Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El altísimo precio de los combustibles, especialmente el de la gasolina y del diésel, está golpeando durante las economías familiares de los hogares de la clase trabajadora, asalariada o no asalariada; tanto como las actividades productivo-comerciales, especialmente las de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas conforman la mayoría de lo que se conoce como el parque productivo del país.

Acabamos de decir una verdad del tamaño de la catedral. Nada nuevo bajo el sol. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, desde nuestra perspectiva obrero-social, la raíz fundamental del altísimo precio de los combustibles es por la carga tributario-impositiva que pesa sobre los mismos. Un impuesto radicalmente injusto por su carácter regresivo. ¡No es Recope!

Es decir, en la bomba suministradora de combustibles, el dueño del carrito-cacharpita, el del auto más o menos bonito o bueno, el propietario del vehículo de carga fundamental para su trabajo cotidiano; pagan el mismo precio del litro de gasolina o de combustible que el propietario de un lujosísimo automóvil, de esos que circulan por las carreteras del país, exhibiéndose como una de las muestras más claras y contundentes de la sociedad desigual costarricense de la actualidad.

Además de tal circunstancia, el impacto que implica para el valor de cada litro de combustible el impuesto único es, por supuesto, diametralmente opuesto en uno o en otro caso. Hasta aquí, nadie podrá estar en desacuerdo de lo que hemos planteado.

Entonces, ¿cómo atacamos tanta desigualdad y tanta injusticia que se muestra en cada bomba de combustibles del país? Pero, atacándolas de raíz. Los diputados y las diputadas de la actual Asamblea Legislativa deben derogar, ¡sí!, eliminar el impuesto único a los combustibles; y, a la vez, fijando las fuentes alternativas para que el Gobierno reciba la misma cantidad de plata que tal tributo le produce al día, al mes y al año, pues, efectivamente, llevan razón las actuales autoridades ejecutivas del país que pegan el grito al cielo reclamando cómo repondrán esos dineros que, de manera inmisericorde, le han venido quitando a la gente común, especialmente la del sector trabajador, hace ya bastantes años.

La plata que “perdería” el Ministerio de Hacienda si se deroga el impuesto único a los combustibles se puede coger de estas fuentes “vírgenes”:

Uno: De los 3 mil 600 millones de dólares que, al año, se roban en impuestos en el país en las actividades corporativo-productivas y financieras de los sectores empresariales de gran poderío económico. Esta cifra es dada por el propio Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles. La actual Asamblea Legislativa puede desempolvar el informe Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario 2014-2018, el cual cita, una a una, medidas para recuperar parte de esa plata. Y no significa crear nuevos impuestos, ni siquiera para los súper-ricos.

Dos: Cada mes, el Ministerio de Hacienda debe desembolsar 240 mil millones de colones (240.000.000.000), por el pago de los intereses obscenos de la deuda pública (se pagan 8 mil millones de colones diarios). En el Programa de Gobierno que el hoy mandatario Chaves ofreció a la ciudadanía para que le eligieran, este asunto quedó planteado. En este caso de la gravedad socioeconómica que amenaza la paz social, como lo es el alto precio de los combustibles, se justifica, política y moralmente, entrarle a este tubo abierto de las finanzas públicas para, coger recursos (vía renegociación del pago de esos intereses), que sustituyan los que se eliminarían si desaparece el detestado impuesto único.

Pero, ¿Cuánto recauda el gobierno por tal tributo? En promedio, 60 mil millones por mes, ¡apenas un 25% de la carga mensual de los intereses obscenos de la deuda pública! Y, más o menos, un 30% del monto mensual del robo de impuestos. ¡Hay soluciones! Pero falta voluntad política y, por supuesto, se necesita muchísima fuerza social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ante la crisis social y económica que está en desarrollo en nuestro país, derivada de los altísimos precios de los combustibles, producto de la alta carga tributaria (impuesto único), que pesa sobre los mismos, el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, indicó que se va a eliminar el subsidio al asfalto que venía favoreciendo a las diversas empresas constructoras, especialmente las involucradas en el sonado caso “Cochinilla”.

Estamos seguros de que la inmensa mayoría de personas propietarias de todo tipo de vehículos ni idea tenían de que, cada vez que iban a la bomba de gasolina y compraban combustible, el precio a pagar incluía 8 colones por cada litro adquirido; dineros que se destinaban para financiar la compra de asfalto para empresas constructores como MECO y H Solís.

El respetado y prestigioso medio de prensa Semanario Universidad, al informar sobre la indicada decisión presidencial, muy acertada, por cierto, recordó que ya había denunciado esta situación desde el mes de julio del año pasado 2021.

Universidad denunció que ambas empresas recibieron tal tipo de financiamiento por una cantidad anual de casi 5 mil millones de colones (4.780 millones para ser exactos), mediante ese impuesto de 8 colones incluido en el valor de cada litro de combustible que usted, honorable persona lectora de este comentario, pagaba en la bomba, como propietaria de un vehículo.

La indicada publicación nos dice que en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, la cuestionada medida que el propio Presidente dice, ahora, que debe desaparecer, alcanzó un monto de subsidio superior a los 18 mil millones de colones (18.000.000.000). Es decir, tal cantidad de dinero y en ese período, se la sacaron a usted, en la bomba de suministro de combustibles, cada vez que acudía a llenar el tanque.

Tal cifra, según Universidad, es elaboración propia con base en datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Fue en la administración gubernativa de Luis Guillermo Solís Rivera que tal impuesto se decretó, en enero del año 2016.

Ahora bien, ¿cuál es nuestro punto central aquí): Que el denominado impuesto único a los combustibles es de los más inequitativos de la perversa estructura tributaria costarricense; y, “compite” en injusticia con el impuesto al valor agregado (IVA), establecido en el 2018, dentro de la no menos injusta ley del combo fiscal.

Que el sencillo automovilista, integrante del amplio conglomerado mayoritario de la población costarricense (los sectores populares, trabajadores y la clase media); subsidiaria la actividad empresarial de las mega-constructoras mencionadas, en esto de la compra de asfalto, es un acto de gran inmoralidad política, más allá de la injusticia.

Nos preguntamos: ¿es que un mínimo resarcimiento ético para tanto compatriota agredido, económicamente, por ese subsidio, no merecería que la actual Asamblea Legislativa llame a dar explicaciones políticas al hoy exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera y a su ministro del MINAE, co-firmante del decreto que lo estableció, el señor Edgar Gutiérrez Espeleta?