Nos dirigimos a usted con sincera preocupación por el presente y el futuro del Ministerio de Cultura y, en general, por el declinante papel del Estado costarricense en el estímulo y difusión de de la cultura y las artes.
La Seccional ANEP-INA sostuvo una importante reunión con el nuevo Presidente Ejecutivo del INA, Juan Álfaro López. Uno de los principales temas abordados fue sobre la ejecución presupuestaria de la institución y como una mala o nula ejecución ha afectado el desarrollo educativo en las diferentes áreas de la institución.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
3 mil 600 millones de dólares es la cifra aproximada que, ¡por año!, se roban en Costa Rica las personas y las empresas que roban impuestos. ¡Sí!, roban impuestos porque la evasión tributaria y el fraude fiscal no es más que eso: vulgar robo de impuestos que, desde un punto de vista sociológico, es un crimen social. 3 mil 600 millones de dólares, en cifras se escribe así: $3.600.000.000.
3 mil 600 millones de dólares convertidos a colones, al tipo de cambio de la actualidad, 671 colones por dólar, nos indica esta monstruosísima cantidad: 2.415.600.000.000. ¿Le costó leerla? ¡A mí también! Es así: 2 billones 415 mil 600 millones de colones.
Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata y la relacionamos con la categoría económica denominada Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que, en la práctica, 6 puntos PIB al año, se va en robo de impuestos; 6 puntos PIB al año es la plata que no llega a las arcas del Estado-Ministerio de Hacienda. Hablamos de que, al término del año 2021, un punto PIB equivalía a unos 400 mil millones de colones (400.000.000.000). Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
3 mil 600 millones de dólares de robo de impuestos, ¡al año!, es dato que nos dio el mismísimo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la reunión que con él sostuviéramos, en Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo. ¡Mejor fuente no se podía tener! Sus antecedentes profesionales como funcionario de la banca internacional le dan la credibilidad necesaria. Pero, además, ya se venía hablando de este estratosférico fraude tributario hace ya bastante tiempo (en cuenta, nosotros mismos).
Pero, los que han podido actuar para corregir este crimen social, nunca han hecho nada. Nunca han querido hacer nada. Hoy, al inicio del presente gobierno, hay que lanzar la más fuerte acusación cívica jamás formulada en contra de la corrupta clase política que durante las últimas ocho administraciones han sido cómplices de este crimen social.
Tal clase política corrupta ha tenido bajo su control a 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda); a 3 gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella); a 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana (Solís Rivera y Alvarado Quesada).
Son 32 años de fraude fiscal, son 32 años de evasión de impuestos de manera descarada, son 32 años de podredumbre en las aduanas del país, son 32 años de un sistema tributario doblemente perverso (corrupto e injusto); y, son 32 años de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene al borde del precipicio.
Vienen aprobando leyes anti-obreras, vienen promoviendo legislaciones para destruir las herencias del denominado Estado Social de Derecho, vienen satanizando a las personas empleadas públicas al punto de exponerlas como criminales mediando sus violentos reportajes cargados de periodismo de odio; vienen pisoteando la mismísima Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
La Asamblea Legislativa que acaba de concluir sus gestiones (2014-2018), la más anti-obrera de las últimas siete décadas, no hizo algo al respecto. Se deleitó en promulgar legislación contra los derechos laborales que son Derechos Humanos y se dedicó a endeudar más el país. Terminó su gestión con un proyecto perverso de quitarle los derechos de cesantía a las personas trabajadoras cuando concluyen su vida laboral y pretenden pensionarse.
La que empezó el pasado 1 de mayo, va por el mismo sendero anti-obrero: pretende acabar con la histórica jornada de 8 horas, que tanta sangre costó para dar paso a un mayor nivel de intensidad de explotación obrera. ¡Estamos mal, pero muy mal!
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, solicitando que el caso de la denuncia contra la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, sea visto de forma urgente por la Corte Plena, además que se separe a la magistrada de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
La solicitud de la ANEP se basa luego de darse a conocer públicamente la denuncia, presentada por parte de la jefa del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, Patricia Bonilla Rodríguez contra la Magistrada, en la que, a esta última, se le atribuye haber ordenado borrar del sistema NEXUS PJ (plataforma con información de casos judiciales) datos concernientes a casos de relevantes personajes políticos.
“Así las cosas, consideramos que las conductas atribuibles en grado de probabilidad suficiente a la magistrada Patricia Solano Castro, contienen elementos gravísimos de probabilidad que justifican, con la mayor de las premuras, la intervención de su persona (Fernando Cruz); no sólo para poner en conocimiento del Ministerio Público la noticia criminis para establecer posibles responsabilidades penales y/o disciplinarias contra la funcionaria pública Patricia Solano Castro (magistrada)”, explicó Albino Vargas Barrantes, Secretario general de la ANEP.
Para la organización sindical, de ser ciertos los hechos que se le atribuyen a la magistrada, se estaría en presencia de uno de los casos de corrupción “más nefastos de la historia”, lo que justifica la solicitud de separación de su cargo y que el caso sea visto por la Corte Plena de forma urgente.
En la carta enviada por la ANEP al presidente de la Corte Suprema de Justicia también se solicita brindar protección a la denunciante de apellidos Bonilla Rodríguez quien también labora en el Poder Judicial.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
