La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logró demostrar que existía una prescripción del procedimiento realizado contra la afiliada.
Autor: ANEP
Deuda pública: ¿Y para cuándo la comisión investigadora?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
4 millones 166.666 colones con 66 céntimos (¢4.166.666.66) se están pagando, ¡por minuto!, de ese gran crimen social que representan los intereses de la deuda pública.
Hablamos de, aproximadamente, 250 millones de colones por hora (¢250.000.000); y, de manera espeluznante la cifra diaria, cada 24 horas, es de 6 mil millones de colones (¢6.000.000.000). Pero, ¿a quién le importa?
Pues a nosotros, ¡sí! Es demasiada la cantidad de gente que en este país está sufriendo y/o siendo afectada por que la gran prioridad de la centralidad de la gestión pública gubernativa es el pago diario de esos intereses de la deuda pública, socialmente criminales.
Gente del trabajo asalariado en los sectores público y privado; gente de las micro, pequeñas y medianas empresas; gente que labora por cuenta propia en labores profesionales; gente labradora del sector agropecuario; gente en la informalidad y en el desempleo; gente ya pensionada por la CCSS, gente ya en la miseria total como seres humanos “descartados”, según los califica el papa Francisco.
Pues en la corriente sindical en la cual militamos, que enarbola como valores fundamentales en su accionar tanto los de la socialdemocracia clásica como los del Humanismo cristiano, ¡sí nos importa!
Un gran frenesí se está viviendo en estos momentos en el seno de la Asamblea Legislativa ante las relevaciones de prensa sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al señor Rodrigo Chaves Robles. Al momento en que usted nos honra leyendo estas líneas, ya se habría votado, favorablemente, la instalación de la comisión parlamentaria que va a investigar la procedencia de las platas, así como las vías y mecanismos que, al margen de la ley, habrían logrado el resultado disruptivo de la victoria del hoy partido gobernante; disrupción que para nada ha puesto en riesgo la predominancia y la hegemonía de la plutocracia bancario-financiera que, entre otros aspectos, tiene en el pago de intereses de la deuda pública y en el monto de esta en sí, una fuente de poder que no se quiera desafiar. ¡Claro que hay que investigar y aplaudimos que se haga!, poniendo el ventilador a funcionar en toda dirección.
Ahora bien, ¿para cuándo habrá una moción a fin de que en la Asamblea Legislativa se instale una comisión legislativa que investigue el tema de la deuda pública y de su más que usurero pago diario de intereses?
¿Cuál será el señor diputado o la señora diputada, o fracción parlamentaria, que, cual David, presente una moción en tal sentido y, de esta forma, se manifieste la osadía de desafiar al Goliath del esquema de poder del sector financiero-bancario para el cual, la gestión gubernativa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana ha funcionado como “gerencia corporativa de altos quilates políticos”; tanto como ya lo está mostrando el partido Progreso Social Democrático? ¡Muchísimo que preguntar e investigar! Por ejemplo, porqué la deuda pública ha llegado ya a los 28 billones de colones (¢28.000.000.000.000), lo que hace que usted y cada miembro de su familia “deban”, por cabeza, 5 millones 300 mil colones. ¿No merece esto igual tratamiento político-parlamentario? Primero la deuda, después la gente: es el lema ideológico-dominante en la cúpula política del país.
APM: el “carnaval” de la coca
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Impactante publicación de prensa nos da un resumen de los decomisos de cocaína en los predios de APM Terminals en lo que va de este año 2022.
12 de enero: 120 kilos. 4 de abril: 2 mil kilos. 1 de mayo: 906 kilos. 30 de mayo: 74 kilos. 11 de julio: 1.300 kilos. 23 de julio: 1.200 kilos. 31 de julio: 460 kilos.
6.060 kilos de coca, 6 toneladas y 60 kilos, en 7 meses (enero-julio de 2022): un total 212 días lo que nos da un promedio diario de 28,58 kilos de coca transitando por los predios de APM Terminals: ya sea que se decomisen o que se incauten en puertos europeos. ¿Y lo que pasa sin ser detectado?
Ahora el Presidente Chaves anuncia “mano dura” al tráfico de cocaína en los patios muelleros de transnacional holandesa. Dentro de las medidas drásticas que anuncia, está la instalación de los escáneres, tanto tiempo postergada por un “misterioso” poder que lo estuvo impidiendo; y, por otra parte, mucha fuerza policial de la seguridad pública del país con presencia física constante.
Si los escáneres serán un instrumento estratégico de control del tráfico de cocaína, su operación cotidiana debe ser rigurosamente diseñada y las personas que vayan a hacerse cargo deben pasar un fuerte proceso de selección en cuanto a su compromiso ético con el país y con la sociedad. Por supuesto, deben ser costarricenses ligados, en relación laboral directa, con el empleo público y bien pagados.
En cuanto al personal de la Fuerza Pública que tendría la labor de “limpieza” del tránsito de coca en esos muelles, deben estar con una fuerte dotación de alimentos, amén de un gran y adecuado avituallamiento. Sus jornadas de trabajo deben representar un tratamiento digno y humanista de las superioridades jerárquico-políticas institucionales.
Debe considerarse, adicionalmente, la atmósfera de violencia que se desarrollaría si el enfrentamiento al tránsito narcotraficante diario, es frontal como lo indicó el mandatario, lo cual obliga a estrategias policiales sofisticadas acordes a la gravedad de la circunstancia que se ve venir.
Por otra parte, conviene reflexionar si el “carnaval” de coca en los predios de APM Terminals que hemos estado sufriendo todos estos años, se había manifestado cuando la empresa pública era la operadora fundamental de los estratégicos muelles del Atlántico. Creemos que no era así.
¿Qué tal si alguna universidad pública de nuestro país hiciese una investigación al respecto?
En todo caso, creemos que APM es una amarga experiencia de precarización social y económica para buena parte de la población trabajadora limonense; tanto como para la actividad empresarial que usa esos muelles en cuanto a costos de operación; altísima y triplicadas tarifas que, al final, terminaron pagando todos los consumidores del país.
Lo que queremos decir es que Japdeva debe retomar el control estratégico de la operación de los muelles de Limón y de Moín. Consta que la corriente sindical en la cual militamos siempre se opuso a tal entrega-venta de este patrimonio nacional vital para el desarrollo del pueblo caribeño. El tiempo nos ha dado la razón.
Aumentazo a ministros financiado con recortes a precarizados programas
• Afrenta humillante: la gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta…
• La máxima cúpula política del país, la de todos los partidos, sí está bien protegida salarialmente
Las personas trabajadoras que laboran en el Gobierno Central y en las entidades adscritas a los diferentes ministerios, sufren un nuevo golpe a su dignidad laboral, el cual tiene fuerte contenido humillante.
Igual de humillante es el golpe en otros sectores institucionales de la Administración Pública que, también, sufren de congelamiento, precariedad y alto endeudamiento salariales (como, por ejemplo, el personal de base y nivel medio en la CCSS y en la Seguridad Social, en A y A, en INA, en IMAS, en el PANI y otras).
La decisión política del actual Gobierno de duplicar los salarios a las personas que sirven al mismo, al frente de los diferentes ministerios del Estado y sus correspondientes viceministerios (si bien es cierto tales cargos ajustaban 12 años de congelamiento); desde su anuncio inicial ya de por sí se había sentido como una repudiable afrenta para grupos laborales del Gobierno Central de paupérrimos niveles salariales.
Hablamos de y por ejemplo, del sacrificado personal de los cuerpos policiales, como lo es el de las señoras cuidadoras y técnicas de los CEN-CINAI, como lo es el sacrificado personal de salud pública que lucha a diario contra las plagas en las comunidades más empobrecidas del país, como el personal técnico-administrativo y profesional de base del Estado central; tanto como el de las personas de la docencia en Educación Pública luchando día a día en un sistema educativo que parece caerse a pedazos ante su empobrecimiento presupuestario, sin hablar de la tortura social que implican los interinazgos prolongados en este ministerio.
Que los cargos ministeriales eran los salarios “precarizados” dentro del conjunto del sistema de salariazos de la alto cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, nadie lo discute. Pero que, a nadie, ni en los anteriores gobiernos responsables del mega-endeudamiento público del país, ni en el actual, el tema de estos grupos laborales del sector Público que hacen aguas por todo lado y todos los días a raíz de su empobrecimiento salarial sostenido, no merezca una atención estratégico-preventiva, es imperdonable.
Y si como tal afrenta ya no fuera cruel y repudiable desde el mismo momento en que se anunció, ahora resulta que esos aumentazos salariales ministeriales se financiarán con recortes a presupuestos ya de por sí en estado languideciente.
Dramático resulta constatar que ministerios que se encuentran al borde de su cierre total, no ya técnico, deben ceder presupuesto para financiar tales reajustes que se cubrieron con el eufemismo de “revaloraciones distintas”, pues los reajustes por costo de vida están prohibidos en el sector Público desde hace ya 3 años (y vienen 10 más, con la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público).
La gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta. La Cultura ya no cuenta (le recortan 73 millones de colones); los guardaparques que sigan esperando por toda la eternidad que les paguen su disponibilidad; y así, otros recortes relevantes en los ministerios de Justicia, Trabajo, Vivienda, Gobernación y Ambiente.
Con estos aumentazos salariales ministeriales, certificamos cómo la máxima cúpula política del país se ha garantizado de “blindarse” a sí misma en cuanto al empobrecimiento salarial del sector Público en desarrollo, pues bien sabemos que eso tipo de altos cargos no quedarán cubiertos por la Ley Marco de Empleo Público.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmamos que no cuenten con nuestro silencio cómplice y calculado para no denunciar el peligroso sendero que han empujado al pueblo trabajador a transitar. Lo haremos un día sí y otro también. Bien dice el refrán popular que “nadie escarmienta en cabeza ajena”.
Con nuestras bases organizadas y con las distinguidas agrupaciones sociales que tienen la sensibilidad suficiente de comprender de qué se trata todo esto, el futuro, y no muy lejano, es de una lucha esperanzadora.
San José, domingo 26 de agosto de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Junta Directiva Nacional de ANEP acuerda respaldar a la Seccional de la Universidad Técnica Nacional
El PUSC se quitó la careta
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Se ha dado a conocer que las cúpulas políticas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han decidido que es mejor que se sigan denominando como Partido Unidad, solamente, quitando los conceptos “Social” y” Cristiana”.
En realidad, el PUSC hace tiempo que renegó de los valores genuinos del Humanismo Cristiano dando paso a las ideas neoliberales del todo mercado-nada Estado; lo cual quedó muy remarcado durante su asamblea partidaria que acaba de pasar, en la cual la tesis de la venta de activos cobró en su seno nuevo impulso cuando el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, festejó la propuesta del actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS)… ¿para empezar?
Que el PUSC pase a llamarse solamente Partido Unidad es como el episodio final del proceso paulatino de su degeneración política pues entre los ideales del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y los de monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (ambos protagonistas políticos de las grandes reformas sociales de los años 40 del pasado siglo XX), prácticamente nada queda ya de inspiración ideológica realmente consecuente en ese partido, a no ser lo necesariamente básico para la cuatrienal oferta electoral que les permita manipular para ganar incautos.
Uno habría esperado que, dada la actual situación sociopolítica y económica del país, en la cual ya el imperio de la desigualdad es casi que absoluto, el Humanismo Cristiano levantara las banderas de una reforma tributaria encaminada hacia la progresividad, por una parte; y, por otra, algún planteamiento de fondo con relación a la monstruosa deuda pública que ya está sin control, creciendo a razón de 380 millones de colones por hora. ¡Pero no! Ni lo uno ni lo otro. La bandera de la venta de activos, que goza de gran repudio entre amplísimos sectores de la sociedad y del pueblo costarricense, es la que levantan como prioridad, ahora, que solamente se llamarán Partido Unidad.
De manera muy cínica y que genera gran repudio, es la afirmación del expresidente Rodríguez Echeverría de que “más vale tarde que nunca” que ahora, en el gobierno Chaves Robles, se hable de la venta de activos pues él fracasó, estrepitosamente, cuando en su período gubernativo, 1998-2002, intentó la privatización descarada del BCR, del INS, de la FANAL; y, tuvo que enfrentar la más grande lucha cívico-popular hasta ese entonces, desde los años 70: el combo ICE.
Es más, nos atrevemos a afirmar que él y Carlos Alvarado Quesada son los dos presidentes que más repudio popular concitaron desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949 y hasta la fecha. Compiten por el primer lugar en cuanto a rechazo de la gente a sus respectivas acciones gubernativas.
Es bueno, además, recordar que Rodríguez Echeverría, sin asco alguno y no más llegando al cargo de Presidente de la República, se aumentó a sí mismo su salario, de 3 a 6 millones de colones, generando una ola de indignación popular que lo obligó a retractarse ante la opinión pública semanas después. La ciudadanía supo de tan degenerado acto por medio de la organización sindical en la cual luchamos todos los días.
Ni el Partido Unidad ni Rodríguez Echeverría tienen autoridad moral para hablar de la venta de activos. El Humanismo Cristiano, al igual que la Socialdemocracia, se han quedado huérfanos de partido político.
Plataforma Lyra presentó loa 10 ejes de trabajo para rescatar educación costarricense
Nuevos cuestionamientos por nombramiento de intendente rodean a la SUPEN
En los últimos meses la SUPEN ha estado en el ojo de la percepción obrero-social en torno al papel que en los últimos tiempos ha venido jugando esta institución, en lo que atañe a los fondos multimillonarios del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). En esta ocasión saltan algunos cuestionamientos sobre la designación del nuevo intendente de pensiones Adrián Pacheco Umaña.
