Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Está muy arraigado en los círculos obrero-sociales y asalariados del país, tanto a nivel del sector Privado como del sector Público, que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en manos de la señora Rocío Aguilar Montoya, ha perdido toda credibilidad y confianza. 

Es más, hasta en importantes círculos político-partidistas ella ya perdió autoridad, al punto que ya, abiertamente, se pide su salida de tan importante cargo público, muy bien remunerado, por cierto.

Bien se sabe que en estas cuestiones del mundo de las “grandes” finanzas, la credibilidad y la confianza resultan vitales y en todo este asunto de las pérdidas que están dándose en el Régimen Obligatorio de Pensiones, las nebulosas, las dudas, el enojo y la indignación es lo que está imponiéndose en algo tan sensible como lo del ROP.

Dos importantes organizaciones sindicales le han enviado una nota a doña Rocío exponiéndole importantes interrogantes, mismas que, seguros estamos, son preguntas generalizadas en el conmocionado ambiente de la problemática actual del ROP. Se le pide a ella lo siguiente:

1. El nombre y dirección de todas las operadoras de pensiones inscritas en la SUPEN, autorizadas para administrar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones.

2. Si la SUPEN autorizó invertir más del 25% del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones fuera del país y el nombre de cada operadora que recibió dicha autorización.

3. Fecha de la autorización, en cada caso, para invertir más del 25% en el extranjero e indicar lo siguiente: A) Naturaleza de los títulos en que se autorizó la inversión. B) Las entidades públicas o privadas en el extranjero que recibieron las inversiones de las operadoras de pensiones de Costa Rica. C) Porcentaje de inversión en cada una de esas entidades, en caso que el porcentaje autorizado se haya dividido en varias de ellas. D) Monto total y tipo de moneda invertido en el extranjero por cada operadora de pensiones. E) Tasas de interés de las inversiones realizadas en el extranjero. F) Los rendimientos o las pérdidas de cada inversión realizada en el extranjero por cada operadora de pensiones en los últimos sesenta meses. 

4. Monto de las inversiones de cada operadora de pensiones realizadas en Costa Rica, por mes.

5. Las tasas de intereses de las inversiones de los Fondos de Pensiones en Costa Rica de los últimos sesenta meses, por cada operadora de pensiones.

6. Los rendimientos declarados mensualmente por cada operadora de pensiones de acuerdo a las tasas de interés indicados en el punto anterior.

7. Monto total de comisiones percibidas y declaradas por las operadoras de pensiones de Costa Rica en los últimos sesenta meses.

8. Comisiones autorizadas por cobrar por las operadoras.

Sin duda alguna, las organizaciones sindicales que emplazan a doña Rocío, ANEP y ASDEICE, recogen un amplio consenso cuestionador del accionar de la SUPEN en materia del ROP. Las respuestas que ella dé pasarán a ser analizadas por un grupo de personas profesionales expertas, generándose así una fuerte masa crítica argumentativa que debe derivar en propuestas de reforma del ROP; propuestas adicionales que ya han venido siendo planteadas, destacándose una que establece una devolución de hasta el 30% del fondo acumulado por cada persona trabajadora; pero eso sí y en este caso creemos nosotros, que no sea para dárselo a las entidades financieras acreedoras de las personas trabajadoras.

De manera adicional, puede ser que las respuestas de doña Rocío al emplazamiento de ANEP y de ASDEICE, fundamente la necesidad de formular más interrogantes. Algo contundente es posible concluir en todo este asunto del ROP: la gente trabajadora quiere total transparencia en su manejo. La gente trabajadora percibe que tal transparencia, hasta la fecha, no ha existido.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, ha indicado que el pago de intereses de la deuda pública es “insostenible”. Desde el punto de vista de nuestra perspectiva de la realidad nacional, eso quiere decir que el país no puede seguir soportando esa carga financiera.

Según los datos por él aportados, durante los primeros nueve meses del presente año 2022 (enero a setiembre), el pago de intereses de la deuda pública consumió recursos públicos por el orden de 1 billón 753 mil 627 millones de colones. Si lo ponemos en números se ve así: ¢1.753.627.000.000.

Si tomamos esa gigantesca cantidad de plata y la dividimos entre 9 (los primeros nueve meses de este año 2022), tenemos que cada mes se ha estado pagando, la también impactante cifra de 194 mil 847 millones 444 mil 444 colones cada 30 días. 

En cifra así: 194.847.444.444. Hagámoslo simple: ¡195 mil millones de colones mensuales en intereses de la deuda pública! 

Y, al promediarlo por pago diario, cada 24 horas, los intereses de la deuda pública consumen 6 mil 500 millones de colones (¢6.500.000.000). Más cruel todavía. Noten ustedes: 270 millones de colones por hora. Digan ustedes si esto, además, no es inmoral. 

¡Claro que esto es insostenible! Pero, vayamos más allá: esta realidad es socialmente criminal, abusiva, extorsionante y expoliadora.

Específicamente, esta realidad es socialmente criminal porque son dineros que con urgencia se necesitan para atacar el retroceso que experimenta el país en integración social y en atajar el crecimiento de la desigualdad que se ha vuelto sistémica. 

Nosotros, que llevamos ya demasiado tiempo denunciando esta barbaridad y que no nos cansaremos de hacerlo, no salimos de nuestro asombro y estupefacción al contemplar la gélida reacción de la clase política tradicional (y la recién llegada al “club”), ante esta realidad socialmente criminal del pago diario, abusivo, obsceno y escandaloso, de los intereses de la deuda pública. 

Impresiona, por ejemplo, el silencio sepulcral en la actual Asamblea Legislativa, considerando que la misma muestra figuras políticas, de uno y otro signo que, precisamente, lograron escaños parlamentarios montándose en fuerte crítica a la clase política tradicional, esa que es la responsable directa de esta debacle socioeconómica y financiero fiscal en desarrollo, que es el pago diario de intereses de la deuda pública.

Aunque sea en “solitario”, reiteramos que mantener el dedo en el renglón del tema de la escandalosa deuda pública y del no menos escandaloso pago diario de intereses, es una posición correcta desde el ángulo de visión que da el sindicalismo sociopolítico en el cual militamos.

Es más que imperioso un proceso político de auditoraje de esa deuda pública que nos permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a: su gestación, en determinar sus responsables político-gobiernistas de las últimas Administraciones, en la identificación de sus agentes financiero-bursátiles y sus conexiones con la clase política tradicional; y, además, su vinculación con la caótica situación de un sistema tributario que golpea a los sectores medios y bajos de la sociedad y facilita el reino de la impunidad en las alturas de los núcleos acumuladores de riquezas. ¡No nos cansaremos!