Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 6 de marzo de 2023, en el seno de la Asamblea Legislativa imperó la dictadura del mercado total, esa que tiene un profundo desprecio por todo lo que huela a sector Público y, en especial, con fuerte carga de odio en contra de las personas trabajadoras asalariadas estatales. 

Únicamente doce personas legisladoras comprendieron la insensatez de exponer al país a diversos riesgos en momento en los cuales es bien sabida la fragilidad del propio sistema democrático-institucional, el cual muestra su deterioro por varios factores de gran peligrosidad; dentro de los cuales hay que destacar el avance del crimen organizado y del negocio sucio del narcotráfico penetrando, como ya es reconocido, los tres poderes clásicos de las democracias: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, dejamos expresa gratitud al señor legislador don Gilbert Jiménez Siles quien, con gran arrojo y valentía, osó desafiar el orden totalitario del periodismo de odio que pesa mucho en las decisiones parlamentarias costarricenses; tal y como lo vimos en el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando impusieron las nefatas leyes combo fiscal (No. 9635) y anti-huelgas (9808). Por cierto, ambas con fuertes acciones de inconstitucionalidad en proceso presentadas por la ANEP.

Don Gilbert presentó el proyecto de ley para extender por dos años más la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, legislación cuestionada por los cuatro costados y totalmente desprestigiada: solo creen en la misma en el seno del mercado total y sus adoradores por convicción y por salario.

A don Gilbert, del PLN, le acompañaron sus colegas de bancada parlamentaria, Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado, Katherine Moreira Brown, Rosaura Méndez Gamboa, Sonia Rojas Méndez, en lo que nosotros interpretamos como un voto de ética socialdemócrata, misma en extinción en ese partido. La mayoría de la actual bancada parlamentaria liberacionista siguió la senda marcada en el período legislativo anterior por sus colegas de partido Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, envenenados contra el empleo público a más no poder. 

Las otras seis diputaciones que optaron por la sensatez, la prudencia, la razón y la lógica en aras de la tranquilidad pública, la paz social y la seguridad jurídica del país fueron las del Partido Frente Amplio: Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Sofía Guillén Pérez, Priscila Vindas Salazar, Ariel Robles Barrantes, Antonio Ortega Gutiérrez.

Lo que sí queda muy claro para nuestra visión del desarrollo de la lucha social y sindical, cívico-patriótica, en el marco de las actuales condiciones político-económicas y sociales de la maltrecha democracia costarricense de la actualidad, es que la Democracia de la Calle ¡volverá!

Honorables señoras diputadas y honorables señores diputados: Es tiempo de la cordura, de la sensatez, de la razón, de la justicia y de la Paz. Enorme cantidad de argumentos de todo tipo aconsejan que el proyecto LEY POSPOSICIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO, Expediente Legislativo No. 23.573, debe aprobarse. Solicitamos, con todo respeto, su voto, señoras diputadas y señores diputados y les damos estas cinco razones:

PRIMERA: Independientemente de la cuestión de fondo acerca del tema del Empleo Público y de la Reforma del Estado, se estima que este proyecto de ley 23.573 se presenta en un oportunísimo momento, considerando que es la prudencia la más atinada decisión que se puede tomar en circunstancias de gran vulnerabilidad multifactorial para la propia institucionalidad de la República y su Paz Social.

SEGUNDA: Muchas son las opiniones y los criterios que, desde distintos espacios del quehacer sociopolítico y hasta económico, vienen expresando grandes preocupaciones acerca de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, pues generará un grave caos administrativo y fuertes controversias jerárquicas intra e interinstitucionales; amén de un desasosiego sociolaboral de potenciales consecuencias negativas pues esta legislación, y su correspondiente reglamentación, son tan enrevesadas que, sin duda alguna, han de golpear más a una serie de servicios públicos que, de por sí, vienen sufriendo merma pronunciada de calidad por rigideces fiscales hasta irracionales en no pocos casos.

TERCERA: Esta Ley 10.159, en sí misma, aprobada a golpe de tambor, cargada implícita y explícitamente de contradicciones, inconsistencias, disparates, ocurrencias y muy pletórica de violaciones jurisprudenciales y constitucionales; nos lleva a la entronización de una especie de anarquía estructural, considerando las reacciones naturales de defensa socio-obrera y laboral, individual y/o colectiva que, como es lógico suponer, aflorarán ante amenazas a la estabilidad (ya de por sí endeble) de miles de hogares de familias trabajadoras asalariadas estatales.

CUARTA: La aprobación, irresponsablemente célere de esta ley, impulsada por una fuerte campaña ideológico-político-mediática cargada de odio de clase contra la clase trabajadora asalariada estatal, desdeñó no solamente consideraciones filosófico-históricas-políticas y ético-morales inherente a una concepción de Estado Social de Derecho; sino que, fue más lejos, con la transgresión abierta de compromisos internacionales consolidados por el país en materia de Derechos Humanos, e incorporados a nuestro sistema jurídico con fuerte peso supra-constitucional. Ábrase así, nuevas posibilidades de litigios desfavorables para el país con reparaciones mega-millonarias inimaginables ante gran cantidad de demandas contra el Estado costarricense.

QUINTA: Resulta imprescindible frenar la entrada en vigencia de una legislación como la Ley Marco de Empleo Público que violenta, haciendo alarde de una impresionante corriente de regresividad e involución jurídico-legal, aspectos fundamentales de los Derechos Humanos como el debido proceso, el principio de inocencia, la seguridad jurídica. Derogados éstos, la vulnerabilidad, la fragilidad y la subasta del empleo público va a adquirir grados desastrosos como los que se manifestaban en los tiempos anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.