Autor: ANEP
El bacanal de los salariazos bancarios que ningún político quiere cambiar
– El caso del BCR: Máximo jerarca, que ya gana 9.3 millones, quedaría ganando menos que su subalterno.
– Mensaje directo para los candidatos presidenciales de segunda ronda
Nuevamente, el tema de los salarios exagerados, escandalosos y ofensivos en la esfera estatal, sale a la luz pública. Según publicación de prensa de este día, en el “reino” de las escandalosas remuneraciones salariales de los banqueros, cobra notoriedad, nuevamente, el caso del Banco de Costa Rica (BCR).
Por esos “raros” movimientos en esas altas cúpulas que nadie se explica, el máximo jerarca institucional, el Gerente General, quien gana 9 millones 300 mil colones mensuales de salario, sería rebasado por su inmediato subalterno, el Subgerente, quien llegaría a ganar más que él.
La denuncia de fuente laboral al respecto y que fundamenta la información de prensa, se queda cortísima: no es defender el salario del “pobrecito” Gerente General que quedaría ganando menos que su subalterno inmediato: el Subgerente.
Por el contrario, es impulsar la derogatoria de este sistema de salarios abusivos en los bancos públicos, pues tanta complicidad sindical durante tanto tiempo al respecto, ha generado que se dañen miles de honras de servidores públicos por toda la institucionalidad estatal.
¡Exacto! Contradictoriamente, la abrumadora mayoría de la clase trabajadora estatal, vilipendiada al máximo en los últimos años por una perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no gana tan escandalosos sueldos. Es una minoría, por demás, insaciable. Gran injusticia se ha cometido y que está pendiente de saldar.
Bien harían los señores candidatos a la Presidencia de la República que disputarán la silla presidencial, en segunda ronda electoral, el domingo 3 de abril venidero, en ponerle buen cuidado a la propuesta de la ANEP, incluida en el documento-carta que esta organización les hizo llegar:
Urge la emisión de la una ley de la República para regular los salarios en el nivel de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, de manera tal que quien aspire a tan elevados cargos públicos, por imposición política, por atributos profesionales y/o por imposiciones gremiales abusivas, sepa a qué atenerse si va a dirigir un ministerio, una institución autónoma/semiautónoma, una empresa pública, un banco estatal, una superintendencia, una alcaldía, un hospital, una universidad estatal, etc.
Este tipo de “salariazos” que se obtienen llegando a posiciones de poder por servidumbre con la clase política tradicional y sus suportes plutocráticos, no desaparecerán con el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, mismo que debe desaparecer del actual escenario legislativo, tal y como también lo planteó la ANEP en su carta a los indicados candidatos presidenciales, señores José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles.
Por el contrario, quienes sirven en la función pública con salarios de niveles bajos, medios y profesionalmente justos, son las víctimas político-sociales de una agresión político-mediática sin parangón desde que existe lo que se conoce como la Segunda República.
San José, miércoles 16 de febrero de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Elecciones y diputaciones
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Si uno se pone a pensar en cuáles han sido los valores fundamentales para la integración social que se defendieron durante la década de los años cuarenta del siglo pasado; así como los que inspiraron la conformación de la República luego del conflicto armado de 1948, debemos concluir que el próximo Parlamento que inicia sus funciones el 1 de mayo venidero muestra diputaciones que, en contundente mayoría, no parece que serán guardianes de esos valores, en uno y otro caso.
El “todo mercado-nada Estado” entra por “la puerta grande” a la Asamblea Legislativa electa el pasado domingo 6 de febrero, pues pareciera que la excepción serán las medidas tendientes a la reducción drástica de la desigualdad; misma que a esta altura de la historia nacional parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, es decir, se nos hizo sistémica.
Quisiéramos estar equivocados, y superar el tono pesimista de estas líneas. En tal sentido, tenemos que renovar la fe en el enorme potencial que significa la organización civil de base para reclamar de las nuevas autoridades nacionales, tanto ejecutivas como legislativas, correcciones estratégicas en el rumbo del país. Correcciones que marcan la imperiosa necesidad de la aplicación de un conjunto de políticas y medidas hacia la recomposición de la integración social y económica de nuestra sociedad, tan venida a menos en las últimas administraciones gubernativas.
Estimamos que una buena parte de las nuevas diputaciones comulga, ya sea por convicción, ya sea por intereses personales, ya sea porque deban de honrar a sus financiadores de campaña, con ese caminar atroz que lleva el neoliberalismo global; ese, el que ha propiciado la más espantosa concentración de la riqueza en toda la historia de la Humanidad.
Y es que en Costa Rica este fenómeno de la concentración de la riqueza, abusiva y ofensiva, no es la excepción. Cuando se nos informa que los bancos, las cooperativas y mutuales financieras lograron el año pasado las mayores utilidades de los últimos cinco debido a que les pagaron a sus ahorrantes intereses muy bajos por el dinero que les confiaron cuidar, nos es dable imaginar la naturaleza de tal fenómeno en nuestro país.
Obvio resulta, según nuestro entender que, sin una presión civil organizada, extendida a lo largo y ancho del país, sólidamente fundamentada en la gran cantidad de estudios realizados a lo largo de los últimos años, la sistémica desigualdad no va a retroceder.
Las comunidades que están en las zonas donde se vive con dramatismo la exclusión económica; las comunidades que presentan patologías sociales desintegradoras de la vida en familia, agobiadas por el desempleo y el crimen organizado; así como las comunidades que en áreas metropolitanas están al borde de una u otra situación, o ya están experimentando problemas al respecto; son todas ellas terreno potencial para arar la ansiada reivindicación cívica que obligue a la clase detentadora del real poder hegemónico a impulsar, por la vía de sus operadores políticos (en el Ejecutivo y el Legislativo), los cambios urgentes para una sólida estabilidad democrática de la República. Esta es la tarea de los movimientos sociales dispuestos a renovarse a sí mismos y a impulsar nuevas estrategias para el empoderamiento civil.
Finca Palma Tica en OSA ya cuenta con seccional de la ANEP
ANEP envía carta a candidatos presidenciales con temas prioritarios para la próxima Administración
Carta que la Junta Directiva Nacional (JDN), entregó EL lunes 14 de febrero, a los dos candidatos presidenciales de segunda ronda electoral, don José María Figueres Olsen y don Rodrigo Chaves Robles La carta plantea varios temas político-sociales y económicos que, a juicio de la ANEP, tienen relación directa con la calidad de vida del pueblo trabajador y de nuestras capas medias.
ANEP: Carta a Las Candidaturas Presidenciales-segunda Ronda_compressed by EugenioGuerrero on Scribd
San José, lunes 14 de febrero de 2022.
S.G. 21-25-0407-22
Señores
José María Figueres Olsen
Rodrigo Chaves Robles
Candidatos a la Presidencia de la República
Segunda ronda de elecciones presidenciales 3 de abril de 2022
SAN JOSÉ
Estimados señores:
Con el respeto debido, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expone, de seguido, varios temas en el orden político, económico y social de la realidad costarricense de la actualidad, la cual, sin discusión alguna, ha deteriorado de manera muy sensible la calidad de vida del pueblo trabajador costarricense, especialmente; y, acorde con nuestra visión-país según el sindicalismo sociopolítico practicado por la ANEP.
Prácticamente, no hay discusión en lo siguiente: a) Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta. b) La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica. c) Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico. d) La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios-emprendimientos empresariales; d) gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas. Son éstas (más otras, bien conocidas por ustedes), las principales características de la Costa Rica del Bicentenario. Características que, de un modo u otro, se han venido presentando y fortaleciendo por políticas económico-sociales no centradas en la promoción del bien común, seguidas por las últimas ocho administraciones gubernativas.
Para entrar al contenido fundamental de la presente, los siguientes apartados indican aspectos en los cuales se requieren, según nuestra visión, cambios estructurales en las políticas públicas respectivas, mediando acciones drásticas por parte del nuevo gobierno que alguno de ustedes dos ha de encabezar. Aclaramos que el orden en que se mencionan, no expresan ni prioridades ni preferencias.
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y BIEN COMÚN
Las herencias históricas de la institucionalidad establecida para la promoción del bien común y de la inclusión social deben preservarse: CCSS, ICE, INS, A y A, CNP-FANAL, INDER, CEN-CINAI, Educación y otras. Procede su redefinición y/o reconstrucción y fortalecimiento en los casos que corresponda, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, que a cada entidad pública le corresponde promocionar. Siempre deben seguir en el ámbito de propiedad pública. Ante ustedes, la corriente sindical en la cual militamos reafirma nuestro compromiso de lucha en todos los frentes que sean necesarios por la defensa de esa institucionalidad.
CCSS: SEGURO DE SALUD-PENSIONES IVM:
La sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra seriamente amenazada. Así se desprende del escenario-base consignado en la valuación actuarial del Seguro de Salud de 2020, según la cual este régimen será solvente hasta el año 2024. Por su parte, el Seguro de Pensiones será sostenible hasta el año 2026 o 2028, según estimaciones externas, pues las realizadas por la CCSS no son confiables.
A lo anterior se une la exorbitante deuda de 50 billones de colones (₡ 50.000.000.000.000) del Estado con la Seguridad Social, originada principalmente por el desvío de fondos del Seguro de Pensiones en una cuantía del 7,5% sobre los salarios; por una parte; y, por otra, la falta de pago del costo de la atención primaria de la salud desde el año 1993, obligación confirmada desde el año 2015 en sentencia de Casación.
Asimismo, las pensiones de más de 300 mil pensionados no se revalorizan desde mayo de 2019, motivo por el cual han perdido un 6,28 % de valor adquisitivo, lo cual equivale a 80 mil millones de colones en el año 2022.
Igualmente, grave es la acusación penal que bajo el expediente Nº 12-000046-0615-PE enfrenan 18 ex y jerarcas de la CCSS, por los presuntos delitos de Influencia contra la Hacienda Pública, Administración Fraudulenta y Fraude de Ley, cuya génesis se remonta al Plan Escudo (2008-2010); causa que, conforme al peritaje efectuado por la Procuraduría General de la República en 2020, habría propiciado un daño social a ambos regímenes de 217,5 mil millones de colones. Varias de esos altos mandos institucionales continúan en posiciones claves, por tanto, se asiste a una situación inédita en extremo nociva, en la que convergen, por un lado, la insolvencia financiera y, por otro, los conflictos de interés; situación que a todas luces dificulta la adopción de soluciones que conviene adoptar.
La Caja está como “moro sin señor”. Es urgentísimo una acción gubernativa, con participación civil organizada, para evitar su colapso-quiebra de imprevisibles consecuencias.
LA CUESTIÓN TRIBUTARIO-FISCAL
Para empezar, debe acometerse la histórica tarea de la Transformación Tributaria Estructural. El informe legislativo sobre Los papeles de Panamá (elaborado en el período parlamentario-constitucional anterior al que ya casi concluye), sirve de base de partida. El sistema tributario costarricense es perverso: pagan más impuestos los que, proporcionalmente, menos tienen; los que más tienen, cada vez acumulan más, pagan menos impuestos, los evaden y/o los esconden. Algunos cuantifican hasta en 5 mil millones de dólares anuales, 8 puntos PIB, el robo de impuestos en Costa Rica por múltiples mecanismos. No se ocupan y la gente no aguantará, más impuestos.
En estricta concatenación con el problema anterior, está en estratosférico nivel de endeudamiento público y su extraordinariamente elevado pago de intereses, en espeluznantes montos diarios. Ustedes no podrán hacer honor a sus compromisos de gobierno en materia de inversión social, si toda la plata se va en atender los intereses de usura que demanda esa deuda pública: datos oficiales nos hablan de entre 4 puntos y 4.3 puntos del PIB en intereses, promedio anual, lo cual, lleva al fisco a erogar una gigantesca cifra de hasta casi 5 mil millones de colones al día.
Se impone una auditoría ciudadana de la deuda pública, una reingeniería de ella, por una parte; por otra, hay que derogar la regla fiscal, draconiana en grado superlativo pues el colapso de múltiples programas de políticas públicas dedicadas a lo social es inminente.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, GENERACIÓN DE EMPLEO Y POLÍTICA SALARIAL
Consenso sin discusión: urge la reactivación económica. Pero urge la reactivación económica para el mercado interno. Y, aunque en esa dirección, muchas propuestas político-electorales plantearon el tema del apoyo de política pública para las micro-pequeñas y medianas empresas, lo real es que esto no será posible si el poder adquisitivo del pueblo trabajador sigue estancado de cara a un país que tiene, sino el más, uno de los más altos costo de la vida a nivel latinoamericano.
Entre otras medidas urgentes, está la de la revalorización del salario mínimo, aumentando su cuantía-poder de compra; y, por ejemplo, es necesario la emisión de un decreto extraordinario que lo eleve no más llegando el nuevo gobierno.
Además, la política salarial expansiva, la que aumenta el poder de compra del salario, no solamente es fundamental para una segura reactivación del mercado interno, sino que es un elemento dinamizador de un proceso de reducción de la desigualdad. No es moralmente ético ni socialmente justo que ahora nos salgan con que, en el pasado año 2021, la economía creció en un 7.6 %, sin que nadie piense en una medida especial de redistribución de ese crecimiento vía salario mínimo, al menos, definiéndose un reajuste extraordinario a la llegada del nuevo gobierno.
La política de congelamiento salarial para el sector Público, en los niveles salariales medios y bajos, ha sido sumamente injusta y cruel. Prácticamente, aquí cabe el mismo razonamiento que en el caso del salario mínimo.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL
ANEP apoya la gestión que realizan la Red de Renta Básica Universal de Costa Rica y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para implementar la Renta Básica Universal en Costa Rica, que consiste en dotar a cada costarricense de, por ejemplo, una cifra de 300 mil colones mensuales. Eso sacaría de la pobreza económica a miles de ciudadanos que hoy padecen ese flagelo. No hay programa de gobierno por más buenas intenciones que se tengan, con capacidad de generar cero desempleos.
Los desafíos de la Humanidad ante el desarrollo científico-tecnológico que han desplazado a millones de seres humanos al desempleo, asfixiados por sistemas tributarios regresivos, nos demuestran que las sociedades deben tomar decisiones que protejan la vida ante la hambruna, la falta de oportunidades y las enormes desigualdades. Costa Rica tiene de donde echar mano para un sistema de Renta Básica Universal: el robo de impuestos, calculado en más de 8 puntos del PIB; las exoneraciones y exenciones en 6 puntos; la enorme deuda pública que merece una revisión urgente; la corrupción en 7 puntos, el lavado y dinero sucio, calculado en casi 7 puntos.
Un sistema como este revitaliza el mercado, especialmente el interno. Por ende, habrá más recaudaciones tributarias, saca de la pobreza económica a toda la ciudadanía, recupera la salud mental de la gente sometida a la pobreza, la sociedad recupera dinamismo social y económico.
EMPLEO PÚBLICO
Desde las entrañas más insanas del periodismo de odio (también se le venido calificando como prensa canalla), se sometió al colectivo laboral del Estado costarricense a la más perversa campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica jamás desplegada contra grupo social alguno, en lo que va de la denominada Segunda República.
Tan perversa campaña no permitió dejar en evidencia los bajísimos salarios para varios grupos de personas trabajadoras de servicios públicos destinados a atajar el crecimiento de la desigualdad, de la exclusión social y económica y hasta de la seguridad; como, por ejemplo, CEN-CINAI, control de vectores en atención primaria de Salud, el personal de base de todos los cuerpos policiales, vigilancia de centros educativos y trabajadoras de comedores escolares.
ANEP, con base en aportes de intelectuales y especialistas en la materia, logró demostrar que el alto déficit fiscal nunca ha estado en los salarios del aparato público costarricense; ni siquiera en los casos más escandalosos de ciertos grupos de poder ligados a la clase política tradicional
En esencia, el alto déficit fiscal está centrado en la evasión tributaria y elusión fiscal, en las dispendiosas exenciones-exoneraciones; y, concomitantemente, en la espantosa cuantía de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.
Con base en todo ello, creemos en lo siguiente:
- A- Desechar el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336; y, establecido el nuevo Gobierno, instalar un diálogo social real, no caricaturesco, con las organizaciones obrero-sociales y productivo-empresariales más relevantes.
- B- Se debe ser contundente en que no habrá despidos de personal trabajador estatal.
- C- Impulsar una legislación urgente para la regulación de los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, comprendido éste de manera integral.
- D- Fortalecimiento urgente de los diferentes cuerpos policiales (recurso humano, tecnología, equipo, salarios decentes), para enfrentar (entre otros desafíos) en mejores condiciones el avance de la penetración del narcotráfico y del crimen organizado, así como poner freno a la inmigración descontrolada por los abiertos puestos fronterizos territoriales; y, por otra parte, mejorando, de manera radical, la calidad de atención que se ha venido dando al turismo extranjero al momento de ingresar al país.
- E) Impulsar, con suma urgencia, un gran despliegue de política pública para el rescate de la población habitante de las zonas geográficas de pobreza y de pobreza extrema, de vulnerabilidad de pobreza y de exclusión económica, mediante abordajes multi-institucionales y multidisciplinarios en el campo social, fortaleciendo el empleo público correspondiente. ANEP estima que las municipalidades, como gobiernos locales, pueden coadyuvar de manera estratégica en este sentido y, por tanto, deben ser fortalecidas.
REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
La sociedad costarricense avala, ampliamente, la premisa de que la educación pública es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático costarricense, de su Estado Social y de toda política pública para eliminar el lastre de la desigualdad social que afecta a nuestra sociedad.
Por este motivo, resultan impostergables los esfuerzos del gobierno 2022-2026 para fortalecer al sistema educativo nacional, mejorar su calidad, relevancia y pertinencia; y, al mismo tiempo, establecer las bases para revitalizar la educación pública en el siglo XXI.
Entre algunos de los esfuerzos que la sociedad costarricense exige de la futura administración se encuentran:
- A- Asegurar el crecimiento del presupuesto de educación hasta alcanzar el 8% del PIB en el año 2026.
- B- Implementar un robusto proceso de construcción de infraestructura educativa con especial atención de los centros educativos con órdenes sanitarias y aquellos con más de una década de rezago en inversión.
- C- Aumentar la inversión en los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública con especial atención de los comedores escolares, transporte y becas.
- D- Realizar las inversiones en infraestructura, tecnología digital, equipos y recursos humanos para asegurar la implementación del 100 % del currículo en todas las escuelas del país.
- E- Dignificar al Magisterio Nacional mediante la supresión de los interinazgos, mejora de la capacitación, eliminación de las sobrecargas laborales y los excesos administrativos.
- F- Reformar el currículo nacional para la mejora de los procesos de aprendizaje con especial atención de las áreas de Español y de Matemática.
- G- Reformar la estructura de evaluación de los aprendizajes.
- H- Iniciar un proceso de descentralización dirigido a la integración activa de las familias y comunidades en los temas educativos.
- I- Lograr la máxima conectividad en todos los hogares costarricenses.
Para que estos esfuerzos sean realizables, se requiere un compromiso firme del futuro gobierno para abrir una mesa de diálogo nacional coordinada por CONARE-Estado de la Educación, integrada por los diversos sectores de la sociedad costarricense y en la cual se gesten los acuerdos vinculados al tema educativo.
Además, la designación de una persona ministro o ministra de Educación con amplias y probadas experiencias en el área y el compromiso de la Presidencia de la República para asignar recursos económicos, así como para generar los acuerdos políticos necesarios para concretar las reformas necesarias en el área educativa.
OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH)
El nuevo Gobierno de la República está obligado a disponer lo pertinente para que se respete, plena y completamente, los contenidos de la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de Género.
La pertenencia de Costa Rica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la legislación nacional emitida para acatar, sin miramientos, sus fallos, nos obliga, repetimos, a acatar en toda su magnitud y profundidad, esa Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH.
Les ofrecemos al experto grupo de especialistas y profesional en esta delicada materia de los Derechos Humanos (DD.HH.), que han venido asesorando a la ANEP, para que ustedes preparen al respectivo equipo del futuro gobierno en este asunto.
DERECHOS HUMANOS Y CONVENIO 190 DE LA OIT
Particularmente, en este delicado y estratégico ámbito de los Derechos Humanos, una gran señal que se puede enviar, ya mismo, al pueblo trabajador costarricense y migrante que aporta a la producción nacional, en el sentido de que ambos aspirantes a la Presidencia de la República les respetarán plenamente sus Derechos Humanos y Laborales; consiste en que los dos alcen su voz para que la saliente Asamblea Legislativa apruebe el Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Las diputaciones salientes, al disponerse a archivar el expediente legislativo del caso, asestarán un nuevo impulso al peligroso proceso desestabilizador de arrinconar a la clase trabajadora costarricense, al irle cercenando derechos y posibilitando incrementar los niveles de explotación obrera.
CORRUPCIÓN
Urgen medidas ejecutivas y legislativas, contundentes, en ámbitos de acción estatal en los cuales la colusión delictiva de lo público con lo privado ha venido haciendo estragos contra la población.
Hablamos de los ámbitos aduanero, tributario, informático-digital, infraestructura vial, infraestructura educativa, municipal, sistema de compras de la Caja y de otras empresas públicas. ANEP está en total disposición de generar aportes concretos una vez instalado el nuevo Gobierno. Por ejemplo, no más entrando a la Presidencia de la República debe ordenar la instalación de los escáneres en todos los puestos fronterizos del país.
Así también, se debe atacar fuertemente la corrupción con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente de pequeñas y medianas circunstancias económicas; impulsando las correcciones jurídico-reglamentarias que son urgentes, a partir de las amargas experiencias ampliamente conocidas por la sociedad costarricense.
En lo que se refiere a las contralorías de servicio, las mismas deben ser trasladas a la Defensoría de los Habitantes de la República, de forma tal que dejen de depender del jerarca institucional correspondiente.
ECOLOGÍA, BUEN VIVIR Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ANEP está convencida de que los desafíos delicados para el buen vivir de la población, del cambio climático y de la protección integral de nuestra biodiversidad (de la cual hacemos alarde a nivel internacional), exige que Costa Rica se adhiera y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Bien se extrae el sitio web de Wikipedia lo siguiente:
“Este acuerdo regional es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. Además, tiene un apartado sobre la protección de defensores de los derechos humanos en temas ambientales”.
Particularmente, este asunto nos permite destacar que urge fortalecer el servicio de guardaparques nacionales, transformándolo es una verdadera Policía Ecológica, ante el avance de la caza furtiva, el asentamiento del narcotráfico, la depredación producto de invasión de producción agrícola y carencia de adecuado cuido y mantenimiento, entre otros factores negativos que atentan contra la riquísima biodiversidad nacional.
Sin duda alguna, los planteamientos del Papa Francisco en cuanto a la protección de la Ecología, impulsan una revitalización del desvelo del país para mantener su rica biodiversidad y elevar la calidad de vida de las personas en armonía con la Naturaleza.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA NUTRITIVA
Al respecto debemos ser claros. De ser Costa Rica, a mediados de los años 80’s del siglo pasado, autosuficiente en frijoles, arroz y maíz, productos básicos en la alimentación del pueblo; pasó lamentablemente, en los gobiernos de los últimos 30 años a ser importador, dejando de lado la producción nacional y llevando casi a la indigencia al productor agropecuario nacional, poniendo en riesgo a la población ante un desabasto y juego con los precios internacionales.
En lo concreto, un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sin políticas, así como un Consejo Nacional de Producción (CNP) desmantelado, ha dado como resultado el abandono total del sector agropecuario, en general.
Sin embargo, el discurso político en cuanto al respeto al ambiente y a la descarbonización, abren la oportunidad de reiniciar un proceso para tener una nueva Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutritiva, libre, o con uso reducido de agroquímicos, libre de transgénicos, mediante poner en práctica la política de una Cadena Agroalimentaria en relación armoniosa con el ambiente, que en lo social sea una oportunidad de desarrollo para las zonas rurales y sus productores agropecuarios.
Al respecto, nosotros tenemos una amplia propuesta preparada por uno de nuestros expertos asesores en esta necesidad nacional y estamos listos a exponérselas, considerando que será uno de los ejes de una nueva actividad económica con inclusión social y productiva.
EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE PROPIEDAD ESTATAL
Estamos a favor de la democratización del acceso de la gente, de la ciudadanía y sus diversos agrupamientos ciudadanos, a la comunicación colectiva; desafío que emerge con una muy conveniente oportunidad
El futuro Gobierno de la República, apenas instalado, debe sentarse con las personas representantes de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA); grupo civil que puja para que se asignen frecuencias a fin de intensificar y expandir las voces de las comunidades, por ejemplo, en las radios no comerciales.
Según la ley del caso, en junio de 2024, debe producirse la renovación de los derechos de uso de concesiones o títulos habilitantes de las frecuencias de radio y televisión.
Para ANEP sigue pendiente la construcción de un gran acuerdo nacional, especialmente en temas estratégicos que promuevan la inclusión social y que impulsen la actividad económica mediando la creación de empleos de calidad. Por tanto, las características principales de la Costa Rica del Bicentenario, señaladas al principio de la presente carta, debemos consignarlas de seguido, por segunda vez, para hacer énfasis en que superar estos desafíos no será posible sin el concurso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales sanas.
- 1- Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta.
- 2- La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica.
- 3- Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico.
- 4- La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios-emprendimientos empresariales.
- 5- Gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas.
Finalmente, a nombre de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, les extendemos respetuosa y cordial invitación para que, si a bien lo tienen, nos visiten (mediando coordinación previa y a conveniencia de ustedes), en nuestra casa de la Calle 20, con la finalidad de escucharles y; a la vez, expresarles nuestros pensares sobre los contenidos de la presente y, en general, nuestros sueños de una Costa Rica de real, de verdadera, de auténtica inclusión social y económica.
Junta Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
| Albino Vargas Barrantes Secretario General | Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto |
San José, lunes 14 de febrero de 2022.
S.G. 21-25-0407-22
Señores
José María Figueres Olsen
Rodrigo Chaves Robles
Candidatos a la Presidencia de República
Segunda ronda de elecciones presidenciales 3 de abril de 2022
Página 13
cc.: Clase trabajadora afiliada a la ANEP.
cc.: Juntas directivas seccionales de la ANEP en sectores público y privado.
cc.: Ciudadanía y organizaciones sociales costarricenses.
cc.: Pueblo trabajador costarricense.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
¡Ratifiquen el Convenio 190-OIT!
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Somos miles de personas en este país que pensamos que la Asamblea Legislativa actual, misma que termina su gestión constitucional el próximo 30 de abril, se caracterizó por una muy marcada tendencia anti-obrera y a favor de los intereses del gran corporativismo empresarial, el de los mega-negocios.
Ahondando un poco más, este parlamento estuvo volcado hacia orientaciones ideológicas contrarias a los postulados sociales y de bien común que están en la actual Constitución Política del país, la del 7 de noviembre de 1949; y, peor aún, a los contenidos de las mismísimas Garantías Sociales contenidas en nuestra Carta Magna, las cuales se obtuvieron durante las fuertes luchas socio-obreras de la década de los años 40 del siglo anterior.
No es de extrañar, por tanto, que la imperiosa necesidad de la clase trabajadora por tener la mayor regulación posible en materia de acoso laboral, no tenga ambiente político como para que el presente parlamento dé su aval, vote, ratifique legislativamente hablando, el Convenio No. 190, emitido por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 10 de junio de 2019, en su 108 sesión anual.
Este Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en los ambientes laborales tiene fuerte asidero en todos los instrumentos internacionales que plantean la cuestión de los Derechos Humanos. Conviene mencionarlos para dar una idea de la doble moral del país en esta delicada materia, pues nuestra clase gobernante pregona, urbi et orbe, que Costa Rica es un país celoso protector de los Derechos Humanos.
El Convenio 190 responde a los contenidos pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Comprender bien las bases del Convenio 190 y que el parlamento costarricense esté a punto de rechazarlo, solamente vergüenza y estupor causa en todos los ámbitos de la lucha social y sindical enmarcada en la defensa de los Derechos Humanos.
Tenemos la oportunidad de ser país-vanguardia en tal sentido, pues solamente 10 países han ratificado este convenio: Argentina, Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Mauricio, Namibia, Somalia, Sudáfrica y Uruguay.
Nuestra experiencia sindical cotidiana nos da la oportunidad de conocer la enorme cantidad de dramas personales a raíz de las más disímiles conductas de acoso patronal que se dan en las instituciones públicas y en las empresas privadas.
Muchos casos llevan a la persona trabajadora acosada a estados de estrés gravísimo, con repercusiones familiares y sociales, generando afectaciones de salud físico-mental y psicoemocional de consecuencias impensadas y, en algunos casos, con fuertes intenciones de suicido.
Le hemos solicitado a los señores candidatos presidenciales de la próxima segunda ronda de elecciones, don José María Figueres Olsen y don Rodrigo Chaves Robles, en carta abierta que está circulando de parte de la corriente sindical en la cual militamos, que alcen su voz y que conminen al actual parlamento a que vote, sin mayor dilación, el Convenio No. 190 de la OIT; el cual, según esta entidad mundial, es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
Para dar una magnitud de la imperiosa necesidad de que el país tenga este Convenio 190 incorporado a la normativa del mundo del trabajo, les transcribimos dos definiciones clave consignadas en este importante instrumento jurídico que, un día sí y otro también, expresan el fenómeno del acoso laboral:
a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y
b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.
¡Rectifiquen! Señores diputados y señoras diputadas: ¡no avergüencen al país! Miles de personas trabajadoras asalariadas, en los ámbitos público y privado, sufren graves episodios de acoso. La ratificación del Convenio 190 puede ayudarles a aliviar su dolor.
58 trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea pasan a tener plaza en propiedad
ANEP y CANATUR piden que se elimine revisión de código QR en aeropuertos internacionales
Abstencionismo del 40%
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
No podemos dejar pasar desapercibido, como un dato más del proceso electoral del pasado domingo 6 de febrero, la circunstancia de que 4 de cada 10 costarricenses, no hiciera uso del sagrado derecho al sufragio.
Pensamos que en todas las instancias político-partidistas y en las de las diferentes organizaciones de la denominada sociedad civil, se debe reflexionar, como nunca antes, sobre este fenómeno del abstencionismo; mismo que, según nuestra visión, no se puede abordar sin considerar el estado actual de la realidad socioeconómica de nuestro país.
Muchas personas estudiosas han logrado puntualizar, mediando las más diversas investigaciones, que las zonas costeras, del Pacífico y del Atlántico, así como las zonas fronterizas, muestran indicadores de pobreza y de extrema pobreza más que alarmantes.
De hecho, la vergonzosa situación de que Costa Rica ocupe el octavo lugar del listado de países más desiguales del planeta, tiene mucho origen en esas áreas geográficas del territorio nacional en las cuales, precisamente, parecen estar los niveles más altos de abstencionismo.
Entonces, el abstencionismo, por una parte, parece que no puede desvincularse de procesos de exclusión y de ruina económica. Además, muestra vínculo con importantes servicios públicos deteriorados o insuficientes, por una parte; y, por otra, no es despreciable asociarlo con el creciente fenómeno de la delincuencia y del crimen organizado del narcotráfico, especialmente en ciertos niveles territoriales.
El fenómeno del abstencionismo guarda relación con el grado de legitimidad de las autoridades electas. No es lo mismo que un gobernante obtenga un mandato por mayoría producto de una altísima votación; que un mandato procedente de, apenas, la mayoría de la mitad del universo electoral establecido.
Y, si esos altos abstencionismos debilitan la legitimidad de la autoridad del gobernante electo, es previsible que su acción ejecutiva presente problemas de gobernabilidad; es decir, el grado de aceptación de ese mandato en el seno de la población, podría restringirse a la votante; mientras que la abstencionista puede sentirse liberada de someterse a la nueva autoridad gubernativa.
Para el proceso electoral en desarrollo, dado que habrá segunda ronda de votaciones presidenciales, es dable esperar un mayor nivel de abstencionismo.
Si en la ciudadanía abstencionista los sentimientos de decepción, de frustración, de desesperanza y de enojo arrojan puntos clave para explicarse el fenómeno; las opciones partidistas finalistas harían muy bien si realizan una ofensiva de sensibilización de la importancia del voto de segunda ronda presidencial; no solamente para procurar que la cifra del 40% de abstencionismo de primera ronda, se redujese; sino que, por el contrario, esta segunda elección brinde una mayor legitimidad a la opción triunfante.
Ahora bien, si ese abstencionismo del 40% será mucho mayor para el domingo 3 de abril, fecha de las segundas votaciones presidenciales, el gobierno saliente de las mismas tiene la ineludible obligación de realizar algún tipo de intervención integral en las comunidades de mayor dramatismo abstencionista, mediando la organización comunal de base existente o por crearse, con la finalidad de comprender bien las causas y proceder a combatirlas.
Finalmente, el abstencionismo tiene relación directa con la calidad de la democracia. No es posible, repetimos, dejarle pasar desapercibido; si, además, tomamos en cuenta que las limitaciones que está demostrando la democracia electoral, la cual se sustenta, cada vez más, en una cuestión de poderío económico de las opciones en pugna; la misma estabilidad democrática de la República es la que está en juego, llevándonos por el camino peligroso del Estado fallido si no hacemos algo al respecto. Todavía hay tiempo.
Pronunciamiento de la ANEP al cierre de las urnas electorales
Al momento del cierre de las urnas electorales, 6 de la tarde de este domingo 6 de febrero de 2022, y sin conocerse el resultado de las elecciones presidenciales; la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace del conocimiento del pueblo trabajador y de la ciudadanía costarricense, mediante el presente comunicado de prensa, lo siguiente:
La JDN-ANEP manifiesta su interés en tener un intercambio de opiniones con las personas candidatas que resulten electas para pasar a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, votación prevista para el domingo 3 de abril. El seguimiento del proceso electoral y el balance general de nuestra campaña PASAR FACTURA, nos indican que habrá segunda vuelta.
Si hay interés de estas dos personas candidatas presidenciales para la segunda ronda en conversar con ANEP (en momentos separados), la actividad debe ser de amplio conocimiento público y de abierta divulgación; definiéndose, de mutuo acuerdo, fecha, lugar, hora y otros detalles de interés.
La JDN-ANEP desea hacer del conocimiento de estas dos personas candidatas presidenciales finalistas, los más relevantes aspectos de su agenda sociopolítica de la actualidad, en pro del bien común y de la inclusión social y económica; agenda que ha sido formulada de manera compartida con otras connotadas agrupaciones de sectores sociales.
A la vez, desearíamos escuchar a las contrapartes sus primeras iniciativas de gobierno, con base en su respectiva propuesta, en el marco de la realidad socioeconómica tan adversa para el pueblo trabajador y los sectores medios empobrecidos.
San José, domingo 6 de febrero de 2022.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP
