Autor: ANEP

Nos hemos dado cuenta de que en el seno de la actual fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) existen conciencias diputadiles que saben que el histórico PLN podría estar a las puertas de su desaparición total, así como de su extinción como factor político determinante de nuestra sociedad de hoy día.

Tales conciencias han calibrado la gravedad del error político que cometió el PLN durante el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando fueron el principal sostén-soporte para la acción gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, el más notable estafador político de los últimos tiempos.

Desde el plano obrero en el que realizamos nuestro quehacer cotidiano, resaltamos dos proyectos de ley que están siendo tramitados en el actual período de sesiones ordinarias legislativas; proyectos que, de un modo u otro y si se convierten en leyes de la República, tendrán considerable impacto en la vida socioeconómica de miles de familias de la clase trabajadora costarricense y migrante de la Costa Rica de hoy.

Pensamos que esos sectores liberacionistas conscientes (dentro del actual parlamento y fuera de él), del más grave error histórico el PLN en toda su historia, que fue el de apoyar al gobierno PAC-Alvarado Quesada; tienen cabal criterio de que la brutal desigualdad que azota a la Costa Rica hoy está en contradicción terrible con valores de clásicos políticos liberacionistas forjadores del PLN como Rodrigo Facio Brenes, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós.

Es así que, proyectos como de las jornadas 4 x 3; o, el que regala el mercado eléctrico nacional históricamente a cargo del modelo ICE, vendrían a significar la palada más grande en la fosa abierta destinada a recibir el ataúd liberacionista, de manera definitiva.

El proyecto jornadas 4 x 3 golpea la histórica jornada laboral de las 8 horas, conquistada con sangre y que tomó sitial de honor en nuestra legislación obrero-social durante la década de oro del sindicalismo tico: los años 40 del pasado siglo XX; cuando quedó empotrada en piedra con la promulgación del Código de Trabajo, de 1943.

Tan fuerte fue este acontecimiento histórico y tan grande su magnitud de conquista obrera, que la jornada de 8 horas pasó la Guerra Civil de 1948 y no fue quitada del Código de Trabajo. Por el contrario, en el pacto que puso fin a ese conflicto armado entre costarricenses, ambos bandos, el perdedor y el ganador, respetaron esa conquista obrera de 1943, vigente hasta hoy.

Luego vendría la obra política del bando ganador, lograda la paz, destacándose la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en abril de 1949, entidad esta de innegable sello liberacionista.

El proyecto de ley que se tramita en estos momentos, le cercena al ICE la gestión gerencial estratégica del modelo eléctrico y su poder de incidencia en el desarrollo eléctrico del país; dándole la opción al capital privado que, por su propia esencia lógica, vendrá a explotar para ganar, no a explotar para servir.

Circunstancia ésta que se les presenta como gran manjar pues el modelo eléctrico nacional gerenciado por el ICE cubre al 99% del territorio nacional, mediando gigantescas inversiones y fuertes endeudamientos que se hicieron a partir de aquel año de 1949, cuando solamente 14 de cada 100 costarricenses tenía acceso a la electricidad.

Es evidente que la conquista obrera de las 8 horas, así como la concepción, fundación, desarrollo y consolidación del ICE tienen profundo contenido socialista-socialdemócrata. Nada que ver con el egoísmo criminal del mercado total, el del nada Estado-Todo mercado, mismo que infiltró al histórico PLN al punto de tenerlo casi al borde la extinción. Si quiere sobrevivir, al menos sobrevivir, tendrá que decirles NO a ambas iniciativas de inocultable signo neoliberal.

En realidad, estamos alarmados. Estamos convencidos de que, al menos, en el ámbito del Gobierno Central estamos en una situación de quiebra técnica en materia de las finanzas públicas.

El señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, se enfureció ante la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó devolver dineros para la asistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, plata que él había recortado para este año 2024. Fueron 62 mil 130 millones de colones (₡62.130.000.000) que él le quitó al presupuesto del Fondo Social de Asignaciones Familiares.

Su enojo le llevó a amenazar a los diferentes ministerios y a las entidades adscritas a los mismos con más duros recortes para el presupuesto del 2025. Sin duda, está pensando en recortar, por ejemplo, más a los servicios de educación pública, de salud, de asistencia social, de cultura, de infraestructura y otros.

Este tema de los recortes presupuestarios, de reducción del financiamiento para programas sociales, de sacrificar a las personas más vulnerables a favor de las que más tienen, está muy estudiado.

Por ejemplo, la prestigiosa organización no gubernamental Oxfam, con sede en el Reino Unido, en su más reciente informe sobre la cruel situación de la desigualdad en la América Latina, puso el dedo en la llaga y propuso cinco grandes áreas en las cuales hay que actuar ya a fin de, precisamente, reducir la desigualdad y la exclusión económica que, para el caso costarricense, está poniendo en riesgo la misma Democracia.

1. Gravar la extrema riqueza y la concentración de poder.
2. Elevar de manera sistemática los impuestos recaudados sobre las rentas del 1% más rico.
3. Romper con una cultura de privilegios fiscales.
4. Poner coto a la evasión y elusión fiscales, tanto de grandes fortunas como de grandes corporaciones.
5. Revisar la tributación de grandes corporaciones y gravar las ganancias extraordinarias.

Se trata, dice Oxfam, de avanzar a una nueva era de reformas tributarias progresivas, gran necesidad de la Costa Rica actual.

Costa Rica, afortunadamente, tiene ciudadanos y ciudadanas no solamente con conocimiento pleno en estos temas, sino que, muestran una gran sensibilidad social para entender que esta quiebra técnica del Estado central nos está hundiendo más en el abismo de la violencia y de la desestabilización del mismo sistema democrático.

También, de manera afortunada, hay costarricenses de militancia activa en diversas organizaciones sociales que, conscientes de la magnitud del problema, están dispuestos a abordarlo, sin miedo, empezando por la denuncia activa y constante, la difusión de las propuestas alternativas y, lo más alentador aún, esforzarse al máximo para darle gigante potencia al poder de la Democracia de la Calle.

Pero, tristemente, no vemos en la clase política actual, al menos la que está representada en la actual Asamblea Legislativa, ni la más mínima voluntad de abordar el tema con toda la potencia que se requiere para enfrentar ya no solamente la furia de don Nogui, sino la de la plutocracia reinante y su élite gubernativa que defenderán, hasta con sangre si es necesario, el estado actual de situación del sistema tributario costarricense: injusto y corrupto.