Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Atención, señores del FMI que están de visita en el país en estos momentos!: 6 mil 300 millones de dólares ($6.300.000.000) es el monto aproximado del robo de impuestos en Costa Rica, de la evasión fiscal en todas sus variables y de la elusión tributaria en sus más “creativas” formas.

Fue el propio y actual presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, la persona que nos proporcionó ese impactante dato. Ocurrió el pasado jueves 12 de mayo, en reunión con varios representantes sindicales y en la mismísima Casa Presidencial. Quien escribe esto estuvo ahí. Estaban cuatro señoras ministras de Estado: las de Presidencia, de Trabajo, de Educación y de Planificación.

Además, quienes ocupan las dos vicepresidencias del país y uno de los viceministros de la Presidencia.
6 mil 300 millones de dólares anuales en robo de impuestos, señores del FMI, representan, en promedio 300 millones de dólares por mes; o bien, unos 10 millones de dólares diarios.

Y en esa reunión, el actual mandatario costarricense nos indicó que en cuanto a exenciones y exoneraciones impositivo-tributarias, las cifras son parecidas.

Es decir que, al juntar las cifras de evasión fiscal y de elusión tributarias, con las de las exenciones y exoneraciones, mínimamente, estamos hablando de 14 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

¡Atención señores del FMI! Ustedes fueron “embaucados” por el estafador político que estaba en la Presidencia de la República cuando el gobierno de éste y su camarilla de extremistas neoliberales propusieron la ahora Ley Marco de Empleo Público como “piedra angular” de un ajuste fiscal para que se desembolsara el primer tracto del famoso préstamo de 1.778 millones de dólares que el FMI le daría al país para evitar un inminente “default”.

Deben saber ustedes que los salarios de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público nunca han sido responsables del déficit fiscal. Está más que demostrado. Nos hemos encargado de ello en los últimos tiempos. Por eso estamos demandando que tan perversa legislación no entre en vigencia.

Primero, porque no representa mayor impacto en el problema del déficit fiscal, mucho menos en el corto plazo. Segundo, porque comete graves injusticias y generará mayores niveles de empobrecimiento y de exclusión económica, dándole un lamentable impulso a la entronización definitiva de la desigualdad en el país la cual viene en ascenso. Y, tercero, porque expone al Estado costarricense a una enorme cantidad de demandas individuales y/o colectivas en las cortes internacionales de Derechos Humanos, lo que podría generar multimillonarias sumas de recursos fiscales en indemnizaciones.

Deben tener presente ustedes, señores del FMI, que la ahora Ley Marco de Empleo Público fue la culminación de una operación plutocrático-mediática de lo que hemos denominado el periodismo de odio, desplegándose la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra grupo social alguno, desde la fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

Deben ustedes saber señores del FMI que al nuevo Gobierno le hemos planteado lo siguiente: “Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley”. Estamos esperando respuesta.

Finalmente, hay que reiterar que voces públicas muy autorizadas siempre argumentaron, con planteamientos sólidos, que Costa Rica nunca debió haber sido “embarcada” con un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Lo planteamos de manera contundente! La Ley Marco de Empleo Público debe desecharse. No debe entrar en vigencia. Así se lo planteamos a la representación gubernamental con ocasión del evento denominado “Mesa Técnica de Escucha sobre las implicaciones legales de la Ley Marco de Empleo Público 10.159”, convocado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esto ocurrió el pasado lunes 6 de junio.

Solamente tuvimos diez minutos de exposición. Sin embargo, entregamos un documento elaborado con seriedad y con responsabilidad. Pese a ello, demasiados argumentos hemos planteado desde que, por vez primera, de manera pública, empezamos a abordar el tema, allá por 2014, cuando nos percatamos de que la tal reforma del Empleo Público venía contaminada de contenidos antiobreros y potenciada por las principales matrices mediáticas del periodismo de odio.

Desde el propio principio de la indicada conjura antiempleo público, hemos respondido con visión de clase, de clase trabajadora, contraria a la visión totalitaria y totalitarista del neoliberalismo.

En el evento en mención resaltamos, en tan corto lapso, diez requerimientos fundamentales si, en verdad, hubiese voluntad política de construir el futuro del empleo público en Costa Rica sin las ataduras ideológicas de un enfoque de extremismo fiscal, como lo representa esta perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159. Por ejemplo: Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley.

Se requiere la conformación de una comisión de especialistas, de alta solvencia moral, también de procedencia multisectorial, la cual debe puntualizar las evidencias de potencialidades inconstitucionalidades presentes en esta ley. Además, debe esclarecerle al Gobierno los riesgos de diverso orden para el Estado, producto de la acción de miles de litigantes en el escenario internacional de los tribunales de Derechos Humanos. En este sentido, ANEP se viene preparando con mucho cuidado y con la asesoría experta requerida.

Hay que desechar, radicalmente, la pretensión maligna de esta ley de imponer un congelamiento salarial por 10-12 años, lo cual no solamente es alimentar un estallido social de imprevisibles consecuencias, sino que conspira con las posibilidades de un proceso sostenido de reactivación económica que tiene en el mercado interno enorme potencial, pero en relación directa con el poder de compra-adquisitivo de los salarios. Además, es éticamente imposible de justificar, partiendo de que la clase trabajadora asalariada del sector Público (y también su homóloga del sector privado), no es evasora de sus responsabilidades tributarias. Debe establecer como Política de Estado los contenidos de la Opinión Consultiva 5-27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), relevante instrumento del Derecho Internacional y de obligada observancia y cumplimiento para Costa Rica que resalta los estratégicos roles democráticos de la Libertad Sindical y de la Negociación Colectiva, para lo cual la entidad líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La entrada en vigencia de esta perversa ley está señalada para el 9 de marzo de 2023. Pensamos que algo tiene que pasar antes para evitarlo.