Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Contundente! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió el pasado 5 de mayo de 2021, su Opinión Consultiva OC-27/21, sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género (subrayado nuestro); estableciendo que las personas líderes sindicales que se dedican a la defensa de los derechos e intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, realizan funciones como defensoras de Derechos Humanos.

Por diversas razones, la función sindical en Costa Rica ha sido profundamente desvalorizada, descalificada, denigrada, calumniada, injuriada, difamada y satanizada.

Ser persona dirigente sindical en nuestro país, ha sido convertido en uno de los “peores” quehaceres del desarrollo de la sociedad; particularmente, en los últimos años, la acción de prensa ejercida por el oligopolio de la hegemonía mediática del capital, ha convertido la función sindical como una actividad de sesgo cuasi-mafioso, como si fuese un ejercicio en el ámbito de la ilegalidad.

Este fallo de la Corte IDH llega, por tanto, en un momento más que oportuno pues dada la naturaleza del compromiso histórico y sociopolítico del país con los Derechos Humanos, no tiene más remedio Costa Rica que acatar, en todos sus extremos, los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estamos en las puertas de un interesante y más que necesario proceso para que la figura y el rol de la persona líder o lideresa sindical, sea reivindicada, sea limpiada, sea justipreciada en el seno de la sociedad costarricense; particularmente, librada del lodo mediático que se le ha echado encima por tantas campañas de corte antisindical desplegadas en varias circunstancias y coyunturas históricas, dentro de las cuales, por ejemplo, la del empleo público ha estado y sigue estando al rojo vivo.

Costa Rica ha firmado todos y cada uno de los tratados, tanto universales como continentales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). En todos ellos, se estipula el ejercicio de la Libertad Sindical como Derecho Humano fundamental.

Ahora, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, materializa el poder político de este tipo de tratados en materia de Libertad Sindical, declarando a la persona líder o lideresa que defiende derechos laborales, como persona defensora de Derechos Humanos. Es éste el significado trascendental de lo que estamos comentando.

Merece destacarse que, a nivel del continente americano, la pertenencia del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le obliga a un acatamiento rigurosísima de los contenidos de los fallos y/o de las opiniones consultivas como la que ocupa el presente comentario.

Costa Rica, con sus compromisos con los DD.HH. ha avanzado a tal nivel que, no solamente los diferentes tratados los ha ratificado, parlamentariamente hablando, convirtiéndolos en leyes de la República; sino que, ha legislado para indicar, sin reparo alguno, que se somete a los dictados judiciales que deriven de esos tratados, respetándolos a cabalidad. Por lo menos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es así.

Es de tal calibre y profundidad los compromisos de Costa Rica con los DD.HH., que al país se le ha otorgado la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), físicamente ubicada en el barrio Los Yoses, de la capital, San José.

El impacto de esta decisión de la Corte IDH que, repetimos es de obligado acatamiento para todas las autoridades políticas del país, tiene alcances insospechados pues se extiende al tema de la huelga, al tema de la negociación colectiva; y, además, plantea el ejercicio de la acción sindical activa con perspectiva de género.

Sin duda alguna, quienes practicamos el sindicalismo de manera cotidiana, tenemos sobrados motivos para celebrar; y, por supuesto, tendremos que escribir más para posicionar el tema con toda su fuerza, así como sus impactos en las conciencias obreras y en las mentes cívicas sanas de nuestro país. Estamos en puertas de un cambio profundo en la vida sindical del país.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La próxima administración gubernamental tendrá 1.460 días de acción ejecutiva. Pero, cada 24 horas deberá estar desembolsando, en promedio, 6 mil 850 millones de colones (6.850.000.000), abonando a la gigantesca deuda pública que está estrangulando al país; deuda pública que nosotros estimamos es impagable.

El Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde (neoliberal por los cuatro costados), ha indicado que en los 4 años de ejercicio del Presidente de la República que se elegirá el próximo domingo 3 de abril, 2022-2026, los compromisos de pagos de deuda pública ascenderán a los ¡10 billones de colones! En cifras es así: 10.000.000.000.000.

Usted toma esa cantidad, 10 billones de colones, y la divide entre el total de días que ejercerá el próximo gobierno (ya sea don José María Figueres Olsen ó don Rodrigo Chaves Robles); y, en promedio, casi 7 mil millones de colones diarios se deberán desembolsar para atender la deuda pública que, repetimos, es impagable a nuestro juicio.

Y estamos hablando de esa espantosa cantidad, ¡sin incluir pago de intereses! En realidad, no encontramos ni las palabras ni las frases adecuadas para describir la monstruosidad del problema en que nos han metido los últimos gobiernos.

Si la próxima administración ejecutiva del país debe estar, en promedio, atendiendo vencimientos de deuda pública que promedian, cada 24 horas, casi 7 mil millones de colones (y, sin incluir pago de intereses); entonces qué plata es la que quedaría para atender ofrecimientos de campaña electoral de ambas candidaturas en materia de, por ejemplo, política social y/o en materia de política pública para apoyar la reactivación económica.

Por ello es que titulamos este artículo así: ¡No mientan!… Prácticamente no podrán hacer nada.

Y, prácticamente, no podrán hacer nada porque es imposible atacar, de raíz, el crecimiento de la desigualdad y/o atacar a rajatabla, la exclusión económica y social, si toda la plata del Gobierno Central se va en pagar ese altísimo nivel de deuda pública y su obsceno pago de intereses.

El tiempo nos está dando la razón. Llevamos meses y meses planteando la urgencia de efectuar en el país una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública para determinar las razones de haber llegado hasta este punto de casi quiebra del Estado; para determinar con precisión qué grupos están ganando con la deuda pública y cuánto han venido acumulando al respecto; para construir caminos de salida que pasan por una reingeniería, estratégicamente integral, de esa deuda pública.

Por otra parte, es evidente que haber llegado hasta este punto de quiebre con la deuda pública del país, tiene que ver -entre otras causas-, con la no menos catastrófica situación del perverso sistema tributario que, por una parte, es completamente injusto; y, por la otra, es corrupto.

Los sucesivos gobiernos nunca se decidieron a atacar de raíz el problema gigante de, por ejemplo, el fraude fiscal y tributario; optaron, entonces, para medio funcionar, por el camino pantanoso del endeudamiento público y, vean ustedes, ya nos estamos hundiendo porque, según nuestra perspectiva, la deuda pública es impagable.

Finalmente, que este problema haya llegado hasta aquí, tiene una nefasta motivación ideológica: nos plantearán que como la deuda pública es impagable, habrá que vender activos. ¡Ya lo verán!

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lamentablemente, la campaña electoral para la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se efectuarán el domingo 3 de abril, está ya muy enlodada.

Las cuestiones de fondo, las de verdadera profundidad, la realidad de los riesgos que amenazan al mismo sistema democrático, no se están abordando.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos compatriotas que se acuestan sin comer; que no tienen para desayunar; o que, en el “mejor” de los casos, solamente pueden hacer una comida al día.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la sociedad, su sistema político y su clase gobernante, no le pueden garantizar a los y a las compatriotas el sagrado Derecho Humano al Trabajo; tal y como lo expresa el primer apartado del artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que plantea lo siguiente:  “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando a la gente trabajadora del campo en actividades agropecuarias, se le continúa estrujando y arrinconando; perdiendo sus casas y sus terrenos porque se les dejó en total abandono, y pese a que hay posibilidades reales de condonar sus deudas bancarias, no hay voluntad política en el seno de la clase gobernante para posibilitarlo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando para competir por el logro de puestos públicos de relevancia, como las diputaciones y o la Presidencia de la República; es la inequidad y el poder del dinero lo que impera en la determinación de cuáles opciones puede elegir la ciudadanía y cuáles no.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando tenemos tantos jóvenes desesperanzados, desilusionados, desempleados; cuando constatan que el país que les vio nacer no les da oportunidades al salir de la secundaria; y, lo que es más grave todavía, su clase gobernante solamente les ve con ocasión del proceso electoral; y, cuando, contemplan que éste es un cruce de mensajes denigrantes y sucios entre quienes quieren llegar a la Presidencia de la República, como se está observando en estos momentos.

Hay amenazas serias a la democracia cuando el sistema educativo público tiene un estado calamitoso a tal punto que los valores cívicos que pretende transmitir a las personas educandas, chocan con la realidad socioeconómica de los hogares de muchas de ellas, lo cual les lleva a concluir que democracia que se les enseña en las aulas, es la misma que les está excluyendo.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando la deuda pública del país ha generado un empoderamiento exagerado de quienes manejan la cuestión financiero-fiscal de la República, al punto de que están ejerciendo una incidencia política de tal calibre que les permite influenciar, a su antojo, decisiones legislativo-parlamentarias y gubernativo-ejecutivas.

Hay amenazas serias al sistema democrático cuando el mismo está siendo penetrado en sus diversos niveles de institucionalidad republicana, por las nefastas influencias del dinero sucio del narcotráfico y del crimen organizado; notándose una complicidad tácita de la clase política tradicional que le facilita su avance y/o que se prosterna ante el mismo para conseguir puestos relevantes de elección popular.

Estas sí son reales y alarmantes amenazas al sistema democrático. Pero, nuestra tradicional clase gobernante y sus partidos políticos, aunque lo saben muy bien el potencial riesgo de tales amenazas, prefieren mirar para otro lado… Hasta que la realidad les estalla en la cara. Varias naciones latinoamericanas lo han evidenciado en los últimos tiempos. Sin embargo, “nadie escarmienta en cabeza ajena”…