Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

El primero de enero, se pagaron unos 5 mil 500 millones de colones por concepto de intereses, intereses vulgarmente obscenos y socialmente criminales, de la deuda pública del Gobierno Central. Una suma igual el 2 de enero. Otra parecida el día 3 y así hasta hoy mismo, miércoles 11 de enero de 2023.

En estos primeros once días del año, de las debilitadas arcas públicas se sacaron unos 60 mil millones de colones destinados a las entidades/personas acreedoras de la deuda pública, la cual se acerca a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000.000).

¡Este si es el gran problema de la Democracia! Pero, a los bandos en pugna por el problema trolero parece que les importa un bledo. Y, al finalizar el mes de enero, serán 170 mil millones de colones que pudieron haberse empleado a atender grandes necesidades sociales y económicas que están viviendo miles y miles de hogares costarricenses afectados por la creciente desigualdad, por el congelamiento y por el alto endeudamiento salarial, por la evaporación de los fondos de pensiones y por un altísimo costo de la vida que no se había visto en más de una década.

Nos corresponde mantener la denuncia constante en tal sentido. Nos hemos autoimpuesto levantar esta bandera sin ánimo mesiánico alguno, sino ante la verificación diaria del drama social obrero-laboral en los segmentos de población trabajadora asalariada, en los cuales la frase “la plata no alcanza” no está reflejando la magnitud del impacto socioeconómico del problema de la deuda pública y de su socialmente criminal pago de intereses en, por ejemplo, los miles de hogares del empleo público del Gobierno Central, los cuales entran, en este 2023, al cuarto año consecutivo de congelamiento salarial total.

¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se instale una comisión investigadora del problema de la deuda pública y de esa monstruosa cantidad de pago diario de intereses, de modo tal que el pueblo costarricense sepa, por ejemplo, cómo es que llegamos hasta aquí, a esta calamitosa realidad de afectación severa a miles y miles de compatriotas, dentro y fuera del sector Público?

¿Por qué no convocar, al menos, al propio Ministro de Hacienda y que explique por qué el partido político ahora en el Gobierno y del cual él es parte, le mintió al electorado cuando se prometió que se le iba a entrar fuerte al tema del pago de intereses de la deuda pública? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabemos: una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en Gobierno y el pueblo costarricense viene siendo engañado una y otra vez.

Este monstruoso pago diario de intereses es la causa principal del grave deterioro presupuestario que afecta a gran cantidad de servicios públicos del Gobierno Central, destinados a atender necesidades económico-sociales de la población costarricense que sufre de mucha pobreza y otra, también grande, que va quedando más vulnerable ante la misma dado el avance de la desigualdad.

Tan solo dos dramáticos ejemplos: ¿en qué estado se encuentra la Educación Pública y en qué estado se encuentran los servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de los diversos cuerpos policiales? En la Asamblea Legislativa parece que olvidaron que ambos servicios públicos son estratégicos para la estabilidad del mismo sistema democrático, por una parte; y, por otra, que los respectivos grupos laborales que los prestan entraron ya al cuarto año de congelamiento salarial. ¿Se imaginan ustedes a ambos servicios públicos con una inyección presupuestaria de emergencia ¡por solo un mes!?, ¿Por el orden de los 170 mil millones de colones, en vez del pago de los intereses del presente mes de enero? ¡Que vamos mal, vamos mal! 

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-presidente de la Sala Constitucional, el señor Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestro pensamiento, precisamente porque desde nuestra esfera sindical, tenemos ya bastante tiempo indicando que en nuestra querida Patria habrá un estallido social.

Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, la cual marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Este es el diagnóstico del indicado juez constitucional, lo que lo hace tener un gran impacto por la naturaleza del cargo que él ostenta.

De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional o Sala Cuarta indica que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este señor juez, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.

Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas.

Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país.

Don Fernando debería decirnos desde cuándo se percató de eso. ¿Desde que asumió la presidencia de la Sala IV o desde antes cuando ingresó como juez a ese altísimo tribunal?

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”, es una frase suya que puede sonar a cinismo político de su parte, pues no creemos que el tribunal que usted preside pueda lavarse las manos ante el retroceso de nuestro Estado Social de Derecho. Dijo usted, por ejemplo, en el 2018, con ocasión de la imposición al pueblo trabajador del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, que la Constitución debe pasar a segundo plano ante el problema fiscal del país. ¿Se arrepiente de haberse doblegado al dogma neoliberal en esa ocasión?

O, por otro lado, esa frase la podemos interpretar como un mea culpa suyo,ante la magnitud de las violaciones de Derechos Humanos económicos, sociales y hasta culturales que están ocurriendo en el país en estos momentos, producto de ese enfermizo dogma que impuso la consigna política de primero la deuda y después la gente; o, socialmente traducido así:  atendamos primero el leonino pago de intereses y después las necesidades de techo y alimentación de población infantil y joven en riesgo social.

Usted dijo, además, que quienes ejercen el poder no solamente deben hacerlo en armonía con la Constitución sino con el respeto a los derechos humanos. ¡Exacto! Pero nosotros pensamos en que hoy día hay que entrarle duro a ello con el Derecho Internacional blandiéndolo como espada de la verdadera justicia. Pensamos que es muy difícil torcer el brazo a los jueces internacionales.

Y decidimos que una gran posibilidad de evitar que estalle la bomba social de la que usted nos habla, es que se les respete plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a tantas personas trabajadoras costarricenses, ya violentadas o por serlo, en cuanto a su pleno disfrute. Por esta senda de lucha social estamos transitando ya.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos parece que este acontecimiento debe ser ampliamente destacado y desde esta columna, ponemos nuestro granito de arena al respecto.

La unidad total o de, al menos, la abrumadora mayoría de las agrupaciones del sector agropecuario nacional no se había manifestado antes como lo es en esta ocasión, al presentarse juntas en contra del tratado comercial denominado Alianza del Pacífico; una propuesta neoliberal de los sectores hegemónicamente dominantes de la política costarricense de los últimos gobiernos, incluido el actual.

¡Así es! Aunque se cambie a la persona ocupante de la Presidencia de la República, nada será diferente en cuanto a las líneas maestras ideológicamente conceptuadas para imponer, como pretenden, al final del camino y de manera total, la visión de mundo conocida globalización neoliberal, inspirada ésta en la preponderancia absoluta del “dios mercado”, aun y cuando éste ha estado mostrando, cruel y criminalmente, su incapacidad absoluta para lograr plena inclusión social y económica; y, mucho menos, descartar la desigualdad de las relaciones humanas.

El Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Independientes (Upanacional), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Corporación Hortícola Nacional, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG); juntaron esfuerzos y han lanzado al país un relevante e histórico pronunciamiento conjunto, bajo el título de La situación de abandono de nuestras zonas rurales y la ausencia de una política de Estado de apoyo al Sector Agropecuario Nacional.

Este documento es de obligada lectura y estudio por parte de quienes, a lo largo de los últimos 30 años (al menos), de una manera u otra y en medio de las más diversas circunstancias, hemos venido enfrentando y desde las más diferentes trincheras de lucha, un día sí y otro también, a los fundamentalistas del todo mercado-nada Estado; para los cuales, la desaparición del agro nacional ha sido uno de sus objetivos de mayor importancia.

Esta gran coalición de las organizaciones del sector agropecuario nacional que, repetimos, no creemos que antes se hubiese dado, es enfática en dejar bien marcada su oposición rotunda a la propuesta de tratado comercial Alianza del Pacífico, explicando con sólida argumentación sus razones.

En un gran esfuerzo de síntesis, y no por ello carente de sustancia el análisis, puntualizan diez grandes aspectos que marcan el abandono sistemático de los últimos años al sector agropecuario nacional; abandono que será más que consumado si en la presente administración gubernativa, logran los sectores hegemónicos dominantes imponerle al país la Alianza del Pacífico.

El documento del que les hablamos es valiosísimo de principio a fin y dentro de los apartados que más atención y reflexión merecen, es el que nos contrasta las aspiraciones de semejante alianza con la realidad actual de sus resultados.

Este aspecto por sí solo, nos dice que la Alianza del Pacífico es un proyecto neoliberal fracasado: “Aspiraban a facilitar el comercio y los trámites aduaneros, pero luego de 10 años no se registran avances relevantes que promuevan una mayor transparencia y un flujo creciente de comercio, lo que se refleja en contracción sostenida de los flujos de comercio entre los países miembros a lo interno del BAP” (Bloque de la Alianza del Pacífico).

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora resulta que es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que le hace un fuerte llamado de atención al señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, en cuanto a que no se consideraron, como nuevos ingresos para la parte final del presente año 2022, la enorme cantidad de 540 mil millones de colones (₡540.000.000.000); lo que equivale a un 1.35 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), si consideramos que cada punto porcentual PIB es de 400 mil millones de colones (₡400.000.000.000).

En el lenguaje popular podríamos decir que esos 540 mil millones de colones, el Ministerio de Hacienda los tenía “enhuacados”, sombreados, escondidos. Y se pueden destinar para pagar-honrar deudas salariales pendientes, si tuviesen voluntad política real como le prometieron en campaña al personal policial del país, por ejemplo.

Este dado está comprendido en el informe contralor DFOE-FIP-MTR-00042-2022, recientemente publicado en prensa.

Por su parte, el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, con ocasión del trámite parlamentario de lo que se conoce como Presupuesto General de la República para el 2023, había denunciado no solamente una subestimación de ingresos por parte del Gobierno, en una cifra parecida, 500 mil millones de colones; sino que, además, también denunció que se fue al otro extremo el Ministerio de Hacienda, sobreestimando en 700 mil millones la cantidad para hacerle frente al pago de la deuda pública en el año venidero.

¡Nos han engañado! ¡Nos siguen engañando! Es este nuestro criterio con relación al estado actual y real de las finanzas públicas del país y, en específico, al tema de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Al menos, en lo que va de este Gobierno, las cifras dadas de deuda pública con relación al PIB se mueven entre 63.9 puntos y casi los 70, según diversas informaciones de prensa que dan cuenta de manifestaciones de parte del indicado Ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la verdad en este punto?

¡Nos sentimos indefensos! Tienen tiempo de estar atormentando a la sociedad con relación a ese punto, en cuanto a que estamos en el ojo criminal de las calificadoras de riesgo de inversión, acerca de la capacidad del país de manejar su abultadísima deuda pública. ¿Cuál es la realidad? Ya uno no sabe qué creer.

Y decimos que tienen tiempo de estarnos atormentando, por cuanto a pesar de que este Gobierno empezó a hacer gestión fiscal en mayo pasado, las líneas matrices ideológicas al respecto, se mantienen incólumes de una administración gubernativa a otra. Básicamente, la de carácter preponderante: primero la deuda y después la gente. Nosotros luchamos por liberarnos de esta esclavitud mental.

Al respecto, destacamos que el economista independiente don Francisco Esquivel Villegas, afirma de manera categórica, que los resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre del presente año 2022, indican la existencia de, al menos, un billón de colones (1.000.000.000.000), de superátiv, superávit primario; cantidad ésta susceptible de ser utilizada para, por ejemplo, pagar las deudas salariales pendientes por costo de vida que se tienen con grupos de empleados públicos, tales como los policiales y/o los del sector Educación y otros.

¡Noten ustedes! Enlacemos: la “huaca” de los 540 mil millones de colones, la sobrestimación del monto de amortización de la deuda pública arriba apuntado y los datos del economista mencionado; entonces, la conclusión es una: hay plata para honrar esas deudas salariales por reajuste por costo de vida, en el sector Público, en los años 2020-21-22. ¡Hagamos algo!