Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En primer término, considero necesario aclarar lo siguiente. Ni en primera ni en segunda ronda electoral de las pasadas elecciones presidenciales, quien esto escribe votó por los candidatos finalistas. La persona que mereció mi voto no pasó de la primera vuelta. Para la segunda, “gané”: es que no fui a votar. Me sumé al “partido abstencionista” que tuvo más “votos” que el señor Rodrigo Chaves Robles y que el señor José María Figueres Olsen. Finalmente, según las reglas constitucionales para este tipo de elecciones, don Rodrigo se dejó la Presidencia de la República.

En los dos pasados gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), especialmente para el segundo, la clase trabajadora asalariada del sector Público sufrió el ataque mediático más cruel que grupo social alguno haya sufrido en Costa Rica, desde los tiempos de la llamada Segunda República.

Varios medios de prensa se conjuntaron y se conjuraron, en lo que nosotros mismos llamaríamos después como periodismo de odio, para desplegar una feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra aquellas personas trabajadoras (y sus familias) ocupantes de puestos en los más diversos servicios públicos estatales.

Tales medios practicantes del periodismo de odio, fanáticos del dogma ideológico-neoliberal “todo mercado-nada Estado”, querían que la opinión pública (o la opinión publicada, como suele aclararnos al respecto el político ecuatoriano don Rafael Correa Delgado); se “convenciera” de que el desastre de las finanzas públicas llamado déficit fiscal, se debía a los salarios devengados por quienes laboran en el sector Público, construyendo así una cortina de humo para esconder las verdaderas razones del déficit fiscal.

¡Fracasaron en su empeño! Luego de mucho confrontar a ese periodismo de odio en este asunto, se logró determinar las reales causas del problema fiscal del país que, en esencia, no se deben a los salarios pagados en el sector Público. Sin embargo, como el asunto es ideológico, el periodismo de odio, sigue en su enfermiza obsesión “todo mercado-nada Estado”.

Al llegar a la campaña electoral del 2022, el tripartidismo clásico, Liberación-Unidad y Acción Ciudadana, tutelado por ese periodismo de odio, decidió bloquear el ascenso de un recién llegado a la política doméstica con aspiraciones serias, al notar que sus candidaturas presidenciales preferidas sufrían el desgaste de ocho administraciones consecutivas de este tripartidismo; desgaste que exhibe cifras y resultados desastrosos, en todos los órdenes, para las mayorías populares.

De nuevo, el periodismo de odio se conjuntó y se conjuró en contra del señor Rodrigo Chaves Robles, a partir de situaciones de orden personal sumamente publicadas y de amplio conocimiento de la gente. Y, aunque desde nuestra perspectiva político-sindical la consigna ideológico-neoliberal del “todo mercado-nada Estado” no está en peligro sustancial con la llegada de él a la Presidencia de la República, es obvio que no representa su estadía en Casa Presidencial algo de lo cual debe alegrarse el periodismo de odio.

Ya en la silla presidencial, considerando la posición del nuevo Gobierno sobre el tema de la pandemia del covid-19, el periodismo de odio volvió a atacar en cuadrilla al ahora nuevo Presidente de la República. Las señales son claras: el periodismo de odio nunca quiso y no quiere al señor Chaves Robles en la Casa Presidencial.

En la superficialidad de un análisis nada riguroso, alguien podría decir que el Presidente y los sindicatos del sector Público, al tener el mismo “enemigo común” (el periodismo de odio), deberían “unirse”. En realidad, se pueden poner en mesa visiones relativamente parecidas en cuanto a la naturaleza real del déficit fiscal y su relación directa con la defraudación tributaria en todas sus expresiones y modalidades, para citar tan sola una posibilidad de acercar posiciones. Si las del mandatario son bien fundamentadas como lo han sido las sindicales (al menos, las de la corriente en la cual militamos), “¡quien quita un quite…!”.

Nos dimos a la tarea de leer el texto completo del discurso del señor Rodrigo Chaves Robles al asumir la Presidencia de la República, el pasado domingo 8 de mayo y no encontramos, por ningún lado, la palabra salario. Le leímos por segunda vez, y la palabra salario no apareció en renglón alguno, en párrafo alguno. Para cerciorarnos de que nuestra vista no nos estaba pasando una mala jugada, una compañera de lucha hizo su propia lectura. ¡Tampoco!

Y es que, en el contexto de unas políticas macroeconómicas y fiscales con determinada ideología, como las imperantes en los gobiernos del tripartidismo PLN-PUSC-PAC, la distribución de los beneficios del crecimiento económico no se concibe vía ampliación de la capacidad de compra de los salarios. La señal enviada en esta línea por parte del partido ahora en el gobierno, no deja lugar a dudas.

Y es que el neoliberalismo depredador y socialmente criminal, no estima, vía salarios, la distribución de la riqueza que genera el crecimiento económico vía explotación obrera. La concentra en grado extremo. Miles y miles de compatriotas sufren a diario por ello.

Las principales posiciones políticas del nuevo gobierno en el ámbito de la economía, en lo financiero y en lo tributario- fiscal van a seguir bajo control de la misma gente del citado tripartidismo. Tal control se ha hecho tan férreo que el mismísimo Presidente Chaves, en su mensaje inaugural, advirtió que el país se encuentra en las cercanías de un “desmoronamiento”, aunque nosotros decimos al borde de un estallido social (sectorial, regional, nacional; o una vinculación entre sí).

Al hacer honor a uno de los principales fundamentos de la lucha sindical genuina, desde el domingo 1 de mayo (ocho días antes del mensaje presidencial), dejamos constancia de un fuerte clamor obrero-social por el gravísimo problema del empobrecimiento obrero-laboral ante el estancamiento de los salarios ante el ascenso cotidiano en los precios de los productos básicos de la subsistencia de la clase trabajadora, asalariada o no.

En particular, proclamamos y demandamos, considerando a la clase trabajadora que todavía tiene empleo formal y salario fijo, en el ámbito del sector privado, lo siguiente (en lo que respecta al problema salarial en el sector Público, es otra la historia):

1) Que se decrete con urgencia una fijación salarial extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola en el banano, la piña y la caña de azúcar; tanto como para los choferes de autobús, las personas trabajadoras de la seguridad privada y del comercio. 2) Que se vuelva a una fijación salarial semestral por reajustes en el costo de la vida al salario mínimo, dado que el anterior y nefasto gobierno, impuso un solo incremento de este tipo al año. 3) Que se emita una nueva valoración del monto actual del salario mínimo para hacerlo congruente con el postulado constitucional de nuestra Carta Magna, misma que en su artículo 57 ordena que el salario mínimo garantice bienestar y existencia digna. Los miles de personas trabajadoras que apenas ganan el salario mínimo, saben que ese postulado constitucional está lejos de su realidad sociofamiliar y económica. 4) Que se legisle y/o sentencie con contundencia que hay una parte del salario mínimo que es inembargable por deudas, que es sagrada, que no se puede tocar por parte de los acreedores, dado que así está conceptuado como un Derecho Humano fundamental. Hemos de proceder en consecuencia y por varias vías.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Unos 8 mil 500 millones de colones al día (8.500.000.000), es el obligado pago de intereses de la deuda pública, si nos atenemos a un informe financiero-tributario dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, que expresa los principales datos fiscales de los meses de enero y de febrero de este 2022.

El tema de la deuda pública con su elevada carga de pago de intereses diarios, aparece mencionado, “tímidamente”, en los documentos oficiales-propuesta de programa de Gobierno que ambos candidatos presidenciales de la segunda ronda electoral de este domingo 3 de abril, han dado a conocer.

La corriente sindical en la cual militamos viene planteando, hace ya bastante tiempo, que Costa Rica ocupa una auditoría ciudadana de la deuda pública: una reestructuración, una reingeniería, una auscultación fuerte de las entidades acreedoras; así como un desenmascaramiento del mercado bolsista para determinar quién está haciendo jugosas ganancias con las necesidades cotidianas de recursos de un Estado que, en su parte de Gobierno Central, está prácticamente quebrado.

Don José María Figueres Olsen (citado de primero por ser el más votado en la primera ronda), plantea lo siguiente: “Fortalecimiento en la gestión de la deuda pública, particularmente, la interna, para abrir el espacio fiscal necesario”. Don Rodrigo Chaves Robles expresa la propuesta de “disminución de intereses de la deuda pública”. Extraemos estos criterios, derivados del análisis que en el campo fiscal hicimos en las respectivas propuestas de programa de Gobierno.

La de don Rodrigo se expresa más directa y contundente: “disminución de intereses”. La de don José María, al indicar que hay que abrir el “espacio fiscal necesario”, pareciera “medir” la naturaleza del poderío político-económico de la hegemonía financiero-bancario que está detrás del pago de intereses de la deuda pública, al cual hay que desafiar abiertamente, estimamos nosotros.

Lo que sí queremos resaltar, tanto en uno como en otro caso, es que las personas diputadas ya electas que responden a los intereses de uno y de otro candidato, bien podrían impulsar, de manera conjunta, alguna medida política, estratégicamente hablando, para abrir un debate nacional, de amplia transparencia y contundencia en el tema de la deuda pública y su abusivo pago de intereses.

En tal empeño, de seguro, habría interés de otras fracciones integrantes del parlamento que inicia funciones el 1 de mayo próximo.

Paralelamente y, por otra parte, el que gane debe llamar a los sectores sociales, productivos y académicos con interés y con conocimiento en el tema, para abrir un espacio político de acción colectiva, con apoyo gubernamental, con la finalidad de materializar lo que, en uno u otro caso, indicaron en sus correspondientes programas de Gobierno en este delicado asunto.

El gran patriota latinoamericano, el libertador Simón Bolívar, formuló esta profética advertencia, allá por 1823:

“En fin, lo haremos todo, pero la deuda nacional nos va a oprimir…”. Y siguió diciendo: “La deuda pública es un caos de horrores, de calamidades, y de crímenes.” Y terminó apuntando: “Cualquiera que sea el partido que se tome con esta deuda, es horrible: si la reconocemos dejamos de existir, sino … el oprobio de esta nación” (1823). Así nos lo recordó el distinguido ciudadano don Manuel Hernández Venegas.

La próxima administración, sea cual sea, debe entrarle muy fuerte al tema. Esa deuda pública y su obsceno pago de intereses, es moral y éticamente inaceptable. Se volvió ilegítima y perversa al golpear a quienes menos tienen.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Tal y como está previsto en la legislación, este próximo domingo se desarrollará la segunda ronda de votación de las elecciones presidenciales que habrá de determinar el nombre de quién será el próximo Presidente de Costa Rica, entre el 8 de mayo de 2022 y el 8 de mayo 2026.

Hemos considerado de gran relevancia puntualizar, nuevamente, cuáles son los elementos fundamentales de nuestra agenda de lucha, desde el punto de vista de una organización obrero-laboral que se proclama como practicante del Sindicalismo Sociopolítico; agenda de lucha dada a conocer desde el pasado 15 de setiembre de 2021, ocasión en la cual se conmemoró el Bicentenario de la Independencia Patria como respecto a España.

El Guardián ya nos había facilitado abordar el tema, meses atrás. Ahora, con la campaña electoral llegando a su culminación, tenemos que insistir, con su venia, en el asunto, el cual conceptuamos integralmente como el Decálogo Sindical del Bicentenario.

I. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

II. Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

III. Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

IV. Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

V. Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

VI. Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

VII. Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

VIII. Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

IX. Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

X. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

La Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE), nos ha venido acompañando en este proceso.