La Seccional ANEP-Municipalidad de Guácimo celebró su Asamblea Ordinaria, donde eligió su nueva junta directiva, la cual, estará al frente de la seccional por un periodo de dos daños.
Autor: ANEP
¿En que está la ANEP?
Para el bienestar de la clase trabajadora del empleo público y el empleo privado estamos trabajando en diversos temas. Este trabajo se lo detallamos en una serie de videos.
PRIMERA PARTE: ¿En qué está la ANEP en estos momentos?: Para el bienestar de la clase trabajadora del empleo privado estamos en
SEGUNDA PARTE: ¿En qué está la ANEP en estos momentos?: Para el bienestar de la clase trabajadora del empleo privado estamos en
TERCERA PARTE: ¿En qué está la ANEP en estos momentos?: . Para el bienestar de la clase trabajadora del empleo público y el empleo privado estamos trabajando en diversos temas
100 años del INS
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El INS: un siglo de proteger al país y promover el bienestar económico y social, el cual se cumplirá el próximo 30 de octubre de 2024. Costa Rica se ha diferenciado y destacado en el mundo moderno por muchas cosas: entre ellas, la abolición del ejército en 1949; la creación de una política ambiental sostenible y de vanguardia desde 1970; el desarrollo de un sistema de seguridad social público, ejemplar, liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde 1942 (que debemos cuidar y fortalecer); un sistema educativo público protegido y financiado por el Estado desde 1890 (venido a menos en la actualidad); un modelo de país democrático exitoso desde 1948 que, aunque no es perfecto, debemos preservar; y una entidad aseguradora pública que ha permitido ser garante, protectora y generadora de paz social y desarrollo económico de toda la nación desde el 30 de octubre de 1924. Hablamos del Instituto Nacional de Seguros, más conocido por sus tres letras, INS, que llegó al siglo de existencia. ¡Y esto debe celebrarse!
La visión del carácter público-monopólico (hasta 2008) del “Banco Nacional de Seguros” como se llamó originalmente; que los líderes de entonces visionaron fundar, don Ricardo Jiménez Oreamuno (Presidente de la República); y, sobre todo, don Tomas Soley Güell (Ministro de Hacienda y Comercio), sencillamente marcó la diferencia en estos 100 años de desarrollo de toda nuestra sociedad.
Esta visión de búsqueda de la justicia social y económica de don Tomás, se resume en este profundo y hermoso postulado filosófico-político-existencial, que mantiene y mantendrá absoluta vigencia por siempre:
“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924 (citado por Don Carlos Alfaro en Nuestra Historia y los Seguros).
Don Tomas, sin proponérselo o bien siendo consciente de ello, expone en este postulado la ecuación funcional económico-político-social del negocio del “riesgo de seguros”, en lo que respecta al giro social de la historia de los seguros en la Costa Rica, de 1924; a diferencia de lo que sucedía y sucede en la mayoría de países del mundo, donde este negocio es manejado por empresas privadas, y sus ganancias van a arcas privadas y no públicas, como sí sucede con nuestro INS. Resumimos este algoritmo así:
INS = (Σ + i) – (Cp + Ip) = UEN, donde:
Σ = suma de primas (pagos de seguros) de todas las personas y empresas
i = intereses o rendimientos financieros que generan esas primas de seguros
Cp = costos de producción de la gestión de seguros
Ip = suma de las indemnizaciones pagadas a los asegurados y empresas
UEN = Utilidad económica del negocio para toda la sociedad costarricense
Conceptualizar la Costa Rica de hoy, sin el INS, es un ejercicio que podemos hacer, y no dudamos del resultado. Veamos: una mayor y escandalosa desigualdad económico-social; inexistencia de “ los hijos e hijas del INS” como Bomberos, Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio Automotor, Hospital del Trauma y Red de Salud, Museo de Jade, Puesto de Bolsa y SAFI, INS-Servicios; ausencia de enormes contribuciones económicas al fisco y a la sociedad en general que, como consecuencia, ha permitido la creación y soporte económico para el desarrollo a muchas entidades, causas públicas y miles de empresas privadas que, gracias a la garantía del INS surgieron y existen; y, desde luego, ser fuente de trabajo a miles de personas que dependen (hoy) del INS.
Históricamente, y hasta la fecha, las compañías de seguros en el mundo, sobre todo las más antiguas y poderosas, se han convertido en ejes de inimaginable poder económico en una economía globalizada y concatenada a los intereses privados de una espeluznante minoría, donde el culto al lucro y al poder es su dogma. Lo público no cuenta para ellos.
De allí que, si en nuestro ideario político es “normal” que tengamos una entidad aseguradora pública, que fue monopolio apenas hasta hace 16 años; en otras latitudes, lo ven raro, extraño y particular. Lo cierto es que los beneficios de esta rareza económica han sido enormes para el país en los últimos 100 años; y la gran mayoría de los y de las costarricenses lo aprueba y lo defiende, sin duda.
ANEP lo ha hecho desde nuestra fundación en 1958… y lo seguirá haciendo; pese a que no siempre estemos de acuerdo o aprobemos las actuaciones de las autoridades transitorias superiores del INS; defensa que hemos realizado con gran ahínco y contundencia ante las ideas neoliberales de los últimos gobiernos (incluido el actual); partidarios todos del Todo Mercado-Nada Estado.
Nos opusimos, férreamente, al rompimiento de monopolio en tiempos de TLC, 2000-2008, junto con la Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS), el sindicato UPINS de ese momento histórico y muchas otras organizaciones sociales, sindicales y no sindicales, así como miles de personas. Y lo seguiremos haciendo, ante toda amenaza, que pretenda debilitarlo. El INS NO SE VENDE, ni entero, ni en partes. Esta es consigna ANEP.
Hoy, el impacto socioeconómico del Instituto Nacional de Seguros (INS) sigue siendo fuerte pese al rompimiento del monopolio señalado y a la llegada de 12 compañías privadas; y, aunque los enemigos históricos que siguen vigentes y algunas ideas privatizadoras “nuevas” han aparecido, tal impacto lo podemos ver, sentir y percibir en los siguientes indicadores y referencias:
Grupo INS: Lo constituyen las empresas INS, INS-Valores, INS-Inversiones, Cuerpo de Bomberos con 52 estaciones en todo el país, Red de Servicios de Salud (Hospital del Trauma y 21 centros de atención médica y consultorios) y Museo de Jade.
El INS administra el Régimen (social) de Riesgos del Trabajo -RT- (Ley No. 6727, Ley de Riesgos del Trabajo que reformó el Capítulo IV del Código de Trabajo), en la que están asegurados más de 1.800.000 personas. En promedio, durante el período 2022-2023 se registraron cerca de 140.000 casos de riesgos del trabajo e indemnizaciones por parte del INS por arriba de ¢ 132 mil millones por año.
Por cierto, anunciamos, que suenan tambores de una aseguradora privada de casimir inglés, que compró una compañía de seguros ya establecida, con el interés de entrar en este mercado de seguros y distorsionar el seguro social de riesgos del trabajo y convertirlo en un seguro comercial como “moneda de cambio”. Y esto a partir de un reglamento con muchas lagunas funcionales y jurídicas emitido por la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
Desde ya anunciamos lucha frontal a este nuevo intento privatizador y respaldo al INS en su gestión de RT. Invitamos desde ya a todas las fuerzas sociales a unirnos y no dejar que esto pase. Pequeño detalle: aquellos casos que, aunque NO fueron reportados por sus patronos, el INS les brinda los servicios y luego incoa contra los patronos para intentar recuperar los servicios prestados. ¿Estará dispuesta una compañía privada lucrativa de RT hacer esto mismo? ¡No! No creemos que le interese mucho el bienestar de las personas, sólo la ganancia.
El cuerpo de Bomberos, pese su independencia administrativa, sigue siendo auspiciado y cofinanciado por el INS, con más de ¢ 25.000 millones al año. Tiene cobertura nacional con sus 52 estaciones y más de 1500 empleados y 3000 voluntarios. Y los servicios se prestan a toda la población sin costo, de forma solidaria. Fortalecer al INS es proteger los Bomberos.
El Seguro (Social) Obligatorio Automotor, conocido como SOA (Ley de Tránsito, No. 9078) brinda protección a más de 2.300.000 personas dueños de vehículos del país, es administrado por el INS. Se atienden al año más de 47.000 accidentes de tránsito. El promedio pagado de 2022-2023, es de ¢ 50 mil millones por año.
Según Estados Financieros al 31 diciembre 2023 del INS, disponible en la web institucional www.grupoins.com , el total de Activos y Patrimonio es de ¢ 2.559 millones de millones; los cuales, convertidos a dólares USA de hoy, es un monto cercano a la suma de $ 4.922 millones. Diríamos que eso es lo que vale el INS. Eso le permite por sí mismo, una profunda solidez financiera y garantía a todos los asegurados.
Pero, además, no olvidemos que el INS es la UNICA ASEGURADORA con GARANTIA DEL ESTADO COSTARRICENSE, según la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Art. 52 (reforma de la ley No. 12, de 1924, que creó el INS). Y esa garantía no la tienen las privadas. Por eso, instamos a todos los y a todas las costarricenses y empresas, a contratar sus seguros con el INS. No corran riesgo con empresas aseguradoras privadas, sobre todo, con aquellas de origen extraño.
El INS es, por mucho, la primera aseguradora del país y del área centroamericana, con más del 67 % del mercado nacional de seguros. Acotamos que desde 2008 a la fecha, el INS ha perdido un 2 % anual del mercado, sobre todo en la línea de seguros personales. No obstante que el primaje ha aumentado nominalmente. Aprovechamos para hacer un vehemente llamado a las autoridades superiores del INS para evitar que esto siga sucediendo y revertir este proceso. El INS debería estar en un 80 % de dominio del mercado o más.
Por otro lado -según la misma fuente de información supracitada-, el primaje (dinero o primas que pagan todos los asegurados) al cierre de 2023 fue de ¢ 697 mil millones; suma equivalente a $ 1340,3 millones (TC = ¢ 520 x 1 USA$); generando una utilidad neta de ¢ 30.000 millones, monto equivalente a $ 90,3 millones (luego de todos los pagos obligatorios como impuestos, cargas sociales, múltiples trasferencias por leyes especiales, aportes directos a Hacienda).
No obstante, el promedio 2021-2023 de utilidad neta, fue cercano a los ¢ 67 mil millones. Para 2024 se espera lograr una ganancia neta de ¢ 50.000 millones. Entendemos que la caída del dólar ha afectado estos resultados. En definitiva, el INS es un muy buen negocio público que, sin duda, muchas empresas privadas lo quieren, han intentado apropiárselo y lo intentarán muchas veces más.
Sólo queda decir: ¡qué razón y qué visión la de don Tomas Soley Güell! ¡Cuánto le debe Costa Rica a este ciudadano!, primero futbolista de FC Barcelona, allá por 1900, como se indica en sus biografías y luego Ministro de Hacienda, en 1924, y gestor de la entidad aseguradora pública más longeva del mundo, el INS, hasta donde conocemos. Bien merecido sería honrar su memoria con declararlo Benemérito de la Patria y Gestor de Bienestar Social.
Por último, desde ANEP no podemos omitir nuestro apoyo irrestricto al proyecto de ley presentado en agosto pasado, promovido por el ciudadano Juan Ignacio Mata Centeno, ante el Dpto. de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, a fin de que el INS sea declarado Institución Benemérita de la Patria. Hablamos del expediente No. 3787 de dicho departamento. Invitamos a todas las organizaciones afines al INS a pronunciarse en apoyo a esta ley.
A las autoridades actuales del INS, encabezadas por su presidenta, la Licda. Gabriela Chacón Fernández, las conminamos a dirigir esta institución por el camino de alta producción, eficiencia, eficacia y excelencia de servicios, generando bienestar social y económico en todos los frentes posibles: un buen recaudo de primas; pago expedito de indemnizaciones por pólizas contratadas; mejora en todos los servicios de RT, SOA y seguros comerciales; más inversiones en infraestructura hospitalaria y red de salud.
Continuar con el apoyo a los servicios de la CCSS, apoyo directo a muchos proyectos de bien social; alianzas con otras entidades públicas (ICE, CNFL, A y A, otras) que permitan potenciar la comercialización de seguros con cargo a los recibos de servicios; generar productos colectivos de vida con componente de ahorro como alternativa al fracasado modelo de pensiones complementarias; constante mejora en productos de seguros y nuevas herramientas tecnológicas de comercialización para los agentes de seguros; entre otras buenas intenciones de parte de ANEP. En ANEP estamos dispuestos a dialogar para mejorar el desempeño del INS, porque apoyamos, creemos y defendemos el papel del INS en nuestra sociedad.
¡Larga y productiva vida al INS en su centenario! Que nuestros bisnietos lo disfruten en 2124.
ANEP en el Prgrama Horizontes: 𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚𝐬
ANEP se reunió con sub Director del CEN-CINAI
La ANEP continúa su lucha incansable para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal de CEN-CINAI, por lo que se reunió con el sub director Nacional de CEN-CINAI, Douglas Vargas y el director de la Dirección Jurídica, para tratar diversos temas, como el mejoramiento salarial, condiciones del personal y el atraso en el pago de salarios por parte de empresa subcontratada.
Fijación salario mínimo 2025: poca esperanza en posición gubernamental
Este lunes 21 de octubre el Gobierno expondrá ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), su propuesta de reajuste por costo de vida al salario mínimo aplicable a la clase trabajadora del sector privado a partir de enero 2025.
Poca esperanza hay de que sea una postura pro-obrera para favorecer las posiciones sindicales expuestas el pasado miércoles: a) Que se vuelva a la fijación semestral y no anual como está sucediendo hoy; b) que se empiece a negociar una nueva base de cálculo del salario mínimo empleando la metodología Anker que goza de reconocimiento internacional; c) que apoye la propuesta sindical de corte numérico del 4.37 %.
Por el contrario, es probable que avale la propuesta patronal-empresarial del 2.37, con lo cual la decisión del CNS quedaría 2 a 1.
Un acuerdo tripartito, intermedio, de cifra intermedia, entre el 2.37 y el 4.37, seguirá siendo muy desfavorable para las personas trabajadoras
si no contempla lo de la fijación semestral y lo de la metodología Anker.
San José, domingo 20 de octubre de 2024.
Firmas responsables:
SITRAP-Didier Leitón Valverde, Secretario General
ANEP-Albino Vargas Barrantes, Secretario General
ANEP y SITRAP solicitarán una nueva metodología de cálculo para salario mínimo del sector privado
Esta tarde, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), plantearán al Consejo Nacional de Salarios (CNS) una nueva metodología de cálculo para el salario mínimo del Sector Privado.
Para la ANEP y SITRAP es necesario que se discuta e implemente un nuevo cálculo salarial que cumpla con estándares mundiales y que cumpla con el precepto constitucional del Artículo 57 de nuestra Carta Magna: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. En este sentido, consideramos que debe Costa Rica emplear la metodología Anker, desarrollada por Richard Anker y Martha Anker, la cual ha sido ampliamente aprobada y aceptada a nivel mundial.
ANEP y SITRAP, también solicitarán al Consejo Nacional de Salarios regresar a la fijación semestral y no anual.
«El cálculo del salario mínimo, tal y como se ha desarrollado históricamente, se encuentra obsoleto si seguimos tendencias de crecimiento social que responden a términos macroeconómicos que no pueden establecer elementos de movilidad social ni de calidad de vida», manifestaron las organizaciones sindicales.
El Instituto de Investigación Anker es una organización sin ánimo de lucro fundada por Richard Anker y Martha Anker en 2020 con el apoyo de la Coalición Mundial por un Salario Digno. El Instituto produce referencias de salario e ingresos dignos en todo el mundo, así como más de 100 valores de referencia Anker y estimaciones subnacionales de salario e ingresos dignos en un número creciente de países. Asimismo, el ARI elabora estudios de alta calidad relacionados con el salario digno y la renta digna sobre género, migración, salarios vigentes, entre otros.
«Como hemos indicado en al menos los últimos tres períodos y consecuentes fijaciones salariales mínimas, la manera en la que se fija actualmente el salario mínimo, persigue la inflación y utiliza información general del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), siendo indicadores macroeconómicos que reflejan la situación de la economía a nivel país, pero que nada dicen sobre el consumo real y la calidad de vida de los hogares con los ingresos mínimos; teniendo como resultado un cálculo de salario mínimo que termina únicamente persiguiendo la inflación y ajustándose a las variantes macroeconómicas, perpetuando estados de vulnerabilidad y condenando a la población al endeudamiento de usura, así como al estancamiento en los quintiles más bajos del ingreso» indicaron desde la ANEP Y SITRAP.
Compartimos propuesta, así como declaraciones de Albinos Vargas Barrantes, Secretario General ANEP y Didier Leitón Valverde, Secretario General de SITRAP.
Representante de la ANEP participará en el Congreso Mundial de Orquestas Sinfónicas
El propósito de esta conferencia especializada es brindar a los músicos de orquestas sinfónicas o líricas, así como a los de formaciones orquestales de menores dimensiones, la oportunidad de compartir sus experiencias, inquietudes e iniciativas sobre temas como la mejora de las condiciones laborales, la consolidación del empleo, la prevención de riesgos de salud y seguridad, la ampliación de los públicos o la perdurabilidad de la financiación pública o privada.
Narcotráfico y la administración Chaves Robles: 10 puntos a considerar sobre esta aterradora hipótesis
Nunca en la historia de nuestro país surgieron tantos cuestionamientos sobre la posibilidad de una colaboración entre estructuras dedicadas al crimen organizado con el Gobierno de la República. Como es natural, la exposición de tan grave teoría enerva los ánimos de los máximos representantes de la Administración Pública, especialmente, a quienes se encuentran directamente relacionados con la Seguridad Pública. Sin embargo, alcanza un rápido recorrido informativo sobre las decisiones y omisiones de la Administración Chaves Robles, en lo relativo a Seguridad Ciudadana, para comprender la raíz de este horroroso señalamiento.
Las palabras agresivas, el sarcasmo, la ironía y la desacreditación del mensajero, y nunca del mensaje de fondo, son las típicas conductas del mandatario -apegadas al estilo de corte populista, cuando se encuentra carente de bases técnicas y verdades, que le imposibilitan constituir un debate de altura. Identificar esta sencilla estrategia, aunque eficaz antes los ojos de las masas desinformadas, es suficiente para detectar en qué situaciones específicas se están realizando mal las cosas en esta Administración. Y, desafortunadamente, es justo ese el accionar que se ha visto en el presidente y miembros de su gabinete, cuando se le cuestionan aspectos relacionados a la Seguridad Ciudadana y especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
Sin perder la humildad, pero con categoría, debemos recordar que la organización sindical, ANEP, y nuestras bases, están llenas de personas profesionales en criminología, derecho, sociología, ciencias policiales, con una considerable cantidad de personas pertenecientes a las seccionales de Cuerpos Policiales, y personas externas con experiencia en puestos políticos con quienes hemos interactuado, nos permiten tener una opinión técnica e informada.
De esta manera, consideramos que la reacción de Mario Zamora Cordero, Manuel Jiménez Steller, o el propio Rodrigo Chaves Robles, de enfado por ser señalados como ineficientes en la lucha contra la narco-actividad, o incluso, por posibles nexos con estructuras criminales, es un completo descaro. Es su absoluto deber como funcionarios públicos rendir cuentas y DEMOSTRAR que las decisiones y actuaciones son las mejores.
Desgraciadamente, para el país, sus actuaciones son cada vez más cuestionables, y la férrea resistencia de la fracción oficialista (en complicidad con la de la Unidad Social Cristiana), el día de ayer 09 de octubre, echando mano de estratagemas dilatorias obvias para impedir que se votara la moción que conforma una comisión investigadora sobre los supuestos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo arroja más sospechas sobre el asunto. ¿Por qué evitar una investigación a menos que haya elementos incriminadores?
Ahora bien, es más que necesario recordar rápidamente el contexto nacional con respecto al tema del narcotráfico. Costa Rica no es un simple punto en la ruta de paso de la droga que viene del cono sur del continente y va hacia norte américa, tampoco somos solo un centro de bodegaje; nuestro bello país, desafortunadamente, es una zona que funge como una base de operaciones de los carteles narcos. En Costa Rica se recibe la droga, se abastecen de hidrocarburos, se celebran reuniones de coordinación, se ejecutan objetivos, se envía la droga directamente a distintos destinos del orbe y, lo más importante, lo que da vida al ilícito, se legitiman capitales. Por ello, nos encontramos en el “top 3” de países que más exportan cocaína, (sin ser productores). Es tal la cantidad de droga que circula en el país, que sus precios han bajado significativamente, un kilo de cocaína de costar aproximadamente 3.5 millones de colones, ahora ronda los 2.3 millones.
Con esta triste realidad, es más que lógico que el gobierno de turno, si es que busca mitigar los impactos de este flagelo, por el bien de la población, debe trabajar con prontitud en la toma de las mejores decisiones. Entre estas acciones básicas se encuentra: establecer una política nacional de seguridad enfocada en la prevención, articulación con los otros poderes de la república para atacar el problema de manera integral, elegir a las personas más idóneas en las jerarquías de los Cuerpos Policiales, tomar las acciones encaminadas a fortalecer las policías, adoptar estrategias operativas que permitan dotar de mayor eficacia a unidades especializadas, blindar las fronteras…entre muchas otras.
Es lo más lógico ¿No es así? Pero una breve comparación con las decisiones del gobierno de Chaves Robles, con Mario Zamora y Jiménez Steller al mando del Ministerio de Seguridad Pública (por solo mencionar una institución), no concuerdan en lo absoluto con las conductas esperadas. Visualicémoslo con 10 rápidos puntos:
1)Falta de políticas preventivas: La Política Costa Rica Segura Plus, es una propuesta que no ha pasado de ser un documento más, según ha admitido de manera escrita el propio Mario Zamora Cordero (tenemos la respuesta). Los alcances se han limitado a algunas reuniones de coordinación; es decir, pese a la emergencia, Costa Rica sigue sin tener una política de Seguridad y prevención real, mientras seguimos caminando la misma ruta de otros países que se han convertido en un narco-estado.
2)Pelearse con los Poderes de la República: Así es, lejos de ver una articulación entre poderes, desde Casa Presidencial atestiguamos como un día sí, y el otro también, se crea una mayor separación y desorganización contra la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. ¿Han visto la pugna contra el OIJ? ¿Cuál es la razón si se persigue el mismo fin? ¿O no es así? Un Estado dividido en la lucha contra el hampa y el crimen organizado, es un factor beneficioso para la delincuencia.
3)Jerarquías cuestionadas: Afirmar o negar que quienes se encuentran al frente de los Cuerpos Policiales son las personas más idóneas, puede ser muy subjetivo, no obstante, las estadísticas, los cuestionamientos, y hasta las causas penales que se persiguen contra algunas personas, les restan mucha credibilidad. Mientras las y los policías de base se enfrentan a estudios sociales y de antecedentes para ingresar, tenemos a un viceministro de Seguridad Pública, por ejemplo, que posee una causa en la fiscalía por supuestas comunicaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas.
4)Problemas con la adquisición de equipo policial: Son casi diarias las noticias de chalecos antibalas vencidos, uniformes rotos, falta de equipo policial y delegaciones “cuchitriles”. Existen problemas administrativos para la compra de estos equipos, y, nuevamente, desde el propio despacho del Ministerio de Seguridad, se afirmó que no hay ningún problema, pese a que, se reitera, sobran las fotos que le desmienten.
5)Debilitamiento en la movilidad de Cuerpos Policiales: El año 2025 será el tercer año consecutivo sin comprar NI UNA SOLA PATRULLA en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, en este momento, el Servicio de Vigilancia Aérea solo tiene 1 AVIÓN activo. Una vez más, este debilitamiento de las policías solo beneficia a la criminalidad y las estructuras delictivas.
6)Debilitamiento en la cantidad de policías: En el Servicio de Vigilancia Aérea, se ordenó distraer recurso humano de los aeropuertos (la mayor frontera del país) para ir a hacer funciones iguales a la seguridad privada en APM Terminals. Es obvio que esto debilita la atención a la seguridad portuaria, por donde ingresan o salen, de manera legal las personas que mueven dinero, especies y hasta personas, relacionadas al crimen organizado. Concatenado a esto, para el año 2025, según dijo el propio Ministro de Seguridad, la Fuerza Pública no contratará con más personal.
7)Debilitamiento de las labores investigativas de droga: Es necesario recordar que el viceministro de seguridad, quien, reiteramos, se encuentra cuestionado, tiene bajo mando los Cuerpos Policiales especializados en el resguardo de cielo (Vigilancia Aérea), mar (Guardacostas) y la lucha contra las Drogas (PCD); además, forma parte del Consejo Directivo del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Con tal responsabilidad y posición estratégica, utilizó su poder para SACAR a la Policía de Control de Drogas, de muelles aeropuertos y fronteras (los lugares donde se obtiene la información para las investigaciones contra el narco a nivel internacional).
8)Debilitamiento de la capacitación policial en Guardacostas: De nuevo, de la mano de un viceministro cuestionado y carente de experiencia policial, se dio un traslado de la academia de Guardacostas a un lugar donde no tienen acceso al mar, por lo que no es posible llevar a cabo las capacitaciones. Un Cuerpo Policial que se enfrenta directamente contra el narcotráfico, que ve debilitada la formación operativa, es un retroceso a favor de los ilícitos.
9)Omisión de estrategias migratorias, en aspectos de seguridad: A través de figuras migratorias como la solicitud de refugio (debido al bochornoso retraso existente y los años que tardan en resolverse), integrantes de bandas narcos (y otras modalidades de crimen organizado), se mantienen en Costa Rica de manera legal, haciendo uso de esta figura. Se preguntó al ministro de seguridad sobre las políticas para combatir este y otras problemáticas migratorias que inciden en la seguridad ciudadana. La respuesta resumida es que no existe ninguna.
10) Costa Rica y la legitimación de capitales: Varios de los incesantes ataques del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, radican en la supuesta falta de aprobación de leyes. No obstante, no existe ni un solo proyecto de ley de parte del Ejecutivo que persiga el dinero producto de la venta de drogas y su incorporación a la economía formal. Un verdadero golpe al narco se da a través de la incautación de dinero, inmovilización de cuentas, activos e investigaciones especializadas.
Los anteriores puntos, entre muchas otras razones, conforman los cimientos del porqué nos parece un descaro que el gobierno se enfade cuando le cuestionan de tener vínculos con el crimen organizado. Puesto que, cada vez observamos más situaciones que incrementan los cuestionamientos y se continúa en esa línea. Desde ANEP pensamos que una de dos, o el tema de seguridad está siendo manejado con total ignorancia, inexperiencia e ineficacia, o se están protegiendo intereses que no son los de la gente honesta…
San José, 10 de octubre de 2024.
