país.
El problema tiene diversas vertientes que se deben analizar. La principal, según nuestra visión sindical, muestra las consecuencias de un modelo económico diseñado para concentrar la riqueza, para impulsar el crecimiento de la desigualdad, para precarizar el empleo y los salarios; y, para, legitimar que es la corrupción en sus distintas manifestaciones, la “mejor” vía para el ascenso social.
Nosotros hemos venido insistiendo en que la deuda pública del Gobierno Central y su obsceno pago de intereses diario, es la raíz de todos los principales problemas que afectan los servicios públicos esenciales, como lo es de la Seguridad Ciudadana.
Pero, en la clase política gobernante (la que administra y la que hace de oposición), no hay nadie que quiera “metérsele al tren” de la deuda pública que sigue creciendo, a toda velocidad, sin control.
Con una buena auditoría de la deuda pública y su abusivo y criminal, socialmente hablando, pago de intereses, a lo mejor, al Sr. Ministro Torres Carrillo se le podrían asignar ya esos 35 mil millones de colones que, según él, con eso “se le jugaría” para estar con condiciones un poco mejores ante la desgarradora ola de violencia con que empezó el año 2023; y, en vez del pago diario de intereses de 5 mil millones, parte de los mismos irían para el servicio público de la seguridad ciudadana.
El 2023 inicia con buenas noticias para trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que la institución respetará el salario mínimo inembargable. Así fue comprobado por los propios trabajadores, al revisar su boleta de pago en el sistema, correspondiente a la primera quincena de enero.
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ante consulta de anep.cr donde indican que se tramita una denuncia bajo el expediente 21-000226-1218-PE donde figuran como imputados dos hombres de apellidos Ulate Ulate, Ulate Oviedo y otro de apellidos Mora Valverde, este último alcalde de León Cortes. Por aparentes cobros irregulares a los contribuyentes del cantón.
En un acto de interpelación cívica, la Junta Directiva Nacional de la ANEP, sesionó en las afueras de la Sala Constitucional, para entregar y dar lectura a un escrito de 32 puntos sobre la crítica situación social que vive el país y como esta se ha convertido en una bomba de tiempo.
Respetables autoridades judiciales de la Republica:
01- Quienes suscribimos el presente documento, al cual le hemos dado carácter de Interpelación Cívica para dirigirnos a sus distinguidas autoridades constitucionales, inspirándonos en el concepto de Democracia Participativa establecido en la actual Constitución Política de nuestro país; así como en el derecho humano a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, somos integrantes del pueblo trabajador costarricense, activistas y dirigentes sindicales, conformantes de la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
02- Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-27, los sindicatos tenemos capacidad y legitimación de accionar ante el sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por derecho propio.
03- Tenemos, además, como fortaleza para ello, la amplísima normativa jurídica de carácter nacional y de majestad internacional que nos otorga tal Derecho Humano Fundamental: a modo de ejemplo, el Inciso 4 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
04- En esa misma línea y en el ámbito de esa concatenación democrática de reconocimiento de derechos, resulta medular resaltar lo que señaló ese alto tribunal interamericano en esa Opinión Consultiva:
“Previo al análisis de las cuestiones sustantivas planteadas por la Comisión Interamericana, a manera de introducción, la Corte resaltó que el combate a la pobreza y a la desigualdad, y la garantía de los derechos humanos, resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos. En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, y la Carta Democrática Interamericana, se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos y de justicia social, dentro del cuadro de instituciones democráticas”.
05- En este contexto es que nos apersonamos en las afueras de esta sede constitucional que alberga su delicado y relevante quehacer, en este día, viernes 13 de enero de 2023; dando curso así y de esta manera, a la primera sesión directiva de la JDN de la ANEP del año que acaba de iniciar, en el marco del período jurídico-legal de la ANEP que está transcurriendo, 2021-2025; sesionando a cielo abierto, con el quorum de ley, constituyendo este documento el punto primero de nuestra Orden del Día para que luego de su lectura pública y subsiguiente discusión-aprobación, procedamos a entregarlo en la recepción documental habilitada por este alto tribunal. Luego nos retiraremos a nuestra sede central, de la calle 20 de esta ciudad, para continuar con la sesión de la fecha. Dos motivaciones centrales nos estimularon para estar aquí y en las condiciones que les acabamos de explicar:
06- PRIMERA: “Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-Presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bien saben ustedes que fue una manifestación contenida en amplia entrevista periodística que le hiciera un medio de comunicación escrito de este país.
07- Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, dice ANEP y muchas más personas y organizaciones de todos los niveles y actividades. Además, esta desigualdad social marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres, como el mismo don Fernando fue enfático en plantearlo en esa entrevista.
08- De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal constitucional de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional, nos indicó que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este alto magistrado, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.
09- Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas; considerando que es piedra angular del sistema democrático la correcta separación de poderes que garantice pesos y contrapesos y el sublime principio de seguridad jurídica.
10- Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país. Total coincidencia de la ANEP con esta opinión, del señor magistrado Presidente de la Sala Constitucional.
11- SEGUNDA: El próximo 14 de diciembre de 2023, el planeta entero conmemorará el 75 aniversario de la proclamación, en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
12- Costa Rica fue una de las 48 naciones que la aprobaron en el mismo momento de su emisión, dándose así a la apertura de una nueva etapa de nuestro desarrollo republicano sustentado en que el Derecho Internacional es un bastión de nuestra propia existencia como nación soberana.
13- Las personas especialistas en el tema indican que la DUDH representa la codificación internacional de la primera y segunda generación de los Derechos Humanos: los de carácter civil y político; y, los económicos, sociales y culturales.
14- Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esa misma instancia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, por sus siglas en español), que viene a ser el primer tratado internacional que universaliza la segunda generación de los Derechos Humanos: los económicos, sociales, culturales y ambientales. Costa Rica, siguiendo su tradición garantista, lo ratificó oportunamente y, además, ratificó su Protocolo Facultativo para recibir casos individuales, el 23 de setiembre de 2014.
15- ¿A dónde queremos llegar, honorables señores magistrados y señoras magistradas constitucionales? El 14 de diciembre próximo, con la llegada del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el planeta Tierra ajustará tres cuartos de siglo bajo tales principios, aunque la realidad que nos presenta la Humanidad en estos mismos momentos, es radicalmente diferente a la esperada con el camino abierto por la Doctrina Universal de los Derechos Humanos. La multiplicidad y profundidad de las razones para ello, no vienen al caso.
16- Sin embargo, que Costa Rica esté al borde de un estallido social, como lo indica el magistrado Presidente de la Sala Constitucional, nos confronta con lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones gubernativas, en las cuales, a nuestro juicio, el país ha estado involucionando en desarrollo social y en inclusión económica; por una parte, y por la otra, la cosa pública de los últimos tiempos parece que es fiel al perverso postulado maquiavélico que indicó que “…la política es independiente de la moral y solo persigue el poder”.
17- En uno y en otro caso, según nuestra visión de país y experiencia de vida propia y de la de la lucha social en que estamos inmersos, las dos situaciones apuntadas expresan gran deterioro en la voluntad política del país de observar, como es su obligación, esas dos piedras angulares del Derecho Internacional en materia de la Doctrina de los Derechos Humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
18- Demasiadas, sólidas y consistentes argumentaciones nos llevan a afirmar lo anterior: ¡Sí! Tanto a nivel de la DUDU como a nivel del PIDESC, gran cantidad de compatriotas, por lo general, integrantes de la clase trabajadora costarricense, está sufriendo graves violaciones de sus Derechos Humanos a tenor de lo que ambos postulados establecen; postulados que Costa Rica ha jurado observar y ha jurado someterse a sus procedimientos, recomendaciones y dictados.
19- Por ello es que la actual Junta Directiva Nacional (JDN), del período jurídico 2021-2025, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está hoy aquí, viernes 13 de enero de 2023, en las afueras de la sede del más alto tribunal de la República de Costa Rica: el tribunal constitucional; para expresar, con toda vehemencia y con el necesario y merecido respeto, que ha llegado el momento de que ustedes, máximas autoridades constitucionales del país, procedan a detener la peligrosa ruta de separación entre los valores constitucionales que nuestro país proclamó el 7 de noviembre de 1949, con los valores eternos de los Derechos Humanos que establecen la DUDH y el PIDESC.
20- No es posible seguir tolerando violaciones de Derechos Humanos en contravención a los obligados compromisos del país en la materia, aceptando cuestionamientos constitucionales a las normas jurídicas que impulsan e imponen los detentadores de los poderes político y económico; pero que, sin embargo, no detienen sus perversos efectos inmediatos con lo cual, de facto y mientras se resuelve el fondo, quedamos en escenarios de graves violaciones de esos derechos, tal y como sucede con situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, pilar de la seguridad jurídica contenido en el artículo 34 constitucional.
21- Esa amenaza se concretó, entre otros casos, con la aprobación de la Ley 9635 que esa Sala Constitucional tiene para resolver y analizar vía acción de inconstitucionalidad, acción que ya va a cumplir 4 años de espera. Mientras tanto, esa vacatio procesal ha representado desde el punto de vista humano, la existencia y zozobra de muchas personas trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo perversos efectos económicos y sociales, clara y sostenidamente regresivos. Y es éste tan solo un ejemplo que ha venido fomentando, como dice el señor magistrado Presidente, la creciente distancia entre ricos y pobres.
22- No es posible permanecer imperturbables si los fallos constitucionales relacionados con claras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales se supeditan a cuestiones macrofiscales, completamente ideológicas, contrarias a los Derechos Humanos pues, precisamente, esas cuestiones macrofiscales encubren, a su vez, flagrantes injusticias, inequidades e insospechados privilegios de los sectores de mayor fortuna económica.
23- Con base en el precepto constitucional de Democracia Participativa es posible apelar a mayor diversidad de pensamiento en estos temas macro-fiscales, a fin de construir escenarios de reconstrucción del tejido social ya muy vulnerado, pero a tiempo de evitar que lleguemos a extremos por nadie deseados: el imperio total del crimen organizado.
24- En los últimos gobiernos, iniciativas en tal sentido, de considerar diversidades de pensamiento en este delicado asunto de lo macrofiscal, fueron burladas a pesar de los nobles esfuerzos comprometidos, por ejemplo, desde el mundo laboral organizado. Hoy ni siquiera algo superfluo en ese sentido, se ve por ningún lado.
25- Honorable magistratura constitucional de la República de Costa Rica: Próximamente, tocaremos estas puertas, ya de manera concreta en función de otras decisiones políticas, jurídico-ejecutivas y legislativas que se han venido tomando contrarias a los Derechos Humanos y es en tal sentido que, en lo concreto, planteamos lo siguiente:
26- Si esas decisiones, para nosotros, violatorias de Derechos Humanos, dan pie para que ustedes admitan nuestras argumentaciones en contra de ellas, no agraven la violación de esos Derechos Humanos admitiendo el cuestionamiento, pero no suspendiendo los efectos perniciosos: cientos y cientos de familias van a sufrir graves afectaciones a la luz de los postulados del PIDESC, por una parte. Las decisiones ya tomadas y que se supone entrarán en vigencia próximamente, ampliarán la brecha entre ricos y pobres que ya es preocupación oficial de la Sala Constitucional, a juicio del criterio de su magistrado Presidente.
27- Tales decisiones, por ejemplo, la denominada Ley Marco de Empleo Público, tienen efectos perversos más allá de la esfera económico-social de la convivencia de la familia afectada, pues repercutirá en la dinámica del mercado para consumo interno, desde la pulpería-supermercado de barrio hasta actividades profesionales liberales.
28- Hay otras circunstancias sociopolíticas presentadas en los últimos tiempos que, de un modo u otro, nos reafirman la importancia del desarrollo del vínculo estratégico entre los valores de la Constitución de 1949 con los valores, eternos y universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
29- Tal vínculo, en épocas de gran desigualdad y de un potencial estallido social, debe ser elevado a criterio fundamental motivador de decisiones para que Costa Rica retorne a la senda del bien común que nunca debimos abandonar como país; a tenor con el pensamiento y con la lucha de aquellos patricios y patricias forjadores de nuestra particular idiosincrasia quienes, con pensamientos filosófico-políticos opuestos, supieron hallar coincidencias para que mostráramos al mundo y, en particular, a la América Latina, una sociedad de admiración y de respeto por su desvelo por la inclusión social y económica.
30- El país no debe seguir siendo exhibido como Estado violador de Derechos Humanos, a raíz de sentencias inapelables de los sistemas judiciales de Derechos Humanos, como el Interamericano. Si tal vínculo no adquiere la naturaleza urgida de lo que nos marca una sociedad totalmente desigual, entonces más y más procesos extra-fronteras nos esperan, con el consiguiente impacto negativo para el país en varios órdenes.
31- Nosotros y nosotras, en ANEP, pensamos que estas consideraciones son compartidas por amplios segmentos de la sociedad costarricense de la actualidad. Esos segmentos, por lo general, están organizados, aunque hay una enorme cantidad de compatriotas que sufren, en silencio y en situación de minusvalía social, el divorcio entre los valores de la Constitución de 1949 y los valores de la DUDH y del PIDESC. En uno y en otro caso, el potencial de confluencia es insospechado. Eso lo percibió el magistrado Presidente con su impactante comentario “Es una bomba de tiempo la situación social del país”.
32- Con respeto,pero con vehemencia sostenida, conminamos respetuosamente a esa Sala Constitucional a que sus resoluciones futuras en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), sean plétoras de reconocimiento de derechos tangibles y no meros saludos a la Constitucional ni a los tratados vigentes en Costa Rica. Resolver además en tiempo razonable, no es una prebenda, es un derecho y principio rector de justicia que ya se extraña en Costa Rica, incluso en esa Ilustrada Sala Constitucional.
Con respeto, firmantes,
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
El Secretario General de SITRAP, Didier Leitón Valverde invita a sus afiliados a conmemorar el 50 aniversario por medio de una Asamblea General que se llevará a cabo el próximo domingo en Guápiles.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
El primero de enero, se pagaron unos 5 mil 500 millones de colones por concepto de intereses, intereses vulgarmente obscenos y socialmente criminales, de la deuda pública del Gobierno Central. Una suma igual el 2 de enero. Otra parecida el día 3 y así hasta hoy mismo, miércoles 11 de enero de 2023.
En estos primeros once días del año, de las debilitadas arcas públicas se sacaron unos 60 mil millones de colones destinados a las entidades/personas acreedoras de la deuda pública, la cual se acerca a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000.000).
¡Este si es el gran problema de la Democracia! Pero, a los bandos en pugna por el problema trolero parece que les importa un bledo. Y, al finalizar el mes de enero, serán 170 mil millones de colones que pudieron haberse empleado a atender grandes necesidades sociales y económicas que están viviendo miles y miles de hogares costarricenses afectados por la creciente desigualdad, por el congelamiento y por el alto endeudamiento salarial, por la evaporación de los fondos de pensiones y por un altísimo costo de la vida que no se había visto en más de una década.
Nos corresponde mantener la denuncia constante en tal sentido. Nos hemos autoimpuesto levantar esta bandera sin ánimo mesiánico alguno, sino ante la verificación diaria del drama social obrero-laboral en los segmentos de población trabajadora asalariada, en los cuales la frase “la plata no alcanza” no está reflejando la magnitud del impacto socioeconómico del problema de la deuda pública y de su socialmente criminal pago de intereses en, por ejemplo, los miles de hogares del empleo público del Gobierno Central, los cuales entran, en este 2023, al cuarto año consecutivo de congelamiento salarial total.
¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se instale una comisión investigadora del problema de la deuda pública y de esa monstruosa cantidad de pago diario de intereses, de modo tal que el pueblo costarricense sepa, por ejemplo, cómo es que llegamos hasta aquí, a esta calamitosa realidad de afectación severa a miles y miles de compatriotas, dentro y fuera del sector Público?
¿Por qué no convocar, al menos, al propio Ministro de Hacienda y que explique por qué el partido político ahora en el Gobierno y del cual él es parte, le mintió al electorado cuando se prometió que se le iba a entrar fuerte al tema del pago de intereses de la deuda pública? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabemos: una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en Gobierno y el pueblo costarricense viene siendo engañado una y otra vez.
Este monstruoso pago diario de intereses es la causa principal del grave deterioro presupuestario que afecta a gran cantidad de servicios públicos del Gobierno Central, destinados a atender necesidades económico-sociales de la población costarricense que sufre de mucha pobreza y otra, también grande, que va quedando más vulnerable ante la misma dado el avance de la desigualdad.
Tan solo dos dramáticos ejemplos: ¿en qué estado se encuentra la Educación Pública y en qué estado se encuentran los servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de los diversos cuerpos policiales? En la Asamblea Legislativa parece que olvidaron que ambos servicios públicos son estratégicos para la estabilidad del mismo sistema democrático, por una parte; y, por otra, que los respectivos grupos laborales que los prestan entraron ya al cuarto año de congelamiento salarial. ¿Se imaginan ustedes a ambos servicios públicos con una inyección presupuestaria de emergencia ¡por solo un mes!?, ¿Por el orden de los 170 mil millones de colones, en vez del pago de los intereses del presente mes de enero? ¡Que vamos mal, vamos mal!
El Juzgado de Trabajo de Puntarenas ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo de un dirigente sindical, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.
–Se leerá a viva voz y se entregará escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos
Al considerar que en el año que acaba de iniciar, 2023, se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP se apersonará a las afueras, de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este próximo viernes 13 de enero, para desarrollar lo que hemos denominado una Interpelación Cívica.
Se trata de realizar la primera sesión del año 2023 de la directiva nacional de la ANEP, a partir de las 8:30 de la mañana. Una sesión atípica e inédita, a cielo abierto. En ese momento se hará revisión del quorum de ley para tener la necesaria validez jurídica, se aprobará el orden del día y, de seguido, se procederá con el primer punto de la agenda que es, precisamente, la Interpelación Cívica a la Sala Cuarta.
La Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP dará a conocer una declaración, con el carácter de Interpelación Cívica, dirigida, directamente, a las magistraturas integrantes del más alto tribunal de la República, misma que será leída a viva voz para luego ser entregada en la sección de recepción de documentos.
La ANEP ha tomado con toda seriedad la manifestación pública emitida por el señor presidente de la Sala IV, magistrado Fernando Castillo Víquez, acerca de que la situación social del país es una “bomba de tiempo”; criterio que se relaciona con la reiterada denuncia de la ANEP acerca de que en nuestro querido país habrá un estallido social en vista de la cruel situación de desigualdad que amenaza a la misma Democracia.
El eje central del texto de Interpelación Cívica de la ANEP a la Sala Cuarta tiene que ver en que, para desactivar la bomba de tiempo del estallido social, tiene que darse (dentro de un conjunto de factores diversos), una vinculación estratégica entre los postulados y valores de la Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, con los postulados y valores de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y sus dos tratados globales esenciales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Ambos tratados, plenamente ratificados por Costa Rica y por nuestra Asamblea Legislativa, son parte fundamental y esencial del sistema jurídico nacional y, por tanto, de obligado cumplimiento.
Aunque no se trata de una manifestación, la Junta Directiva Nacional de la ANEP compartirá su primera sesión directiva del año 2023, a cielo abierto, con personas dirigentes de base de la organización e integrantes de la ciudadanía patriótica nacional que quisieran hacerse presente. El evento ha de concluir a eso de las 10 de la mañana.
San José, lunes 9 de enero de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
