Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Tan solamente fueron unas ideas de impulsar políticas públicas de inclusión social y de restauración del bien común en la sociedad chilena, para que sus mercados bursátiles-financieros reaccionaran, de manera violenta, a la baja y el precio de dólar subiera, a partir del discurso en la noche de su elección, del señor Gabriel Boric Font, como nuevo Presidente de Chile, obteniendo él una victoria muy holgada y sin el menor asomo de duda sobre la transparencia de la misma.

Chile, sufrido pueblo latinoamericano, experimentó a sangre y fuego, con cientos de personas muertas, asesinadas, desaparecidas y exiliadas, políticas económicas en los últimos tiempos que le ubicaron dentro de las diez naciones más desiguales del planeta, según diversas publicaciones nada sospechosas de ser de “izquierda”. Por cierto, nuestra querida Costa Rica, en la actualidad, también está “compartiendo honores” en esa lista.

Al pueblo chileno le fue impuesto, mediando dictadura y luego una democracia restringida y controlada, un totalitarismo de mercado, con base en los más relevantes postulados del pensamiento económico neoliberal.

En Chile, el todo mercado-nada Estado, generó tal acumulación de desigualdad social y de exclusión económica que, a todo mundo consta, no solamente generó uno de los estallidos sociales más profundos e impactantes de las últimas décadas en América Latina; sino que, además, tiene en desarrollo un proceso constituyente para una nueva carta magna que estará inspirada por ideas del bien común y de la inclusión social. Es decir, el todo-mercado-nada Estado podría perder su hegemonía ideológico-política y económica, de origen y contenido sangriento, en la sociedad chilena.

Tenemos que ser muy contundentes y absolutamente firmes para contener el avance perverso del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado; totalitarismo ideológico que ha sido capaz de engendrar perversas dictaduras con miles de muertes a su haber.

Varias de las corrientes político-partidistas de la actualidad, que aspiran a llegar al gobierno y al parlamento, de un modo u otro, abrazan ese totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado; mismoque, en la cotidianeidad de todos los días se expresa en el poder que muestran los mercados financieros y sus operadores bancarios, llegándose al punto de tener el total control de los poderes Ejecutivo y Legislativo y en el Judicial hacen sentir su predominio.

La titánica tarea cívico-popular y patrióticamente decente de desenmascarar la esencia antidemocrática del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado, nos lleva a defender, por ejemplo (pero sobran postulados), con incuestionablemente firmeza, la primacía absoluta para la convivencia en una sociedad realmente democrática, de los 30 postulados fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 30 de diciembre de 1948.

El perverso mensaje del totalitarismo ideológico de los mercados financiero-bancarios con su consigna criminal del todo mercado-nada Estado, muy pronto podría plantear que tal declaración se derogue pues la misma contiene artículos “comunistas”, “izquierdistas”, “socialdemócratas”, “cristiano-humanistas”, “ecologistas”, etc.

“¡Alerta! ¡Alerta! ¡Mucho ojo mercados financieros costarricenses!”. Si ven, si notan, si se percatan de que a algún partido político se atreve (abierta o encubiertamente), a incluir en su programa político algo como esto: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; entonces, amenacen con que el dólar subirá de precio tanto como las tasas de interés. ¡Eso es “comunismo puro”!

¡Por Dios Santo, hablamos del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos!; y, por cierto, firmada por Costa Rica, que fue uno de las 26 naciones originalmente firmantes de la misma.

En la Costa Rica de estos momentos, el totalitarismo del capital financiero-bancario, del todo mercado-nada Estado, se muestra sin pudor alguno, en prensa escrita, radiada y televisiva; en los partidos políticos controlados por la plutocracia; en una pléyade de amanuenses a sueldo, escribidores por paga, calumniadores de la disidencia y fomentadores de la intolerancia satanizante.

Si seguimos la lógica del totalitarismo ideológico del todo mercado-nada Estado, el cual se pone “nervioso” y reacciona con la subida del precio del dólar, con la subida de las tasas de interés y hace bajar a las bolsas, únicamente porque se anuncian políticas sociales; algo fuerte tendrán que hacer los pueblos para que se respete a plenitud su voluntad soberana cuando eligen gobiernos que, al menos, y no de la boca para afuera, hablan de políticas públicas reales para atajar el crecimiento de las desigualdades, para imponer la promoción del bien común en las relaciones sociales, para el fomento productivo interno de cara a la inclusión económica, para establecer salarios mínimos justos en relación estrecha con ese fomento productivo. Afortunadamente, la disidencia en muy vasta y hay pruebas ya de que puede convertirse en la nueva hegemonía.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien tiene un salario mensual de 12 millones de colones (por el cual, por cierto, en el seno de los grupos hegemónico-mediáticos de la actual política del país, nadie se escandaliza), comunicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le hizo una “gran concesión” al país: los proyectos de ley pactados por Alvarado Quesada y la plutocracia a la cual él le sirve con este organismo, pueden ser tramitados-aprobados luego de las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022.

Esos proyectos son una especie de trueque pues se los ofrecieron al FMI a cambio de que éste le preste a Costa Rica 1.778 millones de dólares con la finalidad de evitar (según nuestra perspectiva), una quiebra del Estado que, para muchos entendidos se ve como inevitable, pues no hay voluntad política para entrarle al problema de fondo que hace insostenible las finanzas públicas: un endeudamiento público sin control y un pago de intereses igual o peor de infernal que, por cierto, es la base del real poder en la Costa Rica de hoy día: su sector bancario-financiero.

Los partidos políticos de la coalición macro-fiscal que ha venido gobernando con Alvarado Quesada como su “gerente político”, no se la quisieron jugar aprobando legislación antiobrera y en contra del golpeado Estado Social de Derecho, antes de las votaciones del 6 de febrero próximo; proyectos de ley que van en contra de los sectores populares y medios, bien castigados ya, económica y financieramente hablando, a partir de la imposición del nefasto y archi-repudiado combo fiscal, en el 2018.

La “buena voluntad” del FMI de que puede esperar hasta que pasen las elecciones, tuvo que ser producto de algún tipo de negociación que impulsó el banquero de los 12 millones mensuales de salario, con los personajes técnicos de ese organismo internacional; habida cuenta de que a los partidos políticos de la coalición plutocrática gobernante no parece irles bien en las encuestas.

Téngase presente que Alvarado Quesada ha gestionado toda la cosa pública en materia fiscal y macroeconómica con el apoyo del partido que le llevó a Zapote (Acción Ciudadana); con el apoyo del bipartidismo histórico (Liberación Unidad), a los cuales se sumó el partido “evangélico” que, finalmente terminó en dos vertientes: la del señor Cruickshank y la del señor Fabricio. Esta ha sido la coalición partidaria plutocrática gobernante.

Alvarado Quesada ha contado con una “lujosa” mayoría parlamentaria, prácticamente absoluta, como nunca antes tuvo presidente alguno en los tiempos de la denominada Segunda República. Si no nos equivocamos, en tal lapso histórico de la vida republicana costarricense (de 1949 a la fecha), solamente en el período constitucional 1982-1986, el mandatario de entonces, Luis Alberto Monge Álvarez (del PLN), tuvo tanta diputación a su favor: 33 personas legisladoras, solamente que eran de su propia bancada.

Pese a esa “lujosa” mayoría diputadil que ha tenido Alvarado Quesada en su gestión gubernativa, es obvio que la plutocracia que él gerencia no quiere arriesgar por estos días pre-elecciones, la precaria posibilidad de que uno de sus dos principales partidos políticos, Liberación y Unidad, llegue a Zapote a continuar la nefasta labor anti-obrera y de desmontaje del Estado Social de Derecho que ha venido impulsando el gobierno del PAC.

Esta “gran concesión” del FMI de que los proyectos de ley del préstamo de 1.778 millones de dólares ya no es urgente aprobar, sino que pueden votarse en febrero de 2022, no es más que otro engaño manipulador, que denunciamos fuertemente.

La matriz mediática dominante de la plutocracia, a través de su principal vocería periodística, utilizando su primera plana, dio el comunicado oficial de esa “gran concesión”; a fin de que sus operadores políticos, tanto a nivel de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo como a nivel de la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante, tomaran nota de que la más absoluta prioridad es garantizarse que en Casa Presidencial quede el nuevo (o la nueva) Alvarado Quesada; sin votar proyectos de ley que pudieran incrementar la precariedad electoral que exhiben sus candidaturas.

Adicionalmente, conviene recordar que prestigiosos conocedores de los temas macroeconómicos y fiscales que no están en la esfera del pensamiento único dominante, ya venían planteando que Costa Rica podía atender su grave problema de finanzas públicas sin necesidad de que nos ataran a los dictados y a las normas del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos antecedentes en contra de los pueblos, especialmente los latinoamericanos, son terriblemente dolorosos. Se han impuesto los extremistas fundamentalistas del todo mercado-nada Estado y esto traerá graves e impactantes consecuencias.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar, con una contundencia y una firmeza inusitada, amén de una inusual unanimidad, quince recursos de amparo interpuestos por padres y por madres de familia en contra del Ministerio de Educación Pública (MEP), a raíz de las denominadas pruebas FARO aplicadas a niños y a niñas de la educación primaria del quinto nivel escolar, conteniendo las mismas un abusivo interrogatorio personalísimo-familiar bajo el eufemismo semántico de “factores asociados”.

En realidad, se trató de una acción política de espionaje escolar que la sociedad, al enterarse, estupefacta y escandalizada, condenó desde el mismo momento en que se hizo pública tal barbaridad gubernativa en contra de, al menos, 70 mil infantes-alumnos escolares.

El comunicado de prensa emitido por el más alto tribunal de la República, conocido como la Sala Cuarta, indica, “sin pelos en la lengua” “…que hubo una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política”.

“Lesión grave… lesión grotesta” contra esos niños y esas niñas, a quienes se les abusó psicológica y emocionalmente, desde una posición de poder, la del MEP, sin miramiento alguno a su condición de población vulnerable.

Adicionalmente, el comunicado de prensa del Poder Judicial incluye la conclusión de la alta magistratura constitucional del país de que, “…los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política”.

Desde la corriente sindical en la cual militamos, al enterarnos de semejante tropelía, nos pronunciamos de manera rápida y contundente, exigiendo la salida inmediata del cargo ministerial de la entonces jerarca máxima del MEP, señora Giselle Cruz Maduro; una vez que el distinguido ciudadano don Pablo Barahona Kruger pegó al grito al cielo pues un hijo suyo estaba dentro de las víctimas infantiles del nefasto cuestionario pruebas FARO-factores asociados, siendo él la primera persona que alertó, al respecto, a la sociedad, según tenemos entendido.

Lo que sí es innegable, lo que no se puede esconder o invisibilizar es que hay una autoridad política superior a las personas ministras de Estado: es quien ejerce la Presidencia de la República. Y para el caso en comentario, se trata del señor Carlos Alvarado Quesada que, por supuesto, se ha lavado las manos “renunciando” a la ahora exministra Cruz Maduro. Sin embargo, él ya quedó registrado como responsable político máximo del desastre de las pruebas FARO, del atentado-agresión infantil del cuestionario “factores asociados”.

Es así que, desde nuestra perspectiva sindical de práctica humanista del quehacer obrero, este acto de espionaje escolar-infantil lo estamos catalogando como la mayor derrota política del gobierno de Carlos Alvarado Quesada en el plano político y ético-moral.

En su gobierno, así quedará consignado, ocurrió una grave violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 3: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración especial que se atenderá será el interés superior del niño”.

Además, según la Sala IV, también se violentó el artículo 51 constitucional: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”.

Es más, no tenemos noción de que, en todos los gobiernos anteriores, la niñez costarricense en edad escolar y sus familias, hayan enfrentado tan grave violación de Derechos Humanos.

Finalmente, habrá que estudiar bien la parte dispositiva de la sentencia constitucional. Para nosotros, así de primera entrada, creemos que faltó contundencia para ordenar que se sienten las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con la dureza que se necesita ante la constatación inobjetable de una fuerte violación de Derechos Humanos a personas en total estado de vulnerabilidad.