Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El próximo sábado, 10 de diciembre, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el lema para este año 2022, es Dignidad, libertad y justicia para todos.
En la corriente sindical en la cual militamos, hemos decidido que la incorporación de los Derechos Humanos a la lucha laboral y obrero-social de todos los días se ha vuelto una necesidad ya no solamente de primer orden, sino estratégica.
Por una parte, estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. Por otra, la Costa Rica actual está considerada ya, oficialmente, una sociedad desigual.
El último informe del proyecto Estado de la Nación es contundente: Costa Rica está partida en dos. A la mayoría de la población le está yendo mal. Y, particularmente, es la clase trabajadora la que está sufriendo las consecuencias de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza, en la exclusión económica y en la marginación social.
En tal sentido, enarbolar la bandera de los Derechos Humanos como estandarte fundamental de la lucha del sindicalismo sociopolítico, nos parece que resulta una decisión acertada.
Particularmente, lo que se conoce como los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
Los Derechos Humanos de Primera Generación, los Derechos Civiles y Políticos, no se pueden disfrutar a plenitud sin la total aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Podría uno decir, en consecuencia, para qué libertad con hambre.
“Nuestros líderes han adquirido un gran número de compromisos en materia de derechos humanos en nuestro nombre. Si cada una de las garantías que han firmado se cumpliese, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, cómodas y saludables; nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección; y nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos y servirían a los intereses de la gente”.
La anterior reflexión (que hemos tomado de este sitio web:  HYPERLINK «https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights» https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights), nos describe la naturaleza del desafío que enfrentamos desde una perspectiva integral de lucha social en estos duros tiempos de desigualdad: cada cuatro años, de manera reiterada, somos víctimas de estafas políticas.
Poco a poco, Costa Rica ha venido siendo desenmascarada en su doble moral en cuanto a los Derechos Humanos. Así las cosas, ha quedado más que legitimado que la lucha social que se impone en la actualidad es aquella que debe ir ligada a la divulgación, educación, promoción y defensa de los tratados de Derechos Humanos a los cuales el país se ha adherido, ha firmado y ha ratificado.
En lo inmediato, en materia de Derechos Humanos, nuestro mayor reto es que el presente gobierno se ponga al día en cuanto a sus obligaciones con relación a la Opinión Consultiva No. 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género.

El caso de las tiendas S Y R es “la punta del iceberg” sobre explotación laboral en Costa Rica. Todo el país sabe qué es este caso. Se trata de una agresión laboral sumamente grave, dolorosa, dramática e indignante que conmocionó mucho a la ciudadanía. Prácticamente, se trató de una acción patronal de esclavitud laboral.

Quien lo calificó como “la punta del iceberg” de la explotación laboral en suelo costarricense fue, nada más y nada menos que, el señor Tomoya Obokata, alto personero internacional del Sistema de las Naciones Unidas, la ONU, con el cargo de Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Él indicó que en nuestro país se dan más casos de tal índole.

Nos consta. En producción agrícola bananera y piñera, en la actividad de servicio público de choferes de autobús, en seguridad privada y servicio doméstico, en la actividad comercial de tiendas de ropa y de supermercados, en construcción e, incluso, en actividades de servicio público estatal; la esclavitud laboral se muestra con sobreexplotación de jornadas sin pago de horas extra, salarios congelados, sobrecargas laborales. Incluso, con irrespeto total al Derecho Humano del Salario Mínimo que, en Costa Rica, tiene naturaleza constitucional. En este caso, se muestra así un tipo de esclavitud financiero-bancario que tiene al grueso de la población con altísimos niveles de endeudamiento.

La gravedad del problema de las formas contemporáneas de esclavitud que se manifiestan en Costa Rica, llevaron al señor Relator de las Naciones Unidas a formular un conjunto importante de recomendaciones para el país. Reparemos en una de las más relevantes:

Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia.

Y esta otra es de gran trascendencia: Imponer derechos sindicales sin discriminación e imponer sanciones adecuadas a los empresarios que no los reconozcan.

El señor Relator de las Naciones Unidas pide a las autoridades políticas del país, además, garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación; y, a la vez y relacionado con ello, ratificar e implementar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias, de 1990.

De gran relevancia es el señalamiento que formula el señor Obokata para regularizar la conducta de los subcontratistas que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. En nuestra visión del problema, lo que cabe es la prohibición total de la subcontratación, especialmente, en el campo agrícola y, además, penalizada con encarcelamiento por ser una real acción perversa de esclavitud moderna. Queda muchísimo material sobre este delicado asunto. Volveremos…