Autor: ANEP
La venta del INS: tema ideológico, no económico (parte 1)
“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)
Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.
El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada «Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros». En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.
El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.
Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.
El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.
Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!
Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.
Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.
Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.
Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.
Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.
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Deuda pública: ¿Y para cuándo la comisión investigadora?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
4 millones 166.666 colones con 66 céntimos (¢4.166.666.66) se están pagando, ¡por minuto!, de ese gran crimen social que representan los intereses de la deuda pública.
Hablamos de, aproximadamente, 250 millones de colones por hora (¢250.000.000); y, de manera espeluznante la cifra diaria, cada 24 horas, es de 6 mil millones de colones (¢6.000.000.000). Pero, ¿a quién le importa?
Pues a nosotros, ¡sí! Es demasiada la cantidad de gente que en este país está sufriendo y/o siendo afectada por que la gran prioridad de la centralidad de la gestión pública gubernativa es el pago diario de esos intereses de la deuda pública, socialmente criminales.
Gente del trabajo asalariado en los sectores público y privado; gente de las micro, pequeñas y medianas empresas; gente que labora por cuenta propia en labores profesionales; gente labradora del sector agropecuario; gente en la informalidad y en el desempleo; gente ya pensionada por la CCSS, gente ya en la miseria total como seres humanos “descartados”, según los califica el papa Francisco.
Pues en la corriente sindical en la cual militamos, que enarbola como valores fundamentales en su accionar tanto los de la socialdemocracia clásica como los del Humanismo cristiano, ¡sí nos importa!
Un gran frenesí se está viviendo en estos momentos en el seno de la Asamblea Legislativa ante las relevaciones de prensa sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al señor Rodrigo Chaves Robles. Al momento en que usted nos honra leyendo estas líneas, ya se habría votado, favorablemente, la instalación de la comisión parlamentaria que va a investigar la procedencia de las platas, así como las vías y mecanismos que, al margen de la ley, habrían logrado el resultado disruptivo de la victoria del hoy partido gobernante; disrupción que para nada ha puesto en riesgo la predominancia y la hegemonía de la plutocracia bancario-financiera que, entre otros aspectos, tiene en el pago de intereses de la deuda pública y en el monto de esta en sí, una fuente de poder que no se quiera desafiar. ¡Claro que hay que investigar y aplaudimos que se haga!, poniendo el ventilador a funcionar en toda dirección.
Ahora bien, ¿para cuándo habrá una moción a fin de que en la Asamblea Legislativa se instale una comisión legislativa que investigue el tema de la deuda pública y de su más que usurero pago diario de intereses?
¿Cuál será el señor diputado o la señora diputada, o fracción parlamentaria, que, cual David, presente una moción en tal sentido y, de esta forma, se manifieste la osadía de desafiar al Goliath del esquema de poder del sector financiero-bancario para el cual, la gestión gubernativa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana ha funcionado como “gerencia corporativa de altos quilates políticos”; tanto como ya lo está mostrando el partido Progreso Social Democrático? ¡Muchísimo que preguntar e investigar! Por ejemplo, porqué la deuda pública ha llegado ya a los 28 billones de colones (¢28.000.000.000.000), lo que hace que usted y cada miembro de su familia “deban”, por cabeza, 5 millones 300 mil colones. ¿No merece esto igual tratamiento político-parlamentario? Primero la deuda, después la gente: es el lema ideológico-dominante en la cúpula política del país.
