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El día 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de empleo a través de cooperativas con el objetivo de generar 100 mil puestos de trabajo, en una acción conjunta del gobierno nacional con los intendentes del conurbano bonaerense.

La iniciativa prevé una inversión inicial de 1500 millones de pesos, creando “cooperativas de 50, 60 o 70 personas, que harán trabajos comunales… cada trabajador va a ser monotributista… y va a cobrar con tarjeta bancaria para evitar rehenes de cualquier naturaleza”. Por supuesto, resulta loable toda iniciativa que procure reducir los altísimos índices de desocupación, máxime cuando se trata de generar nada menos que 100 mil nuevos empleos. Pero las características del plan no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina y la práctica de las cooperativas de trabajo auténticas y genuinas. Estas son entidades autogestionadas, en cuyo seno se superan las contradicciones entre capital y trabajo que normalmente existen en la empresa capitalista. Los trabajadores, además de la suscripción e integración de las cuotas de capital social, deben aportar su trabajo personal, asumiendo el riesgo empresario, en una gestión auténticamente democrática.

Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.

El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo.

En momentos de gran confusión como el actual, es conveniente aclarar los conceptos, para comprender el significado de los anuncios efectuados por la máxima autoridad política del país. Está bien anunciar la lucha contra la pobreza, la desocupación, la miseria; pero está muy mal prostituir conceptos, sobre todo el que caracteriza a un movimiento social como el cooperativismo, que tiene que luchar en desigualdad de condiciones por valores como la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la participación, con los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.

Fuente: argenpress.info

1. El avance imperialista

Con el ataque militar a Ecuador, la activación de la IV Flota, el golpe militar en Honduras y la iraquización de Colombia (bases militares), Washington ha reimplantado por la fuerza la Doctrina Monroe en América Latina. El reciente rechazo del Senado paraguayo a la adhesión venezolana al MERCOSUR coronó esos esfuerzos de la bota militar yanqui mediante un importante triunfo político. Tales éxitos de la dupla imperial Bush-Obama, logrados en poco más de un año, no hubieran sido posibles sin la notable falta de inteligencia y capacidad operativa estratégica de los gobiernos “bolivarianos”.

2. Reacciones tácticas, carencia de estrategia

Para lograr sus éxitos Washington diseñó un paradigma militar-mediático que le concedió la iniciativa estratégica en ambos campos. Ejecutaba sus jugadas sincronizadas en el tablero de poder latinoamericano, sin que los gobiernos de centroizquierda lograsen descifrar ni la sofisticación ni la dimensión de la amenaza. Fueron tomados recurrentemente por sorpresa y colocados a la defensiva, simplemente reaccionando y reaccionando de manera individual, sin capacidad de previsión y, mucho menos, de prevención de las ofensivas enemigas.

3. Los campos de batalla: lo militar y lo mediático

El imperio, apoyado por sus cómplices europeos, instrumentó su ofensiva en los dos campos de poder donde no puede ser vencido: el militar y el mediático. Geopolíticamente, avanzó vía el Bloque Monroeista del Pacífico (BMP), conformado por países centroamericanos, Colombia, Perú y, en parte, Chile. Ante este paradigma de intervención la única defensa bolivariana posible hubiera sido una contraofensiva colectiva del Bloque Bolivariano que enfrentara políticamente el centro de la agresión, Washington—-arriesgando la ruptura abierta—- y que castigara económicamente a su avanzada militar, el gobierno de Uribe-Santos. Al no actuar de esa forma, omisión, cuya grave responsabilidad histórica recae principalmente sobre el gobierno brasileño, el monroeismo ha avanzado como un cáncer letal que proyecta matar al Bolivarianismo dentro de dos años (2011), liquidando a su centrum gravitatis, la presidencia de Hugo Chávez.

4. Ecuador: la Caja de Pandora

El momento crucial para enfrentar la ofensiva general de Washington se dio con el ataque militar a Ecuador. Las ventajas mediáticas, jurídicas y políticas, que esa fragante violación de la soberanía ecuatoriana proporcionaba al Bloque Bolivariano eran inmejorables. Por ejemplo, al violentar el gobierno colombiano la escena del crimen, removiendo y modificando la evidencia forense, hecho reconocido por la propia policía colombiana, el Bloque Bolivariano debía haber invocado la doctrina judicial universal de la inadmisibilidad de evidencia contaminada (tainted evidence) en una corte de ley.

Frente a los aparatos policíacos internacionales, la aplicación de este principio forense hubiera significado la negación de cualquier colaboración respectiva, advirtiéndose inclusive la posible ruptura en bloque con esas estructuras policíacas internacionales, controladas por Washington y Bruselas, ante presiones indebidas. Al no activar ese axioma jurídico y advertir sobre la prospectiva ruptura, los gobiernos de Quito y Caracas se convirtieron ad infinitum en rehenes pasivos de las campañas mediáticas chantajistas que Washington desata cuando le conviene.

5. Santo Domingo: el appeasement ante Hitler

El grave error de no enfrentar de manera jurídica-ofensiva la agresión militar de Washington-Bogotá a Ecuador, se repitió en lo político-económico. Presionado por dos cercanos aliados, Hugo Chávez tuvo que jugar al mediador y levantar las sanciones económicas contra Bogotá, dejando aislada la digna posición de no-reconciliación de Rafael Correa y, también, de Daniel Ortega. La resolución de Santo Domingo, a su vez, consagró la impunidad, absolviendo a los dos perpetradores principales de la agresión (Bush y Uribe), sin cobrarles costo político ni económico alguno. Con este triunfo de la política del appeasement (oportunismo), que la historia no absolverá, la puerta al regreso de James Monroe quedaba plenamente abierta. No tardó mucho el Uncle Sam (Tío Sam) en pasar por ella. Le tocó el turno a Honduras.

6. El appeasement se repite ante Honduras y Colombia

El mismo patrón de miedo e irresolución política de la nueva clase política desarrollista latinoamericana, practicado en Santo Domingo, se repite ante el golpe de Estado en Honduras y la conversión de Colombia en un protectorado militar del Comando Sur. Mientras el pueblo hondureño enfrenta heroicamente a los gorilas locales de Washington en la calle, los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda hacen, esencialmente… nada. No solo se mostraron incapaces de detectar el golpe a tiempo, ahora se muestran sin voluntad real para cortar el nudo gordiano del problema.

7. Enfrentar a Obama o perder la guerra

La solución al problema de la dictadura militar se encuentra en Washington, en la presión pública y colectiva de los gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Obama, para obligarle a definirse ya. Si los gobiernos latinoamericanos no se atreven a cobrarle un alto costo político al “Presidente del cambio y de la esperanza” por su de facto complicidad con el coup d´etat, congelando las relaciones con su gobierno, el monroeismo ganará la guerra. Y la misma disyuntiva debe plantearse ante Uribe, explicitándole a él y a la sociedad civil colombiana los costos políticos y económicos de la sumisión santanderista ante el imperio.

8. El circo

Pedirle explicaciones sobre las bases militares estadounidenses en Colombia en una futura reunión de la UNASUR, es ridículo; de hecho, tan ridículo y cínico como el circo de la OEA instrumentado por la Casa Blanca con el procónsul imperial Oscar Arias. No es más que una finta seudo-diplomática de los gobiernos desarrollistas que oculta la verdadera gravedad de la situación ante las masas latinoamericanas y engaña sobre el avance del cáncer monroeista. Es la mentira de poder parar el cáncer con operaciones cosméticas locales, en lugar de enfrentarlo en una operación de vida o muerte contra su centro de proliferación.

9. La lección de Ayacucho

Es la hora de la Batalla de Ayacucho, donde el virrey español La Serna, con el doble de tropas del Gran Mariscal de Campo Antonio José de Sucre y una abrumadora superioridad de artillería, aplicó la Guerra de Desgaste al Ejército Libertador del Sur; obligándolo a constantes movilizaciones reactivas en una guerra de movimientos. El Mariscal Sucre, resuelto a no caer en el juego del enemigo, decidió recobrar la iniciativa. Rompió la estrategia de los realistas con la de la batalla decisiva, es decir, la batalla que decide la guerra. En las áridas colinas de la pampa de Junín, el 8 de diciembre de 1824, forzó a los monroeistas europeos a presentar batalla y los venció. Fue el fin del colonialismo español.

10. ¿Cómo salvar el Proyecto Bolivariano?

Estamos, de nuevo, ante el escenario de una Guerra de Desgaste de fuerzas imperiales-oligárquicas muy superiores. Pero, esta vez, en calidad de huérfanos, sin el Gran Mariscal Antonio José de Sucre, sin el General Simón Bolívar y sin el General San Martín. Es decir, sin liderazgo ni vanguardia latinoamericana.

¿Qué hacer ante tal situación? Al igual que en el momento culminante del golpe imperial separatista en la media luna boliviana habrá que activar la sabiduría del Comandante Fidel Castro para diseñar y consensuar un plan de contención y contraofensiva bolivariana hemisférica frente a Obama-Uribe. Pero, no basta reactivar las tareas de conducción de la Segunda Emancipación en manos de los gobiernos porque son precisamente ellos los que han perdido la iniciativa y el rumbo estratégico.

Por lo mismo es necesario que se reactiven en forma autónoma los grandes movimientos sociales, como el MST en Brasil, y los intelectuales de Estado, como la red “En Defensa de la Humanidad”, para que se autoasuman como sujetos estratégicos del cambio, abandonando su papel subordinado ante los gobiernos de centroizquierda, de cuya simbiosis se benefician con sus agendas particulares.

Crear la vanguardia unificada latinoamericana entre todas las fuerzas anti-imperiales; mantener la máxima unidad posible y la alianza estratégica entre Estados y movimientos de masas, sin dominación de los Estados; recuperar la iniciativa y el rumbo estratégico y enfrentar a Washington con la estrategia de la batalla decisiva. Esas son las tareas apremiantes generadas por la Guerra de Desgaste imperialista.

Es el momento de Ayacucho. Es el momento de la grandeza y audacia de los Libertadores.

Fuente: argenpress.info

1. La diferencia entre un Golpe de Estado y una Revolución es radical. El primero es la toma violenta del poder por militares generalmente guiados por un sector de la clase política, es decir por elementos internos del propio gobierno (Honduras) o bien cuando los militares se hacen directamente cargo (Huerta en México, Pinochet en Chile); en los tres casos con apoyo de los EEUU.

Pero también puede haber golpes de Estado ejecutados por las fuerzas económicas del mercado, cuando un oligopolio internacional desplaza del poder a otro. Algunos hablan de influencia excesiva del poder militar en el gobierno civil que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de estado o pronunciamientos. La Revolución, por el contrario, es un profundo movimiento social de abajo, de los explotados, contra el sistema de explotación y opresión.

2. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza señaló el miércoles que retornó de Honduras sin acuerdo alguno. Indicó en el Consejo de la OEA que »la amnistía para lo propiamente político no debería ser una dificultad’’, pues está contemplada en la constitución de Honduras y es algo que opina podría manejarse. Indicó que el presidente de facto, Roberto Michelleti reconoció que hubo un »grado de error’’ en sacar a Zelaya del país durante el golpe. Dijo Insulza que hay una gran oposición al regreso de Zelaya. “No encontramos a nadie que estuviera de acuerdo con el retorno’’. El representante alterno de Estados Unidos, Lewis Anseelem, indicó durante la sesión que su país ha suspendido »toda ayuda no esencial’’ a Honduras y sostiene que el regreso de Zelaya es »indispensable’’. Como dicen: “golpe dado ni dios lo quita”.

3. El golpista Michelleti se siente muy cómodo y seguro como presidente de facto en Honduras. El cacareado bloqueo decretado por la OEA y el gobierno de Obama fue una farsa. El golpista se ha reído de las medidas y ha declarado que está dispuesto a resistirlas. El pueblo hondureño demostró una gran fuerza en las calles condenando el golpe de Estado y exigiendo el regreso del presidente Manuel Zelaya, pero al parecer la represión fue más fuerte y los líderes del movimiento poco pudieron hacer. El golpe de Estado de Honduras tiene muchas similitudes con el realizado Chile en 1973, pero también muchas diferencias; aquel fue más descarado y brutal porque el gobierno de Allende se había declarado socialista y porque el gobierno de los EEUU intervino de manera abierta; además la lucha de clases y su antagonismo fue clara.

4. El general Pinochet, después de su sangriento Golpe de Estado en Chile para derrocar y asesinar a Salvador Allende, estuvo en el poder 17 años (1973-90) porque contó con todo el apoyo del gobierno de Nixon y su canciller Kissinger, pero luego con todos los demás gobiernos yanquis. Pinochet además fue apoyado por los grandes empresarios y parte de las clases medias chilenas de la derecha, así como por el clero y los partidos cristianos. Michelleti y sus generales han contado con el apoyo “subterráneo” del gobierno de Obama y la Clinton, así como el de los empresarios y el clero. Aunque casi todos los países han condenado el Golpe, la realidad es que en la mayoría ha sido una condena verbal muy tibia, mucho para estar acorde a Obama y salir del paso; y eso lo sabe muy bien el golpista hondureño y sus generales.

5. La realidad es que el derrocamiento de Zelaya ha significado una derrota a la corriente de izquierda de Chávez/Morales/Correa y un triunfo de Obama y los gobiernos incondicionales a él. El gobierno de Zelaya –a pesar de sus orígenes empresariales y burgueses- se había acercado mucho al venezolano y eso, para Obama, era muy peligroso en estos años en que el balance de las fuerzas en Latinoamérica está favoreciendo a las tendencias progresistas. En este punto puede verse que el golpe de Estado en Honduras tiene claras similitudes con el de Chile de 1973 pues también Allende significaba el inicio del ascenso de gobiernos de izquierda por la vía electoral. El derrocamiento de Allende demostró una vez más que por la vía electoral no se podría construir el socialismo y fortaleció la lucha guerrillera en Nicaragua y El Salvador.

6. En los últimos 10 años se ha demostrado que sí pueden llegar al gobierno personajes de izquierda y de centroizquierda por la vía electoral. Sin embargo, fuera de los casos Venezuela/Bolivia/Ecuador, que han logrado reformar o cambiar sus Constituciones, los demás gobiernos siguen maniatados o atados por las Constituciones burguesas y eso los obliga a seguir gobernando para la misma burguesía que dijeron antes combatir; pero lo más grave es que –como sucedió en Chile y en Honduras- son víctimas fáciles de golpes de Estado mediante la acusación de que han violado la Constitución. Asumir el gobierno ha resultado menos difícil que mantenerse en él realizando los cambios más urgentes y necesarios para el pueblo. Lula, Tabaré, Bachelet, Kirchner, no han podido hacer nada para debilitar las formas capitalistas de explotación. Las han renovado.

7. Ahora los líderes de la OEA y otros gobiernos hablan de la necesidad de una “reconciliación” en Honduras, es decir, que se acepte todo lo sucedido. El gobierno golpista de Michelleti parece fortalecido porque incluso plantea que está dispuesto a resistir el tiempo necesario. Sus partidarios están puestos para realizar manifestaciones apoyadas por empresarios y medios de información. El presidente de facto está dispuesto a realizar entre unos meses las elecciones y a entregar el poder al presidente (seguramente incondicional del él) electo. El gobierno de Obama, con la instauración de bases militares en Colombia ha desviado la atención en Honduras demostrando que puede hacer cosas peores. Hoy casi nadie recuerda a Zelaya porque las bases militares son indudablemente, más amenazantes. Chávez, Morales y Correa deben cuidarse.

Fuente: *especial para ARGENPRESS.info

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras.

Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política.

En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma.

En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés.

En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí.

Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler.

Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera constituye una imperdonable estupidez.

Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un_ “asunto interno”_ de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos.

Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares.

En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser una de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf
asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno.

Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria …(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición.

” Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín.

Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos.

Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

El Gobierno separó ayer del cargo al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Guido Vega, tras determinar que 18 de 21 proyectos productivos aprobados a la carrera, incumplían requisitos de ley.

Vega es el segundo presidente del CNP que deja ese puesto durante esta Administración.

El 10 de abril, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley que crea el Sistema de Banca de Desarrollo, la directiva del CNP decidió, en siete horas, dar créditos por ¢11.000 millones (¢4.900 millones no reembolsables) a 21 proyectos de ganaderos, lecheros, agricultores y cooperativistas.

Esos ¢11.000 millones, tomados del Programa de Reconversión Productiva, precisamente, se iban a destinar a la Banca de Desarrollo. La semana pasada, Vega reconoció que actuaron por presión de los grupos interesado, que temían que los proyectos se atrasaran de pasar al nuevo sistema de financiamiento

La salida de Vega obedece, supuestamente, al deseo de dejar espacio para que se esclarezcan las circunstancias en las que los directivos del CNP aprobaron el financiamiento de planes que incumplían requisitos de garantía, legales o financieros.

Vega y el viceministro de Agricultura, Carlos Villalobos, estuvieron al tanto de la masiva aprobación de proyectos en el CNP.

Villalobos, sin embargo, se mantendrá en su cargo y deberá acompañar mañana al ministro de Agricultura, Javier Flores, a explicar detalles ante los diputados molestos por lo que consideraron “una zancadilla” a la recién aprobada Banca de Desarrollo.

“El presidente ejecutivo de una institución es el responsable político”, respondió el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, tras analizar el informe que brindó el CNP junto con el ministro Flores. Vega no respondió los mensajes dejados ayer en en su celular.

El programa de Reconversión Productiva será intervenido por la Contraloría de la República para analizar lo actuado en los 10 años de ejecución, confirmó ayer Arias.

Reconversión Productiva es un programa de créditos y ayudas no reembolsables, cuyo fondos los diputados decidieron traspasar a Banca de Desarrollo.

Aunque Flores dijo hace una semana que los proyectos ahora rechazados cumplían con los requisitos, ayer dijo que 18 de ellos deberán concursar por recursos, pero en el marco de Banca de Desarrollo.

Garantías insuficientes, incompatibilidades financieras y yerros con hipotecas fueron las razones del rechazo de los 18 programas, además de morosidad con otras operaciones con el CNP y hasta el vencimiento de personerías jurídicas, de acuerdo con el informe.

Ese incumplimiento de requisitos permitirá al CNP trasladar más de ¢16.000 millones a Banca de Desarrollo, cuyo fondo manejará el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Ese aporte, según el Gobierno, permitirá completar un disponible de más de ¢70.000 millones.

Fuente: La Nación
Álvaro Murillo | alvaromurillo@nacion.com