Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lamentablemente, la campaña electoral para la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se efectuarán el domingo 3 de abril, está ya muy enlodada.

Las cuestiones de fondo, las de verdadera profundidad, la realidad de los riesgos que amenazan al mismo sistema democrático, no se están abordando.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos compatriotas que se acuestan sin comer; que no tienen para desayunar; o que, en el “mejor” de los casos, solamente pueden hacer una comida al día.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la sociedad, su sistema político y su clase gobernante, no le pueden garantizar a los y a las compatriotas el sagrado Derecho Humano al Trabajo; tal y como lo expresa el primer apartado del artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea lo siguiente:  “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando a la gente trabajadora del campo en actividades agropecuarias, se le continúa estrujando y arrinconando; perdiendo sus casas y sus terrenos porque se les dejó en total abandono, y pese a que hay posibilidades reales de condonar sus deudas bancarias, no hay voluntad política en el seno de la clase gobernante para posibilitarlo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando para competir por el logro de puestos públicos de relevancia, como las diputaciones y o la Presidencia de la República; es la inequidad y el poder del dinero lo que impera en la determinación de cuáles opciones puede elegir la ciudadanía y cuáles no.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos tantos jóvenes desesperanzados, desilusionados, desempleados; cuando constatan que el país que les vio nacer no les da oportunidades al salir de la secundaria; y, lo que es más grave todavía, su clase gobernante solamente les ve con ocasión del proceso electoral; y, cuando, contemplan que éste es un cruce de mensajes denigrantes y sucios entre quienes quieren llegar a la Presidencia de la República, como se está observando en estos momentos.

Hay amenazas serias a la democracia cuando el sistema educativo público tiene un estado calamitoso a tal punto que los valores cívicos que pretende transmitir a las personas educandas, chocan con la realidad socioeconómica de los hogares de muchas de ellas, lo cual les lleva a concluir que democracia que se les enseña en las aulas, es la misma que les está excluyendo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la deuda pública del país ha generado un empoderamiento exagerado de quienes manejan la cuestión financiero-fiscal de la República, al punto de que están ejerciendo una incidencia política de tal calibre que les permite influenciar, a su antojo, decisiones legislativo-parlamentarias y gubernativo-ejecutivas.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando el mismo está siendo penetrado en sus diversos niveles de institucionalidad republicana, por las nefastas influencias del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado; notándose una complicidad tácita de la clase política tradicional que le facilita su avance y/o que se prosterna ante el mismo para conseguir puestos relevantes de elección popular.

Estas sí son reales y alarmantes amenazas al sistema democrático. Pero, nuestra tradicional clase gobernante y sus partidos políticos, aunque lo saben muy bien el potencial riesgo de tales amenazas, prefieren mirar para otro lado… Hasta que la realidad les estalla en la cara. Varias naciones latinoamericanas lo han evidenciado en los últimos tiempos. Sin embargo, “nadie escarmienta en cabeza ajena”…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Si uno se pone a pensar en cuáles han sido los valores fundamentales para la integración social que se defendieron durante la década de los años cuarenta del siglo pasado; así como los que inspiraron la conformación de la República luego del conflicto armado de 1948, debemos concluir que el próximo Parlamento que inicia sus funciones el 1 de mayo venidero muestra diputaciones que, en contundente mayoría, no parece que serán guardianes de esos valores, en uno y otro caso.

El “todo mercado-nada Estado” entra por “la puerta grande” a la Asamblea Legislativa electa el pasado domingo 6 de febrero, pues pareciera que la excepción serán las medidas tendientes a la reducción drástica de la desigualdad; misma que a esta altura de la historia nacional parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, es decir, se nos hizo sistémica.

Quisiéramos estar equivocados, y superar el tono pesimista de estas líneas. En tal sentido, tenemos que renovar la fe en el enorme potencial que significa la organización civil de base para reclamar de las nuevas autoridades nacionales, tanto ejecutivas como legislativas, correcciones estratégicas en el rumbo del país. Correcciones que marcan la imperiosa necesidad de la aplicación de un conjunto de políticas y medidas hacia la recomposición de la integración social y económica de nuestra sociedad, tan venida a menos en las últimas administraciones gubernativas.

Estimamos que una buena parte de las nuevas diputaciones comulga, ya sea por convicción, ya sea por intereses personales, ya sea porque deban de honrar a sus financiadores de campaña, con ese caminar atroz que lleva el neoliberalismo global; ese, el que ha propiciado la más espantosa concentración de la riqueza en toda la historia de la Humanidad.

Y es que en Costa Rica este fenómeno de la concentración de la riqueza, abusiva y ofensiva, no es la excepción. Cuando se nos informa que los bancos, las cooperativas y mutuales financieras lograron el año pasado las mayores utilidades de los últimos cinco debido a que les pagaron a sus ahorrantes intereses muy bajos por el dinero que les confiaron cuidar, nos es dable imaginar la naturaleza de tal fenómeno en nuestro país.

Obvio resulta, según nuestro entender que, sin una presión civil organizada, extendida a lo largo y ancho del país, sólidamente fundamentada en la gran cantidad de estudios realizados a lo largo de los últimos años, la sistémica desigualdad no va a retroceder. 

Las comunidades que están en las zonas donde se vive con dramatismo la exclusión económica; las comunidades que presentan patologías sociales desintegradoras de la vida en familia, agobiadas por el desempleo y el crimen organizado; así como las comunidades que en áreas metropolitanas están al borde de una u otra situación, o ya están experimentando problemas al respecto; son todas ellas terreno potencial para arar la ansiada reivindicación cívica que obligue a la clase detentadora del real poder hegemónico a impulsar, por la vía de sus operadores políticos (en el Ejecutivo y el Legislativo), los cambios urgentes para una sólida estabilidad democrática de la República. Esta es la tarea de los movimientos sociales dispuestos a renovarse a sí mismos y a impulsar nuevas estrategias para el empoderamiento civil.