Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno

– Ministerio de Salud pide investigar situación al AyA. Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago.

ANEP respalda las acciones del Frente Ecologista de Cipreses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sociopolítica que practicamos el sindicalismo ciudadano, nos pronunciamos con vehemencia a favor de las acciones jurídicas y comunales del FRENTE ECOLOGISTA DE CIPRESES, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) sobre la contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno.

Petición respaldada en análisis realizados en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil, sobre el límite permitido, así como trazas de otros plaguicidas; lo cual incluso ha sido reconocido por el AyA en su informe técnico: GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Además, muestras del agua de Cipreses fueron enviadas desde el IRET-UNA al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, por sus siglas en inglés), en donde se encontró que también había otros productos de la degradación de clorotalonil, encontrando hasta 13 productos diferentes de la degradación, como se indica en el oficio UNA-LAREP-OFIC-054-2021 dirigido a la ASADA de Cipreses.

Este agroveneno que hoy contamina el agua de Cipreses (y probablemente en otras comunidades del país), está prohibido en Europa y otros 17 países del mundo precisamente por ser altamente contaminante y por los efectos mortales que causa en la salud pública y los efectos negativos en el ambiente.

Ministerio de Salud pide investigar

Ante esta grave situación, el pasado 3 de junio,  la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, Director Ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas.

La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, señalo el Frente Ecologista de Cipreses

“Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población”, manifestó el grupo ecologista.

Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago entre estos: Cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso.

Ante este escenario, urge que el Gobierno fortalezca las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida; pues solamente pueden analizar 24 plaguicidas cuando en nuestro país hay más de 200 que podrían estar contaminando el agua de los y las costarricenses.

Las anteriores afirmaciones se realizaron el pasado 8 de junio por parte del funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, señor Darner Mora Alvarado en un foro efectuado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde también manifestó “que ellos trabajan en un cuchitril…” ¿cómo es posible que este importante laboratorio no sea prioridad nacional siendo este país uno de los que más utilizan fumigaciones en el mundo?

Para la ANEP y el Frente Ecologista de Cipreses resulta apremiante sacar al LNA de la Regla Fiscal y robustecer su competencia con el fin de proteger la salud pública y ambiental, ante la realidad de ser uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo, como consta en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el  Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica 2022, donde se evidencia que incluso hay muchos plaguicidas contaminando nuestra comida y agua los cuales son altamente peligrosos y están prohibidos en otros países. Costa Rica debería ir a la vanguardia en protección ecológica y de la salud y no ser un país reconocido por usar todos los plaguicidas prohibidos en otros países. (https://impactoplaguicidas.cr/)

Dicho informe reveló que la población costarricense, especialmente la rural y las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a una elevada cantidad de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador/trabajadora agrícola por año.

Es importante que el Laboratorio Nacional de Aguas establezca alianzas estratégicas con el prestigioso laboratorio del IRET (LARET) de la UNA. Para atender los hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses; ya que hay nuevos desafíos en materia de ecotoxicología ambiental y salud pública, de manera que las comunidades afectadas cuenten con acompañamiento técnico de alta calidad.  

Cuestionan resultados sin tener capacidades técnicas.

El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA a pesar de no contar con las capacidades técnicas para detectar los productos de degradación del clorotalonil, se precipitó a criticar los análisis y resultados realizados por el IRET-UNA donde sí han podido detectar los productos de la degradación del plaguicida en el agua de Cipreses de Oreamuno gracias a su larga experiencia y contactos internacionales.

Hay que reconocer que este es un tema muy nuevo y apenas en el 2019 se descubría en Suiza y en Europa. Por otra parte, lamentamos las declaraciones ante la prensa del señor Darner Mora Alvarado del LNA del AyA según consta en su entrevista en Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/aya-dice-que-se-necesitan-mas-pruebas-para-comprobar-contaminacion-con-fungicida-en-agua-de-cipreses-de-oreamuno/) por lo que instamos a él y todo su equipo técnico en trabajar de forma proactiva con sus colegas del IRET-UNA para atender este problema que hoy enfrenta la sociedad costarricense, ya que no solo afecta a la comunidad de Cipreses de Cartago. 

ANEP felicita a las personas del Frente Eco Cipreses, así como a quienes trabajan en el IRET-UNA que actualmente demuestran su compromiso en defensa de la salud pública y les reiteramos nuestro apoyo en su lucha por el bien común.

Al mismo tiempo recordamos que el Estado debe cumplir el artículo 50 de nuestra Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.

San José, 21 de junio de 2022.

Directriz Ministerio de Salud

Junta Directiva de ANEP analizó las diferentes opciones para frenar modificaciones al IVM

Una de las posibilidades es presentar una demanda Contenciosa Administrativa en contra de la reforma al reglamento de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

43 mil millones de dólares

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

43 mil millones de dólares es la cifra que nosotros manejamos del monto total de la deuda pública del país, al terminar la funesta gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022.

Esta gigantesca cantidad de deuda pública se acumuló durante los últimos 40 años, 1982-2022, en las sucesivas administraciones gubernativas cuatrienales. 

Cinco corresponden al Partido Liberación Nacional (PLN), 3 al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos a Acción Ciudadana (PAC).

Según los esquemas macroeconómico-fiscales de ideología neoliberal, esos 43 mil millones de dólares llegaron a representar un 68% del Producto Interno Bruto (PIB), razón por la cual se encendieron las luces rojas en los mercados financieros que tienen el control fundamental de los gobiernos; y, por tanto, llegó la hora de “pagar” semejante deuda pública. Pero, ¿a quién se la están cobrando? Es esta la cuestión medular a la que hay que entrarle.

Desde la acera de lo obrero-social y popular, en la cual vivimos y pensamos, hemos estado pegando el grito al cielo por considerar una monstruosidad que los poderes dominantes hayan decidido que sea el pueblo trabajador el que pague.

Por ejemplo, las personas trabajadoras que laboran para la Administración Pública del país han sido “sentenciadas” a pagar. ¿Cómo? Con la Ley Marco de Empleo Público que entrará en vigencia el 9 de marzo de 2023. Sufrirán un congelamiento salarial total pues quedó prohibido reconocerles cualquier tipo de incremento salarial, ni siquiera los reajustes mínimos por costo de vida. ¡Ni un cinco por tal causa! Estamos tratando de que tan perversa legislación no entre en vigencia.

Los grupos familiares que dependen del ingreso salarial por prestarle servicios al Estado, mediando quienes trabajan para el mismo, deberán esperar a que la relación deuda pública-Producto Interno Bruto (PIB), llegue hasta el 60%. Y eso tardará, al menos, 10 años. ¡Sí! Una década. Es decir, que tendrían un reajuste por costo de vida hasta el año 2033. Si nos va bien…

Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. Ni en lo moral ni en lo ético. Tampoco en lo social. Este congelamiento salarial total y radical para el empleo público, a no dudarlo, va a alimentar tensiones sociales de diverso orden y no se puede descartar que aporte para un impactante estallido social, al juntarse con otras problemáticas de exclusión económica y social que ya están sufriendo grupos de compatriotas condenados al desempleo, a la marginalidad, a la delincuencia, al hambre, a la pobreza total.

Se estima que un 75% de esos 43 mil millones de dólares de deuda pública es deuda pública interna. Y que gran parte de la misma es a nivel del mismísimo Estado. Razón de más para encontrar soluciones alternativas para el manejo de esta deuda pública interna con menos fundamentalismo extremista neoliberal y, por ende, con visiones humanistas y hasta de carácter preventivo; ¿preventivo de qué? De estallidos sociales sectoriales, regionales y hasta nacionales.

No vamos a cesar de plantear este grave problema. Hay un gran poder que impide que se aborde el mismo. Albergamos que las fuerzas sanas de nuestra sociedad, político-partidistas y civiles, pueden conjuntarse alrededor de esta gigantesca dificultad.

En lo inmediato, deseamos que cada persona trabajadora empleada pública comience a imaginarse cómo será su vida y la de su familia, sin un cinco partido por la mitad de reajuste por costo de vida durante la próxima década a partir de 2023; congelamiento salarial total al que ya vienen sufriendo en los últimos cuatro años.

Junta Directiva Nacional de la ANEP recibe charla sobre estado crítico del Ministerio de Educación

En la presentación se dio a conocer el estado económico, administrativo, funcional y pedagógico del MEP, donde se expuso la situación crítica en la que se encuentra la institución.

Lucha de ANEP da resultado: Ministerio de Hacienda ordena respetar el salario mínimo inembargable

La ANEP ha venido realizando una serie de gestiones en varias vías para la defensa del salario mínimo inembargable y este lunes el Ministerio de Hacienda comunicó mediante circular CIR-TN-017-2022 del 13 de junio, que se debe respetar dicho salario, dándole la razón a nuestra organización.

Según la circular del Ministerio de Hacienda “de conformidad con el Acta de Inspección y prevención, con código # SJ-IF-05995-21 y acta adicional Caso SJ-IF- 04176-21, ambos de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante los cuales advierte entre otros: “…que los rebajos o deducciones de salarios no autorizados por la ley son absolutamente ilegales. En este sentido deberá la empresa garantizar a sus trabajadores el salario mínimo inembargable y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho. Lo anterior obliga a cancelar de inmediato el salario incompleto a los siguientes trabajadores en la lista anexa a esta nueva acta de revisión y además a todo aquel trabajador que a la fecha se encuentre en similar o condición salarial a la prevenida…”. Por otra parte; se tienen interpuestos ante la Tesorería Nacional, más de 1200 reclamos administrativos de los trabajadores, solicitando acoger dicha instrucción del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en la Sentencia No. 2022-000656 de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia en este mismo sentido del respeto al “Salario Mínimo Inembargable”.

Además indica “Por esta razón, este Ministerio de Hacienda, previa confirmación con el MTSS, procederá a realizar los ajustes en los Sistemas de Pago de salarios y de aplicación de deducciones, para respetar el monto del “Salario Mínimo” a los trabajadores del Gobierno Central que se pagan mediante la Tesorería Nacional, a partir de la primera quincena de julio del 2022”.

Dentro de las gestiones realizadas por la ANEP se presentaron acciones de inconstitucionalidad, defensa legal de nuestros afiliados ante estos rebajos ilegales, así como una demanda contra el Estado ante el Juzgado de Trabajo por la afectación al salario mínimo de al menos 3 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, entre otras.

Incluso, en las municipalidades de San José, Tibás y Curridabat, ya se respetaba dicho salario mínimo inembargable tras acuerdos con nuestra organización.

Lucha de ANEP da resultado: Ministerio de Hacienda ordena respetar el salario mínimo inembargable

La lucha de ANEP y las gestiones para que se respete el salario mínimo inembargable ha dado resultado, ya que el Ministerio de Hacienda comunicó mediante circular CIR-TN-017-2022 del 13 de junio, que se debe respetar dicho salario a partir de la primera quincena de julio, dándole la razón a nuestra organización.