Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.

Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.

Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.

Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.

ANEP-Imprenta Nacional más de 30 años de lucha y defensa laboral

La presencia de la ANEP en la imprenta Nacional tiene un largo recorrido entre el papel, la tinta y las planchas metálicas de esta icónica institución, ya que desde la década de los años 70`s los anepistas alzaban la bandera de la defensa de los derechos laborales.

Servicio Civil se desliga de pruebas de idoneidad para docentes y tira problemática al MEP

Así se desprende de la respuesta dada por el director del Área de Carrera Docente del Servicio Civil, Olman Jiménez Corrales, ante varias consultas de la ANEP, con respecto a las pruebas de idoneidad y si estas serán aplicadas este año.

Deuda pública: ¿Y para cuándo la comisión investigadora?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

4 millones 166.666 colones con 66 céntimos (¢4.166.666.66) se están pagando, ¡por minuto!, de ese gran crimen social que representan los intereses de la deuda pública.

Hablamos de, aproximadamente, 250 millones de colones por hora (¢250.000.000); y, de manera espeluznante la cifra diaria, cada 24 horas, es de 6 mil millones de colones (¢6.000.000.000). Pero, ¿a quién le importa?

Pues a nosotros, ¡sí! Es demasiada la cantidad de gente que en este país está sufriendo y/o siendo afectada por que la gran prioridad de la centralidad de la gestión pública gubernativa es el pago diario de esos intereses de la deuda pública, socialmente criminales.

Gente del trabajo asalariado en los sectores público y privado; gente de las micro, pequeñas y medianas empresas; gente que labora por cuenta propia en labores profesionales; gente labradora del sector agropecuario; gente en la informalidad y en el desempleo; gente ya pensionada por la CCSS, gente ya en la miseria total como seres humanos “descartados”, según los califica el papa Francisco. 

Pues en la corriente sindical en la cual militamos, que enarbola como valores fundamentales en su accionar tanto los de la socialdemocracia clásica como los del Humanismo cristiano, ¡sí nos importa!

Un gran frenesí se está viviendo en estos momentos en el seno de la Asamblea Legislativa ante las relevaciones de prensa sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al señor Rodrigo Chaves Robles. Al momento en que usted nos honra leyendo estas líneas, ya se habría votado, favorablemente, la instalación de la comisión parlamentaria que va a investigar la procedencia de las platas, así como las vías y mecanismos que, al margen de la ley, habrían logrado el resultado disruptivo de la victoria del hoy partido gobernante; disrupción que para nada ha puesto en riesgo la predominancia y la hegemonía de la plutocracia bancario-financiera que, entre otros aspectos, tiene en el pago de intereses de la deuda pública y en el monto de esta en sí, una fuente de poder que no se quiera desafiar. ¡Claro que hay que investigar y aplaudimos que se haga!, poniendo el ventilador a funcionar en toda dirección.

Ahora bien, ¿para cuándo habrá una moción a fin de que en la Asamblea Legislativa se instale una comisión legislativa que investigue el tema de la deuda pública y de su más que usurero pago diario de intereses?

¿Cuál será el señor diputado o la señora diputada, o fracción parlamentaria, que, cual David, presente una moción en tal sentido y, de esta forma, se manifieste la osadía de desafiar al Goliath del esquema de poder del sector financiero-bancario para el cual, la gestión gubernativa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana ha funcionado como “gerencia corporativa de altos quilates políticos”; tanto como ya lo está mostrando el partido Progreso Social Democrático? ¡Muchísimo que preguntar e investigar! Por ejemplo, porqué la deuda pública ha llegado ya a los 28 billones de colones (¢28.000.000.000.000), lo que hace que usted y cada miembro de su familia “deban”, por cabeza, 5 millones 300 mil colones. ¿No merece esto igual tratamiento político-parlamentario? Primero la deuda, después la gente: es el lema ideológico-dominante en la cúpula política del país.

APM: el “carnaval” de la coca

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Impactante publicación de prensa nos da un resumen de los decomisos de cocaína en los predios de APM Terminals en lo que va de este año 2022.

12 de enero: 120 kilos. 4 de abril: 2 mil kilos. 1 de mayo: 906 kilos. 30 de mayo: 74 kilos. 11 de julio: 1.300 kilos. 23 de julio: 1.200 kilos. 31 de julio: 460 kilos.

6.060 kilos de coca, 6 toneladas y 60 kilos, en 7 meses (enero-julio de 2022): un total 212 días lo que nos da un promedio diario de 28,58 kilos de coca transitando por los predios de APM Terminals: ya sea que se decomisen o que se incauten en puertos europeos. ¿Y lo que pasa sin ser detectado?

Ahora el Presidente Chaves anuncia “mano dura” al tráfico de cocaína en los patios muelleros de transnacional holandesa. Dentro de las medidas drásticas que anuncia, está la instalación de los escáneres, tanto tiempo postergada por un “misterioso” poder que lo estuvo impidiendo; y, por otra parte, mucha fuerza policial de la seguridad pública del país con presencia física constante.

Si los escáneres serán un instrumento estratégico de control del tráfico de cocaína, su operación cotidiana debe ser rigurosamente diseñada y las personas que vayan a hacerse cargo deben pasar un fuerte proceso de selección en cuanto a su compromiso ético con el país y con la sociedad. Por supuesto, deben ser costarricenses ligados, en relación laboral directa, con el empleo público y bien pagados.

En cuanto al personal de la Fuerza Pública que tendría la labor de “limpieza” del tránsito de coca en esos muelles, deben estar con una fuerte dotación de alimentos, amén de un gran y adecuado avituallamiento. Sus jornadas de trabajo deben representar un tratamiento digno y humanista de las superioridades jerárquico-políticas institucionales.

Debe considerarse, adicionalmente, la atmósfera de violencia que se desarrollaría si el enfrentamiento al tránsito narcotraficante diario, es frontal como lo indicó el mandatario, lo cual obliga a estrategias policiales sofisticadas acordes a la gravedad de la circunstancia que se ve venir.

Por otra parte, conviene reflexionar si el “carnaval” de coca en los predios de APM Terminals que hemos estado sufriendo todos estos años, se había manifestado cuando la empresa pública era la operadora fundamental de los estratégicos muelles del Atlántico. Creemos que no era así.

¿Qué tal si alguna universidad pública de nuestro país hiciese una investigación al respecto?

En todo caso, creemos que APM es una amarga experiencia de precarización social y económica para buena parte de la población trabajadora limonense; tanto como para la actividad empresarial que usa esos muelles en cuanto a costos de operación; altísima y triplicadas tarifas que, al final, terminaron pagando todos los consumidores del país.

Lo que queremos decir es que Japdeva debe retomar el control estratégico de la operación de los muelles de Limón y de Moín. Consta que la corriente sindical en la cual militamos siempre se opuso a tal entrega-venta de este patrimonio nacional vital para el desarrollo del pueblo caribeño. El tiempo nos ha dado la razón.

Aumentazo a ministros financiado con recortes a precarizados programas

• Afrenta humillante: la gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta…

• La máxima cúpula política del país, la de todos los partidos, sí está bien protegida salarialmente

Las personas trabajadoras que laboran en el Gobierno Central y en las entidades adscritas a los diferentes ministerios, sufren un nuevo golpe a su dignidad laboral, el cual tiene fuerte contenido humillante.

Igual de humillante es el golpe en otros sectores institucionales de la Administración Pública que, también, sufren de congelamiento, precariedad y alto endeudamiento salariales (como, por ejemplo, el personal de base y nivel medio en la CCSS y en la Seguridad Social, en A y A, en INA, en IMAS, en el PANI y otras).

La decisión política del actual Gobierno de duplicar los salarios a las personas que sirven al mismo, al frente de los diferentes ministerios del Estado y sus correspondientes viceministerios (si bien es cierto tales cargos ajustaban 12 años de congelamiento); desde su anuncio inicial ya de por sí se había sentido como una repudiable afrenta para grupos laborales del Gobierno Central de paupérrimos niveles salariales.

Hablamos de y por ejemplo, del sacrificado personal de los cuerpos policiales, como lo es el de las señoras cuidadoras y técnicas de los CEN-CINAI, como lo es el sacrificado personal de salud pública que lucha a diario contra las plagas en las comunidades más empobrecidas del país,  como el personal técnico-administrativo y profesional de base del Estado central; tanto  como el de las personas de la docencia en Educación Pública luchando día a día en un sistema educativo que parece caerse a pedazos ante su empobrecimiento presupuestario, sin hablar de la tortura social que implican los interinazgos prolongados en este ministerio.

Que los cargos ministeriales eran los salarios “precarizados” dentro del conjunto del sistema de salariazos de la alto cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, nadie lo discute. Pero que, a nadie, ni en los anteriores gobiernos responsables del mega-endeudamiento público del país, ni en el actual, el tema de estos grupos laborales del sector Público que hacen aguas por todo lado y todos los días a raíz de su empobrecimiento salarial sostenido, no merezca una atención estratégico-preventiva, es imperdonable.

Y si como tal afrenta ya no fuera cruel y repudiable desde el mismo momento en que se anunció, ahora resulta que esos aumentazos salariales ministeriales se financiarán con recortes a presupuestos ya de por sí en estado languideciente.

Dramático resulta constatar que ministerios que se encuentran al borde de su cierre total, no ya técnico, deben ceder presupuesto para financiar tales reajustes que se cubrieron con el eufemismo de “revaloraciones distintas”, pues los reajustes por costo de vida están prohibidos en el sector Público desde hace ya 3 años (y vienen 10 más, con la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público).

La gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta. La Cultura ya no cuenta (le recortan 73 millones de colones); los guardaparques que sigan esperando por toda la eternidad que les paguen su disponibilidad; y así, otros recortes relevantes en los ministerios de Justicia, Trabajo, Vivienda, Gobernación y Ambiente.

Con estos aumentazos salariales ministeriales, certificamos cómo la máxima cúpula política del país se ha garantizado de “blindarse” a sí misma en cuanto al empobrecimiento salarial del sector Público en desarrollo, pues bien sabemos que eso tipo de altos cargos no quedarán cubiertos por la Ley Marco de Empleo Público.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmamos que no cuenten con nuestro silencio cómplice y calculado para no denunciar el peligroso sendero que han empujado al pueblo trabajador a transitar. Lo haremos un día sí y otro también. Bien dice el refrán popular que “nadie escarmienta en cabeza ajena”.
Con nuestras bases organizadas y con las distinguidas agrupaciones sociales que tienen la sensibilidad suficiente de comprender de qué se trata todo esto, el futuro, y no muy lejano, es de una lucha esperanzadora.
San José, domingo 26 de agosto de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto