“El pueblo hondureño es el Frente, la resistencia”

23 feb | revista caminos Al subir al ómnibus, reconozco los rostros de una lucha permanente, admirable y heroica. Pienso entonces que el viaje no podía tener mejor destino. Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras, junto a otros líderes de la organización, Carlos H. Reyes, Berta Cáceres —también dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas —y Wilfredo Paz, representante del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, en algunas horas estarán frente al Che. Visitarán en Villa Clara el conjunto escultórico dedicado al Guerrillero Heroico.

Durante el recorrido converso con Juan Barahona. Me cuenta de sus tiempos de estudiante cuando perteneció al Partido Comunista. Concluyente, y con una joven sonrisa, dice:_ “no he dejado de ser marxista-leninista”_. Luego recuerda los días antes del golpe de Estado en los que el Bloque popular profundizaba la lucha contra el neoliberalismo.

De inmediato, nos sumimos en el proceso político que vive hoy la nación centroamericana, y en la organización del Frente de Resistencia, principal fuerza para salir del marasmo y refundar Honduras.

“A ocho meses del golpe de Estado en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular tiene un enorme trabajo de organización de todo el pueblo, con cobertura nacional. En la Resistencia, están las organizaciones y movimientos populares del país, independientemente de pensamientos políticos e ideologías.

“La Resistencia es la organización más fuerte que tenemos porque es un amplio movimiento social, al cual se han incorporado todos aquellos sectores que tradicionalmente no han tenido una estructura que los aglutine. Por ello, ahora barrios, villas, aldeas, caseríos están activos y participan organizadamente en las movilizaciones.

“Entre el 12 y 13 de febrero tuvimos la primera Asamblea Nacional de la Resistencia, donde definimos el carácter antiimperialista, antioligárquico y antineoliberal del Frente. Además dejamos claro que la conducción de nuestro proceso es horizontal e incluyente, y delineamos tres ejes principales para la acción: organizar, formar y movilizar. Realizamos movilizaciones constantemente. El pasado 27 de enero hicimos una gigantesca marcha y este 25 de febrero tendremos una similar.

“En el documento que aprobamos durante esa Asamblea, manifestamos que somos independientes de los partidos políticos. Y aunque existe gran diversidad en el Frente, reconocemos que está unida por objetivos comunes: una Asamblea Nacional Constituyente y la transformación de la sociedad hondureña. Esta organización no la teníamos en el pasado y es señal de fuerza y esperanza”.

En este momento el gobierno de Porfirio Lobo prepara una Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la lectura del Frente sobre esta maniobra?

“Los Acuerdos de San José, tomados días después del golpe de Estado, incluían entre los requisitos para la restitución del presidente Zelaya, la realización de una Comisión de la Verdad que esclareciera los acontecimientos del 28 de junio. Sin embargo, el plan norteamericano y de los golpistas fue no hacerla. La echan a andar ahora, con este heredero del golpe, cuando el Congreso de la República ya aprobó la amnistía para que los golpistas quedaran libres de culpa, impunes.

“Para nosotros no tiene sentido porque es extemporánea. Esa Comisión de la Verdad debió funcionar después de que Zelaya volviera a la presidencia. Y eso no pasó. En este momento no habrá castigo para los responsables de las violaciones que ha vivido Honduras. Sin embargo, los golpistas tienen un importante objetivo hacia afuera con esta maniobra.

“Pretenden dar una imagen de un gobierno democrático, respetuoso y lograr el reconocimiento internacional. Esto posibilitaría los desembolsos económicos, a través de ayudas, donaciones y préstamos que están detenidos.

“Nosotros nos hemos manifestado en contra porque además quienes están nombrados para participar pertenecen al partido en el poder. Para el pueblo hondureño no esperamos nada”.

¿Cuál es la vía para que las denuncias e informes sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras sean efectivos si estos han encontrado el silencio de las instituciones de justicia en el país?

“El castigo para los violadores de derechos humanos no se va a dar. En Honduras el gobierno actual sigue dirigiendo con las mismas estructuras que dieron el golpe. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policías siguen intactos. En el Congreso Nacional la mayoría de las diputadas y los diputados golpistas fueron reelectos.

“En el país solo hubo un cambio de cara al frente del Ejecutivo; la política es la misma y, además, la amnistía deja impune a los golpistas”.

Desde el 28 de junio, una ola de violencia ha inundado a Honduras. ¿La denominación de Oscar Álvarez como ministro de Seguridad, quien ya ha firmado con el gobierno colombiano un pacto en ese ámbito, puede considerarse una garantía de que la represión no cesará?

“El ministro de Seguridad Oscar Álvarez ejerció ese cargo en el gobierno de Ricardo Maduro Joest, desde el 2002 al 2006, durante el cual llevó a cabo capturas, persecuciones a dirigentes populares y otras acciones represivas.

“Ahora vuelve al ministerio con mucha más experiencia, y en un contexto en el que, como continuación del golpe de Estado, nos siguen asesinando a jóvenes, maestros, campesinos, sindicalistas. Durante los últimos días perdimos a tres compañeros. El miércoles pasado asistimos al entierro de un sindicalista de seguridad social. No tenemos esperanza de que la represión termine porque para los golpistas es un método que consolida a este gobierno y resguarda los intereses de la oligarquía.

“Pero tenemos una resistencia muy fuerte, organizada y movilizada. Eso es lo que podría contrarrestar o detener la represión que se ha desatado”.

No solo la represión ha profundizado la crisis social que vive el país. ¿Cómo han influido en esta situación otras medidas, por ejemplo, la paralización de proyectos vinculados al ALBA?

“Con el golpe de Estado el mayor perdedor ha sido el pueblo. Hemos dejado de recibir beneficios del ALBA como la Operación Milagro; becas para estudiantes en Venezuela y Cuba han sido canceladas, y el programa de alfabetización se detuvo. En octubre del 2009 queríamos declarar a Honduras libre de analfabetismo y no pudimos lograrlo.

“Desde el Frente vamos a intentar resolver esta situación a través de la ayuda de los gobiernos del ALBA. Estamos organizándonos para asumir esos proyectos y encaminarlos a través de la Resistencia”.

Como en otras ocasiones, Barahona reiteró el compromiso del Frente con un nuevo destino para Honduras y la decisión de no establecer diálogos con los golpistas. La Resistencia también se prepara como brazo electoral hacia los comicios del 2013, para conquistar la realización de una Asamblea Constituyente.

“Lo que justificó el golpe de Estado fue la cuarta urna. Pero más que a la consulta, le tuvieron miedo a la Constituyente porque íbamos a depositar el poder en el pueblo. Ahora lograr ese sueño es uno de nuestros principales desafíos. Por eso vamos a seguir luchando. Sabemos que ese es el único camino para los cambios políticos y sociales que necesita Honduras”.

Puntarenas: Denuncian a minera por destrucción en Miramar

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Dirección Geología y Minas
Fax 22 34 02 54
Expediente 7723
12-2-2010

Estimados Señores,

Con eso hago denuncia que la empresa “Exploraciones Mineras Quebrada Nancital SRL“ ha trabajado con equipo pesado en el puro cauce del Río Zamora.

A 100 metros río arriba de la planta de máquinas escarbaron un hueco de 6 × 6 metros y 3 metros de profundidad en el cauce y amontonaron el material en el centro del río. Hicieron un canal para el paso del agua.

Aparentemente con eso violaron las leyes de ambiente y de aguas.

Como pruebas ofrezco 3 fotos y 2 testigos y solicito la visita de un funcionario.

Contrario a esta actitud la empresa ha declarado en varias ocasiones, que sus exploraciones son de carácter netamente “artesanal“.

Por ejemplo en su Recurso de Revocatoria del 24-2-2004 (expediente 7723, folio 34) dice:

“Como se ha indicado en forma vasta y hasta la saciedad la actividad minera a desarrollar y su metodología es una minería de exploración prospectiva, no intensiva ni mecanizada, que consiste fundamentalmente en una actividad minera de simple colección de muestras en forma superficial a nivel de suelos, muestreo de rocas, muestreo geoquímico, muestreo de sedimientos, levantamientos topográficos, perforaciones manuales y no una actividad minera que vaya a causar un daño al medio ambiente incluyendose por supuesto daño alguno a los suelos.“ Véa también el Recurso de Apelación del 7-4-2003, folio 20, donde dice: „Que el programa de exploración aprobado así contempla una actividad meramente de exploración fundamentalmente superficial y en forma prospectiva como se indica en la solicitud, adicionalmente se establecen todas las previsiones que indica la ley para la protección del ambiente.“

En ambos casos el Señor Ministro acogió las apelaciones fundamentadas en estas afirmaciones.

Solicito que se aplique los artículos correspondientes de la ley 7554 y del decreto ejecutivo 25705 MINAE, en lo referente a las sanciones a que es sujeta la actividad en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos.

Solicito pedir cuentas al Responsable Ambiental de la empresa cuyo nombre no aparece en el expediente y a los funcionarios de la DGM encargados de inspeccionar el proyecto mensualmente.

Vecinos de Miramar de Puntarenas, Tajo Alto
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MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Dirección Geología y Minas
Expediente 7723
12-2-2010

Estimados Señores,

El Sr. Jorge Dobles Montealegre en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa „Exploraciones Mineras Quebrada Nancite SRL“ declara en su solicitud (expediente 7723, folio 6 -hay 2 folios de esta numeración) : „ La extensión de (de la concesión, Ursula Hockauf) es de cuatro kilómetros cuadrados equivalente a cuatrocientos hectáreas de terreno … señalo que el proprietario de la extensión de los terrenos supracitados es la misma sociedad solicitante.“

El ministerio (aparentemente sin controlar inscripciones y planos catastrados) ha acceptado esta declaración, de manera que después apareció igualmente en La Gazeta 256 del 30-12-04, página 15, notificaciones del MINAE. Basado en el memorandum de la geóloga Sirzabel Ruíz: “4. – propietarios de los terrenos : El permisionario.“ (VER IMAGEN 3)

Igualmente el INTA en su nota al registro Nacional Minero del 27-1-2004 (expediente 7732, folio 30) dice: „El inmueble que no tiene plano catastrado es de cuatrocientos hectáreas…“.

hectáreas…“. Yo tengo fincas dentro de los terrenos señalados. Tengo escrituras y planos catastrados válidos.

Yo se que en los terrenos que le empresa declara de su propiedad, hay muchos otros propietarios de fincas.

Me opongo a las declaraciones supracitados. Solicito que se corrijan esta falsedad.

Que se consideren las consecuencias que ésta ha tenido en el otorgamiento de permiso de exploración.

Que se tomen las medidas correspondientes por la omisión de los funcionarios encargados.

Ursula Hockauf Gilbert
cédula 127 60012 1002
Miramar de Puntarenas, Tajo Alto, Calle Pavones, del cruce 1000m sur.

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Denuncia 3 y 4

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GEOLOGÍA Y MINAS

Asunto: expediente 7723, dos denuncias 24-2-2010

Estimados Señores,

Al estudiar el expediente 7723, „Exploraciones Mineras Quebrada Nancital SRL“ dos asuntos económico – administrativos me llaman la atención. Me parece que se han tratado a estos de una manera irregular.

Primero:

En el expediente de SETENA 258-2000 que se refiere al mismo proyecto se lee: „Con la fecha 7-11-06 los representantes de la empresa solicitan la devolución de la Garantía Ambiental depositada aduciendo que la etapa de prospección ha finalizado.“ (Resolución 2394-06-SETENA, Resultando Tercero). En la misma Resolución en el

Por Tanto Segundo se lee „Se procede a la devolución del deposito de Garantía Ambiental por vencimiento debido a que el proyecto ha finalizado.“

Entiendo que la Viabilidad Ambiental de SETENA seguido por el Plan de Gestión Ambiental y el correspondiente Deposito de Garantía Ambiental son requisitos indispensables para mantener una concesión de exploración minera vigente.

Entiendo que por medio de varias solicitudes de prórrogas, que la DGM ha otorgado, la empresa ha mantenido vigente la concesión 7723 hasta la fecha. (El último pago de canon de superficie correspondiente al año 2010 se hizo el 30-12-09)

Resulta que desde 2006 esta concesión carecía del respaldo de la garantía Ambiental. Ahora que se observa varios daños ambientales en el terreno del proyecto me parece preocupante esta situación.

Solicito que la DGM tome las medidas que por derecho corresponden.

Para mi lo lógico sería la anulación de la concesión.

Segundo.

En el folio 67 de este expediente 7723 aparece el „detalle de derechos de superficie“ correspondiente al plazo 17-1-05 a 31-12-05, que con cierta demora fue cancelado el 19-10-05. (folio 68)

En la Resolución 154 (1-2-07, folio 93) la DGM advierte a la empresa que tiene que cancelar la suma de Colones 800.800.00, pago de canon 2006.

El 20-2-07 la empresa presenta un Recurso de Revocatoria contra esta Resolución.

En la Resolución 906 del 4-10-07, folio 101 la DGM rechaza este Recurso, aduciendo que „La obligación de cancelar el canon anual de superficie en el periodo de suspensión de labores… persiste.“

En el expediente 7723 no aparecen más Recursos de la empresa contra la Resolución 154. Supongo que entonces quedó firme.

En el folio 111 se encuentra el detalle de derechos de superficie (DGM 003-09, del 4-8-09) que indica que la empresa no había pagado estos derechos correspondienes a los 4 años 2006 – 2009.

En el expediente no aparece nota que hasta la fecha (19-2—10) se hubiere cancelado esta deuda que inclusvie las multas se suma a Colones 8.271.861,37.

Supongo que el pago de los canones es un requisito obligatorio para mantener vigente una concesión de exploración.

Solicito que la DGM tome las medidas que por derecho corresponden.

Para mi lo lógico sería la anulación de la concesión.

Atentamente

Julio Müller
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Denuncia 5

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Dirección Geología y Minas

5-3-2010

Asunto: expediente 7723, denuncia

Denuncio la falta de información a las y los habitantes y errores en la tramitación del proyecto.

En la Resolución 429-2001-SETENA (9-7-00, expediente 258, folio 33) la Comisión Plenaria de la SETENA resuelve, que la empresa minera debe presentar algunos documentos faltantes. Bajo el título „Descripción del Proyecto“ dice: „No se adjunta copia del plano catastrado, ni se indica quíen es el propietario de los inmuebles donde se desarrollará esta etapa del proyecto y si cuentan con la autorización por escrito de los mismos.“

En una nota del 29-8-01 (folio 35) el representante de la empresa declara: „Conforme a la Resolución de esta Secretaria número 429-2001, aporto la documentación pertinente así requerida.“

Esta documentación (las autorizaciones de los propietarios en el AP) no se encuentra en el expediente. En realidad nunca se les había solicitado a los propietarios.

Más bien la empresa declaró que ella misma es propietaria de los terrenos del Àrea del Proyecto. (Exp.7723,folio 6 y La Gazeta 256, 2004, pag.15)

Ni obstante la SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental el 22-10-01 (Resolución 711-2001) y en base de esta la DGM otorgó el permiso de exploración.

Resulta que de esta manera se logró que los afectados ni se dieran cuenta de la existencia del proyecto.

En consecuencia se evitó que ellos se opusieran en el debido plazo a las declaraciones falsas sobre las características del Área del Proyecto, presentadas por la empresa y acogidas tanto por la SETENA como por la DGM. Así las y los habitantes en el AP quedaron en absoluta indefensa.

Denuncio estas omisiones y solicito que por esta razón se anule el permiso de exploración.

Las declaraciones que cuestiono son las siguientes:

„En cuanto a la flora y fauna se refiere, se nota una ausencia casi total de especies propias de la zona las cuales han cedido su lugar a especies introducidas para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto las condiciones iniciales con las cuales se iniciará la fase de prospección son muy negativas .“(expediente 258-2000-SETENA, EIA, 9. Diagnóstico Ambiental, sín foliar).

Igualmente la Geol. Sirzabel Ruiz en su Memorando DGM-CPLC-73-2006, base de la Resolución 155 (folio 90), repite esta afirmación, detallando que „la zona ya está impactada por las actividades ganadera, agrícola y maderables, por lo que es notable la ausencia de flora, fauna natural o primaria.“

En su EIA la empresa declara : „Aspecto Turístico y Recreativo: La zona no tiene por el momento ningún desarrollo turístico…“ (Exp.258, Diagnóstico Ambiental sin foliar,) Igualmente en la „Información Ambiental Básica“ declara que „Dentro del AP y AIID no se encuentra una zona de atracción o utilización turística.“ (folio 8)

En realidad ya desde el siglo pasado funcionan 2 hoteles de alta categoría, el „Hotel Vista Golfo“ y „El Mirador“ en el Área del Proyecto, además una soda muy popular „Dilan“.

Al contrario a las informaciones de la empresa ,el Área del Proyecto es de una extraordinaria belleza escénica. Hasta el momento las aguas de la Zamora son cristalinas, corren por muchas cataratas y grandes pozas en roca lisa, un paraiso para los visitantes. Hay reservas privadas en las fincas de las familias Rojas y Cortez y hay anchas zonas de bosque primario en los litorales de las quebradas Zamora, Orozco, Nancital y dos más sín nombre, todas persistentes. Varias fincas tienen terrenos en reforestación.

Como prueba ofrezco 12 fotos. Son fotos del AP, no son fotos „ilustrativas de la región“.

Solicito la inspección ocular de un funcionario para que corrobore mis observaciones. Aparentemente (no se encuentra reporte) nunca se efectuó una visita en el AP, ni de parte de la SETENA ni de la DGM. A pesar de que la Resolución 407 (folio 61) pide la inspección de un funcionario “al menos una vez al mes.“

Yo personalmente he observado Osos Hormigueros, Pizotes, Perezosas, Coyotes, Venados, Armadillos, Monos Congo, Monos Cariblanco y una gran variedad de aves: Toledos, Gallinas del Monte, Pavas, Tucanes, Oropendulas, Motmots, Gavilanes, Halcones, Garzas, Lechuzas y muchos otros en el Área del Proyecto.

Varios vecinos están dispuestos a corroborar esto con sus propias observaciones.

Resulta que las aseveraciones de la empresa y de la DGM son absolutamente falsas.

Las y los habitantes lamentamos que nuestros esfuerzos de conservar un ambiente equilibrado en una zona „común“ – no hay Parque Nacional ni otro museo natural – son despreciados de esta manera.

Me preocupa que más tarde, después de realizar talas de bosque y otras destrucciones en el ambiente la empresa podría insistir que éstas ya hubieren existido como „condiciones iniciales“ acogidas por la DGM.

La misma estrategia se ha observado en otros proyectos de la zona.

Solicito que – en caso que no se anule la concesión – se rectifique las afirmaciones falsas en el expediente.

Julio Müller

Posición de la U.C.R. sobre el caso JAPDEVA

El Consejo Universitario,

CONSIDERANDO QUE:

1. En el artículo 3, del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se establece que: La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

2. El futuro de los puertos de Limón, dada la importancia estratégica que tienen estas actividades para JAPDEVA, esta provincia y el país, debe tomar en cuenta no solo criterios de eficiencia y mercado, sino, principalmente, su impacto social, en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública; por ello, las decisiones que se adopten deben ser producto de un amplio consenso nacional y no el resultado de la imposición de intereses corporativos.

3. La política de concesión de obra pública en Costa Rica se inició en 1994, mediante la creación de la Ley General de Concesión de Obra Pública, Ley N. ° 7404. En sus 16 años, el impulso de esta política en nuestro país no ha demostrado la eficiencia ni la atracción de inversión extranjera prometida y, en cambio, sí ha tenido efectos negativos en usuarios, trabajadores(as), las comunidades afectadas y el Estado, que terminan en muchos casos costeando la inversión y asumiendo las pérdidas. Algunos ejemplos fallidos son el caso de Marnhos y de Alterra.

4. La libertad sindical está expresamente regulada en el artículo 60 de la Constitución Política, como parte de las Garantías Sociales. La libertad y la autonomía del sector laboral de organizarse, sin intervención del Estado, está tutelada por diversos convenios internacionales
de derechos humanos ratificados por nuestro país, incluyendo los convenios 87 (Libertad sindical y protección del derecho de sindicalización) y 98 (Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados mediante la Ley N.° 2561; el Convenio 11 de la OIT (Derecho de Asociación en la Agricultura), ratificado por Ley N.° 3172, y la Recomendación 143 y el Convenio 135 de la OIT, ratificados por medio de la Ley N.° 5968.

5. La libertad sindical está expresamente recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley N.° 4229; en el artículo 8 del Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales (Protocolo de San Salvador), ratificado por Ley N.° 7907, y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por Ley N.° 4534. Asimismo, el Código de Trabajo tutela la libertad sindical en los artículos 332 y siguientes.

6. El Estado costarricense no ha ratificado los Convenios de la OIT números 151 y 154 para la negociación de convenciones colectivas en el sector público.

7. El rechazo del Sindicato de JAPDEVA a la propuesta del Gobierno de entregar en concesión al sector privado transnacional los puertos de Moín y Limón, se fundamenta en las consecuencias lesivas que esta tendría no solo para JAPDEVA, sino, también, para el desarrollo de la provincia de Limón y el desarrollo nacional, debido a que la principal fuente de financiamiento de esta entidad es producto de la administración de un 11% del total de los servicios portuarios.

8. Dentro de las acciones ilegítimas que ha realizado el Gobierno, está la oferta de otorgar una indemnización, adicional a las prestaciones legales, de aproximadamente 80.000 millones de colones (137 millones de dólares), a los trabajadores de JAPDEVA que se desafilien del Sindicato y acepten la concesión de los muelles al sector privado. Además, no hay claridad sobre la forma de financiación de los fondos para costear esta indemnización.

9. Otras acciones del Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA para doblegar la posición del Sindicato, incluyen impedimentos para que pudieran realizar su propia Asamblea y la convocatoria ilegal a un sector de los trabajadores de JAPDEVA, con el propósito de crear una organización sindical paralela que acepte la propuesta del Gobierno.

10. Promover y definir, por parte del Gobierno, agendas de las asambleas del Sindicato, tanto relacionadas con su plan de acción, como sería el rechazo o no de una propuesta gubernamental, como la sustitución a medio período de una junta directiva sindical, válidamente nombrada, constituyen graves violaciones a la libertad sindical, a la legislación nacional y a convenios internacionales que expone al país a una sanción internacional.

11. Es contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA el monto antes señalado, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente 45.000 millones de colones (80 millones de dólares), un monto significativamente menor a lo ofrecido por parte del Gobierno a los trabajadores.

ACUERDA:

1. Instar al Gobierno a que implemente una política de desarrollo integral y de búsqueda del bien común en Limón y desestime la concesión de los puertos de Moín y Limón, por cuanto tendría un efecto social negativo para miles de trabajadores y trabajadoras limonenses y sus familias.

2. Demandar del Gobierno el respeto al principio constitucional de la autonomía sindical y el cese inmediato de las acciones hostiles e ilegales que ha desarrollado contra SINTRAJAP.

3. Censurar el ofrecimiento ilegítimo de pago adicional que ha hecho el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA, condicionado el pago a que se desafilien del Sindicato y acepten la propuesta de concesión de la administración de los puertos al sector privado transnacional.

4. Exhortar al Gobierno a que inicie de inmediato el fortalecimiento y la modernización de los
puertos de Moín y Limón, y no proceder a concesionarlos.

5. Instar a la Presidenta electa, señora Laura Chinchilla, a que no continúe con la política de imposición del actual Gobierno y retome la vía del diálogo para llegar a acuerdos sobre el futuro de los puertos de Limón y sobre la concesión de obra pública. En esa línea, también la instamos a revisar las concesiones que se han otorgado en los últimos años, que no han cumplido los compromisos formales adquiridos, ni han llenado las expectativas generadas.

6. Solicitar a la señora Presidenta electa que en su gobierno cesen los actos de violación a la autonomía sindical, las restricciones al derecho de negociación colectiva y se ratifiquen los Convenios números 151 y 154, para la negociación de convenciones colectivas en el sector
público.

7. Publicar en los diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión.

«Golpe de Estado» a SINTRAJAP: El poder de la corrupción

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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“137 millones de dólares se repartirían entre los 1.400 trabajadores de Japdeva a modo de compensación”. Esta fue la frase de primera plana del periódico de negocios La República, en su edición de ayer martes 23 de febrero, al dar cuenta (como lo hicieron todos los demás medios), de la consumación del Golpe de Estado que se le dio a la dirección sindical legítimamente electa del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque se ha estado oponiendo a la mordida, al soborno que los hermanos Arias Sánchez están ofreciendo a todo el personal de tal institución, a cambio de que se acepte, se_ “entregue”_ (como si fuera propiedad particular de ese personal), los muelles de Limón y de Moín.

137 millones de dólares equivalen a unos 80 mil millones de colones que “repartidos” como dice el citado periódico de negocios, haría que a cada una de las 1.400 personas trabajadoras actuales de Japdeva, les tocara, por cabeza, cerca de 60 millones de colones. A esta enorme cantidad por concepto de soborno, de mordida, hay que agregarle el pago de las prestaciones de ley en cada caso, una vez que Japdeva se privatice (como sucedió con INCOP, con los muelles de Caldera y de Puntarenas); amén de que, como parte de la indicada mordida y del repudiable soborno, también se ha ofrecido “pensión juvenil” a los 50 años de edad.

Los hermanos Arias Sánchez, vía Ministerio de Trabajo, le dieron un Golpe de Estado, así con mayúscula y sin comillas, a la dirección legítima del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque durante muchos meses se opusieron al pago de semejante corruptela.

Es tal la desesperación de los hermanos Arias Sánchez por materializar el negociazo de la privatización de los muelles de Limón y de Moín que por medio de ese Golpe de Estado sindical acortaron, ilegalmente, el período de la actual y legítima directiva de SINTRAJAP que había sido electa, en asamblea general totalmente democrática, para que estuviera al mando de este sindicato hasta enero del año entrante, 2011.

Para que el dueto presidencial haya incurrido en un atropello jurídico contra la institucionalidad y la autonomía sindicales, jamás visto en los últimos 25 años, la única explicación que encontramos es la cuantía de las comisiones, de las mordidas que, por debajo de la mesa, debe haber en todo esto.

Si a nivel público, descaradamente, sin pudor alguno, un periódico habla de que 1.400 personas se “repartirán” entre sí, por la “venta” de un patrimonio público que no les pertenece, 80 mil millones de colones; entonces, ¿cuánto se repartirán los que han urdido la pérfida estratagema que ha fructificado en este Golpe de Estado a una dirección sindical que legítima y democráticamente tenía que terminar su mandato hasta enero del 2011?

Don Oscar Arias y don Rodrigo Arias, particularmente, han quedado en total entredicho desde todo de punto de vista ético y moral, no ya en cuanto a lo legal que les merece el más absoluto desprecio. Porque señores hermanos presidentes, aquí cabe preguntarles públicamente: ¿cuál es la naturaleza inconfesable de las negociaciones privatizadoras de los muelles de Limón y de Moín que ustedes han venido desarrollando, a espaldas de la ciudadanía, como para ofrecer, abiertamente, tanta cantidad de dinero, de manera cínica, descarada y en contra de todo precepto legal?…

¿Serán ustedes, sus empresas, sus amigos y socios de negocios, beneficiarios directos y/o indirectos del negocio portuario del Atlántico ahora que lo pasarán a manos privadas?… ¿Se estarían ustedes aprestando o sus pares de negocios, a recibir comisiones por acelerar tal proceso privatizador, cometiendo un atropello jurídico de tantísima gravedad?… Y si fuera así, de que habría plata de por medio y por debajo de la mesa, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando por concepto de comisiones, si públicamente, tan solo la mordida, el soborno para el personal de Japdeva será de 80 mil millones de colones? Escribámoslo con ceros para que la gente que nos lee se percate, si es que se puede, de la magnitud de la cantidad de que estamos hablando: ¢80.000.000.000.00.

Queremos que usted, que nos lee, conozca este nombre: José Joaquín Orozco Sánchez. Es un empleado público de carrera. Es el actual Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A él le pusieron a jugar el triste papel de “sicario administrativo”, pues firmó la ilegalísima resolución que le dio luz verde al Golpe de Estado contra la legítima directiva sindical de SINTRAJAP.

Sentimos mucha pena por el citado servidor, hasta hoy, con una limpísima trayectoria de servicio público, apegada siempre al Estado de Derecho en materia de inscripción de organizaciones sociales. Sabemos que se le obligó a emitir tal resolución. Pero todavía, don José Joaquín, puede usted salvar su honor y su trayectoria cristalina, aceptando las apelaciones que ya se le están presentando. ¿O echará usted por la borda su prestigiosa carrera de servicio público, como ocurrió con el homólogo en su cargo, allá por 1984, cuando la ANEP fue intervenida, ilegalmente (y así más que demostrado después), por el gobierno de entonces, “curiosamente” también del Partido Liberación Nacional?

¿Cuál sindicato sigue?… ¿Cuál cooperativa, cuál asociación de desarrollo, cuál partido político sigue?… El precedente sentado es nefasto para la democracia. El mensaje que se envió es éste: Si una directiva sindical o social es catalogada como “rebelde”, porque se opone a la realización de un chorizo, de una corruptela, de un soborno, para convertir en negocio privado un bien público, pues entonces, quitémosla del camino: démosle un Golpe de Estado para acortarle su legítimo período directivo; y, en su lugar, ubiquemos a una directiva sindical de testaferros para que, a cambio de la venta de sus conciencias, faciliten el negociazo. ¿Se hará así con los hospitales de la Caja?; ¿se hará así con lo que queda del ICE?; ¿se hará así con los acueductos de A y A?… Más claro ejemplo del “concepto arista” de “dictadura en democracia” no se pudo haber dado. Además, el daño en el plano internacional que los hermanos Arias Sánchez ya le han hecho al gobierno por venir, el de doña Laura, es de consecuencias insospechadas, lamentablemente…

SINTRAJAP: Gran Asamblea General de Trabajadores

Esta Asamblea General iniciará a la 1:00 p.m. y en la misma se definirán acciones por la defensa de la Libertad Sindical, seriamente amenazada por quienes quieren privatizar lo muelles de Limón.

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ALERTA: Arias prepara fuerte represión militar en Limón

Primero “montó” la “junta directiva”, luego la acreditó en el Ministerio de Trabajo, ahora prepara la acción militar para hacer entrar a “su junta directiva” al edificio del sindicato. La razón de esta acción es que el viernes hay una Asamblea General de trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA que desnudará las mentiras de los Arias en su afán por privatizar los muelles de Limón y Moín.

Este miércoles 24 de febrero de 2010 el gobierno de Oscar Arias Sánchez intentó hacer entrar al edificio del sindicato Sintrajap a la “junta directiva” que montó para hacer posible que ésta apruebe el soborno de 137 millones de dólares para privatizar los muelles.

Cuando llegaron los policías se encontraron con una centena de trabajadores de JAPDEVA al frente del edificio, por lo que hicieron retirada.

Aún así el peligro es latente y en cualquier momento pueden hacer el operativo militar.

Movilizaciones militares a la provincia de Limón

Diversos medios de comunicación denuncian que decenes de militares de la GAO, fuertemente armados, viajan a la provincia limonense con el fin de entrar a la fuerza al edificio sindical, sacar a los dirigentes cuyo período vence en febrero de 2011 e instalar a la rastrera “dirigencia” que montó.

En Limón, por su parte, diversas organizaciones sociales se reúnen para organizar las acciones pacíficas de solidaridad con el sindicato Sintrajap.

Se espera que a eso de las 8:00 a.m. se inicie la entrada forzada de los militares.

Se requiere solidaridad INMEDIATA, luego vienen por los demás sindicatos.

Presidenta Electa se reunirá con dirigencia de ANEP

El evento tendrá lugar en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), ubicado en la calle 20.

La futura mandataria recibió una invitación oficial de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP, atendiendo el llamado a diálogo formulado en la noche del día de las elecciones, cuando la señora Chinchilla Miranda, festejando su triunfo presidencial, habló de incluir a los sectores sociales en ese proceso de diálogo.

La Secretaría General de la ANEP, en su conjunto, compuesta por los compañeros Albino Vargas Barrantes y Edgar Morales Quesada; así como el compañero Mauricio Castro Méndez, en su condición de Asesor Político de la organización; sostuvieron ya, en la sede de la organización, un primer encuentro previo, de cara a tal evento, con las señoras Alicia Fournier Vargas y Sandra Piszk Feinzilber, delegadas por la Presidente Electa para las coordinaciones previas. Este evento se celebró a primera hora del día martes 23 de febrero.

La ANEP abogó en este primer encuentro, por el despliegue de un espacio de diálogo más directo, en el futuro más cercano posible, con los grupos sociales y sectoriales aglutinados en torno al proceso “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; de lo cual se hará alusión en la actividad del 5 de marzo.

En este primer encuentro con representaciones del futuro Gobierno, la ANEP tocó el tema del Golpe de Estado a SINTRAJAP, perpetrado por la actual Administración Arias Sánchez, procediéndose a documentar a las distinguidas personeras de la Presidenta Electa, ampliamente al respecto; enfatizándose en las eventuales dificultades que la próxima gestión gubernativa habrá de afrontar por culpa del feroz ataque contra la autonomía sindical ya de amplio conocimiento público.

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San José, 17 de febrero de 2010.
S.G. 07-09-0423-10

Honorable señora
Lic. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta Electa de la República
Su despacho

Estimada señora Presidenta Electa:

Con todo respeto le expresamos el más atento saludo de nuestra parte y, por esta vía, aunque ya lo habíamos hecho de manera pública y en forma de comunicado de prensa, le hacemos llegar la más sincera felicitación, a nombre oficial de la ANEP, por su elección a la Presidencia de la República de nuestra querida Costa Rica, celebrada el 7 de febrero anterior.

Sinceramente, le deseamos el mayor de los éxitos considerando que el buen resultado de su gestión, implicará un mejor bienestar para el pueblo costarricense, cuya abrumadora mayoría es la clase trabajadora (en su más amplia acepción); parte de la cual se manifiesta a través de las diversas organizaciones sociales, dentro de las cuales el Movimiento Sindical, que integra a la ANEP, tiene un relieve importante en el desarrollo del sistema democrático.

La noche de su triunfo usted pronunció un relevante mensaje a la ciudadanía, destacando el valor del diálogo, tanto el diálogo con los sectores políticos como con los sectores sociales. A la ANEP, creyente firme en las posibilidades y potenciales del Diálogo Social y habiendo ya participado en relevantes experiencias exitosas al respecto en los últimos tiempos, nos pareció sumamente oportuno ese llamado suyo; algo que llega en un momento más que propicio dada la naturaleza de los desafíos que nuestra nación tiene por delante y que, por tanto, solamente una conjunción de voluntades que, aunque tengan perspectivas diversas, podría arrojar resultados de amplia satisfacción general y, como indicamos, para beneficio de las grandes mayorías populares.

Por ello, respetuosamente, le estamos formulando una invitación oficial, de parte de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, así como de esta propia Secretaría General, para que usted nos honre con su valiosa presencia, en la II Sesión Plenaria del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, del período directivo 2009-2011; evento que tendrá lugar el día viernes 5 de marzo entrante, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), ubicado en la calle 20 de esta ciudad.

El Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP, dentro del cual participa la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, es la reunión periódica de las representaciones locales-institucionales de los diversos gremios aglutinados bajo la sigla “ANEP”; y para esta ocasión se espera la presencia de unas 200, 250 personas dirigentes, hombres y mujeres que hará público al país y de cara a la nueva administración gubernamental que encabezará su persona, una síntesis temática de contenidos de carácter reivindicativo y social que constituyen las aspiraciones principales de la ANEP para impulsar en los diferentes espacios que tengan los procesos de diálogo como los mejores mecanismos del desarrollo de la democracia.

Hemos pensado que será de gran relevancia entregarle en sus propias manos, señora Presidenta Electa un documento en tal sentido; y, a la vez, que todas las personas dirigentes presentes escucharan de su parte un mensaje que exprese los tópicos que usted considere más convenientes para un evento como el descrito. Pensamos que el mejor momento de su presencia, en caso de aceptarse esta invitación, podría ser luego del almuerzo, más o menos a las 2 de la tarde.

Hemos de indicarle que, adicionalmente a las representaciones gremiales de la ANEP que se han de hacer presentes, estarán las representaciones de las diversas agrupaciones y coordinaciones sociales y sectoriales integrantes del proceso “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; proceso que fue lanzado al país el 24 de abril de 2009, en el Hotel Ambassador y que contó con su propia presencia.

Tenga la plena seguridad, señora Presidenta Electa que el trato que le hemos de brindar por correspondernos al honor de acompañarnos, será absolutamente respetuosa, en atención a su condición humana, a su condición de mujer y a su condición de Presidenta electa de Costa Rica. Creemos que usted tiene noción de la seriedad y de la responsabilidad de nuestra actividad sindical.

Esperando una favorable respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Archivo.

Condenamos el «golpe de Estado» a SINTRAJAP

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Hace 25 años la autonomía sindical no recibía un ataque tan brutal desde la intervención de la ANEP en 1984.

El gobierno venidero cargará con las serias consecuencias.

Ocupados todo el día de ayer, lunes 22 de febrero, en el abordaje y análisis inicial de la grave situación presentada con ocasión del Golpe de Estado dado por la administración gubernamental delos hermanos Arias Sánchez; amén de una grave “falla técnica” en la provisión del servicio de internet que regularmente y de manera obligada, nos da la empresa privada (servicio que a este momento no ha sido restaurado); la ANEP, a las 15 horas de este martes 23 de febrero de 2010, emite su posición oficial ante tan gravísima situación en contra de la autonomía y de la libertad sindicales; con el derrocamiento, vía directriz política presidencial, de una dirección sindical que, electa en forma democrática, tenía que terminar su legítimo mandato hasta enero de 2011.

Condenamos, enérgicamente y con toda vehemencia, el Golpe de Estado en contra la directiva sindical de SINTRAJAP, a la cual se le cobra su honesta y firme oposición en contra de la privatización, vía concesión, de los estratégicos muelles de Limón y de Moín, ubicados en la vertiente atlántica costarricense y por los cuales transcurre el 80 % del comercio internacional del país.

El Golpe de Estado sindical en contra de SINTRAJAP se ejecuta para, en forma desesperada, darle un viso de legalidad a la pretensión de “repartir” entre las 1.400 personas trabajadoras de Japdeva, la inmensa cantidad de 137 millones de dólares que, en colones, representa la astronómica cantidad de, aproximadamente, 80 mil millones de colones, a razón de unos 60 millones de colones per cápita; más el monto por cesantía de ley en cada caso y el ofrecimiento de una “pensión juvenil” a los 50 años de edad.

Para legalizar ese soborno, esta mordida, es necesario formular un “adendum” a la actual Convención Colectiva de Trabajo de Japdeva de forma tal que, aprovechando que tal instrumento del Derecho Colectiva de Trabajo por disposición constitucional tiene fuerza de ley entre partes; quede así con legitimidad el otorgamiento de la famosa “indemnización” o “compensación” de los 137 millones de dólares; enorme cantidad de dinero que, a final de cuentas, terminará siendo pagada por el pueblo costarricense.

Precisamente por negarse a firmar esta regalía de semejante impacto económico en contra de la gente, del pueblo; y, además, por lo inmoral y antiético que es darle dinero a empleados públicos a cambio de que acepten privatizar la entidad para la cual laboran, es la razón central de peso para el Golpe de Estado perpetrado desde el mismísimo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en contra de una dirección sindical que, desde una posición de total legitimidad política y jurídica, venía manifestando una loable rebeldía en contra de tal corruptela.

Presuntamente, la carrera loca del gobierno de los hermanos Arias Sánchez para privatizar los muelles de Moín y de Limón en las postrimerías de su polémica gestión, tendría que ver con las gigantes cantidades de dinero que podrían estar en juego por concepto de eventuales comisiones que una concesión de tal calibre llevaría aparejadas.

Si se ha llegado a los límites de la legalidad, traspasándola con todo descaro y cinismo y sin el más mínimo pudor; si se está en disposición de poner, para “repartir”, la sideral cantidad de 137 millones de dólares; es porque la envergadura del negocio portuario es tan inmensa, tan gigantesca, tan colosal, que, conociendo de antecedentes de similar catadura dados en otras latitudes, las comisiones eventuales tendrían cifras de tanta magnitud como para arriesgar la misma existencia del Estado de Derecho en esta materia, la Libertad Sindical; y, a la vez, pisotear la misma naturaleza de las condiciones legales obligantes que la normativa internacional tiene formuladas al respecto y que Costa Rica debe respetar.

Tan virulento ataque antisindical salido de las entrañas de un gobierno, no se había visto desde 1984, cuando en aquella época la ANEP sufrió una furiosa embestida política, llevándose al punto de la asfixia financiera, precisamente por tener una junta directiva rebelde a la administración ejecutiva de turno. Un histórico pronunciamiento de carácter constitucional, certificó la validez estratégica de la autonomía de los sindicatos frente al Estado, por ejemplo. La ANEP sigue vigente.

Las consecuencias de este ilegal acto de la Administración Arias Sánchez son de diversa índole. Esta agresión contra la democracia y contra la institucionalidad jurídica de los sindicatos se ventilará en varios escenarios y, por supuesto, el internacional.

En este ámbito, aumentará la potencia, la credibilidad y el impacto de las quejas sindicales en foros como la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE); así como los mecanismos abiertos por el capítulo laboral del TLC con los Estados Unidos de América. Será la futura administración de doña Laura Chinchilla Miranda, ahora Presidenta Electa, la que ha de cargar con tan pesado fardo.

San José, martes 23 de febrero de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

«El orden criminal del mundo»

Los acompañan el dirigente campesino colombiano Héctor Mondragón, los misioneros españoles en África José Collado y Angel Olarán, y otros activistas e intelectuales como William Goodman, Joan Mariner, Aminata Traoré, Baltasar Garzón, Ernesto Sábato.

Este “orden” mundial auto destructivo e injusto conjuntamente con un modelo socio-económico injusto, nos arrastra a la catástrofe junto al resto de los seres vivos.

No podemos acostumbrarnos a esta masacre diaria donde miles mueren cada minuto, la resistencia y la conscientización son imprescindibles para frenar antes que sea demasiado tarde, a los “amos del mundo” que infunden el miedo como forma de dominación e impotencia. La nueva sociedad civil planetaria organizada puede contrarrestar esta maquinaria, pero sólo puede hacer algo si sabemos donde estamos y organizar la resistencia frente a un mundo despiadado. Cuanto más tiempo tardemos en frenar este orden criminal, más duros serán los efectos.

Ver este documental es aprovechar al máximo 43 minutos de su vida. Si lo considera valioso, páselo a sus contactos, no perderá un segundo mientras lo ve para luego analizar la cruda realidad y barajar opciones de lucha y resistencia para enfrentar este “orden”.


Costa Rica Solidaria

Romper la Ley: Ejemplo del gobierno de los Arias

En un acto de repudio contra las acciones corruptas del gobierno de los Arias, se realizó hoy, lunes 22 de febrero, un mitín frente al Ministerio de Trabajo en el cual participaron diversas organizaciones sindicales.

Por la tarde representantes de las Centrales Sindicales, entre otras organizaciones sociales, se reunieron para definir la estrategia a seguir y en la cual no se descartan las manifestaciones en las calles de Limón y San José.

El gobierno de los Arias decidió el viernes pasado inscribir una nueva “junta directiva” para el sindicato de los muelles de Limón y Moín.

La resolución 38-DOS-2010 da por válida una “asamblea”, realizada el 15 de enero pasado, y que no fue convocada por la Junta Directiva vigente, en la que se nombra una junta integrada por por Douglas Brenes, secretario general, entre otros.

El objetivo fundamental de los Arias es lograr la privatización de los muelles de Limón y Moín, y para ello rompen con la Ley, los Convenios Internacionales y violenta la Libertad Sindical, y chantajea a los y las trabajadoras con $137 millones.

La acción de “montar una nueva junta directiva” se da luego de que la legítima Junta Directiva de SINTRAJAP se negó a aceptar el soborno que les ofrecieron de $800 mil a cada directivo.