Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera

La Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores se opone rotundamente a la eliminación del impuesto a la Palma Aceitera, que se pretende realizar en la Asamblea Legislativa, mediante el proyecto de ley Nº 22.408, denominado “Ley de apoyo a los productores de Palma Aceitera del Cantón de Corredores, derogatoria de la Ley No. 7139 impuestos municipales de Corredores, del 30 de noviembre de 1989. Al considerar que afectaría drásticamente las arcas municipales y los proyectos que se desarrollan con la recolección de dicho impuesto.

Según datos obtenidos de la información presupuestaria de la Municipalidad de Corredores, a partir de la ley 7139 en los últimos cinco años el impuesto de la palma ha permitido la recaudación de poco más de ₡1,395 millones de colones. De esa recaudación ₡139.5 millones se han retornado a los contribuyentes de ese impuesto mediante el Centro Agrícola Cantonal (5%) y becas a hijos de palmeros (5%).

Del presupuesto de gasto o ejecución del municipio, los ingresos corrientes, que es aquello que la municipalidad como institución logra recaudar, representa un 32.4%. Mientras que la ley 7139 viene a representar un 12.6% sobre esa recaudación de ingresos corrientes.

Según detalló la Seccional, considerando que los ingresos corrientes destinados para las diferentes actividades municipales no puede utilizar el 100%, ya que están restringidos a tan solo un 10% de lo recaudado por la Regla Fiscal, mientras que otros impuestos aunque permitan el 100% de disponibilidad tienen un aporte poco significativo, el impuesto de ley 7139 es un pilar de funcionamiento municipal.

Afectaciones por la eliminación del impuesto

1) Despidos hasta de un 50% del personal municipal, por imposibilidad de pago de cargas sociales y salarios.

2) Imposibilidad para hacerle frente a obligaciones financieras previamente contraídas, como lo son créditos bancarios por proyectos de obra pública en los que se ha invertido.

3) Una desmejora del servicio público, en razón de la ausencia de personal, materiales y otros necesarios para la prestación de servicios.

4) Afectación social de la población de estudiantes actualmente becados y que se encuentran cursando estudios.

5) Afectación en las finanzas del Centro Agrícola Cantonal por compromisos financieros adquiridos.

6) Cumplimiento de los compromisos salariales que se tienen sin pagar a los trabajadores de los últimos tres años.

7) Financiamiento para la recolección y transferencia y tratamiento de residuos.

Elaboración ANEP-Municipalidad Corredores: Información presupuestaria municipal

Actualmente los gastos operativo y administrativos de la municipalidad rondan los ₡1 118 millones, donde sin el impuesto de la palma se tendría un 34% del total de los recursos para el pago de los gastos operativos; sin ello no podría la institución mantener la mayoría de servicios y cumplir con sus obligaciones.

Como organización sindical que vela por la estabilidad de la institución y de los trabajadores en lo económico, social y Derechos Humanos; considerando el impacto interno y externo, la ANEP y su seccional ANEP-Municipalidad de Corredores rechazan rotundamente a que se elimine el impuesto, según ley 7139.

Esperamos que lejos de los intereses particulares por los que algunos regidores miembros de ese Concejo Municipal en busca de figurar, y quedar bien con sector palmero de cara a las siguientes elecciones de alcaldía; tengan una posición debidamente razonada en criterios técnicos financieros, sociales y de Derechos Humanos, a partir de los cuales se tomen decisiones coherentes y no solamente el decir “elimínese el impuesto” y que la institución vea cómo resolverlo. Tampoco esperamos que de forma insensata se persiga una disminución gradual, tras propuestas imaginarias que dejen a la deriva la suerte de la institución”, manifestó María Morales Villafuerte, presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Corredores.

Finalmente, la seccional manifestó que estará vigilante de la situación y tomará las medidas necesarias correspondientes para proteger la estabilidad institucional de la Municipalidad de Corredores.

Reymond González Zúñiga, ANEP-Municiapalidad de Corredores

La venta del INS: tema ideológico, no económico (Parte II)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.

Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:

“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.

Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.

Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.

Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.

Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año. 

Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.

Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.

Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…

Denuncian procesos erróneos con posible ilegalidad en el Comité Cantonal de Deportes de Cartago

Así lo denuncian los propios trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Cartago, afiliados a la ANEP, quienes cuestionan fuertemente las decisiones que se toman desde la presidencia de la Junta Directiva de este comité, liderada por Juan Luis Hernández-Fuertes.

Sala Segunda condena al Municipio de Dota a pagar un millón de colones por no reinstalar trabajador

Así se desprende del por tanto de la Sala Segunda, en el caso que se lleva en favor de nuestro afiliado Horacio Fuentes Retana, despido de forma irregular hace dos años. Pese a existir una orden judicial para su reinstalación el Municipio de Dota se ha negado a colocarlo en su puesto, por lo que la Sala confirmó la reinstalación del trabajador y, en una acción insólita, condenó al municipio al pago de un millón de colones por daño moral.

ANEP se reunió con la dirección de CEN CINAI para dar a conocer diversas falencias en los centros

La seccional ANEP-CEN CINAI se reunió con la Dirección General de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), para dar a conocer una serie de falencias y afectaciones que sufren los trabajadores y las trabajadoras. Que incluso afectan la atención que reciben los niños y niñas

La venta del INS: tema ideológico, no económico (parte 1)

 “El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)

Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.

El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada «Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros». En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.

El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.

Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.

El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.

Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!

Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.