En una Asamblea General Ordinaria, personal trabajador en el Sinart conoció las acciones implementadas por la seccional y la expectativa ante la llegada del nuevo presidente ejecutivo.
Autor: ANEP
Municipalistas: ¡alerta general!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Furia, enojo y amenaza de parte del Gobierno es lo que ha generado la avalancha de pronunciamientos de la casi totalidad de los concejos municipales, con relación a cerrarle el paso a la intromisión política e ideológica en el seno de los gobiernos locales de nuestro país, de varios de los más perversos contenidos de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159, la cual entró en vigencia el pasado viernes 10 de marzo de este año 2023.
Con base en lo que esa misma ley indica en su artículo 6, una a una, las municipalidades del país, a partir de la gestión directa de sus correspondientes organizaciones sindicales de base, han votado que para que la institucionalidad democrática representada en la autonomía constitucional del régimen municipal se mantenga; conforme a la historia republicana costarricense que tiene en la municipalidad, el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.
Dice ese artículo 6 de la perversa LMEP lo siguiente: “Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.
¡Y es que fue eso, precisamente, lo que pasó! Con una fuerte fundamentación jurídico-legal y constitucional, cada concejo municipal, en su carácter de ente público con autonomía de gobierno y organizativa, determinó que todo su respectivo personal trabajador, realiza funciones exclusivas y excluyentes: sus sectores operativo, administrativo, técnico y profesional. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella.
Ahora, haciendo gala de una prepotencia y una arrogancia repudiable, la jerarca política máxima del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), doña Laura Fernández Delgado, amenaza a toda la comunidad municipal de cada cantón de la República en doble vía: ir a tribunales (seguro, en sede contencioso-administrativa), para cuestionar cada votación concejal soberana adoptada en lo indicado en el artículo 6 de la perversa LMEP; y, lo que es más grave, aún, anuncia que bloqueará la aprobación de los correspondientes presupuestos municipales para el 2024, ante la Contraloría General de la República (CGR).
Doña Laura, apadrinada como es lógico suponer por el propio Presidente de la República, quiera saltarse la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, para así profundizar lo que en su momento significó la aprobación de la perversa LMEP, en el cuatrienio legislativo anterior, 2018-2022, cuando ocurrió, según nuestra visión, un Golpe de Estado parlamentario a nuestra Carta Magna.
Desde esta columna de plena Libertad Expresión que nos permite DIARIO EXTRA, alertamos a toda la comunidad municipal costarricense: a su personal trabajador y a las organizaciones obrero-sindicales que les representan; a sus autoridades políticas: alcaldía y concejos, regidores y regidoras, síndicos y síndicas; a las fuerzas vivas de cada cantón y, por supuesto, a sus partidos políticos aspirantes para las elecciones municipales venideras. Hay que cerrarle el paso a esas tendencias autoritario-totalitarias que pretenden hacer de la democracia en los gobiernos locales, una caricatura.
Hay algo más grave aún. Denunciamos que se va a entregar al Fondo Monetario Internacional (FMI), la autonomía histórico-constitucional de los presupuestos municipales. Este Gobierno pretende comprometer el sometimiento de los presupuestos municipales a la lógica perversa de la Regla Fiscal, a un 15%, sino más. Una nueva delegación del FMI vendrá al país en próximas semanas y hay que estar en guardia. En realidad, esto es sumamente grave pues hemos notado como esa Regla Fiscal tiene en precariedad total a la Fuerza Pública.
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Declaración oficial de la ANEP ante la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159
Compañeros y compañeras anepistas
Clase trabajadora estatal
Ciudadanía costarricense:
PRIMERO: La perversa LMEP jamás debió incluir ni a una sola persona trabajadora asalariada estatal de las actuales planillas de todo el aparato del sector público costarricense que serán cubiertos por esta ley. Solamente debe cubrir a quien entrase a laborar a partir de este día, 10 de marzo de 2023, según el especializado criterio y la calificada asesoría de la ANEP al respecto.
SEGUNDO: En función de lo anterior, podemos afirmar que ocurrió la más grave y masiva violación de Derechos Humanos y de Derechos Constitucionales nunca antes perpetrada, desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, nuestra Carta Magna, del 7 de noviembre de 1949.
TERCERO: En estricta congruencia político-jurídica con lo anterior, a las 330 mil personas trabajadores estatales les ha sido violentado el principio más básico de la teoría, de la doctrina y de los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), que es el de la NO REGRESIVIDAD en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
CUARTO: Costa Rica ha firmado todos esos tratados internacionales de DD.HH. convirtiéndolos en leyes de la República, comprometiéndose a respetar y poner en práctica sus dictados, resoluciones, opiniones consultivas y sentencias. Todos esos tratados contienen ese principio fundamental de la NO REGRESIVIDAD. Por tanto, cada una de esas 300 mil personas puede acudir a demandar al Estado costarricense por los derechos económicos, sociales y culturales que le violentó la perversa LMEP. Las eventuales indemnizaciones son imposibles de cuantificar, dejando pálidas las cifras fiscales oficiales de la supuesta “economía” que la perversa LMEP tendría en las arcas públicas.
QUINTO: En el plano interno, las acciones individuales y/o colectivas, en sede ordinario- laboral, contencioso administrativo y/o constitucional pueden alcanzar cantidades inimaginables. El principio de DD.HH. de la NO REGRESIVIDAD y su expresión concreta en el plano de los Derechos Adquiridos y de las Situaciones Jurídicas Consolidadas, constituye un desarrollo jurisprudencial imposible de invisibilizar en más de 7 décadas de desarrollo del Derecho Laboral desde el 7 de noviembre de 1949, lo cual nos dice de lo consistentemente sólido que pueden ser esos miles de procesos administrativos y jurídicos en instancias nacionales.
SEXTO: Resulta imposible separar la violación colectiva de Derechos Humanos que genera la perversa LMEP, de su vínculo con la impagable deuda pública y su monstruosísimo pago obsceno de intereses, lo que es debido a la gigantesca e inconmensurable evasión-elusión fiscal-tributaria que provocó esa deuda durante los últimos 40 años. De esta forma, de manera totalmente injusta, se le impone condena al pueblo trabajador costarricense del pago de esa deuda sin tener la más mínima responsabilidad al respecto. En especial, al del empleo público se le materializa esa condena mediante la perversa LMEP.
SÉTIMO: Tal condena adquiere, adicionalmente, connotaciones de tragedia social inimaginable: la perversa LMEP impone un congelamiento salarial brutal de, al menos, una década; congelamiento que se suma a los cuatro años que van en tal sentido (2020, 2021, 2022 y 2023). Sin duda alguna, algo va a pasar.
San José, a las 17 horas del viernes 10 de marzo de 2023.
Comunicado oficial de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
