Trabajadores junto a diversas organizaciones sindicales de la CCSS se harán presentes este jueves 22 de septiembre en la oficinas de la Presidencia y Gerencia General de la institución para que se les reciba y se diga cuando se realizará el pago del reajuste salarial aprobado, legalmente, por la Junta Directiva.
Autor: ANEP
La venta del INS: tema ideológico, no económico
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
“El seguro es un problema de solidaridad humana. Su monopolio por el Estado equivale a la asociación mutualista de la población del país, realizando el propósito de prevención por medio de la solidaridad de los habitantes”. Tomás Soley Güell, 1924.(Citado por don Carlos Monge Alfaro, en Nuestra Historia y los Seguros)
Al llegar a los 100 días de gobierno, el Sr. Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anunció sus previsibles intenciones de vender el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS). A sus 98 años de fundado, estos son antecedentes que no debemos olvidar.
El 30 de octubre de 1924 se promulgó la Ley Nº 12, denominada “Ley de Monopolio y del Instituto Nacional de Seguros”. En ésta se dispuso que el contrato de seguros sobre riesgo de cualquier género sería en lo sucesivo monopolio del Estado y se encargó su administración al Instituto Nacional de Seguros (INS), institución que fue creada en esa misma ley.
El 22 de mayo de 1926, mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 16, se le asignó al Instituto Nacional de Seguros la administración del seguro sobre accidentes del trabajo. Y sólo ese hecho, es un hito histórico en el devenir de la seguridad laboral del país, hasta la fecha.
Lo conocemos como Régimen de Riesgos del Trabajo o por las siglas RT; hasta hoy ejemplo mundial, sí, ¡mundial! De eso podemos presumir. Lo tenemos, existe y funciona de manera exitosa porque es público, social, solidario, universal y forzoso; porque lo opera el INS y porque lo hemos protegido.
El RT (además del Seguro Obligatorio Automotor, siglas SOA, desde 1973, y del cual hablaremos en otra entrega), se sustenta en la RED DE SERVICIOS MÉDICOS DEL INS en todo el país: consultorios médicos y clínicas regionales, Hospital del Trauma (HT), campañas permanentes de medicina laboral preventiva y riesgos del trabajo; la Salud Ocupacional como instrumento preventivo, educativo y formativo; desarrollo de terapias especializadas para traumas de diversa índole y otros servicios.
Y esto, pese a que en agosto 2008 se rompe el monopolio de seguros. A las compañías privadas de seguros no les ha interesado RT, porque el margen de “utilidad” que establece la ley es un 6%. Al privatizar el INS, querrán eliminara la ley que regula tal utilidad. Es decir, convertir una actividad de enfoque social, en comercial. Y los patronos o empresarios, que creen que las tarifas RT bajarán. ¡No señores, despierten!
Desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la lucha política del General Jorge Volio Jiménez (1920-30), por proponerle a la Costa Rica rural un seguro de accidentes de trabajo con carácter universalista, que no se concentrara únicamente en dar protección a los artesanos y obreros de las ciudades, sino que incluyera a los obreros agrícolas y campesinos; fue la base para que estadistas y políticos visionarios, -contra los intereses de la consabida élite comercial y los terratenientes de la época-, comprendieran que era posible el desarrollo de un monopolio de seguros con carácter social.
PARTE II
Por esos días de 1924, el Secretario de Hacienda, don Tomás Soley Güell, en su crítica a los economistas liberales y a quienes se oponían al monopolio de seguros, destacó algunos elementos que aún hoy día tienen plena vigencia.
Al respecto, don Carlos Monge Alfaro, ilustre historiador costarricense, en su obra maestra “Nuestra Historia y los Seguros”, relata, citando a Don Tomas Soley Güell (Editorial Zúñiga y Carvajal. San José, Costa Rica. 1994. 2° Edición), lo siguiente:
“…El seguro dentro de una sociedad que se quiere equitativa tiene una función social: ‘Los economistas clásicos tienen este aforismo: «El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar». Pero, la industria privada no puede realizar la función social del seguro, sino sólo la función mercantil… El monopolio de seguros es la única organización económica que permite desarrollar la función social del seguro…’”.
Estas citas de Tomás Soley Güell nos muestran lo siguiente: es posible un tratamiento solidario de los seguros como mecanismo de política social.
Este preclaro enfoque del fundador del INS, don Tomas Soley Güell, deja en evidencia, hoy, que la línea clásica neoliberal (todo el mercado, nada el Estado), se ha de seguir fomentando en el Gobierno actual del presidente de la República don Rodrigo Chaves Robles. La descabellada idea de privatizar el INS (así como otros valiosos activos públicos) es ideológica, no económica; y, además, como muchas otras cosas, improvisada.
Si fuese económica, se darían cuenta que es un pésimo negocio para el Estado vender al INS y otros. No les bastó con la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de agosto 2008, que rompe el monopolio de seguros en Costa Rica. El TLC de entonces, lo impuso.
Les duele que, a 14 años de esa ley, el INS siga holgadamente liderando la actividad mercantil de seguros, con poco más del 72% del mercado y creciendo, y además generando más de 140 mil millones de ganancia neta al año.
Ellos quieren todo. Ellos son esos grupos internos de gran poder económico, de carácter plutocrático, aliados a empresas extranjeras a las cuales les sirven. Estuvieron hegemonizando los gobiernos inmediatamente anteriores al actual y dentro de este manifiestan ya gran incidencia; no precisamente para beneficiar a los ciudadanos de a pie, o a quienes viven en la pobreza. Mucho menos al trabajador público o privado parte de la gran clase media, que vería cercenados sus derechos a la salud, al debilitarse sensiblemente el régimen de RT y áreas sociales y entidades a las que el INS apoya con recursos.
Desde 1924 se viene acumulando todo el patrimonio del INS, que hoy es de todo el pueblo costarricense. Más de cinco generaciones hemos forjado ese patrimonio. Por ello nos parece ocurrente que el Sr. Presidente Chaves Robles pretenda disponer del patrimonio del INS, como si fuera de él y de su gobierno. No lo es y por mucho.
Los pueblos que olvidan su historia están destinados a repetir sus yerros y perpetuar la desigualdad socioeconómica, la injusticia social y la miseria. Que no nos pase a nosotros, los y las costarricenses. Continuará…
PARTE FINAL
En el año 2024, el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegará a sus 100 años de existencia. Un siglo de trayectoria en la seguridad social costarricense, la cual, lamentablemente, hoy está más amenazada que nunca.
La actual ofensiva ideológico-político en contra del INS, de corte neoliberal, es la más reciente intentona de los grupos financieros por apropiárselo. Como sabemos, estos grupos vienen ostentando la supremacía en la definición de las políticas públicas de los últimos gobiernos.
El “delito” que ha cometido el INS en estos tiempos de desigualdad, es haber salido fortalecido de su más reciente prueba de fuego: la apertura del mercado impuesto por el tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos. Continúa el INS siendo la empresa pública de seguros comerciales más importante de toda la zona mesoamericana.
El INS y todo lo que representa debe continuar como propiedad pública estatal. A las puertas de su centenario, tenemos un INS en medio de una Costa Rica que ya es, oficialmente, una sociedad totalmente desigual; de modo que esta noble institución se convierte en una necesidad estratégica para la sobrevivencia social de una población trabajadora asalariada cuyo empobrecimiento es una dolorosa realidad.
En lo específico, el sistema de Riesgos del Trabajo (RT), y su excepcional servicio de atención médica en caso de accidentes laborales y, también, de medicina del Trabajo (algo único en Latinoamérica); debe concebirse como estratégico dentro del escaso grupo de políticas públicas con sentido de bien común y de inclusión social que van quedando en el país, imprescindibles para la propia estabilidad democrática nacional.
La propuesta presidencial de privatizar el 49% de un INS convertido en capital accionario, prácticamente parecería un suicidio social, considerando que a los fondos de pensiones les rodea una atmósfera de poca transparencia y de incierto futuro a raíz de las aventuras financieras en el exterior en que han sido sumidos.
El presente gobierno, haciendo gala de una grotesca improvisación, primero alegó que el dinero de la venta-privatización del 49% del INS sería para destinarlo al pago de una deuda pública que, para nosotros, es impagable: avanza ya hacia los 30 billones de colones (30.000.000.000.000). Luego, que sería plata para construcción de infraestructura vial, hoy por hoy, hecha añicos.
Tanto para enfrentar la monstruosa deuda pública como para una ofensiva de inversión pública en infraestructura, existen alternativas de hondo contenido político que no pasan por la venta de activos; que no pasan por la venta del Banco de Costa Rica ni por la del INS, específicamente.
A todas las organizaciones sociales, cívicas, políticas, religiosas y patrióticas que queremos una Costa Rica mejor y más justa, desde ya les decimos y las llamamos a prepararse para enfrentar la venta de activos públicos, particularmente del INS y del BCR.
A las señoras diputadas y a los señores diputados, desde ya nuestro llamado respetuoso a no perder su valioso tiempo y trabajo, en proyectos de ley de venta de activos que, claramente, todos sabemos no tendrán el apoyo del pueblo y que lejos de armonizar nuestra sociedad, generará descontento, enfrentamiento social e inestabilidad en general.
Presidente del CCDR de Cartago antojadizamente saca de vacaciones a funcionarios administrativos
Sin mayor detalle, ni explicación, Juan Luis Hernández Fuertes, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago le comunicó a varios funcionarios administrativos que se tenían que ir de vacaciones. Ninguno de los trabajadores pudo entregar un informe sobre su puesto ni nada y se teme que se generen irregularidades con el presupuesto que maneja el comité.
Más de 2500 personas y organizaciones piden prohibir agro veneno Clorotalonil en Costa Rica
Organizaciones y ciudadanos piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua de miles de personas. Estas personas son de distintas instancias: académicas, educación secundaria, organizaciones ecologistas, Derechos Humanos, Asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales , artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras , medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura urbana , cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas, sector cultura y guardianas de semillas, entre otros.
Las personas firmantes aseguran que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería, por consiguiente, prohibirse en Costa Rica.
Desde inicios de año se viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4.000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.
La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.
Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.
Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.
En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.
Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.
Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy
se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) bajo el compromiso de impulsar el sindicalismo ciudadano apoya esta importante causa y se suma al llamado para que este agro veneno sea prohibido y de esa forma se resguarde la salud de las personas.
Justamente, este viernes 16 de agosto, Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP acompañará a los miembros del Frente Eco Cipreses para reunirse con funcionarios de Acueductos y Alcantarillados a quienes se les presentarán todos los elementos pertinentes para evidenciar lo grave de la situación.
“Los argumentos que se presentan tienen sustentos científicos de los graves efectos perversos en los seres humanos de que el Clorotalonil esté presente en el agua que tomamos. Instamos a que las instituciones que tienen que ver con esto actúen ya, e invitamos a más organizaciones civiles y sociales a sumarse a esta cruzada”, afirmó Vargas Barrantes.
A continuación el manifiesto enviado al Presidente y a la Ministra de Salud:
Sindicatos de músicos, artistas y afines se nutren de experiencia internacional para su profesión
Falta de dinero pone en jaque operatividad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Garabito
La venta del BCR y la deuda pública
Este lunes 12 de setiembre, información de prensa nos da cuenta de que, en los primeros seis meses del presente año 2022, la cuasi-catastrófica deuda pública aumentó en un billón seiscientos cuarenta mil millones de colones. En cifras así: 1.640.000.000.000. ¡4 puntos PIB!
En verdad, cuesta creer esto: en estos seis meses, la deuda estuvo creciendo a razón de 9 mil 111 millones de colones diarios.
Según los datos que comentamos, al terminar el pasado año 2021, la deuda pública llegó a los 27 billones 270 mil millones de colones: 27.270.000.000.000.
Con el crecimiento de 1 billón 640 mil millones que tuvo en el primer semestre del 2022, la deuda pública llegó hasta los 28 billones 910 mil millones de colones. ¡Unos 45 mil millones de dólares!
Ahora bien, dice el Presidente don Rodrigo Chaves Robles que por la venta que su gobierno propone del Banco de Costa Rica (BCR), se recogerían 1 billón 300 mil millones de colones (en el mejor de los casos), para destinarlos a abonar a la deuda de los casi 30 millones de millones de colones, como lo expresan los datos que venimos indicando.
¡Ridículo! Veamos: Se vende el BCR en 1.3 billones de colones, pero ya el primer semestre del 2022 “se los tragó”, porque la deuda pública creció en 1.6 billones; y, todavía “quedamos por dentro” con 300 mil millones de colones (0.75 del PIB). ¡Pésimo negocio para el país la venta del BCR!
¿Y qué pasará en el segundo semestre del 2022? ¿Se vende el Banco Nacional?… O, ¿cuál otro activo?
¡Muy mal! El monstruoso, dantesco, escalofriante, catastrófico y sideral problema de la deuda pública tiene, y debe tener, otras alternativas para abordarlo integralmente.
Si la Asamblea Legislativa no quiere entrarle a este grave problema, debemos hacerlo desde la denominada sociedad civil, apoyándonos en las mentes brillantes que producen pensamiento de rigor en las universidades públicas, por ejemplo.
En el actual parlamento, la propuesta de que se instale una comisión legislativa especial que investigue en problema de la deuda pública, no parece tener futuro.
Pareciera que la seguridad económica que les da el salario a las 57 personas diputadas, les impide calibrar lo que está sucediendo en múltiples servicios públicos, por una parte; y, por otra, comprender la naturaleza cruel del drama socioeconómico que viven las familias trabajadoras cuyas jefaturas de hogar laboran en esos servicios públicos.
Por otra parte, y esto es bueno resaltarlo, no parecen existir buenos aires a la descabellada propuesta presidencial de venta del BCR para abonar a la deuda pública. Esperamos que se consolide el frente parlamentario opositor a dicha temeridad.
En tal sentido, razón de más, para considerar la instalación de la comisión parlamentaria que investigue el tema de la deuda pública y que genere las alternativas de solución sin mediación de entrega de activos públicos ni mayor expoliación a los ingresos de los sectores medios y bajos de nuestra población. Todavía tenemos fe.
