Así se desprende del por tanto de la Sala Segunda, en el caso que se lleva en favor de nuestro afiliado Horacio Fuentes Retana, despido de forma irregular hace dos años. Pese a existir una orden judicial para su reinstalación el Municipio de Dota se ha negado a colocarlo en su puesto, por lo que la Sala confirmó la reinstalación del trabajador y, en una acción insólita, condenó al municipio al pago de un millón de colones por daño moral.
Autor: ANEP
ANEP se reunió con la dirección de CEN CINAI para dar a conocer diversas falencias en los centros
La seccional ANEP-CEN CINAI se reunió con la Dirección General de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), para dar a conocer una serie de falencias y afectaciones que sufren los trabajadores y las trabajadoras. Que incluso afectan la atención que reciben los niños y niñas
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La venta del INS: tema ideológico, no económico (parte 1)
“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)
Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.
El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada «Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros». En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.
El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.
Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.
El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.
Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!
Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.
Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías
Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.
Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.
Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.
Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.
