El Secretario de Prensa de SINTRAJAP, Liroy Pérez, denunció que el gobierno pretende hacer “una maniobra para hacer creer que realizará una asamblea, a fin de intentar validar su intento de privatización de los puertos”.
Pérez dijo que el pasado 7 de enero SINTRAJAP intentó realizar la asamblea ordinaria de medio período, en la que se vería el plan privatizador del gobierno, pero que no pudo realizarse porque el Ministerio de Salud dijo que no había condiciones sanitarias para realizarla.
Asamblea después de elecciones
En una nota enviada a los trabajadores, SINTRAJAP señaló que “como es de su conocimiento SINTRAJAP se vio obligado a suspender la Asamblea General de Trabajadores que estaba prevista en Primera Convocatoria para el viernes 8 de enero; por acatamiento de la Resolución N° HA-ARS-L-RS-19-2010 del 7 de enero del Ministerio de Salud, mediante la cual no autorizó su realización”. “ De igual manera, acatando la disposición del Ministerio de Salud y como consecuencia lógica de la suspensión de la Primera Convocatoria; quedaron automáticamente suspendidas la Segunda y Tercera Convocatorias que estaban previstas para el viernes 15 de enero”, señaló el sindicato.
“ Esto significa, en concreto, que SINTRAJPA no está convocando ni realizará asamblea el próximo 15 de enero, dado que quedó suspendida indefinidamente hasta que se cumpla con los 16 requisitos que exige el Ministerio de Salud”.
“Por consiguiente, NO HABRÁ CIERRE DE PUERTO el viernes 15 de enero, ya que SINTRAJAP no lo está tramitando ni lo tramitará hasta que se cumplan los requisitos y condiciones ordenadas por el órgano rector en salud. Cualquier reunión que se haga ese día NO TIENE JURÍDICAMENTEVALIDEZ NI CARÁCTER DE ASAMBLEA, NI OBLIGA A SINTRAJAP A NADA, NI JUSTIFICA un cierre de puerto”, apunto el sindicato.
“Hemos recibido información en el sentido de que la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA pretende llevar a cabo un cierre de puerto con el pretexto de la Asamblea de Trabajadores. Si proceden a hacer el cierre de puerto esto sería un acto totalmente ilegal por cuanto NO HABRÁ ASAMBLEA el 15 de enero. Si el Presidente Ejecutivo efectivamente ordenara el Cierre de Puerto estaría violando el Principio de Legalidad que está obligado a respetar como funcionario público y tendrá que asumir la responsabilidad por cualquier conflicto que se genere y todas las consecuencias laborales y económicas que el cierre de puerto provoque.”, puntualizó la organización limonense.
Pérez dijo que la asamblea general quedará para después de las elecciones del 7 de febrero, pues por ahora no habrá chance de organizarla.
“ El día de hoy en horas de la mañana fui notificado de una demanda penal que la M.B.A Annie Saborío Mora, exgerente del IDA y Candidata a diputada por el Partido Liberación Nacional presentará contra mi persona por injurias, calumnias y difamación.”, dijo el dirigente sindical de ANEP en el IDA.
Sobre la situación que enfrenta, Walter Quesada dijo que “la demanda de la señora Saborío Mora no nos toma por sorpresa por cuanto teníamos conocimiento, de que la citada exfuncionaria, estaba valorando la posibilidad de presentar esta querella desde que realizamos denuncias sobre algunas anomalías se que presentaron durante su gestión y luego de haber dejado la institución”.
Las razones de la demanda se fundamenta, según el dirigente sindical, “en una denuncia, vía correo electrónico que recibí, donde acusan a esta señora de supuestamente haberse apropiado de una computadora portátil de la institución, además de estar involucrada en la colisión del vehículo de la gerencia general del IDA cuando ya no era funcionaria de la institución”, y agregó que “se dice también que participó en un juicio en que le quieren arrebatar unas tierras del Jobo a dos personas muy pobres de ese asentamiento, en las cuales aparentemente tiene interés Oscar Arias.”.
Porsupuesto que estas tierras no tienen nada que ver con las famosas “parcelas del IDA” que se denunció hace algunos años y las cuales Oscar Arias se apropió por vías “legales” no muy claras.
No nos van a callar
Sobre la demanda interpuesta contra el dirigente sindical que realizó las denuncias, Walter Quesada dijo que “esta demanda contra mi persona no va a acallar a la única organización que ha venido realizando una labor de denuncia dentro de la institución, por el contrario nos fortalece para seguir ejerciendo el derecho a exigir transparencia de los funcionarios públicos. Es obvio que quienes ejercemos la labor de control político estamos expuestos a sufrir este tipo de denuncias.”
“ Que no se crean, quienes nos pretenden acallar, que vamos a temblar de miedo por estas denuncias, si tuviéramos miedo no hubiéramos asumido la responsabilidad de conducir los designios de una organización tan importante como la ANEP “ agregó.
Aseguró que irán a los estrados judiciales a defender su posición y que “lo vamos a hacer con la misma hidalguía que lo hemos hecho siempre, no tenemos temor a enfrentar a los grupos de poder en el terreno que sea necesario y sobre todo cuando lo hacen con la aparente intención de intimidar a quienes tenemos la difícil tarea de velar por el buen uso de los fondos públicos”.
La ANEP pondrá a disposición del dirigente un abogado penalista para ejercer la defensa legal y se demostrará que se actuó apegados a derecho y al deber como organización sindical que defiende la institucionalidad pública.
Walter Quesada Fernández no quiso ahondar más sobre el tema ya que esperará que se desarrollen los acontecimientos y que sea en los juzgados en donde se diga todo y se aporten las pruebas respectivas.
PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIAEPISCOPAL DE COSTARICA
SOBRE LA MINERÍA METÁLICA A CIELOABIERTO Y EL PROYECTOLASCRUCITAS
1. Como ciudadanos y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
2. Lo hacemos apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo 50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”
3. Según lo han demostrado diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en zonas de rica biodiversidad como la nuestra, tales como: la remoción de áreas de cobertura boscosa; la afectación de los suelos y de la geomorfología; la contaminación atmosférica por polvo, plomo y mercurio así como por la emisión de gases de efecto invernadero; la alteración del recurso hídrico superficial y subterráneo; el consumo y almacenamiento riesgoso de sustancias tóxicas tales como el cianuro; la afectación a la fauna y al paisaje; así como riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades circundantes, debido a los ya mencionados contaminantes.
4. Por lo que consideramos oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más armoniosa con la naturaleza. En este orden, no debe pesar una visión utilitarista o economicista, sino más bien una seria valoración técnica y ética enfocada en el balance real de riesgos y de beneficios hipotéticos de una actividad, así como en su pertinencia para el bien colectivo. Sigamos apostando al modelo de desarrollo sostenible impulsado por el país y la política de paz con la naturaleza. Es importante se preste atención a los cuestionamientos y se analicen los efectos ambientales, sociales, económicos y legales perjudiciales del proyecto.
5. No es justo que un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones, como lo expresa el Santo Padre Benedicto XVI: _“Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras.” _
6. Por todo lo anterior y con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un enfoque de desarrollo sostenible.
Dios bendiga a todas las personas de buena voluntad que, con espíritu agradecido, reconocen en la naturaleza el don y el reflejo del Creador y hacen esfuerzos por administrar adecuadamente los bienes recibidos y preservar este maravilloso regalo.
San José, a los 12 días del mes de enero, año del Señor 2010.
Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de la Arquidiócesis de San José Presidente
Monseñor Ángel Sancasimiro Fernández, Obispo Diocesano de Alajuela
Monseñor Guillermo Loría Garita, Obispo Diocesano de San Isidro de El General Vicepresidente
Monseñor Oswaldo Brenes Álvarez, Obispo Diocesano de Ciudad Quesada
Monseñor Óscar Fernández Guillén, Obispo Diocesano de Puntarenas Secretario General
Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Obispo Diocesano de Cartago
Monseñor Vittorino Girardi Stellin, Obispo Diocesano de Tilarán
Monseñor José Rafael Quirós Quirós, Obispo diocesano de Limón Tesorero
Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
La Democracia de la Calle es un mecanismo democrático de alta legitimidad que sirve para la genuina expresión popular, cuando se trata de indicarle a los gobernantes lo errático de sus decisiones, en el tanto éstas van en contra de la promoción, la búsqueda y la implementación del bien común. Éste debe ser eje central de toda aquella política pública, tal y como lo expresa la filosofía impregnada en nuestra actual Constitución Política, inspirada en el humanismo cristiano.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que hoy en día sobran las causas para apelar, nuevamente, a la Democracia de la Calle y al poder ciudadano expresado en movilización organizada y cívica, ante la repugnante obscenidad de la concentración de la riqueza. Un ejemplo de ello lo tenemos en la presente campaña electoral que, “pa’que no nos falte”, muestra que las dos candidaturas presidenciales más “notables”, son aquellas sostenidas en el gran capital, el cual se da el lujo de apostar a varias bandas (cárteles), dado que es de tal calibre el poder económico a su disposición que en uno u en otro caso, ese gran capital estima tener asegurado el control del próximo Poder Ejecutivo y también del Legislativo.
Y es aquí donde queremos llamar su atención porque creemos, estamos convencidos, de que hay que ir a votar en las próximas elecciones; pese a, como ya hemos indicado, desconfiamos profundamente del actual tribunal electoral, bastante parcializado a favorecer las candidaturas de la actual hegemonía en el poder, que es la de la lógica del lucro desenfrenado.
Es imperioso para los movimientos sociales y para los sectores cívicos que enarbolamos las banderas de una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria, que personas amigas, simpatizantes, comprometidas con las luchas patrióticas de los últimos años, lleguen a la próxima Asamblea Legislativa.
Costa Rica ocupa un nuevo salto democrático y una nueva institucionalidad republicana que restaure la lógica del bien común como eje fundamental de toda política pública; para, por ejemplo, cambiar la perversa situación de verdadero crimen social que significa la circunstancia dolorosa de que a una de cada tres personas asalariadas, ni siquiera se les pague el actual salario mínimo de ley, ya de por sí completamente miserable. Ese es tan solo uno de los cambios más profundos que hay que realizar en nuestro país.
Pero ello se ocupa del derrocamiento, del derribamiento, de la sustitución de la actual hegemonía política que está basada en una lógica de lucro, mediando la generación de un poder cívico militante que deberá construirse con diversas tácticas, aportes multisectoriales, pensamiento sociopolítico autóctono y una renovada articulación estratégica, dentro de la cual la circunstancia de que haya diputados y diputadas jugando ese rol en el próximo parlamento, ha de ser vital. Y es posible hacer una vinculación transparente entre el significado del potencial de la Democracia de la Calle con los postulados del humanismo cristiano (el real, no el politiquero)
Bien dice la V Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, en el 2007, que “una democracia sin valores… se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo”. Por otra parte, acertadamente, el papa Benedicto XVI, en su homilía en la catedral de Villetri, del 23 de setiembre de 2007, nos señaló que_ “Cuando prevalece como motivación central la lógica del lucro, aumenta la desproporción entre pobres y ricos (…) Por el contrario, cuando prevalece la lógica del compartir y de la solidaridad, se puede corregir la ruta y orientarla hacia un desarrollo equitativo, para el bien común”._
En tal sentido, igual de bien hicieron los obispos ticos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), en su exhortación pastoral de cara al proceso electoral en desarrollo, cuando en su documento “Caminos hacia una auténtica democracia” nos pidieron cuestionar los programas de aquellos partidos “…que pregonan el desmedido afán por la riqueza y la actitud depredatoria y egoísta hacia la naturaleza, por encima de la vida de las personas, los pueblos y nuestra soberanía”.
Por ejemplo, mantener una estructura tributaria altamente injusta y fuertemente regresiva, es consolidar la desenfrenada lógica del lucro que anima a las principales opciones electorales del gran capital: la de doña Laura y la de don Otto. El reto de la lógica del compartir y de la solidaridad nos obliga a luchar por una transformación tributaria estructural de inspiración progresiva (paga más el que más tiene), cuya lucha tendrá dos escenarios: la calle y el parlamento. Aquí es donde ocupamos elegir diputaciones amigas en al próximo parlamento. Afortunadamente las hay.
De golpe y porrazo y en un lapso de semanas han establecido que las sustancias producidas para vacunar contra la influenza A (H1N1), por 25 empresas farmacéuticas, son seguras y eficaces. La notoria diligencia de este organismo regulador –casi tan sorprendente como su ligereza– se debe solamente, por confesión expresa, a que estas vacunas se asemejan en su elaboración a las que ya existen contra la gripe estacional.
El argumento es patético porque las vacunas estacionales –todas– jamás han tenido estudios de seguridad a largo plazo, para ver si producen infertilidad, cáncer o trastornos cromosómicos. Algunas de ellas, en Europa, contienen adyuvantes muy peligrosos, los cuales nunca han sido seriamente investigados en cuanto a sus efectos secundarios, ya que el seguimiento promedio de cada paciente vacunado ha sido solamente de 8 semanas.
Con semejante metodología, pareciera que no se quiere saber nada. Súmese a esto que ese “seguimiento” no es un seguimiento activo, y sólo se refiere a aquellas personas que de “motu propio” reportan algún efecto secundario indeseable que creen atribuible a la vacuna.
Seguridad y eficacia. Para pavimentar el camino a estos despropósitos, era necesario que la OMS substrajera de la definición de una pandemia de influenza el criterio de severidad, y así lo hizo sin justificación alguna. A esto se sumó, en los EE.UU., la declaratoria de “emergencia” por la gripe porcina, con lo que desaparecieron todas las regulaciones federales y se permitirá, de ahora en adelante, usar en ese país productos –como los de estas 25 empresas– que no tienen estudios de seguridad y eficacia, sobre los cuales no hay ninguna experiencia clínica y nunca han sido usados masivamente. Hasta la fecha los EE.UU. jamás habían dado licencia a vacunas que tuvieran los adyuvantes que contienen muchas de estas sustancias de experimentación, que ahora, merced a esta mal llamada emergencia, se van a recetar por la libre.
De este modo, la industria farmacéutica mundial, blindada contra cualquier contingencia sanitaria, política o legal, puede ahora disponer con creces de los billones de dólares que ya ha gastado produciendo adyuvantes, y que amenazaban congelarse después del fiasco de la pandemia de la gripe aviar, que nunca ocurrió y dejó al gobierno estadounidense con 22.5 millones de dosis de antígeno H5N1, cuyo costo de almacenamiento es de $2.2 billones anuales. Tampoco dio resultado la vacunación masiva contra una cepa de este mismo virus, AH1N1, en 1976, la cual debió ser suspendida a las 10 semanas como consecuencia de los efectos secundarios de la vacuna.
Dado el hecho de que los EE.UU. ya compraron 268 millones de dosis de adyuvantes, no es de extrañar que, como ahora señala la OMS, los ensayos efectuados por la industria farmacéutica indiquen que las vacunas son seguras. ¿Esperaría alguno de ustedes que alguna de esas compañías se arriesgue a decir que las vacunas son inseguras, y arruine este negocio?
Los EE.UU. le han pagado a la industria farmacéutica, a partir del 2004, al menos $7.9 billones para desarrollar la capacidad de vacunar masivamente a su población. Sólo en el año 2006, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) gastó $5.6 billones en desarrollo de vacunas, 10 veces más de lo que invirtió esa misma agencia en seguridad y eficacia de medicamentos para toda la industria farmacéutica restante.
Efectos secundarios. En Costa Rica también quieren vacunarnos. No sabemos aun a quiénes, ni con qué, ni en base a cuáles criterios, ya que esta pandemia involucra a un virus AH1N1, cuya severidad es substancialmente menor al virus de la influenza de todos los años. Los que participaron en el estudio sobre esta vacuna en Costa Rica fueron advertidos de que podrían ocurrirles, aunque fuera raramente, estos efectos secundarios, entre otros: disminución de plaquetas, síndrome de Steven-Johnson, inflamación de los vasos sanguíneos, convulsiones febriles, síndrome de Guillan-Barré, inflamación de la médula espinal.
Se les advierte asimismo sobre la posibilidad de morir a consecuencia de la vacuna. Por si fuera poco, el instructivo de la vacuna contra la Influenza A (H1N1) de Novartis advierte en forma sombría:
“8.1 Embarazo. Categoría C. No se han hecho estudios de reproducción en animales con Vacuna Monovalente de Influenza A (H1N1) 2009 o Fluvirin. Tampoco se sabe si esta vacuna o el Fluvirin pueden causar daño fetal cuando se administran a una mujer embarazada, o pueden afectar la capacidad reproductiva.”
“13.1. Ni el Fluvirin ni la Vacuna Monovalente A (H1N1) 2009 se han evaluado para carcinogénesis, potencial mutagénico o afectación de la fertilidad.”
“14. La Vacuna Monovalente para Influenza A (H1N1) 2009 sólo debe usarse para personas de 4 años o más.”
Costarricense: Vacúnese si quiere contra la A (H1N1), pero infórmese y medítelo.
*Médico.
Fuente: Página Abierta-Diario Extra Martes 24 de Noviembre de 2009
Se cumplen así los presagios los primeros mucho antes de lo previsto, pues mantuve que a partir de la entrada en operación de la primera empresa transnacional las tarifas se cuadruplicarían, no es que tengamos ningún don de profecía como consecuencia lógica del modelo que poderosos intereses económicos –nacionales y extranjeros- nos impusieron en un TLC asimétrico y en las leyes de la Agenda de Implementación, que hacen entrega de nuestros mercados, tal y como también lo han hecho con las carreteras, puertos y aeropuertos.
Ya desde 1986 el Dr. Doyle Gallegos había recomendado cuadruplicar las tarifas de los servicios fijos, de $4 a $16, para que la apertura que en ese entonces impulsaba el Presidente Figueres fuera viable.
Exactamente lo mismo sucedió en todos los demás países latinoamericanos. En El Salvador: “Antel en 1995 realizó el primer incremento en la telefonía fija, aumentando el costo del minuto para llamada local en 200%, mientras que el costo fijo para telefonía residencial y comercial subió en 400%…. En 1997 aplicó un nuevo rebalanceo, experimentando la tarifa de llamada local un incremento de 200%;…”. (P. Argumedo, Competencia y Regulación en las telecomunicaciones: El caso de El salvador, CEPAL, 14/06/06).
Los mismos funcionarios del Banco Mundial reconocían (The Wall Street Jornal Américas, reproducido por El Financiero No. 422, del 28-03/08/2003), que: “Los consumidores asocian cada vez más las privatizaciones con las tarifas altas y mayores ganancias para las compañías extranjeras y los funcionarios corruptos. Una encuesta realizada en 2001 en 17 países de Latinoamérica, por la empresa de sondeos Latinobarómetro, muestra que el 63% de los particulares opina que la privatización de las compañías estatales no había sido beneficiosa, por encima del 45% que era de este parecer tres años antes”.
Incluso nuestros expertos, aunque luego apoyaron la apertura y la privatización de los servicios, como el Ing. Teófilo de la Torre, por ejemplo, sostenía en 1986: “… un mercado de menos de 4 millones de habitantes es demasiado pequeño para promover competencia real en este campo. Si no va ha haber competencia real (…), la privatización traería un cambio de manos del monopolio de hecho, con el consiguiente incremento de precios…”. (Apuntes conceptuales sobre el futuro de la electricidad y las telecomunicaciones en el país).
Publiqué en Argenpress el 01/07/2006 y en Tribuna Democrática el 8/07/2006 una columna titulada “Anclados al subdesarrollo”, en la que exponía: “La prestación de los servicios estratégicos de telecomunicaciones en monopolio, por parte del Estado Costarricense (casi el único país en América Latina que todavía conserva el modelo, pues la mayoría privatizó todos los servicios o los segmentos más rentables del mercado) ha permitido las más bajas tarifas básicas del mundo, hoy gravemente amenazadas ante la eventual aprobación del TLC. Este Tratado conllevaría un rebalanceo de un 400% de tales tarifas, tal y como ha sucedido en los demás países, cuando se abrió el mercado o se privatizó el servicio”.
*Ingeniero
Un aumento de 400% en tarifa telefónica, tal como ha sucedido en los demás países donde se abrió el mercado o se privatizó el servicio
Fuente: Página Abierta-Diario Extra Martes 12 de Enero de 2010
Un año después del bombardeo a Gaza por parte de Israel que dejó a más de 1400 muertos, desde la Coordinadora de Apoyo a Palestina de La Rioja hemos organizado diferentes actos de apoyo a Palestina. Si el año pasado tuvimos motivos para salir a la calle, los mismos muertos y los que se les han sumado continúan muertos y su dignidad es ultrajada al quedar sus crímenes impunes. Por ello, os convocamos a la
Concentración viernes 15 de enero a las 20h frente a Delegación de Gobierno
Recordaremos a las víctimas. Exigiremos al Gobierno español que cese su política cómplice con el exterminio de palestinas y palestinos. Continuaremos reivindicando libertad y justicia para el pueblo palestino. (Ver el manifiesto al final del mensaje).
Hemos querido sumarnos a la proyección mundial del documental realizado por uno de los pocos testigos internacionales de los brutales ataques y sus consecuencias: Alberto Arce periodista y perteneciente al grupo de internacionales del ISM International Solidarity Movement. Sólo quedaron ellos y dos corresponsales de Al Jazeera. Podéis encontrar más información en el siguiente enlace: http://toshootanelephant.com/es
Documental “To shoot an elephant” Gaza Dic.08-Ene.09 por Alberto Arce y Mohammad Rujailah: Testigos presenciales. “¿Cuántos más debemos morir para que reaccionéis?” Lunes 18 de enero a las 19h FOIC Portales 34,1ºIzda.
Un año después, la población de Gaza continúa sufriendo el bloqueo. Os enviamos este video de una compañera de la Asociación Al Quds Málaga que participó en la marcha por la libertad de Gaza. Israel no quiere testigos.
Ahora que Gaza no es noticia queremos saber cual es la situación en este momento. Para ello contaremos con Lidón Soriano miembro de Komités Internazionalistak y de la Red contra la Ocupación de Palestina http://www.nodo50.org/causapalestina/ . Nos contará información de primera mano, lleva muchos años en contacto permanente con Palestina y es una gran conocedora de la situación.
Charla “Gaza un año después” Lidón Soriano Komités Internazionalistak: Miércoles 20 de enero 20h Ateneo Riojano
OS ESPERAMOS A TODOS,
MANIFIESTOAPOYO A PALESTINA
Se ha cumplido el aniversario del brutal bombardeo por parte del ejército de Israel sobre Gaza, ante la indiferencia y complicidad de la mayoría de los gobiernos. Muy en particular nos indigna la posición de apoyo del Gobierno español a Israel manteniendo y reforzando sus relaciones diplomáticas y económicas, incluyendo el comercio de armas. Esto lo hace pisoteando la dignidad de las víctimas. Entre el 27 de Diciembre de 2008 y el 20 de Enero de 2009 fueron destruidas 4.100 casas, 17.000 seriamente dañadas, decenas de miles de personas sin hogar, 25 escuelas arrasadas, 20 mezquitas bombardeadas, 1500 talleres y tiendas destruidos, los hospitales, almacenes de alimentos e instalaciones de la ONU atacados, destruidos los puentes, las carretera e incluso las principales líneas de desagüe. En poco más de 20 días Israel dejó un macabro reguero de 1.414 vidas humanas (cerca de 400 niños) y más de 5.500 heridos, muchos de ellos de gravedad. Estas actuaciones han sido calificadas por la Misión de Investigación de Naciones Unidas como crímenes de guerra.
Sin embargo, las víctimas el bombardeo, la población de Gaza, siguen sufriendo el bloqueo que ejerce Israel impidiendo la entrada de materiales haciendo imposible la reconstrucción de viviendas, escuelas, infraestructuras, etc., y de artículos de primera necesitad como alimentos y medicamentos. Y en cambio, los criminales de guerra israelíes, lejos de ser juzgados-as, continúan ostentando cargos de presidente, ministros, jefes militares, continúan cometiendo crímenes contra la población palestina.
Este pasado año nos ha dejado el sabor a hiel de las actuaciones emprendidas por el Gobierno Español que le convierten en cómplice de los crímenes de lesa humanidad y actos de exterminio cometidos por Israel. Nos parecen especialmente graves las siguientes:
La eliminación por el parlamento español de la jurisdicción universal con la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cediendo a las presiones de la ex ministra de exteriores israelí Tipzi Livni, anteponiendo la protección e impunidad de los responsables militares y políticos al cumplimiento de la legalidad internacional y a la protección de las víctimas.
La postura de abstención adoptada por España durante la votación sobre las recomendaciones del Informe Goldstone elaborado por la misión de la ONU que instan a poner en marcha investigaciones independientes sobre las violaciones del derecho internacional humanitario durante el ataque militar israelí sobre Gaza iniciado en diciembre del 2008. Con esta postura el Gobierno Español favorece la impunidad de los crímenes cometidos evitando las investigaciones independientes y la adopción de medidas penales.
Porque no queremos convertirnos en cómplices de las actuaciones del Gobierno que nos representa, le exigimos hoy que rectifique de forma inmediata su política de apoyo a Israel, y le instamos de nuevo a que adopte las siguientes medidas:
· Promover y utilizar todas las herramientas jurídicas que conduzcan a la apertura de un procedimiento penal contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los mandos militares y políticos israelíes.
· La ruptura de toda relación económica y comercial con Israel, en particular su condición de socio preferencial de la UE.
· La expulsión por parte del gobierno español del embajador israelí en España, como muestra de la repulsa que gran parte de los españoles sentimos hacia la vulneración sistemática de los derechos humanos de los palestinos.
· Expulsar a Israel de todos los certámenes culturales y competiciones deportivas dentro del ámbito de la Unión Europea.
· Paralizar de forma inmediata el comercio de armas a Israel que nos convierte a todos en cómplices de las muertes y torturas.
· Promover y utilizar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas tendentes al fin de la ilegal ocupación israelí de Palestina y de la liberación de todos los presos políticos palestinos con el fin de sentar las mínimas bases necesarias para la celebración de elecciones democráticas palestinas sin injerencias por parte de las potencias occidentales, cuyo resultado deberá ser respetado por Israel y la comunidad internacional.
Fuente: CAP Rioja – La Haine / España _________________________________________________________
Israel detiene a palestinos durante redadas en Cisjordania
Fuente: Agencia Prensa Latina
3CompartirMilitares israelíes arrestaron hoy a tres palestinos promotores de protestas pacíficas contra el muro que se construye en Cisjordania, acción que se sumó a la sistemática hostilidad judía en los territorios ocupados y Gaza.
Las operaciones de búsqueda y captura ocurrieron al amanecer de este martes en las aldeas de Nil’n y Bil’n, del centro de la Ribera Occidental, y provocaron enfrentamientos entre las fuerzas ocupantes y vecinos que se opusieron a la detención de los tres hombres.
Fuentes palestinas dijeron que en las redadas de Nil’n fueron capturados Ibrahim Ameera, coordinador del Comité Popular contra el Muro, y Zaydoun Srour, mientras en la vecina Bil’in quedó bajo arresto un joven nombrado Muhammad Ali Yasin.
Pese a la violencia de los soldados de ocupación, no se reportó ningún herido, aunque hubo daños a viviendas violentadas durante la medianoche y abusos contra familiares que fueron obligados a permanecer en la calle durante los registros, pese al intenso frío.
Rateb Abu Rahmah, miembro del Comité Popular contra el Muro y los Asentamientos judíos, relató que Yasin era buscado por los israelíes desde hacía cinco meses acusado de participar en las demostraciones semanales que se organizan en la aldea contra la política de Tel Aviv.
El citado muro parte en dos el territorio de Bil’in y desde hace más de un año vecinos se manifiestan pacíficamente cada semana para exigir el derribo de ese valladar, declarado ilegal por la ONU.
Las redadas siguieron a una ola de arrestos de activistas y organizadores en la Ribera Occidental que llevó a la detención de 33 residentes de Bil’n en los anteriores seis meses y de 96 vecinos de la localidad colindante en el último año y medio.
Entretanto, Israel impulsó de modo paralelo los ataques armados, por tierra y aire, contra los palestinos en la Franja de Gaza con la ampliación de los asentamientos judíos en Cisjordania y la demolición de más viviendas árabes en ese territorio usurpado.
Fuentes palestinas denunciaron que ayer cinco buldózer y más de 15 vehículos militares iniciaron en la aldea de Tana, cerca de Naplusa, el derribo de 20 casas y de 12 almacenes agrícolas, después de evacuar por la fuerza a unas 40 familias.
Asimismo, el diario israelí Haaretz reportó que Israel ejecuta un proyecto conocido como “Camino de Valores” para que 350 militares visiten 270 escuelas durante tres semanas y capten alumnos dispuestos a alistarse en acciones combativas contra los palestinos.
No obstante, existe un ejercicio que anualmente realiza la CEPAL que resulta sugerente por las políticas económicas y sociales que los países de América Latina y el Caribe ponen en práctica y que podría ser útil considerar en el caso de Costa Rica. Me refiero al “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe (ALC)”, que se publica en el mes de diciembre. A continuación se analizan algunos indicadores de ese Balance.
En primer lugar, se destaca que la crisis iniciada en forma más visible desde el desde el tercer trimestre del 2008, fue precedida para el conjunto de los países de la ALC por un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante por encima del 3% anual (periodo 2004-2008), un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y un aumento del superávit primario que condujo a una reducción significativa del déficit global de las finanzas públicas.
Por otra parte, la CEPAL opina que “La crisis, debido a su gran magnitud, afectó a todas las regiones del mundo y ALC no fue una excepción…Desde mediados de 2008 hasta el primer trimestre de 2009, la actividad industrial se contrajo un 11,6% a nivel mundial y más intensamente en los países desarrollados (16,4%), mientras que el volumen del comercio mundial se redujo alrededor del 19%. Dado que la crisis se hizo sentir con fuerza en el primer semestre de 2009, el producto mundial caería un 2,2% en el año.”
En segundo lugar, concretamente en relación con el año 2009, se resalta que Costa Rica, de una muestra de 20 países de la ALC, ocupa el treceavo lugar en cuanto a crecimiento económico durante el año 2009. Países como Bolivia, República Dominicana, Panamá, Haití, Uruguay, Cuba, Perú, Argentina, Brasil y Colombia tuvieron una tasa de crecimiento positiva. Costa Rica tendría una reducción del crecimiento del -1,2% del PIB en el 2009. México sería el país con el peor desempeño de ALC (-8,3%). Lo anterior, se argumenta, por su cercanía con la economía de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU. No así en los países sudamericanos donde el mercado interno es más relevante.
El indicador del Producto Interno Bruto por Habitante (PIB/N) de Costa Rica –que tiene sus limitaciones como indicador de desarrollo, estaría en el orden del -2,5%, lo que pone en evidencia un descenso del bienestar de la población. El indicador Formación Bruta de Capital (inversión) como porcentaje del PIB estaría en el orden del 20%, tasa que es inferior a diez países de la ALC.
En tercer lugar, se menciona que se registró una caída de las exportaciones de los países de ALC de alrededor del 9,5% en 2009. Este es un resultado del menor crecimiento del PIB en los países industrializados y de sus menores importaciones. Adicionalmente, se redujeron los precios de los productos básicos; asimismo, el turismo tuvo una marcada reducción en los países del Caribe y Centroamérica: entre un 5% y un 10%.
En el caso de Costa Rica, las exportaciones se estarían reduciendo al menos en un 7%, precisamente en el primer año del TLC con Estados Unidos. No obstante, la reducción de las importaciones ha sido mayor con lo que la balanza de la Cuenta Corriente se ha mejorado aunque sigue siendo negativa. La mayoría de los países de ALC tienen una mejor situación que nuestro país.
En cuarto lugar, la inversión extranjera directa de los países de ALC presentaría una reducción de alrededor del 37%. En el caso de nuestro país, se estima una reducción del 30%.
En relación con la política monetaria y cambiaria, la CEPAL resalta que los bancos centrales adoptaron medidas con el propósito de impulsar la “recuperación, el mantenimiento de la liquidez de los mercados financieros locales, o ambos. La disminución generalizada de la tasa de inflación facilitó la flexibilización de la política monetaria…”. Brasil, Chile, Colombia, México y Perú han venido reduciendo las tasas de interés durante todo el año 2009 y no como Costa Rica que la reducción de las tasas de interés se impulsó en meses muy recientes, afectando la recuperación de la economía. En una muestra de 32 países de ALC, nuestro país solo es superado por Jamaica y Brasil en cuanto al alto nivel de las “tasas de interés activas representativas”.
El crédito, por su parte, tuvo una contracción significativa, principalmente en aquellos países donde la banca privada tiene más importancia. Esto es una llamada de atención a Costa Rica donde la banca privada ha venido recibiendo una serie de beneficios injustificados e injustos, tal como han explicado Jiménez y Guardia recientemente, y aún se anuncian otros más.
CEPAL resalta que hubo dos elementos que contribuyeron a la atenuación de la crisis y que se relacionan estrechamente con otras políticas económicas y las condiciones externas a los países de ALC. Por un lado, los recursos fiscales obtenidos en años anteriores y la reducción de la tasa de inflación.
La CEPAL señala: “Principalmente a fines de 2008 y comienzos de 2009 se observó un deterioro generalizado de las expectativas de los consumidores y los empresarios…De hecho… solo el consumo público registró variaciones positivas en la primera parte del año, gracias a que muchos de los países de la región contaron en esta oportunidad con alguna capacidad para implementar políticas contracíclicas que compensaron parcialmente la evolución negativa de los restantes componentes de la demanda interna …”.
Por otra parte, la tasa de inflación regional pasaría del 8,3% en el año 2008 al 4,5% en 2009. “La desaceleración inflacionaria obedeció al doble efecto del impacto de la recesión global y la caída del comercio en los precios de los alimentos y la energía por una parte, y de la ampliación de la brecha entre el PIB observado y el PIB potencial…”. En una muestra de 27 países de ALC, nuestro país ocupa la posición 19 de los que tendrían menos inflación.
En relación con los efectos de la crisis, dos aspectos resultan relevantes: la disminución de la tasa de empleo, que se reflejó en una tasa de desocupación del 8,3%, y la desmejora en la calidad del empleo –reducción del empleo formal-. En el caso concreto de Costa Rica, en el 2009 el número de desempleados subió a 165.944 personas y 466.130 no tienen trabajos decentes (subempleados). Esto no da un total de 632.074 personas sin trabajo o con trabajos no decentes. Uno de cada 3 costarricenses. Adicionalmente, esta situación se ha dado en el contexto de una creciente desigualdad.
Reflexión Final
La situación internacional apunta a una recuperación lenta y limitada, por lo que habría que descartar, por lo menos para el 2010, una recuperación sostenida y un mejoramiento en las condiciones de empleo.
Los indicadores que Costa Rica ostenta, lejos de atribuirse a las políticas implementadas por la actual Administración, han sido, en su mayor parte, el resultado de las condiciones externas previas a la crisis y a la recuperación de la economía en EE.UU. y por tanto de sus importaciones, y a las menores presiones sobre los precios de los productos básicos, entre otros. La comparación con otros países de ALC nos hace prestar atención que estamos por debajo de indicadores en materia de crecimiento, turismo, inflación y tasas de interés. Si a esto se agrega, una mayor concentración del ingreso y los efectos de la crisis en materia de empleo, se tiene un panorama muy diferente del lenguaje gubernamental.
Nuestro país ha enfrentado la crisis con una visión y capacidad muy limitada. Muchas de las acciones programadas (Plan Escudo) no se han ejecutado, otras ya estaban en ejecución y no han tenido mayor impacto y otras corresponden a programas ya iniciados, que aunque necesarios, han sido insuficientes para paliar en forma mucho más efectiva los efectos sociales.
En consecuencia, Costa Rica debe enfrentar grandes retos en un mundo diferente y caracterizado por una tasa de crecimiento más reducida de los países desarrollados y una mayor participación de los países emergentes en el crecimiento mundial y en las decisiones sobre el funcionamiento de la globalización. Ello probablemente significará sistemas financieros con mayores regulaciones y supervisiones más estrictas, que incidirá en un menor dinamismo de los mercados de crédito y mayores tasas de interés. Asimismo, se prevé un aumento en los niveles de proteccionismo de las economías centrales y una redefinición de la importancia de la presencia del Estado en la economía, entre otros temas relevantes. Estos aspectos en su conjunto significarán dar un nuevo rumbo a las políticas económicas y sociales y particularmente a la política de empleo que hasta ahora ha sido inexistente.
Honorables señores Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro, Ministerio de la Presidencia. Lic. José Luis Araya Alpízar, Viceministro, Ministerio de Hacienda. Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Sus despachos
Estimados señores:
De la manera más atenta y respetuosa, expresamos a sus dignas autoridades nuestro saludo; aprovechando para desearles en este año nuevo, grandes éxitos personales y familiares, así como profesionales e institucionales.
Deseamos dejar constancia por esta vía, de nuestras observaciones a la eventual promulgación de un decreto ejecutivo para atender el tema de nombramientos por plazos muy prolongados en condición de interinos, para todos los puestos que se encuentren sin titular en propiedad, en aquellas instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil (título I y II), según un primer borrador depositado en nuestras manos y con base en conversaciones iniciales que ha habido sobre este asunto.
Nos parece importante reseñar la congruencia de voluntades y de visiones compartidas ante esta situación, dada la comunidad de objetivos que en las conversaciones previas que hemos sostenido sobre la materia se ha manifestado, en cuanto a la necesidad de una acción tutelar efectiva de los derechos constitucionales de los servidores y de las servidoras que se han encontrado, por tiempos prolongados, en esta penosa situación; misma que ha abierto espacios para odiosas discriminaciones (como restricciones para ser sujeto de crédito); o bien, en deterioro de la autoestima personal y contra la estabilidad emocional; o, lo que ha sido peor, para que aquellos ejercicios irracionales de autoridad sobre la persona interina se manifiesten a través del chantaje, la intimidación, el miedo, con base a tal situación de incertidumbre laboral.
Tal y como está planteado, tal decreto resolvería el tema de los interinazgos prolongados en las instituciones amparadas el Régimen del Servicio Civil, sin embargo, queda pendiente el resto del sector Público. Consideramos que sería importante hacerlo extensivo a las instituciones homologadas o bien, a aquellas que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
Si se opta por ampliar el ámbito de cobertura del decreto, habría que adecuar el requisito establecido en el artículo 2 del borrador al que tuvimos acceso, pues en algunas instituciones que no están amparadas al Régimen del Servicio Civil, no existe registro de elegibles. En este caso, consideramos que bastaría con que las personas estén nombradas interinamente y que ese nombramiento se haya dado una vez que demostró su idoneidad mediante los mecanismos y procedimientos establecidos en la institución que corresponda. Idéntico proceder habría que observar dentro del mismo Régimen de Servicio Civil, en aquellos puestos que no tengan lista de elegibles.
Proponemos que se reduzca el tiempo de nombramiento interino continuo de 3 a 2 años (inciso a, del artículo 2, del borrador), tal y como lo establece el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 11 para el nombramiento sin oposición. A cambio, sugeriríamos que esos dos años se haya laborado ininterrumpidamente en el mismo puesto.
En el inciso c) del mencionado borrador, concordamos con la importancia de la evaluación de desempeño. Sin embargo, habría que disponer algo relacionado con una situación que hemos encontrado muy común en el Gobierno Central: que a muchas personas trabajadoras, por diversas razones, no se les realiza la evaluación de desempeño. ¿Qué pasaría con ellas? ¿Se les impediría obtener un nombramiento en propiedad por una razón ajena a ellas?…
Con relación al inciso d) del indicado borrador, nos parece que exigir como requisito la aprobación de la jefatura inmediata, mantiene un carácter subjetivo en los nombramientos. Creemos que en la práctica podría dar lugar a arbitrariedades y/o favoritismos personales. Consideramos que este requisito sale sobrando, pues parece suficiente con haber demostrado la idoneidad en el puesto no sólo superando las pruebas para ser nombrado, sino mediante la evaluación periódica de desempeño.
Sugerimos que con fundamento en los mismas razones que se han expuesto en el decreto para realizar los nombramientos en propiedad de quienes han estado en condición de interinidad por períodos prolongados de tiempo; se establezca una disposición que prohíba que en una institución pública exista una plaza sin propietario por más de dos años, indicando expresamente que en un término de 18 meses se debe realizar el concurso correspondiente para nombrar a la persona propietario de una plaza, para evitar que en el futuro se vuelva a dar una situación de interinazgos prolongados como la que tenemos en la actualidad.
Esperando su pronta respuesta para sentarnos a ultimar detalles y resolver de manera definitiva al respecto, con consideración nos despedimos,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia. cc.: Licda. Jenny Phillips Aguilar, Ministra de Hacienda. cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 2222 8085. cc.: Personal interino del Estado. cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) cc.: Movimiento Sindical Costarricense. cc.: Medios de Comunicación Colectiva. cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Personal, Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP. cc.: Personal, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP. cc.: Archivo.
Junta Directiva Nacional Unidad de Relaciones Políticas Unidad de Desarrollo Organizacional Unidad de Formación, Información y Comunicación Unidad de Economía, Administración y Finanzas
asunto: Rige aumento en aportes a pensiones Régimen de IVM de la CCSS
Estimados compañeros y estimadas compañeras:
Reciban en primer término un respetuoso saludo. En segundo término me permito informar sobre el particular.
Es pertinente recordar que nuestra organización participó, durante un año, junto a otros representantes de la institución, de la OIT, empresarios, cooperativistas, solidaristas, y sindicatos, en el proceso de reforma , que en teoría permitirá la sostenibilidad financiera del fondo de pensiones de IVM, durante las próximas tres décadas. En ese sentido se alcanzó un acuerdo político,que fué hecho del conocimiento de la Junta Directiva de la CCSS.
Sobre el cambio
El aumento que rige en el orden del 0.5%, mismo que será cubierto por el aporte tripartito de patronos, trabajadores y el Estado. Trabajadores y Patronos aportarán 0.17 %, cada uno y el Estado 0.16 %.
Este incremento se constituye en el primero de seis aumentos que será aplicado cada 5 años, de tal forma que en el año 2035, dicho incremento total a las primas del régimen de IVM sera del 3%, pasando las cotizaciones en ese año, de 7.5% a 10.5%.
Es conveniente anotar que si un trabajador contribuía mensualmente con una cuota del 2,5 , a partir del 2010 su aporte será del 2.67, adicionalmente a las demás cargas sociales sobre su salario.
Sea 5.5% de Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y 1% del aporte al Banco Popular. Siendo que el nuevo aporte será por todos estos conceptos del 9.17%.
Es necesario advertir que nuestra posición a favor de tal reforma encuentra fundamento en la imperiosa necesidad de garantizar sostenibilidad financiera de las pensiones en curso y futuras de los y las trabajadoras depositarios y contribuyentes del sistema solidario de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Tal reforma, además de lo aquí detallado, contiene otros aspectos propuestos de los cuales se espera, brinden equilibrio actuarial de largo plazo al sistema, para que los fondos permitan mantener la opción jubilatoria de sus depositarios.
Mejorar el sistema de recaudación, ampliar la cobertura, controlar de manera efectiva la morosidad patronal y diversificar la cartera de inversión, son aspectos que quedaron consensuados en la reforma del año 2005.
El compañero Secretario General, Albino Vargas Barrantes y este servidor, en reunión sostenida a finales del año 2009, solicitamos abrir un espacio de análisis y revisión de los avances de estos aspectos, lo que fué aceptado por el actual presidente ejecutivo de la CCSS, ingeniero Eduardo Doryan Garrón, tarea que nos proponemos retomar en estos días de manera conjunta con organizaciones que conforman la unidad sindical en la institución.
Espero que la información sea de utilidad para hacerla del conocimiento de nuestras bases.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
