El pasado 12 de octubre la ANEP pidió a la Defensoría de los Habitantes intervenir ante la circular emitida por el Ministerio de Educación Pública a altas horas de la noche.
Autor: ANEP
Diputados recortan partida de pago de intereses de la deuda
•ANEP aplaude y celebra recorte de ₡31 mil millones para atender necesidades sociales y comunales.
•Un recorte de ₡31 mil millones es ínfimo: equivale, apenas, a 5 días de pago de esos intereses obscenos.
ANEP aplaude la decisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de recortar ₡31 mil millones de la más que escandalosa cantidad de multi-millones que contempla el proyecto de presupuesto «de la República» para 2023 para el pago de intereses de la deuda pública, que consumirá el 47 % del mismo.
Atinada decisión legislativa que financia el desarrollo comunal y el municipal, vitales ambos para la Democracia.
Particularmente, los ₡9.802 millones d para las unidades técnicas de las municipalidades, da garantía de estabilidad institucional y sociolaboral que es fundamental en la gestión cotidiana de los gobiernos locales.
Relevante es de destacar que habrá financiamiento para vivienda de interés social, así como para el Museo de los Niños y el Parque La Libertad.
ANEP estima que hay urgencia social de más recortes en la partida de intereses de la deuda pública para atender carencias y precariedades en los servicios de seguridad ciudadana y en los cuerpos policiales, por ejemplo; o, también, en los estratégicos parques nacionales y áreas de conservación.
ANEP percibe este recorte de ₡31 mil millones como una lucecita en ese oscurísimo túnel de la deuda pública y de su obsceno pago diario de intereses.
Éste anda, por lo bajo, en unos ₡6 mil millones cada 24 horas. Los ₡31 mil millones de este, sin precedentes, primer recorte en la partida de pago de intereses, representa unos 5 días de pago de intereses. Algo que es «insignificante».
Finalmente, el reiterado clamor de la ANEP, que lleva ya varios años de formularse, cobra nueva vitalidad política: hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública y, particularmente, de su más que escandaloso pago diario de intereses.
Aprueba reajuste salarial por costo de vida del 5% para trabajadores municipales de Vázquez de Coronado
Salario mínimo: bienestar y existencia digna
En estos días se escenifica el ritual sistémico-institucional para determinar la cuantía del aumento en el salario mínimo que, a partir del 1 de enero de 2023 y durante todo este año, debe devengar la clase trabajadora del sector privado de la economía, que tiene empleo fijo y formal.
Ese ritual se da en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El CNS se compone de tres sectores: gubernamental, patronal y sindical.
Cuatro características principales “marcan la cancha” en esta fijación salarial. 1) Costa Rica ya es una sociedad totalmente desigual. 2) La orientación ideológica y política de la acción gubernamental es de involución de conquistas sociales logradas décadas atrás. 3) Está en desarrollo una profunda crisis fiscal que amenaza la quiebra del Estado central. 4) No existe articulación sindical con sentido estratégico por diversos factores que ocupan otro momento para plantearlo.
Vistas, así las cosas, pese a tanta adversidad, conviene resaltar el contenido fundamental del Artículo 57 de la Constitución Política que entró en vigencia desde el 7 de noviembre de 1949: “Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.
Ni bienestar ni existencia digna está garantizando, hoy día, el monto del salario mínimo vigente en el sector privado de la economía; monto sobre el cual ocurrirá la fijación que por costo de vida establecerá en estos días el CNS-MTSS.
Dado el alto costo de la vida de estos meses, considerando las cuatro características arriba apuntadas; y, la “costumbre” de que en el seno del CNS es usual la alianza Gobierno-empresarios, nada positivo-halagador, y mucho menos justa, será la cifra del incremento por costo de vida en el salario mínimo de aplicación en el sector privado, a partir del 1 de enero de 2023.
En lo inmediato y en tal sentido, la corriente sindical en la cual militamos, se plantea dos objetivos de lucha.
Por un lado, el CNS debe volver al sistema de dos fijaciones al año, en este asunto del salario mínimo y el costo de vida. Así se estuvo haciendo por mucho tiempo hasta que en la funesta administración 2018-2022, la de Carlos Alvarado Quesada, se impuso una sola fijación anual
Por otro y con sentido estratégico, ocupamos un nuevo salario mínimo cuyo nuevo monto sí garantice bienestar y existencia digna, como lo dice la Constitución, porque ya no lo hace. Para llegar a ello será imprescindible contar con el aporte académico-profesional de la universidad pública. En eso estamos.
ANEP pide al presidente Chaves investigar procesos licitatorios en el MSP
–Sindicato critica que compras directas y licitaciones favorecen siempre a las mismas empresas, a pesar de los cuestionamientos.
Ante la separación del cargo del viceministro de Seguridad Pública, Randall Vega, la ANEP solicita al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, revisar con “lupa” las compras directas y los procesos licitatorios dentro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Para la ANEP, no es de sorpresa la separación del cargo de un jerarca por la compras o licitaciones y por ello, solicita al mandatario que el tema no se extinga con la salida del viceministro.
“Lo que sí podemos proclamar con propiedad es que el tópico de las compras en el Ministerio de Seguridad Pública ha sido objeto de reiterados cuestionamientos, desde hace un par de administraciones atrás.”, indica la carta.
No son nuevos los cuestionamientos en cuanto a la confección de carteles en las licitaciones del MSP, claro ejemplo es que las empresas adjudicadas, especialmente para la adquisición de patrullas, siempre son las mismas.
En el año 2016, Gustavo Mata Vega, ex ministro de Seguridad Pública tuvo que comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ante la compra de implementos como jackets, uniformes, calzado y automóviles los cuales no se eran acorde con las necesidades de la función policial.
Jonathan Flores, asesor sindical de la ANEP manifestó que también solicitaron investigar el mantenimiento aeronáutico en el Servicio de Vigilancia Aérea ya que podríamos estar frente a un monopolio con la empresa a la que se le adjudican las reparaciones de las aeronaves.
Nuestra organización sindical aboga por el uso correcto del dinero público en una institución medular para el país, como lo es el MSP, por ello es necesario que se realice una investigación a todo el equipo encargo de las compras del ministerio.
Amparada en el Código Penal, ANEP solicita al Ministro de Hacienda denunciar y dar a conocer a los grandes evasores
Por medio de una carta enviada al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le solicita denunciar y dar a conocer públicamente los nombres de los grandes evasores fiscales. Lo anterior de conformidad con lo que reseña el artículo 281 del Código Procesal Penal.
Esta solicitud de la ANEP, nace luego de las recientes manifestaciones del propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado 3 de octubre al periódico La Republica, donde indica que “existe una evasión fiscal de 3.600 millones de dólares”, lo que obliga, al jerarca de Hacienda, a denunciar con nombres, apellidos, claridad y precisión, quienes son esos intocables, grandes evasores.
El artículo 281 del Código Procesal Penal, en el cual se ampara nuestra organización, para tal solicitud indica que, “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Para la ANEP, el pueblo de Costa Rica como depositario de la soberanía de la nación, tiene el derecho de conocer y saber quiénes son esas empresas generadoras de la debacle fiscal en que encuentra sumido este país, cuyas nefastas consecuencias las sufre la clase más necesitada.
Compartimos y carta enviada al despacho del Ministro de Hacienda.
Recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable, irracional
Fuerte respaldo político-sindical brindamos a esos señores diputados y a esas señoras diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.
Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.
Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).
De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.
Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.
Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:
- La evasión tributaria y la elusión fiscal, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
- El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
- La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
- Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.
Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.
Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.
ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.
A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.
Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.
Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).
De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.
Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.
Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:
• La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
• El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
• La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
• Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.
Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.
Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.
San José, lunes 10 de octubre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
Pensionadas del ROP denuncia pérdidas de hasta 6 millones de colones de su capital
BCR: ¡Su capital es de 11.500 millones de dólares!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
¡Qué va! Algo podrido hay en todo esto. Dos estimables personas muy estudiosas y vinculadas al mundo académico-universitario costarricense acaban de publicar un impactante artículo titulado La oscura venta del Banco de Costa Rica, brindándonos datos sólidos y de fuentes confiables acerca de lo que sería un pésimo negocio para el país: la venta del Banco de Costa Rica (BCR), que impulsa el actual Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles.
Don Jaime Ordóñez Chacón (abogado) y doña Montserrat Botey Sobrado (economista), nos han dejado boquiabiertos con el siguiente dato: “…el Banco tiene un capital de 7.627.000 millones de colones que son casi 11,500 millones de dólares al tipo de cambio del Banco Central”.
Estamos hablando, repetimos, de que el capital del BCR es de 7 billones 627 mil millones de colones: 7.627.000.000.000. Y que, en dólares estadounidenses, esa gigantesca cantidad es 11.500.000.000 (once mil quinientos millones de dólares).
Don Jaime y doña Monserrat nos indican en su artículo que tales datos son de la propia contabilidad del BCR, la cual está avalada por la propia Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el año pasado 2021.
¡Por Dios! ¿Quiénes creen que somos los y las costarricenses? Si los activos del BCR andan por los 11 mil 500 millones de dólares y lo pretenden vender en 1.750 millones de dólares, es evidentísimo que hay mucha oscuridad en todo esto. Mucha oscuridad para emplear un vocablo decente. Pésimo negocio para el país… negocio redondo para su eventual comprador y oportunistas asociados.
¡Cómo no va a ser un negocio redondo si por la bicoca de 1.750 millones de dólares, el comprador se dejaría el conglomerado de entidades asociadas al BCR, como su casa matriz, tales como BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y BCR Corredora de Seguros! Si esto no es una ganga, ¿qué es? Y, además, la feria: El BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
¡Y cómo no va a ser una ganga si lo pretenden vender por menos del 20% del valor actual de sus activos!
Don Jaime y doña Monserrat no se andan con pelos en la lengua. Nos dicen, sin tapujos, lo siguiente: “Vender todo esto por 1.750 millones es regalarlo a destajo. Literalmente, un robo contra el Estado de Costa Rica”. ¡Pues sí! Nosotros le ponemos la firma.
Además, nos dicen los mencionados autores del artículo La oscura venta del Banco de Costa Rica que este es un banco totalmente exitoso, con una efectividad bancaria de casi el 97% pues su morosidad es apenas de un 3.1%.
Para fortuna nacional, aparte de las entidades que ya han puesto los puntos sobre las íes en manifestar oposición contundente a que se materialice este pésimo negocio para el país (hablo de las organizaciones sindicales ANEP, Asdeice, Unebanco y Upins); poco a poco va aumentando el conglomerado cívico-político opositor a la venta del BCR.
La resistencia a la venta de activos, como el BCR, va creciendo en la misma medida en que se va desenmascarando la naturaleza perversa y egoísta, aparte de lo ideológico, de los intereses ocultos que están detrás de esa conjura contra los fundamentales valores de la nacionalidad costarricense.
